D. R. © 2015, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

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D. R. © 2015, Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

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ISBN de la colección: en trámite

ISBN por el presente tomo: en trámite

Impreso y hecho en México

Printed and made in Mexico

 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DEL ESTADO DE JALISCO

Consejero Presidente

Guillermo Amado Alcaraz Cross

Consejeras y Consejeros Electorales

Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo

Sayani Mozka Estrada

Mario Alberto Ramos González

Griselda Beatriz Rangel Juárez

José Reynoso Núñez

Erika Cecilia Ruvalcaba Corral

Secretario Ejecutivo

Luis Rafael Montes de Oca Valadez 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Partido Acción Nacional

José Antonio Elvira de la Torre 

Partido Revolucionario Institucional

Carlos Oscar Trejo Herrera 

Partido De La Revolución Democrática

Octavio Raziel Ramírez Osorio 

Partido del Trabajo 

Adalid Martínez Gómez 

Partido Verde Ecologista De México

Erika Lizbeth Ramírez Pérez 

Partido Movimiento Ciudadano

Gustavo Flores Llamas

Partido Nueva Alianza

Francisco Javier Montes Ávila 

Partido Morena

Roberto Gómez Lamas 

Partido Humanista

Elia Sánchez Cerda 

Partido Encuentro Social

Jorge Alberto Franco Chávez 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO

Magistrado Presidente

Everardo Vargas Jiménez

Magistrados

José de Jesús Angulo Aguirre 

Luis Fernando Martínez Espinosa

Teresa Mejía Contreras

Rodrigo Moreno Trujillo

FISCALÍA ESPECIAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

Titular de la Fiscalía

Ricardo Suro Gutiérrez

 Presentación

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral que derivaron en un nuevo modelo de organización electoral en el país. Las reformas jurídicas que se incorporaron al marco legal electoral son las normas que ahora deberán aplicarse por las autoridades jurisdiccionales y administrativas en sus respectivos ámbitos de competencia. 

Ante tal contexto, la existencia de dicho marco jurídico permite una mayor protección de los derechos de la ciudadanía, al mismo tiempo que impulsa y amplía su participación en la vida democrática, delimita las competencias de las instituciones y establece las reglas de los procesos electorales.

 En el ámbito local tenemos la oportunidad de desplegar sinergias institucionales que coadyuvan en el fortalecimiento democrático de Jalisco, a partir de las nuevas facultades del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, así como de la recientemente creada Fiscalía Especial en Materia de Delitos Electorales en el estado; una muestra clara de ello es la coedición tripartita de la presente obra. 

En aras de que se manifieste el cumplimiento del principio de legalidad y máxima publicidad de las normas electorales, se publica el presente compendio jurídico electoral como un instrumento para que tanto autoridades como ciudadanía consulten las nuevas disposiciones legales para su observancia y aplicación. Asimismo, con el propósito de facilitar su consulta y acrecentar su difusión, estará disponible la versión electrónica del compendio en las páginas de internet de las instituciones coeditoras.

Solo nos resta reafirmar nuestro compromiso con la promoción de la cultura de legalidad, fundamento para la consolidación de nuestro sistema democrático.

Guillermo Amado Alcaraz Cross

Consejero presidente del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

Everardo Vargas Jiménez

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

Ricardo Suro Gutiérrez

Titular de la Fiscalía Especial en Materia de Delitos Electorales

 Constitución Política del Estado de Jalisco

 MANUEL M. DIEGUEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los habitantes del mismo hago saber:

Que la Cámara de Diputados del Congreso Local, ha tenido a bien decretar la siguiente Constitución: 

“El Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Jalisco, convocado por decreto del Gobierno Provisional del Estado, de fecha 6 de abril de 1917, de acuerdo con el mandato del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, fechado el 6 de marzo del mismo año, cumpliendo con el objeto para el cual fue convocado, ha tenido a bien expedir la siguiente: 

Fuente: http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Codigos

Texto vigente:  Última reforma publicada: decreto 24891/LX/14. Noviembre 25 de 2014, sec. II.

––––––––––––––––––

N. de E. el H. Congreso del Estado aprobó el decreto no. 15424 que reforma en su artículo primero los artículos del 1º al 67, y en su artículo segundo adiciona los artículos 68 al 112, ambos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, modificando de manera sustancial el texto que a la fecha tenía dicho ordenamiento, presentándose por tal motivo el texto aprobado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 13 de julio de 1994.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO I

DE LA SOBERANÍA INTERIOR DEL ESTADO Y DE LA FORMA DE GOBIERNO 

Artículo 1

El Estado de Jalisco es libre y soberano en su régimen interior, pero unido a las demás partes integrantes de los Estados Unidos Mexicanos, en la Federación establecida por la Ley Fundamental. 

Artículo 2

Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio.

La soberanía del Estado reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce por medio de los poderes estatales, del modo y en los términos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes.

El Estado de Jalisco adopta para su régimen interno, la forma de gobierno republicano, democrático, representativo, laico y popular; tiene como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre. 

CAPÍTULO II

DEL TERRITORIO DEL ESTADO

Artículo 3

El territorio del Estado es el que por derecho le corresponde.

Los municipios del estado son aquellos señalados en la Ley que establece las bases generales de la administración pública municipal.

CAPÍTULO III

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS

Artículo 4

Toda persona, por el sólo hecho de encontrarse en el territorio del Estado de Jalisco, gozará de los derechos que establece esta Constitución, siendo obligación fundamental de las autoridades salvaguardar su cumplimiento. Asimismo, el Estado de Jalisco reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural.

Se reconocen como derechos humanos de las personas que se encuentren en el territorio del estado de Jalisco, los que se enuncian en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los tratados, convenciones o acuerdos internacionales que el Gobierno federal haya firmado o los que celebre o de que forme parte.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias de todo tipo, incluyendo las sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El derecho a la información pública será garantizado por el Estado en los términos de esta Constitución y la ley respectiva.

El Estado garantizará y promoverá el acceso a la sociedad de la información y economía del conocimiento, mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de comunicación y de la información en los términos de la legislación correspondiente; asimismo, reconoce el derecho al acceso a la ciencia, tecnología e innovación, para lo cual promoverá su desarrollo, con el objetivo de elevar el nivel de vida de los habitantes del Estado.

El Estado de Jalisco tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las leyes reglamentarias, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural;

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes;

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados;

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad;

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución;

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley;

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.

Las leyes reglamentarias reconocerán y regularán estos derechos en los municipios del Estado, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas; y

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Las leyes reglamentarias establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. El Estado y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos;

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas.

Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación;

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil;

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos;

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria;

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen;

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización;

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas en el territorio del Estado, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas; y

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración de los planes Estatal y Municipales de Desarrollo y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, el Congreso del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

Artículo 5

Las personas físicas o jurídicas, en los términos que señalen las leyes, tendrán la obligación de:

I. Contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes;

II. Obedecer y respetar las instituciones, leyes y autoridades del Estado; y

III. Sujetarse a los fallos y sentencias de los tribunales.

Artículo 6

Corresponde exclusivamente a los ciudadanos mexicanos, participar en la vida política del Estado, en la forma y términos que señalen las leyes 

I. Son jaliscienses:

a) Los nacidos en el territorio del Estado; y

b) Los mexicanos por nacimiento o naturalización avecindados en el Estado y que no manifiesten su deseo de conservar su residencia anterior, en la forma que establezca la ley.

La vecindad no se pierde por ausencia debida al desempeño de cargos públicos, de elección popular, o en defensa de la patria y de sus instituciones. 

II. Son prerrogativas de los ciudadanos jaliscienses:

a) Votar en las elecciones populares, así como en los procesos de plebiscito y referéndum;

b) Ser votado en las elecciones populares, siempre que reúna los requisitos que determinen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y sus respectivas leyes reglamentarias y no estar comprendido en alguna de las causas de inelegibilidad establecidas por las mismas, así como solicitar su registro como candidato independiente en las condiciones y términos que determine la ley;

c) Desempeñar preferentemente cualquier empleo del Estado, cuando el individuo tenga las condiciones que la ley exija para cada caso; 

d) Afiliarse individual y libremente al partido político de su preferencia;

e) Cuando residan en el extranjero, votar para elegir Gobernador del Estado, en los términos que establezcan las leyes; y

f) Hacer uso de los instrumentos de participación ciudadana que establece esta Constitución y la ley de la materia;

III. Son obligaciones de los ciudadanos jaliscienses, las contenidas en los artículos 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 7

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del Fiscal General del Estado, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

El Poder Judicial contará con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.

A. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

La ley preverá mecanismos alternativos de solución de controversias. 

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes estatales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

El Estado garantizará la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

B. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

El Estado podrá celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.

El Estado establecerá, en el ámbito de su respectiva competencia, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

La operación del sistema estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará respecto de internos que requieran medidas especiales de seguridad.

Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias para internos que requieran medidas especiales de seguridad se podrán destinar centros especiales. En este caso, las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos, en términos de la ley.

C. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso.

El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.

Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

D. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

I. De los principios generales:

a) El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

b) Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;

c) Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;

d) El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;

e) La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;

f) Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución;

g) Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;

h) El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;

i) Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula; y

j) Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.

II. De los derechos de toda persona imputada:

a) A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;

b) A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;

c) A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten;

d) Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;

e) Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo;

f) Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;

g) Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

h) Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y

i) En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.

III. De los derechos de la víctima o del ofendido:

a) Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

b) Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

c) Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

d) Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

e) Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas o secuestro; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y, en general, todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;

f) Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos; e

g) Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

Artículo 8

La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

A. La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución señalan. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

I. La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones;

II. El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema;

III. La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos;

IV. Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública; y

V. Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública serán aportados al Estado y los municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

B. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:

I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;

II. Procederá en los casos de delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió;

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior;

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo; o

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.

Artículo 9

El derecho a la información pública tendrá los siguientes fundamentos:

I. La consolidación del estado democrático y de derecho en Jalisco;

II. La transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades estatales y municipales, mediante la apertura de los órganos públicos y el registro de los documentos en que constan las decisiones públicas y el proceso para la toma de éstas;

III. La participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, mediante el ejercicio del derecho a la información;

IV. La información pública veraz y oportuna;

V. La protección de la información confidencial de las personas; y

VI. La promoción de la cultura de transparencia, la garantía del derecho a la información y la resolución de las controversias que se susciten por el ejercicio de este derecho a través del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

El Instituto es un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Contará con un Consejo conformado por un Presidente y dos consejeros titulares, así como por los suplentes respectivos; los miembros del Consejo serán nombrados mediante el voto de dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, o por insaculación, conforme a los requisitos y procedimientos que establezca la ley.

El Instituto tendrá las atribuciones específicas que la ley le otorgue; sus resoluciones serán definitivas e inatacables, vinculantes y deberán ser cumplidas por los Poderes, entidades y dependencias públicas del Estado, Ayuntamientos y por todo organismo, público o privado, que reciba, administre o aplique recursos públicos estatales o municipales.

CAPÍTULO IV

DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 10

Para la preservación de los derechos a que alude el artículo 4º de esta Constitución, se instituye la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dotada de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de participación ciudadana, con carácter permanente y de servicio gratuito, que conocerá de las quejas, en contra de actos u omisiones de índole administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal, que viole estos derechos. Dicho organismo se sujetará a las siguientes bases:

I. En la realización y cumplimiento de sus funciones, tendrá la integración, atribuciones, organización y competencia que le confiera su Ley, sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes respectivas;

II. En cumplimiento de sus funciones, formulará recomendaciones públicas, autónomas, no vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presente la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. El Congreso del Estado podrá, a solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, citar a comparecer ante la Asamblea a las autoridades o servidores públicos responsables para que expliquen el motivo de su negativa;

III. Sólo podrá admitir o conocer de quejas contra actos u omisiones de autoridades locales judiciales y electorales, cuando éstos tengan carácter de trámite administrativo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo de dichas materias, ni podrá dar consultas a autoridades y particulares sobre interpretación de leyes;

IV. Iniciará de oficio o a petición de parte, el procedimiento para la investigación de las violaciones de los derechos humanos de que tenga conocimiento. Igualmente, podrá promover ante las autoridades competentes, cambios y modificaciones al sistema jurídico estatal o municipal o de práctica administrativa, que redunden en una mejor protección y defensa de los derechos humanos;

V. Estará integrado por un Presidente, un consejo compuesto por titulares y suplentes respectivamente y los demás órganos que determine su ley reglamentaria; 

VI. Para la designación de su Presidente y de los consejeros ciudadanos, deberán satisfacerse los requisitos y observarse el procedimiento que determine la ley, basándose en un proceso de consulta pública, que deberá ser transparente; y

VII. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tendrá facultad para ejercitar acción de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el Congreso del Estado, en los términos de la legislación federal correspondiente.

Toda autoridad estatal o municipal que, en el ámbito de su competencia, tenga conocimiento de actos violatorios de derechos humanos, inmediatamente y bajo su estricta responsabilidad, procederá a dar cuenta del hecho a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

 TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO I

DEL SUFRAGIO

Artículo 11

El sufragio es la expresión de la voluntad popular para la elección de los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, de los gobiernos municipales y para la participación en los procesos de plebiscito y referéndum en los términos que establezcan las leyes. La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos del Estado, se realizará en elecciones, mediante la emisión del sufragio universal, libre, secreto, directo e intransferible. 

CAPÍTULO II

DE LA FUNCIÓN ELECTORAL

Artículo 12

La renovación de los titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme a las siguientes bases:

I. En el ejercicio de la función electoral, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad;

II. En los términos de la ley, toda elección popular será directa, exceptuando las que haga el Congreso para: 

a) Suplir al Gobernador del Estado en sus faltas temporales o absolutas; 

b) Para elegir a los magistrados del Poder Judicial del Estado y a los integrantes de órganos jurisdiccionales o administrativos previstos en esta Constitución; y

c) Para elegir a los integrantes de los Concejos Municipales en los casos que esta Constitución dispone;

III. La organización de los procesos electorales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y del Organismo Público Local Electoral, denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta constitución y las leyes que se derivan de ambas;

IV. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, dotado de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y estará conformado: por un Consejero Presidente y seis consejeros electorales con derecho a voz y voto; por un representante de cada partido político y el Secretario Ejecutivo, los cuales sólo tendrán derecho a voz. 

La ley determinará las reglas para la organización, funcionamiento y jerarquía de los órganos de dicho Instituto. Las instancias ejecutivas y técnicas dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral, que se regirá por las disposiciones que al efecto expida la autoridad competente, conforme a lo dispuesto en el apartado D del artículo 41 de la Constitución federal y la ley general en la materia.

V. El Consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo siete años y no podrán ser reelectos; se renovarán de manera escalonada. Uno y otros serán designados por el Instituto Nacional Electoral conforme a lo dispuesto en la fracción IV, inciso c), ordinal 2°, del artículo 116 de la Constitución federal, cumpliendo los requisitos establecidos en el citado precepto y en la ley general en la materia.

De darse la falta absoluta del Consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, se estará a lo dispuesto en la norma citada en el primer párrafo de esta fracción y la ley general en la materia.

El Consejero Presidente y los consejeros electorales percibirán una remuneración igual a la prevista para los magistrados del Poder Judicial del Estado. No podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos, no remunerados, en que actúen en representación del Instituto, y de los que desempeñen en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o beneficencia. 

No podrán ser designados como Consejero Presidente ni como consejeros electorales del Instituto Electoral, quienes hayan ocupado cargos públicos de elección popular o dirigencia de algún partido político, de conformidad a lo establecido en la Ley General.

El Consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, de conformidad a lo establecido en la Ley General;

VI. La remoción del Consejero Presidente y de los consejeros electorales, será facultad del Instituto Nacional Electoral, en los términos y bajo las condiciones que establece la Constitución Federal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;

VII. El Secretario Ejecutivo será nombrado por mayoría de votos de los consejeros electorales del Instituto Electoral, a propuesta de su Presidente; deberá reunir los requisitos que señale la ley; 

VIII. En las elecciones locales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley aplicable, ejercerá funciones en las siguientes materias:

a) Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;

b) Educación cívica;

c) Preparación de la jornada electoral;

d) Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;

e) Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;

f) Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;

g) Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;

h) Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en la propia Constitución Federal y leyes generales aplicables;

i) Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevé la legislación local;

j) Las delegadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 

k) Las demás que determinen las leyes aplicables; y

l) Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral por la Constitución Federal.

Asimismo, tendrá a su cargo la realización de los procesos de plebiscito y referéndum y la declaración de que los ciudadanos que pretendan iniciar un proceso legislativo, representen cuando menos el número exigido por esta Constitución y las leyes para ejercer ese derecho.

Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas, en los términos que señale la ley;

IX. A la iniciativa de Presupuesto de Egresos del estado de Jalisco, se deberá adjuntar el proyecto de presupuesto elaborado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco;

X. Para garantizar el principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos.

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado;

XI. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco podrá, con la aprobación de la mayoría de votos de su consejo general, solicitar al Instituto Nacional Electoral la asunción parcial de alguna actividad propia de la función electoral que les corresponde.

La solicitud a que se refiere el párrafo anterior podrá presentarse en cualquier momento del proceso electoral de que se trate y, en su caso, sólo tendrá efectos durante el mismo;

XII. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco deberá, en su caso, solicitar la colaboración del Instituto Nacional Electoral a fin de superar el secreto bancario, fiduciario y fiscal en los actos de fiscalización que realice a las finanzas de los partidos políticos, agrupaciones políticas locales, aspirantes, precandidatos y candidatos, en términos de lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución federal y lo que determinen las leyes;

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco contará con una Contraloría General, dotada de autonomía técnica y de gestión, para que realice la fiscalización y vigilancia de los ingresos y egresos. El Contralor General será designado por las dos terceras partes de los diputados que integran el Congreso del Estado, bajo el procedimiento previsto en la ley, en la que se establecerán los requisitos que deberá reunir. Durará en su cargo cinco años, y no podrá ser reelecto; la remoción de este funcionario será facultad del Congreso del Estado, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, por causa grave, en los términos y condiciones que fije la ley. 

XIII. El Instituto Electoral accederá, para sus propios fines, a los tiempos en radio y televisión en términos de lo dispuesto por la Constitución federal y la ley general en la materia;

XIV. La ley señalará los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación; 

XV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes aplicables. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación. 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;

b) Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; 

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas; o

d) Se acredite el uso sistemático de publicidad negativa en contra de uno o varios candidatos durante las campañas.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

XVI. La jornada electoral ordinaria deberá realizarse el primer domingo de junio del año que corresponda.

CAPÍTULO III

DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

Artículo 13

Los partidos políticos son entidades de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y determinarán y harán públicos los criterios para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores y munícipes. 

Sólo los ciudadanos jaliscienses podrán formar partidos políticos locales y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Los partidos políticos tienen el derecho para solicitar el registro para candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2°, apartado A, fracciones III y VII de la Constitución federal, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, fracción II, inciso b) de esta Constitución.

Conforme a lo que determinen la Constitución federal, la ley general en la materia y esta Constitución, la legislación estatal determinará lo relativo a la creación, registro y pérdida del mismo, de los partidos políticos locales, así como los derechos, financiamiento, prerrogativas y obligaciones que en el ámbito estatal tendrán los partidos políticos nacionales y locales, atendiendo a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos con registro gozarán de personalidad jurídica para todos los efectos legales. Deberán respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes que de ellas emanen;

 II. Para que un partido político estatal mantenga su registro deberá obtener la votación que señala la Ley General de Partidos Políticos; y para que un partido político nacional mantenga su financiamiento y prerrogativas estatales, deberá obtener, cuando menos, el tres por ciento de la votación válida en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa;

III. Se deroga;

IV. La ley establecerá las condiciones y mecanismos para que los partidos políticos tengan acceso al financiamiento público destinado al cumplimiento de sus fines. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro o acreditación después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto en año de elecciones, así como para actividades específicas, y se otorgarán conforme a las bases siguientes y lo que disponga la ley:

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral en el Estado de Jalisco, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para la zona metropolitana de Guadalajara. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior;

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan gobernador, diputados locales y ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados locales y ayuntamientos, equivaldrá al treinta por ciento del financiamiento por actividades ordinarias. Este financiamiento se otorgará independientemente del que corresponda conforme al inciso anterior, y

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados locales inmediata anterior. Este financiamiento se otorgará independientemente del que corresponda conforme a los dos incisos anteriores;

V. La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. Para el caso de las aportaciones de militantes, no podrá ser mayor al dos por ciento del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y campañas en el año de que se trate; para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes durante los procesos electorales, no podrá exceder del diez por ciento del tope de gasto para la elección de Gobernador inmediata anterior; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones; y las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el cero punto cinco por ciento del tope de gasto para la elección de Gobernador inmediata anterior.

VI. Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos, en los términos que señalen esta Constitución y la ley;

VII. Los partidos políticos y candidatos independientes accederán a la radio y la televisión conforme a las normas establecidas en la Constitución federal y las leyes generales en la materia electoral. 

El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el treinta por ciento en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo a los resultados de la elección para diputados locales inmediata anterior.

A cada partido político sin representación en el Congreso se le asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior.

Los partidos políticos y candidatos independientes en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o a cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor ni en contra de partidos políticos ni de candidatos a cargos de elección popular. 

En la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, instituciones y partidos políticos.

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes del Estado, como de los municipios, sus organismos públicos descentralizados, y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

La infracción a lo dispuesto en este artículo, cuando corresponda, será comunicada al Instituto Nacional Electoral para los efectos de las sanciones que procedan.

Tratándose de propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos o candidatos independientes en medios distintos a radio y televisión, que calumnie a las personas, partidos e instituciones, será sancionada por el Instituto Electoral en los términos que establezca la ley;

VIII. La ley fijará las reglas para las precampañas y campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan.

La duración de las campañas electorales cuando se elija gobernador será de noventa días, y cuando sólo se elijan diputados locales y ayuntamientos será de sesenta días. 

Las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales; y

IX. Los servidores públicos y los ciudadanos deberán apegarse estrictamente a los periodos de precampaña y de campaña que establezca la ley en materia electoral, por lo que queda prohibido que de manera anticipada se realicen actos de propaganda electoral.

TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO ÚNICO

DEL PODER PÚBLICO

Artículo 14

El poder público del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; nunca podrán reunirse dos o más de estos poderes en una persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Los poderes del Estado deben residir en la capital del mismo. 

Todos los órganos, dependencias, entidades u organismos estatales de carácter público que establezcan las leyes, formarán parte de los poderes del Estado a que se refiere el presente artículo, con excepción de los organismos públicos autónomos que crea esta Constitución.

Artículo 15

Los órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de las personas y grupos que integran la sociedad y propiciarán su participación en la vida social, económica, política y cultural de la entidad. Para ello:

I. Las autoridades estatales y municipales colaborarán con la familia para su fortalecimiento, adoptarán y promoverán medidas que propicien el desarrollo integral de la población infantil; fomentarán la participación de la juventud en actividades sociales, políticas y culturales; y auspiciarán la difusión del deporte, la recreación y la cultura entre la población;

II. Se establecerá un sistema que coordine las acciones de apoyo e integración social de los adultos mayores para facilitarles una vida digna, decorosa y creativa, y se promoverá el tratamiento, rehabilitación e integración a la vida productiva de las personas con discapacidad;

III. Se deroga;

IV. El sistema educativo estatal se ajustará a los principios que se establecen en el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; estará orientado a promover la convivencia armónica y respetuosa entre la sociedad y la naturaleza, los valores cívicos y a fomentar el trabajo productivo para una convivencia social armónica; desarrollará además, la investigación y el conocimiento de la geografía y la cultura de Jalisco, de sus valores científicos, arqueológicos, histórico y artístico, así como de su papel en la integración y desarrollo de la nación mexicana;

V. La legislación local protegerá el patrimonio ambiental y cultural de los jaliscienses. Las autoridades con la participación corresponsable de la sociedad, promoverán la conservación y difusión de la cultura del pueblo de Jalisco, y el respeto y preservación del entorno ambiental, y la protección y cuidado de los animales, en los términos y con las salvedades que establezca la legislación en la material;

VI. Las autoridades estatales y municipales organizarán el sistema estatal de planeación para que, mediante el fomento del desarrollo sustentable y una justa distribución del ingreso y la riqueza, se permita a las personas y grupos sociales el ejercicio de sus derechos, cuya seguridad y bienestar protege esta Constitución.

La ley establecerá los criterios para la instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de manera objetiva, con base en indicadores que la doten de confiabilidad;

VII. Las autoridades estatales y municipales para garantizar el respeto de los derechos a que alude el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, velarán por la utilización sustentable y por la preservación de todos los recursos naturales, con el fin de conservar y restaurar el medio ambiente. El daño y el deterioro ambiental generarán responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

Toda persona tiene derecho al acceso y uso equitativo y sustentable, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará la defensa de este derecho en los términos de la ley, con la participación de la Federación, de los municipios y de la ciudadanía para la consecución de dichos fines; 

VIII. Los poderes del Estado, municipios y sus dependencias y entidades que ejerzan presupuesto público estatal deberán publicar mensualmente, en forma pormenorizada, sus estados financieros; 

IX. Las autoridades estatales y municipales promoverán y garantizarán la transparencia y el derecho a la información pública, en el ámbito de su competencia; y

X. El Estado y los municipios planearán, regularán y fomentarán la actividad económica mediante la competitividad, con la concurrencia de los sectores social, público y privado, en el marco de libertades que otorga la Constitución General de la República; procurarán la generación de empleos y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, y bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad presupuestaria apoyarán e impulsarán a las empresas de los sectores social y privado de la economía.

La ley regulará el ejercicio del derecho a la información pública y el procedimiento para hacerlo efectivo; las obligaciones por parte de los sujetos de aplicación de la ley respecto a la transparencia y el derecho a la información pública, así como las sanciones por su incumplimiento.

Será obligación de las autoridades estatales y municipales, así como de cualquier otro organismo, público o privado, que reciba, administre o aplique recursos públicos, proporcionar la información pública en su posesión, rendir cuentas de sus funciones y permitir el ejercicio del derecho a la información en los términos de la ley.

TÍTULO CUARTO

CAPÍTULO I

DEL PODER LEGISLATIVO

Artículo 16

El Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se denomina Congreso del Estado.

Artículo 17

El Congreso del Estado se integrará con representantes populares electos y se renovará cada tres años, conforme al procedimiento que establezca la Ley Electoral. 

 Artículo 18

El Congreso se compondrá de veinte diputados electos por el principio de mayoría relativa y diecinueve electos según el principio de representación proporcional.

Todos los diputados tendrán los mismos derechos y obligaciones y podrán organizarse en grupos parlamentarios.

La ley establecerá los procedimientos para la conformación de grupos parlamentarios y promoverá la coordinación de las actividades parlamentarias.

Cada fórmula de candidatos a diputados de mayoría relativa se integrará por un propietario y un suplente del mismo género. Los partidos políticos deberán respetar la paridad de género en el registro de candidatos a diputados al Congreso del Estado, por ambos principios, conforme determine la ley.

Artículo 19

La demarcación territorial de los veinte distritos electorales uninominales, para elegir a diputados por el principio de votación mayoritaria relativa, será la que resulte de dividir la población total del Estado entre el número de los distritos mencionados y para su distribución se tomará en cuenta el último censo general de población. 

Para la elección de los diputados por el principio de representación proporcional, se constituirá el territorio del Estado en una sola circunscripción o en varias circunscripciones plurinominales.

La ley establecerá la fórmula electoral, las bases y el procedimiento que se aplicará en la asignación de diputaciones por este principio. 

Artículo 20

La ley que establezca el procedimiento aplicable para la elección de los diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación, deberá contener por lo menos las siguientes bases:

I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas de candidatos a diputados de representación proporcional, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa, por lo menos en dos terceras partes del total de distritos estatales uninominales;

II. Al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento de la votación válida, se le asignará una curul por el principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido, de conformidad a las disposiciones federales.

Adicionalmente, todo partido político que alcance cuando menos el tres punto cinco por ciento de la votación total emitida, tendrá derecho a participar en el procedimiento de asignación de diputados según el principio de representación proporcional;

III. A los partidos políticos que cumplan con lo señalado en la fracción I y el segundo párrafo de la fracción II anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría que hubieren obtenido sus candidatos, les podrán ser asignados diputados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación obtenida. Para tal efecto, de la votación válida emitida se restarán los votos de candidatos independientes y los de aquellos partidos que no hubieren alcanzado el tres punto cinco por ciento de la votación total emitida; en la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista correspondiente. La ley desarrollará los procedimientos y fórmulas para estos efectos; 

IV. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. De igual forma, en la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales; 

 V. Ningún partido político podrá acceder a más de veintitrés diputados por ambos principios; 

VI. Los partidos políticos podrán postular simultáneamente a candidatos a diputados por ambos principios, siempre y cuando el partido político que los postule no exceda el límite de veinticinco por ciento de candidaturas simultáneas, con relación al total de diputados de mayoría que deban integrar el Congreso del Estado; y

VII. Los candidatos independientes no tendrán derecho a participar en la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional. 

Artículo 21

Para ser diputado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos;

II. Tener cuando menos veintiún años de edad el día de la elección;

III. Ser nativo de Jalisco o avecindado legalmente en el Estado, cuando menos dos años inmediatos anteriores al día de la elección;

IV. No ser Magistrado del Tribunal Electoral ni consejero electoral del Instituto Electoral, a menos que se separe de sus funciones dos años antes de la elección;

V. No ser Presidente o Consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a menos que se separe de sus funciones noventa días antes de la elección;

VI. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional, ni tener mando en la policía o en cuerpo de seguridad pública en el distrito en que se pretenda su elección, cuando menos sesenta días antes de ella;

VII. No ser Secretario General de Gobierno o quien haga sus veces, Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General, Fiscal Central, Fiscal Especial de Delitos Electorales, Procurador Social del Estado, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo, integrante del Consejo de la Judicatura o Magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Los servidores públicos comprendidos en esta fracción podrán ser electos siempre que, al efectuarse la elección, tengan cuando menos noventa días de estar separados de sus cargos;

VIII. No ser Juez, Secretario de Juzgado, Secretario del Consejo de la Judicatura, Presidente Municipal, Regidor o Síndico de Ayuntamiento, titular de alguna dependencia de recaudación fiscal de la Federación o del Estado en el distrito por el cual se postule, a menos que se separe de su cargo noventa días antes del día de la elección;

IX. Derogada; 

X. No ser presidente, secretario o consejero electoral de los consejos distritales o municipales electorales a menos que se separe del cargo noventa días antes de la jornada electoral; y

XI. Las demás que señale la Ley Electoral.

Artículo 22

Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación para ser reelecto solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado originariamente, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

En el caso de un diputado que sea electo como independiente podrá postularse para la reelección solamente con su misma calidad y no podrá ser postulado por un partido político, a menos que demuestre su militancia a ese partido político antes de la mitad de su mandato; la ley establecerá las normas aplicables.

Artículo 23

Los diputados son inviolables por la manifestación de sus ideas en el ejercicio de sus funciones y nunca podrán ser reconvenidos por ellas.

Artículo 24

El Congreso del Estado se instalará cada tres años, el día primero de noviembre del año de la elección, conforme al procedimiento que se determine en su Ley Orgánica.

Artículo 25

El Congreso sesionará por lo menos cuatro veces al mes durante los períodos comprendidos del primero de febrero al treinta y uno de marzo y del primero de octubre al treinta y uno de diciembre de cada año, fuera de los cuales sesionará al menos una vez al mes.

Para el conocimiento de los dictámenes relativos a la materia de responsabilidad de los servidores públicos, deberá convocarse a la celebración de sesiones extraordinarias. 

Artículo 26

En ningún caso el presupuesto del Poder Legislativo podrá ser inferior al ejercido el año inmediato anterior, actualizado con base en la cifra oficial de inflación que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Artículo 27

El Congreso no podrá ejercer sus funciones sin la concurrencia de más de la mitad del número total de sus miembros.

Para obtener esta concurrencia, los diputados presentes deberán reunirse el día designado por la ley o la convocatoria, y conminar a los ausentes para que concurran dentro de los quince días siguientes al llamado. Los que sin alegar causa justificada no se presenten, cesarán en su cargo, previa declaración del Congreso.

No se necesita esta declaración para los diputados que no hayan rendido la protesta de ley. 

CAPÍTULO II

DE LA INICIATIVA Y FORMACIÓN DE LAS LEYES

Artículo 28

La facultad de presentar iniciativas de leyes y decreto, corresponde a:

I. Los diputados;

II. El Gobernador del Estado;

III. El Supremo Tribunal, en asuntos del ramo de justicia; y

IV. Los ayuntamientos, en asuntos de competencia municipal.

Pueden presentar iniciativas de ley los ciudadanos inscritos en el Registro Nacional de Ciudadanos correspondiente al estado, cuyo número represente cuando menos el 0.5 por ciento del total de dicho registro, mediante escrito presentado en los términos y con las formalidades que exija la ley de la materia.

Dichas iniciativas deberán ser dictaminadas en los términos que establezca la ley en la materia.

Artículo 29

Se anunciará al Gobernador del Estado cuando haya de discutirse un proyecto de ley que se relacione con asuntos de la competencia del Poder Ejecutivo, con anticipación no menor a veinticuatro horas, a fin de que pueda enviar al Congreso, si lo juzga conveniente, un orador que tome parte en los debates.

En los mismos términos se informará al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el caso que el proyecto se refiera a asuntos del ramo de justicia.

Los ayuntamientos, al mandar su iniciativa, designarán con el mismo propósito su orador si lo juzgan conveniente, el cual señalará domicilio en la población donde residan los poderes del Estado, para comunicarle el día en que aquella se discuta. 

Artículo 30

Toda iniciativa que haya sido desechada por el Pleno mediante el dictamen respectivo, solo podrá volver a presentarse con ese carácter, una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha de la sesión en que se le desechó, salvo que haya un replanteamiento del asunto con elementos que comprendan inobjetablemente propuesta distinta a la inicial. 

Artículo 31

Los proyectos de ley aprobados se remitirán al Ejecutivo, firmados por el presidente y los secretarios del Congreso, o por los diputados que los suplan en sus funciones de conformidad a su Ley Orgánica. 

Artículo 32

Las iniciativas adquirirán el carácter de ley cuando sean aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo.

Si la ley no fija el día en que deba comenzar a observarse, será obligatoria desde el siguiente al en que se publique. 

Artículo 33

Si el Ejecutivo juzga conveniente hacer observaciones a un proyecto de ley aprobado por el Congreso, podrá negarle su sanción y remitirlas dentro de los ocho días siguientes a aquél en que se le haga saber, para que tomadas en consideración, se examine de nuevo el negocio.

En casos urgentes, a juicio del Congreso, el término de que se trata será de tres días, y así se anunciará al Ejecutivo.

Se considerará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto que no se devuelva con observaciones al Poder Legislativo dentro de los mencionados términos.

El proyecto de ley al que se hubieren hecho observaciones, será sancionado y publicado si el Congreso vuelve a aprobarlo por los dos tercios del número total de sus miembros presentes.

Todo proyecto de ley o decreto al que no hubiese hecho observaciones el Ejecutivo dentro del término que establece este artículo, debe ser publicado en un plazo de veinte días, como máximo, contados a partir de la fecha en que lo haya recibido.

Los proyectos de ley o decreto objetados por el Gobernador del Estado y que ratifique el Congreso del Estado, deberán ser publicados en un término que no exceda de ocho días, contados a partir de la fecha en que los haya recibido nuevamente.

La facultad de objetar proyectos de ley o decreto no comprenderá lo siguiente:

I. La aprobación, modificación, derogación o abrogación de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los reglamentos internos que se deriven;

II. La revisión y fiscalización de las cuentas públicas de las autoridades del Estado y de los municipios;

III. Las resoluciones que dicte el Congreso como Jurado;

IV. Los decretos que con motivo de un proceso de referéndum declaren derogada una ley o disposición;

V. Los nombramientos que en ejercicio de sus facultades realice el Congreso del Estado; y

VI. El voto que tenga que emitir en su calidad de constituyente permanente federal, en los términos que determina para tal efecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las Leyes y decretos a que se refieren las fracciones anteriores, para efectos de la publicación por parte del Poder Ejecutivo, deberán ser enviadas al Periódico Oficial del Estado, debiendo publicarse dentro del plazo que establece el quinto párrafo del presente artículo.

Artículo 34

Las leyes que expida el Congreso, que sean trascendentales para el orden público o interés social, en los términos que marca la ley, con excepción de las de carácter contributivo y de las leyes orgánicas de los poderes del Estado, serán sometidas a referéndum derogatorio, total o parcial, siempre y cuando: 

I. Lo solicite ante el Instituto Electoral del Estado un número de ciudadanos que represente cuando menos al dos punto cinco por ciento de los jaliscienses debidamente identificados, inscritos en el Registro Nacional de Ciudadanos correspondiente al Estado, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su publicación; o

II. Lo solicite el Titular del Poder Ejecutivo ante el Instituto Electoral del Estado, dentro de los veinte días siguientes a la fecha de su publicación.

Las leyes sometidas a referéndum, sólo podrán ser derogadas si en dicho proceso participa cuando menos el cuarenta por ciento de los inscritos en el Registro Nacional de Ciudadanos correspondiente al Estado y, de los mismos, más del cincuenta por ciento emite su voto en contra.

Si dentro de los primeros treinta días no se solicita el proceso de referéndum, la ley iniciará su vigencia.

Si en dicho período se solicitare referéndum, la vigencia de la ley deberá quedar en suspenso, salvo los casos de urgencia determinada por el Congreso.

Cuando la solicitud a que se refiere el párrafo anterior posea efectos suspensivos, la vigencia de dichas disposiciones comenzará una vez concluido el proceso de referéndum, si las mismas no fueren derogadas.

Las leyes que se refieran a materia electoral no podrán ser sometidas a referéndum dentro de los seis meses anteriores al proceso electoral, ni durante el desarrollo de éste.

No podrán presentarse iniciativas en el mismo sentido, dentro de un período de dieciocho meses contados a partir de la fecha en que se publique el decreto derogatorio.

El Instituto Electoral del Estado efectuará el cómputo de los votos y remitirá la resolución correspondiente al titular del Poder Ejecutivo, para su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco. Una vez que la resolución del Instituto Electoral quede firme, si es derogatoria, será notificada al Congreso del Estado para que, en un plazo no mayor de treinta días, emita el decreto correspondiente.

CAPÍTULO III

DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO DEL ESTADO

Artículo 35

Son Facultades del Congreso:

I. Legislar en todas las ramas del orden interior del Estado, expedir leyes y ejecutar actos sobre materias que le son propias, salvo aquellas concedidas al Congreso de la Unión conforme al Pacto Federal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Facultar al Ejecutivo con las limitaciones que crea necesarias, para que por sí o por apoderado especial, represente la Entidad, en aquellos casos en que la ley lo requiera. Autorizar los convenios que celebre el Ejecutivo, cuando su vigencia trascienda al término del ejercicio para el que fue electo el Gobernador del Estado;

III. Fijar la división territorial, política y administrativa del Estado, así como la denominación de los municipios y localidades que lo compongan;

IV. Determinar los gastos del Estado para cada ejercicio fiscal conforme a los lineamientos que establezca la ley, así como las contribuciones del Estado y municipios para cubrirlos; revisar, examinar y fiscalizar las cuentas públicas correspondientes, en los términos dispuestos por esta Constitución, mediante el análisis y estudio que se haga de la revisión del gasto y de las cuentas públicas, apoyándose para ello en la Auditoría Superior del Estado, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión;

V. Crear y suprimir empleos públicos, salvo el caso de los empleos públicos municipales y los casos en que expresamente esta Constitución lo permita a otra autoridad;

VI. Dar bases para que el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito del Estado, con las limitaciones que establece la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Federal; aprobar los contratos respectivos, reconocer y mandar pagar las deudas que contraiga la Entidad;

VII. Solicitar al Instituto Electoral del Estado someta a plebiscito, en los términos que disponga la ley, propuestas de decisiones o actos del Gobernador, considerados como trascendentales para el orden público o el interés social del Estado;

VIII. Solicitar al Instituto Electoral del Estado, someta a referéndum derogatorio, en los términos que disponga la ley, los reglamentos y decretos emanados del Gobernador que sean considerados como trascendentes para la vida pública o el interés social del Estado;

IX. Elegir a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de lo Administrativo, así como a los titulares del Consejo de la Judicatura, en la forma y términos que dispongan esta Constitución y las leyes de la materia;

X. Designar al titular de la Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en la forma y términos que establece la presente Constitución y la ley de la materia;

XI. Autorizar al titular del Poder Ejecutivo para que celebren actos jurídicos que trasciendan el ejercicio de su administración o representen enajenaciones de su respectivo patrimonio, en los términos que disponga la ley;

XII. Elegir al Presidente y a los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes, en los términos que establezca la ley de la materia.

El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos durará en su encargo cinco años y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Octavo de esta Constitución;

XIII. Designar, en los términos que previene esta Constitución, al ciudadano que deba substituir al Gobernador del Estado en sus faltas temporales o absolutas, en escrutinio secreto, por mayoría absoluta de votos, erigido en Colegio Electoral;

XIV. Convocar a elecciones extraordinarias cuando fuere necesario y decidir conforme a sus atribuciones;

XV. Conocer y resolver sobre las renuncias de los diputados, del Gobernador del Estado, de los magistrados del Poder Judicial; de los consejeros integrantes del Consejo de la Judicatura; del Presidente y los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Presidente y consejeros del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco;

XVI. Conceder o negar licencias a los diputados y al Gobernador del Estado para separarse de sus cargos y, además a este último, para permanecer fuera del territorio del Estado;

XVII. Conceder o negar las licencias para ausentarse de sus cargos que, por más de dos meses, soliciten los magistrados del Poder Judicial, el Presidente y consejeros del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, así como el Presidente y los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en los términos que establezca la ley;

XVIII. Ratificar al Fiscal General en los términos de esta Constitución; y al Contralor del Estado por el voto de cuando menos cincuenta por ciento más uno de los diputados integrantes del Congreso;

XIX. Erigirse en Jurado de Acusación y de Sentencia o de Procedencia en los casos señalados en esta Constitución y en las leyes respectivas, en materia de responsabilidad de los servidores públicos;

XX. Aprobar o rechazar los convenios que el Gobernador del Estado celebre con las entidades federativas vecinas respecto a las cuestiones de límites y someter tales convenios a la ratificación del Congreso de la Unión;

XXI. Cambiar en forma provisional o definitiva la residencia de los poderes del Estado, requiriéndose en el segundo caso, el acuerdo de las dos terceras partes del número total de diputados que integren la Legislatura;

XXII. Resolver las competencias y dirimir las controversias que se susciten entre el Ejecutivo y los tribunales integrantes del Poder Judicial del Estado, salvo los casos reservados para la Federación por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XXIII. Conceder amnistía;

XXIV. Elaborar el proyecto de presupuesto del Poder Legislativo, aprobarlo y ejercerlo con autonomía y de conformidad con la ley; nombrar y remover libremente a los servidores públicos de la Secretaría del Congreso;

XXV. Verificar y realizar la fiscalización superior del desempeño y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de los órganos, dependencias y entidades públicas;

Vigilar el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior del Estado, en los términos que disponga la ley.

Serán principios rectores de la fiscalización superior del Congreso del Estado la legalidad, certeza, transparencia, racionalidad, austeridad, eficacia, eficiencia, honestidad, disciplina presupuestal, responsabilidad, objetividad, imparcialidad, proporcionalidad, posterioridad, anualidad, imparcialidad y confiabilidad y la orientación estratégica de los recursos públicos basada en la adecuada planeación para el desarrollo.

La fiscalización superior que realice el Congreso del Estado se sujetará a las siguientes bases:

a) Procurará la orientación estratégica de los presupuestos y recursos públicos del Estado de Jalisco para financiar el desarrollo socioeconómico, cultural y educativo;

b) El Poder Legislativo a través de su asamblea y sus comisiones legislativas realizarán un riguroso ejercicio de verificación y fiscalización a los órganos, dependencias y entidades públicas, mediante el análisis de los dictámenes de cuenta pública, verificación de avance programático, los informes solicitados, la glosa del informe del Poder Ejecutivo y las comparecencias de los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios;

c) Si del examen que el Congreso del Estado, en asamblea o por alguna de sus comisiones legislativas competentes de conformidad con su Ley Orgánica, realice con motivo de la fiscalización aparecieran supuestas irregularidades presupuestales o el probable incumplimiento de los programas o planes de los órganos, dependencias y entidades públicas, se remitirán al órgano competente las recomendaciones de mejora y para que se inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad de acuerdo con la ley;

d) El proceso de fiscalización implica que se tengan que analizar los dictámenes de revisión de gasto y cuenta pública definitivos de la Auditoría Superior del Estado, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35-Bis de esta Constitución y las disposiciones federales que expida el Congreso de la Unión, así como de los ayuntamientos, órganos y fideicomisos municipales; y

e) Las cuentas públicas definitivas de los poderes Ejecutivo y Judicial, de los organismos públicos estatales autónomos, organismos públicos descentralizados y fideicomisos estatales deben ser presentadas por la Auditoría Superior del Estado al Congreso a más tardar el último día de marzo del año siguiente al de su ejercicio, para el ejercicio de sus atribuciones de auditoría pública;

Para la aprobación de las cuentas públicas de los ayuntamientos, organismos públicos descentralizados y fideicomisos de los municipios, deberá estarse a lo que dispongan esta Constitución y las leyes en la materia, respecto de la presentación de las propuestas de dictamen de la Auditoría Superior del Estado al Congreso del Estado, para su debida aprobación en los términos de la ley.

Adicionalmente, el Congreso del Estado en materia de fiscalización tendrá las siguientes atribuciones:

a) Expedir la ley que regule la organización de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los poderes del Estado y de los entes públicos estatales;

b) Nombrar, de conformidad con la ley, al Auditor Superior mediante el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura, así como removerlo con la misma mayoría calificada, previa garantía de audiencia de conformidad con la ley de la materia; y

c) Aprobar o devolver con observaciones, a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, el proyecto de informe final de la revisión de las cuentas públicas de los sujetos fiscalizados.

XXVI. Conceder dispensas de ley por causas justificadas, por motivos de conveniencia o utilidad pública, sin perjuicio de tercero;

XXVII. Otorgar recompensas a los que hayan prestado servicios de importancia a la humanidad o al Estado, siempre que, al concederlas, no ocupen altos puestos gubernativos; conceder pensiones a los deudos de los que hayan fallecido siendo merecedores de aquellas recompensas;

XXVIII. Declarar beneméritos del Estado de Jalisco a sus benefactores y a los que se hayan distinguido por servicios eminentes prestados a la República y a la Entidad, cuando menos diez años después de su fallecimiento;

XXIX. Pedir informes al Gobernador o a los presidentes de los tribunales integrantes del Poder Judicial, sobre cualquier ramo de la administración de los asuntos de su competencia;

XXX. Citar a los titulares de las dependencias y organismos descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado y de los municipios, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades. De igual forma podrá citarlos para que informen sobre los avances en relación con sus planes de desarrollo;

XXXI. Expedir su Ley Orgánica, formar sus reglamentos y dictar las disposiciones necesarias para el buen funcionamiento de sus oficinas, así como ejercer las demás atribuciones que le confiera la ley; 

XXXII. Expedir el bando solemne para dar a conocer la declaración de Gobernador electo hecha por el Consejo Electoral, en la forma y términos que establezca la ley de la materia; 

XXXIII. Elegir al Presidente y a los consejeros del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la legislatura, o por insaculación, en los términos que establezca la ley de la materia.

El Presidente y los consejeros durarán en su encargo cuatro años y sólo podrán ser removido de sus funciones en los términos del Título Octavo de esta Constitución; podrán ser reelectos por una sola ocasión conforme al procedimiento para su nombramiento de conformidad con la ley; 

XXXIV. Presidir la junta preparatoria para instalar la nueva legislatura;

XXXV. Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que investigue hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos; y

XXXVI. Designar por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, al Fiscal Especial en materia de Delitos Electorales, de entre la terna que envíe el Titular del Poder Ejecutivo, en los términos que establezca la ley.

Artículo 35-Bis

La revisión y auditoría pública de la cuenta pública y de los estados financieros de las entidades a las que se refiere el siguiente párrafo, es una facultad soberana, inalienable e imprescriptible del Congreso del Estado, el cual se apoya para tales efectos en la Auditoría Superior, que es un organismo técnico, profesional y especializado, de revisión y examen del Poder Legislativo, dotado con autonomía técnica y de gestión, con personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad de decisión, integrado por personal profesional, seleccionado por oposición, bajo el régimen de servicio profesional de carrera.

La Auditoría Superior, en el ejercicio de sus atribuciones, puede decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

Corresponde a la Auditoría Superior del estado de Jalisco la revisión de las cuentas públicas y estados financieros de:

I. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial;

II. Los organismos públicos autónomos;

III. La Universidad de Guadalajara y los demás organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos del Poder Ejecutivo; 

IV. Los ayuntamientos, organismos públicos descentralizados, empresas de participación municipal mayoritaria y fideicomisos públicos municipales. 

También será objeto de la revisión de la Auditoría Superior del estado de Jalisco, en los términos de la ley, cualquier persona o entidad pública o privada que reciba o maneje recursos públicos.

Son principios rectores de la auditoría pública del gasto y las cuentas públicas la posterioridad, anualidad, definitividad, confiabilidad, legalidad, independencia, transparencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo.

La Auditoría Superior del estado de Jalisco tendrá a su cargo:

I. Auditar en forma posterior los ingresos, los egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los organismos públicos autónomos y de los municipios de la entidad, así como de los entes públicos de índole estatal y municipal e instituciones que administren fondos o valores públicos, incluyendo la aplicación de recursos de origen federal, cuando éstos formen parte de la respectiva cuenta pública, estatal, municipal y de los particulares, a través de los informes que se rendirán en los términos que establezcan las leyes estatales y federales;

Sin menoscabo al principio de anualidad, los informes a que se refiere el párrafo precedente de esta fracción, en las situaciones excepcionales que determine la ley, podrán requerir a los sujetos auditados que procedan a la revisión de los conceptos que se estimen pertinentes y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, se podrá dar lugar al establecimiento de las responsabilidades que correspondan, de conformidad con la ley.

La Auditoría Superior del estado de Jalisco y los órganos de control propios de los poderes del Estado, de los municipios, de los organismos públicos estatales autónomos, organismos públicos descentralizados y fideicomisos estatales o municipales, establecerán los procedimientos necesarios que les permitan el mejor cumplimiento de sus respectivas atribuciones;

II. Presentar al Congreso del Estado, en el plazo previsto por la ley, a través de la comisión competente, quien lo turnará al pleno del Congreso del Estado para el cumplimiento de sus funciones de verificación y auditoría pública para su aprobación o devolución con observaciones, el dictamen definitivo sobre el resultado de la revisión de las cuentas públicas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los entes públicos autónomos, organismos descentralizados y fideicomisos estatales, así como de cualquier persona o entidad que reciba recursos públicos, incluyendo la aplicación de recursos de origen federal, cuando éstos formen parte de la respectiva cuenta pública, estatal y de los particulares, en los términos y plazos que establezcan las leyes en la materia. El resultado incluirá el informe de resultados de la cuenta pública, el dictamen de su revisión y el apartado correspondiente a la auditoría pública y verificación, que comprenderá los comentarios y observaciones de los auditados, mismos que tendrá carácter público. En caso de que el Congreso del Estado devuelva el informe final de la Auditoría Superior del Estado, lo acompañará con las observaciones, con el fin de que la Auditoría Superior del estado de Jalisco las solvente en un término no mayor de noventa días, para su aprobación o rechazo por el pleno del Congreso, sin que éste pueda modificarlos.

En el caso de los municipios, entidades descentralizadas o fideicomisos municipales, la Auditoría Superior del estado de Jalisco, en concordancia con el artículo 115, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, auxiliará al Congreso del Estado en la elaboración de la propuesta de dictamen de la revisión de la cuenta pública que remitirá a la comisión del Congreso que determine su Ley Orgánica, para su estudio y análisis, quien lo turnará al pleno del Congreso del Estado para su aprobación o devolución con observaciones a la Auditoría Superior del estado de Jalisco, quien deberá solventar las observaciones del dictamen en un término no mayor de noventa días, para su aprobación definitiva ante el pleno del Congreso.

La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo; la ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición;

III. Investigar los actos y omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de cualquier tipo, y efectuar visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de los libros y documentos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades para cateos;

IV. Proponer al Congreso del Estado la determinación de créditos fiscales que afecten a la hacienda pública o al patrimonio estatal o municipal, o al de los entes públicos estatales autónomos, organismos descentralizados y fideicomisos estatales o municipales, y promover, ante las autoridades competentes, el fincamiento de las responsabilidades que correspondan.

V. La revisión del gasto y de la cuenta pública que realice la Auditoría Superior del estado de Jalisco se sujetará a las siguientes bases:

a) Será conforme a los principios rectores que establece esta Constitución, dictaminada por el personal del servicio civil de carrera y el Auditor Superior del estado de Jalisco;

b) Propondrá los créditos fiscales y las sanciones bajo el principio de responsabilidad directa del funcionario y subsidiaria del titular de la entidad auditada, en caso de negligencia o falta de supervisión adecuada;

c) Realizará un examen, rendirá su respectivo informe, así como propondrá la determinación de los créditos fiscales, las sanciones y las responsabilidades en un término máximo de doce meses contados a partir del día siguiente a aquel en el que las entidades auditadas le remitan las correspondientes cuentas públicas o el organismo auditor concluya las auditorías que realice, y de diez meses en caso de entidades municipales auditadas;

d) Aplicará el principio de legalidad y anualidad para la propuesta de créditos fiscales y responsabilidades; y

e) Las resoluciones sancionatorias y definitivas que sean emitidas con motivo de la revisión y examen de las cuentas públicas de las entidades auditadas, podrán ser impugnadas por los sujetos auditados, mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado, en los términos que establece esta Constitución.

La auditoría pública realizada por la Auditoría Superior del estado de Jalisco, tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto, así como determinar la eficacia y economía en el gasto público, de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos de cada ente fiscalizable, en los términos que establezca la ley reglamentaria.

La revisión de la cuenta pública de la Auditoría Superior se llevará a cabo de conformidad con lo que establecen la ley en la materia, las disposiciones federales que expida el Congreso de la Unión y de acuerdo con las bases que establece esta Constitución;

VI. Al frente de la Auditoría Superior del estado de Jalisco habrá un Auditor Superior que será nombrado conforme al procedimiento que determine la ley, por el Congreso del Estado, con voto de cuando menos dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura.

El Auditor Superior durará en su cargo siete años y podrá ser nombrado para un nuevo periodo por una sola ocasión, de acuerdo con el procedimiento que establece la ley. Sólo podrá ser removido por las causas graves que señale la ley, con la misma votación requerida para su nombramiento, así como por las causas y conforme a los procedimientos previstos en esta Constitución;

VII. Para ser titular de la Auditoría Superior se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, y ser nativo del estado o, en su defecto, haber residido en la entidad durante los últimos cinco años, salvo en el caso de ausencia motivada por el desempeño de algún cargo en el servicio público, siempre y cuando no haya sido fuera del país;

b) Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de su designación;

c) Poseer el día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de licenciado en Contaduría Pública, licenciado en Derecho o abogado, licenciado en Administración Pública o licenciado en Economía, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello;

d) Tener título profesional registrado en la Dirección de Profesiones del Estado;

e) Tener, al momento de su designación, experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades;

f) No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro considerado como grave por la legislación penal, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

g) No ser ministro de alguna asociación religiosa, a menos de que se separe formal, material y definitivamente de su ministerio en la forma y con la anticipación que establece la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, reglamentaria de los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

h) No haber sido titular de alguna de las secretarías de despacho del Ejecutivo, Fiscal General, Magistrado del Poder Judicial, integrante del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Encargado de Hacienda Municipal, Diputado o titular de algún ente auditable durante los dos años previos al de su designación, y tener sus cuentas públicas aprobadas;

i) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República, Senador o Diputado federal, a menos que se separe de su cargo dos años antes al día en que tenga verificativo su designación;

j) No tener parentesco de consanguinidad en línea recta y colateral hasta el cuarto grado ni de afinidad, al día de su designación, con los titulares de las entidades sujetas por esta Constitución y la ley a ser auditadas;

k) No haber desempeñado cargo de elección popular en el estado en los tres años anteriores a su designación;

l) No haber sido, durante los últimos seis años, miembro de la dirigencia nacional, estatal o municipal de un partido político, ni haber formado parte de los órganos electorales con derecho a voto durante dicho lapso; y

m) Durante el ejercicio de su encargo, el Auditor Superior no podrá militar o formar parte activa de partido político alguno, ni asumir otro empleo, cargo o comisión, salvo los desempeñados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia y los no remunerados. El nombramiento deberá recaer preferentemente entre aquellas personas que tengan prestigio profesional, capacidad y experiencia técnica en la materia; y

VIII. Las entidades auditadas y los sujetos a ser auditados por la Constitución y que señale la ley deberán:

a) Facilitar los auxilios que requiera la Auditoría Superior del estado de Jalisco para el ejercicio de sus funciones; y

b) Facilitar los apoyos necesarios para que los funcionarios y ex funcionarios rindan sus cuentas públicas, así como para dar contestación a los pliegos de observaciones que notifique la Auditoría Superior del estado de Jalisco.

El titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, y los ayuntamientos, a través de los encargados de la Hacienda Municipal, aplicarán el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de los créditos fiscales a que se refiere la fracción IV del presente artículo. La Auditoría Superior del estado de Jalisco sancionará administrativamente la omisión e indebida ejecución en el cobro de los créditos fiscales, en los términos que establezca la ley.

A la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco se deberá adjuntar invariablemente, para su valoración por el Congreso del Estado, el proyecto de presupuesto de la Auditoría Superior del estado de Jalisco que elabore este organismo público, sin menoscabo de la facultad del Congreso del Estado de determinar los gastos del estado. 

TÍTULO QUINTO

CAPÍTULO I

DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 36

El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado. 

Artículo 37

Para ser Gobernador del Estado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Tener cuando menos treinta años de edad el día de la elección;

III. Ser nativo del Estado o avecindado en él, cuando menos, cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección;

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional ni en las fuerzas de seguridad pública del Estado, cuando menos noventa días anteriores a la elección; y

V. No ser Secretario General de Gobierno, Fiscal General o Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, a no ser que se separe del cargo cuando menos noventa días antes de la elección.

Artículo 38

El Gobernador del Estado entrará a ejercer su encargo el día seis de diciembre del año de la elección; durará seis años y nunca podrá ser reelecto, ni volver a ocupar ese cargo, aun con el carácter de interino, substituto o encargado del despacho. 

Artículo 39

En caso de falta absoluta del Gobernador del Estado, ocurrida durante los dos primeros años de su ejercicio, el Congreso procederá al nombramiento de un Gobernador interino, quien ejercerá sus funciones hasta que tome posesión el Gobernador substituto que se elija en comicios extraordinarios.

La convocatoria a elección extraordinaria de Gobernador substituto se expedirá conforme las disposiciones de la Ley Electoral y tendrá lugar a más tardar, en la fecha en la que tenga verificativo la siguiente elección ordinaria para renovar el Congreso del Estado.

Artículo 40

Cuando la falta absoluta del Gobernador del Estado ocurra en los cuatro últimos años del período respectivo, el Congreso elegirá un Gobernador substituto, quien ejercerá sus funciones hasta la terminación del mismo.

Artículo 41

Son hechos que implican la falta absoluta del Gobernador del Estado:

I. La muerte;

II. La incapacidad total y permanente para ejercer el cargo declarada por la autoridad judicial;

III. La declaración que establezca la procedencia del juicio por delitos dolosos graves del orden común;

IV. La renuncia expresa por causa grave que será calificada por el Congreso del Estado;

V. Si convocado por el Congreso, el Gobernador ausente o separado de sus funciones no se presenta, sin causa justificada, a asumir el ejercicio de su cargo; y

VI. No presentarse, sin causa justificada, en la fecha en que deba tomar posesión del cargo. 

Artículo 42

Si al comenzar un periodo constitucional la elección no se hubiere verificado, calificado, declarado electo al Gobernador del Estado, o éste no se presentare el seis de diciembre, cesará en funciones el Gobernador cuyo periodo concluye y desde luego se encargará del Poder Ejecutivo, en calidad de Gobernador interino, el ciudadano que designe el Congreso, mientras se hace la elección correspondiente, en los términos previstos para la ausencia absoluta del Gobernador dentro de los dos primeros años de ejercicio constitucional que establece esta Constitución.

Artículo 43

El Gobernador del Estado podrá ausentarse del territorio de la entidad sin autorización del Congreso hasta por quince días. En las ausencias mayores de diez días deberá dar aviso al Congreso del Estado.

Sólo con permiso del Congreso podrá ausentarse del territorio del Estado o separarse de sus funciones por más de quince días.

En estos casos, el Secretario General de Gobierno se hará cargo del despacho del Ejecutivo.

En las faltas temporales que excedan de treinta días entrará a ejercer interinamente el Poder Ejecutivo el ciudadano que nombre el Congreso.

Si transcurridos treinta días de ausencia o separación de sus funciones, o concluida la licencia, no se presentare el Gobernador del Estado, será llamado por el Congreso, y si no compareciere dentro de diez días, se declarará su falta absoluta. 

Artículo 44

Cuando ocurra la falta temporal o absoluta del Gobernador del Estado, en tanto el Congreso hace la designación de Gobernador interino o substituto, el despacho quedará a cargo del Secretario General de Gobierno, con las atribuciones que determine la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sin que ello implique suplir al titular y ejercer las facultades propias de dicho Poder.

El ciudadano que sea electo para suplir al titular del Poder Ejecutivo como Gobernador interino o substituto, deberá reunir los requisitos establecidos en esta Constitución para ser Gobernador del Estado, con excepción de no haber sido Secretario General de Gobierno o Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo.

En caso de falta temporal o absoluta del Gobernador interino o substituto, se procederá en la misma forma establecida para suplir al Gobernador del Estado cuyo origen sea la elección popular. 

Artículo 45

El Gobernador del Estado cuyo origen sea la elección popular extraordinaria, estará sujeto a las mismas prohibiciones señaladas en esta Constitución para el que lo fuera en elecciones ordinarias.

El ciudadano que haya desempeñado el Poder Ejecutivo como Gobernador substituto, designado por el Congreso para concluir el período, aun cuando tenga distinta denominación, el interino o el que bajo cualquiera denominación supla las faltas temporales del Gobernador del Estado, nunca podrá ser electo para el período inmediato, siempre que desempeñe el cargo dentro de los dos últimos años del período.

El ciudadano que hubiere sido nombrado Gobernador interino, en los casos de falta absoluta del titular, ocurrida en los dos primeros años del período respectivo o Gobernador provisional en los casos a que se refiere el Capítulo de Prevenciones Generales de esta Constitución, no podrá ser electo en los comicios extraordinarios que se celebren con ese motivo.

El Gobernador del Estado electo como interino, podrá ser designado por el Congreso del Estado para continuar ejerciendo el Poder Ejecutivo como interino o substituto. 

Artículo 46

Para el despacho de los negocios del Poder Ejecutivo habrá un servidor público que se denominará Secretario General de Gobierno y varios que se denominarán secretarios del despacho del ramo que se les encomiende.

Todas las disposiciones que el Gobernador del Estado emita en uso de sus facultades, deberán estar firmadas por el secretario de despacho a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidas. 

Artículo 47

Los reglamentos y decretos que expida el titular del Poder Ejecutivo, que sean trascendentales para el orden público o interés social, en los términos que establezca la ley, con excepción de las de carácter contributivo, podrán ser sometidos a referéndum derogatorio, total o parcial, siempre y cuando: 

I. Lo solicite ante el Instituto Electoral del Estado un número de ciudadanos que represente cuando menos el dos punto cinco por ciento de los jaliscienses inscritos en el Registro Nacional de Ciudadanos, debidamente identificados, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su publicación; o

II. Lo solicite el Congreso del Estado, ante el Instituto Electoral, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su publicación, de conformidad con lo que establezca la ley de la materia.

Los reglamentos y decretos sometidos al proceso de referéndum sólo podrán ser derogados si en dicho proceso participa, cuando menos, el cuarenta por ciento de los inscritos en el Registro Nacional de Ciudadanos correspondiente al Estado y, de los mismos, más del cincuenta por ciento emite su voto en contra.

Si dentro de los primeros treinta días no se solicita el proceso de referéndum, el reglamento o decreto iniciará su vigencia.

Si en dicho período se solicitare referéndum, la vigencia del reglamento o decreto deberá quedar en suspenso, salvo los casos de urgencia determinada por el titular del Ejecutivo.

Cuando la solicitud a que se refiere el párrafo anterior posea efectos suspensivos, la vigencia de dichas disposiciones comenzará una vez concluido el proceso de referéndum, en caso de que no fueran derogadas.

En caso de derogación, no podrá decretarse un nuevo reglamento en el mismo sentido, dentro de un período de dieciocho meses contados a partir de la fecha en que se publique el decreto derogatorio.

El Instituto Electoral del Estado efectuará el cómputo de los votos y remitirá la resolución correspondiente al Titular del Poder Ejecutivo, para su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco. Una vez que la resolución del Instituto Electoral quede firme, si es derogatoria, será notificada al titular del Poder Ejecutivo para que en un plazo no mayor de treinta días emita el decreto correspondiente.

Artículo 48

La función de consejero jurídico del Gobernador estará a cargo de la dependencia del Poder Ejecutivo que para tal efecto establezca la Ley.

Artículo 49

La ley determinará la estructura y las facultades de las dependencias y organismos descentralizados del Poder Ejecutivo. 

CAPÍTULO II

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GOBERNADOR DEL ESTADO

Artículo 50

Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado: 

I. Promulgar, ejecutar, hacer que se ejecuten las leyes y ejercer en su caso, la facultad de hacer observaciones a las mismas en los términos y plazos que establece esta Constitución;

II. Presentar cada año al Congreso, a más tardar el día 1º. de noviembre, los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos del Estado, para el ejercicio fiscal siguiente;

III. Rendir por escrito al Congreso, el día primero de febrero de cada año, un informe anual del estado que guarda la administración pública, mismo que podrá enviar o presentarlo personalmente;

IV. Pedir y dar informes al Congreso sobre cualquier ramo de la administración, y a los tribunales del Poder Judicial, sobre el de justicia;

V. Solicitar al Instituto Electoral del Estado someta a plebiscito, en los términos que disponga la ley, propuestas de actos o decisiones de su gobierno, considerados como trascendentales para el orden público o el interés social del Estado;

VI. Solicitar ante el Instituto Electoral, que se sometan a proceso de referéndum, las leyes que expida el Congreso consideradas particularmente trascendentes para el orden público o el interés social del Estado, en los términos que establezca la ley de la materia;

VII. Celebrar convenios sobre límites con los estados vecinos, con el requisito de someterlos a aprobación del Congreso del Estado y en su caso a la ratificación del Congreso de la Unión;

VIII. Expedir los reglamentos que resulten necesarios, a fin de proveer en la esfera administrativa, la exacta observancia de las leyes y para el buen despacho de la administración pública;

IX. Nombrar y remover a los servidores públicos cuyos nombramientos o remoción no corresponda, conforme a la ley, a otra autoridad;

X. Organizar y conducir la planeación del desarrollo del Estado y establecer los medios para la consulta ciudadana y la participación social;

XI. Cuidar de la recaudación, aplicación e inversión de los caudales del Estado, con arreglo a las leyes;

XII. Vigilar la conservación del orden público, disponiendo al efecto de las fuerzas armadas del Estado, pudiendo, con autorización del Congreso, celebrar convenios para descentralizar la organización y supervisión de las funciones de seguridad pública, con participación de los municipios y colaboración de los particulares, en su caso;

XIII. Dar órdenes a la policía preventiva municipal en aquellos casos que bajo su responsabilidad juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público;

XIV. Decretar la expropiación por causa de utilidad pública, en la forma que determinen las leyes;

XV. Facilitar al Poder Judicial el auxilio que necesite para el ejercicio de sus funciones y hacer que se cumplan las sentencias de los tribunales;

XVI. Conceder, conforme a las leyes, indulto, reducción o conmutación de pena;

XVII. Celebrar convenios con los gobiernos federal y de los estados para que los reos sentenciados por delitos del orden común, puedan cumplir las sanciones privativas de libertad en establecimientos ubicados fuera de la entidad;

XVIII. Celebrar convenios con la Federación, con los municipios y con particulares, respecto de la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario, conforme a las disposiciones de esta Constitución y las leyes;

XIX. Representar al Estado de Jalisco, con las facultades que determine la ley o el Congreso, en los términos establecidos en esta Constitución y designar apoderados;

XX. Expedir decretos y acuerdos de carácter administrativo para la eficaz prestación de los servicios públicos y otorgar concesiones a los particulares para este mismo efecto, en el ámbito de su competencia, requiriéndose en este último caso, cuando su vigencia trascienda el término del ejercicio para el que fue electo, la autorización del Congreso del Estado;

XXI. Ejercer en forma concurrente con la Federación y los municipios, las atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección del ambiente, protección civil, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, conforme a la distribución de competencias y disposiciones de las leyes federales y estatales;

XXII. Delegar facultades específicas en el ámbito administrativo, cuando no exista disposición en contrario para ello, a las secretarías, dependencias, organismos y entidades que se constituyan para auxiliarlo en el desempeño de sus atribuciones;

XXIII. Divulgar la legislación local en el Estado; 

XXIV. Hacer la propuesta de delimitación de las regiones metropolitanas que se encuentren ubicadas dentro del territorio del estado, a partir de la declaratoria de áreas metropolitanas que haga el Congreso del Estado de Jalisco; 

XXV. Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que investigue hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos; y

XXVI. Las demás que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes que de éstas se deriven.

TÍTULO SEXTO

CAPÍTULO I

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA JUSTICIA

Artículo 51

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 

Artículo 52

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales deberán emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. 

Artículo 53

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

La investigación de los delitos del fuero común y concurrentes y la persecución ante los tribunales de los responsables en su comisión corresponden al Ministerio Público a cargo del Fiscal General, quien se auxiliará de las policías, las que estarán bajo su mando inmediato, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La ley organizará al Ministerio Público, el cual estará presidido por un Fiscal General, designado por el titular del Poder Ejecutivo y ratificado por el Congreso mediante el voto de dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión del Congreso del Estado. El ciudadano que, habiendo sido designado por el Gobernador, no hubiere sido ratificado, no podrá volver a ser propuesto dentro del término de un año. 

El titular del Poder Ejecutivo deberá enviar una nueva propuesta al Congreso del Estado dentro de los siguientes quince días hábiles.

Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal podrán ser impugnados por vía jurisdiccional, en los términos que establezca la ley.

Para ser Fiscal General se requiere cumplir con los mismos requisitos que esta Constitución exige en su artículo 59 para magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, con excepción de lo dispuesto en su fracción V en lo referente a haber sido Secretario del Despacho o jefe de departamento administrativo, además de cumplir y aprobar los exámenes de control de confianza en los términos de la ley, previo a su designación. El Fiscal General podrá ser libremente removido por el Gobernador del Estado. 

El personal de la Fiscalía General del Estado será nombrado por el Fiscal General, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes aplicables.

La Fiscalía General del Estado contará con una Fiscalía Especial en materia de Delitos Electorales que será la responsable de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a los delitos electorales establecidos en la Ley General en materia Delitos Electorales. La Fiscalía Especial en materia de Delitos Electorales estará dotada de los recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación.

Para ser Fiscal Especial en materia de Delitos Electorales se requiere cumplir con los mismos requisitos que establece esta Constitución para los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y cumplir con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Fiscal Especial en materia de Delitos Electorales dura en su cargo cuatro años, pudiendo ser reelecto por una sola vez.

Artículo 54

La defensa de los intereses sociales y familiares, así como la institución de la defensoría de oficio en los ramos penal y familiar, estará a cargo de un organismo denominado Procuraduría Social, el cual dependerá del Poder Ejecutivo del Estado y cuyo titular será designado por éste, conforme a la ley de la materia.

Artículo 55

En los casos de infracciones administrativas, los responsables podrán ser sancionados con multa o arresto, que no deberá exceder de treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por arresto hasta por treinta y seis horas. La ley y los reglamentos regularán todo lo relativo a la sanción de las faltas a que alude este artículo.

En tratándose de personas de escasos recursos, dependientes económicos, jornaleros u obreros, en ningún caso podrán ser castigados con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá de un día de salario mínimo o del equivalente a un día de su ingreso.

CAPÍTULO II

DEL PODER JUDICIAL

Artículo 56

El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Tribunal de lo Administrativo, en los juzgados de primera instancia, menores y de paz y jurados. Se compondrá además por dos órganos: el Consejo de la Judicatura del Estado y el Instituto de Justicia Alternativa del Estado.

La representación del Poder Judicial recae en el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el cual será electo, de entre sus miembros, por el pleno. El Presidente desempeñará su función por un período de dos años y podrá ser reelecto para el período inmediato.

El Instituto de Justicia Alternativa del Estado es un órgano con autonomía técnica y administrativa encargado de proporcionar el servicio de justicia alternativa, a través de los métodos alternos de resolución de conflictos. El titular será designado por el Congreso del Estado, previa convocatoria a la sociedad en general con exclusión de los partidos políticos, mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes y de conformidad con la ley de la materia y deberá cumplir los mismos requisitos para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, dará en su encargo cuatro años, pudiendo ser reelecto para un periodo igual y sólo por una ocasión, en igualdad de circunstancias con los demás aspirantes.

El Instituto y las sedes regionales, a través de sus titulares, tendrán facultad para elevar a sentencia ejecutoriada los convenios que resuelvan los asuntos que se le presenten. La ley establecerá la competencia, atribuciones y estructura orgánica del Instituto.

Artículo 57

La ley garantizará la independencia de los propios tribunales, la de los magistrados, consejeros y jueces en el ejercicio de sus funciones, así como la plena ejecución de sus resoluciones.

Los tribunales del Poder Judicial resolverán con plenitud de jurisdicción todas las controversias que en el ámbito de su competencia se presenten. 

Todos los magistrados que integran el Poder Judicial del Estado de Jalisco recibirán el mismo salario. Consejeros y jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá ser disminuida durante su encargo. 

El pleno del Supremo Tribunal y el del Tribunal de lo Administrativo, elaborarán sus propios proyectos de presupuesto. El Consejo de la Judicatura lo hará para el resto del Poder Judicial. Con ellos se integrará el del Poder Judicial, que será remitido por el Presidente del Supremo Tribunal al titular del Poder Ejecutivo, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado. Una vez aprobado, será ejercido con plena autonomía y de conformidad con la ley.

A la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado que presente el titular del Poder Ejecutivo ante el Congreso, se deberá adjuntar, para su valoración, invariablemente, el proyecto de presupuesto elaborado por el Poder Judicial.

En ningún caso el presupuesto del Poder Judicial podrá ser inferior al ejercido el año inmediato anterior, actualizado con base en la cifra oficial de inflación que publique el Banco de México.

La competencia del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de lo Administrativo, su funcionamiento en pleno o salas; la competencia y funcionamiento de los juzgados de primera instancia, menores y de paz, así como de los jurados, se regirá por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial, funcionando en pleno o en salas, sobre interpretación de leyes de su competencia, así como los requisitos para su interpretación o modificación, sin que se contravenga la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación.

El personal de los tribunales, juzgados y demás órganos del Poder Judicial, regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones generales y a las reglas especiales que para cada caso señalen esta Constitución y las leyes aplicables.

Artículo 58

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado se integra por treinta y cuatro magistrados propietarios y funciona en pleno y en salas, de conformidad con lo que establezca la ley reglamentaria. 

Las sesiones del pleno serán públicas y, por excepción, reservadas, en los casos que así lo determine la ley o lo exijan la moral o el interés público.

El pleno del Supremo Tribunal de Justicia determinará los magistrados que integrarán cada sala, las cuales serán colegiadas, así como la competencia de las mismas.

Artículo 59

Para ser electo Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; ser nativo del Estado o, en su defecto, haber residido en la entidad durante los últimos cinco años, salvo en el caso de ausencia motivada por el desempeño de algún cargo en el servicio público, siempre y cuando no haya sido fuera del país;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la elección;

III. Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en Derecho, abogado o su equivalente, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello y registrado en la Dirección de Profesiones del Estado;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

V. No haber sido Gobernador, titular de alguna de las secretarías de despacho del Ejecutivo, jefe de departamento administrativo, Fiscal General, integrante del Consejo de la Judicatura, Diputado local, Presidente, Síndico o Regidor de Ayuntamiento durante el año previo al día de la elección; y

VI. No haber sido Secretario de Estado o Jefe de departamento administrativo de la Federación, Procurador General de la República, Senador o Diputado federal, a menos que se separe de su cargo un año antes al día en que tenga verificativo la elección.

Artículo 60

Para la elección de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, previa convocatoria realizada por el Congreso del Estado a la sociedad en general, con excepción de los partidos políticos, someterá a consideración del Congreso del Estado una lista de candidatos que contenga, cuando menos, el doble del número de magistrados a elegir, remitiendo los expedientes para acreditar que los ciudadanos propuestos cumplen con los requisitos establecidos en el presente capítulo y tienen aptitud para ocupar dicho cargo.

El Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante, dentro de un término improrrogable de treinta días. En caso de que el Congreso no resolviere dentro de dicho término, se entenderá que rechaza la totalidad de los candidatos propuestos.

En caso de que el Congreso rechace la totalidad de los candidatos propuestos, el Consejo de la Judicatura someterá una nueva propuesta integrada por personas distintas a la inicial, en los términos de este artículo.

En igualdad de circunstancias, los nombramientos de magistrados serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.

Artículo 61

Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia durarán en el ejercicio de su encargo siete años, contados a partir de la fecha en que rindan protesta de ley, al término de los cuales podrán ser ratificados y, si lo fueren, continuarán en esa función por diez años más, durante los cuales sólo podrán ser privados de su puesto en los términos que establezcan esta Constitución, las leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos o como consecuencia del retiro forzoso. 

Tres meses antes de que concluya el período de siete años para el que fue nombrado un magistrado, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia elaborará un dictamen técnico en el que se analice y emita opinión sobre la actuación y desempeño del magistrado. El dictamen técnico, así como el expediente del magistrado será enviado al Congreso del Estado para su estudio.

El Congreso del Estado decide soberanamente sobre la ratificación o no ratificación de los magistrados mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Si el Congreso del Estado resuelve la no ratificación, el magistrado cesará en sus funciones a la conclusión del período para el que fue designado y se procederá a realizar un nuevo nombramiento en los términos de este capítulo.

Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia se retirarán de sus cargos en forma forzosa o voluntaria. Son causas de retiro forzoso:

I. Haber concluido los diez años del segundo período a que se refiere el primer párrafo del presente artículo; o

II. Haber cumplido setenta años de edad.

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado fijará las causas del retiro voluntario y el haber que tendrá el Magistrado que se retire forzosa o voluntariamente. El haber a que se refiere este artículo únicamente se entregará a aquellos magistrados que hubiesen cumplido la carrera judicial a que se refiere la ley.

Los magistrados ratificados para concluir el período de diecisiete años no podrán en ningún caso volver a ocupar el cargo, así como los magistrados que habiendo concluido el periodo de siete años, no hubiesen sido ratificados por el Congreso del Estado.

Artículo 62

Al Supremo Tribunal de Justicia le corresponden las siguientes atribuciones:

I. Conocer de todas las controversias jurisdiccionales del orden penal, civil, de lo familiar y mercantil, de conformidad con lo que establezcan las leyes estatales y federales;

II. Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial del Estado;

III. Formular su reglamento interior;

IV. Nombrar y remover a sus secretarios y demás empleados, en los términos que establezca la ley de la materia respecto de la carrera judicial;

V. Conceder licencias menores de dos meses, a los magistrados del Supremo Tribunal para que se separen del ejercicio de sus funciones;

VI. Manejar libremente la administración de su presupuesto;

VII. Expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución entre las salas de los asuntos que competa conocer al propio Tribunal;

VIII. Determinar, en pleno, la competencia de las Salas que lo integran;

IX. Resolver los conflictos administrativos y los que se susciten con motivo de las relaciones de trabajo en el ámbito de su competencia;

X. Elegir, de entre sus miembros, al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; y

XI. Las demás que determinen esta Constitución y las leyes.

Artículo 63

Los jueces de primera instancia, menores y de paz, serán elegidos por el Consejo de la Judicatura, con base en los criterios, requisitos y procedimientos que establezca esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial; durarán en el ejercicio de su cargo cuatro años, al vencimiento de los cuales podrán ser reelectos. Los jueces que sean reelectos sólo podrán ser privados de su puesto en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes secundarias en materia de responsabilidad de los servidores públicos. Durante su ejercicio, los jueces sólo podrán ser removidos o cambiados de adscripción por acuerdo del Consejo de la Judicatura dictado en los términos que establezca la ley.

En los casos de promoción, la inamovilidad en el nuevo empleo se adquirirá al transcurrir el plazo correspondiente a su ejercicio.

Artículo 64

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de lo Administrativo, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura en los términos que establezcan las leyes, con base en esta Constitución.

El Consejo de la Judicatura estará integrado con cinco miembros, de los cuales uno será el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien lo presidirá, uno se elegirá de entre los jueces de primera instancia inamovibles que tengan más de cuatro años en la Judicatura y los otros tres serán de origen ciudadano que no hubieren desempeñado un cargo dentro de la carrera judicial durante los cuatro años anteriores. La elección será por cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad. 

Los consejeros deberán distinguirse por su capacidad, honestidad, honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas y reunir los requisitos exigidos para poder ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad.

Salvo el Presidente del Consejo, los demás consejeros durarán en su encargo cuatro años, serán substituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo período.

Los consejeros ejercerán sus funciones con independencia e imparcialidad, y sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes secundarias, en materia de responsabilidad de los servidores públicos.

El Consejo de la Judicatura deberá funcionar en pleno o en comisiones, sus resoluciones serán definitivas; las de las comisiones se someterán al pleno, si este tuviere observaciones las regresará a la comisión para que elabore una nueva resolución que deberá aprobarse por unanimidad para ser presentada al pleno, en caso de no haber observaciones o resueltas éstas, se procederá a su ejecución. La comisión respectiva elaborará y presentará la integración de las listas de candidatos que para la elección de magistrados prevé esta Constitución. Así mismo, resolverá sobre la designación y remoción de los jueces de primera instancia, menores y de paz; y desarrollará el sistema de insaculación que prevea la Ley Orgánica del Poder Judicial para la elección de los jurados populares, que se enviarán al pleno, que podrá hacer observaciones en los términos anteriores.

En la designación de los jueces se preferirá, en igualdad de circunstancias, a aquellas personas que hayan prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos del Poder Judicial, así como la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

El Consejo de la Judicatura estará facultado para determinar el número y competencia de los juzgados de primera instancia, menores y de paz, así como para expedir los acuerdos necesarios para el ejercicio adecuado de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la ley.

Las decisiones del Consejo de la Judicatura serán definitivas e inatacables.

Artículo 65

El Tribunal de lo Administrativo tendrá a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos descentralizados de aquéllas, con los particulares. Igualmente de las que surjan de entre dos o más entidades públicas de las citadas en el presente artículo.

El Tribunal de lo Administrativo resolverá además, los conflictos laborales que se susciten con sus propios trabajadores.

Artículo 66

Los requisitos exigidos para ser Magistrado del Tribunal de lo Administrativo, la forma de elección y el período de su ejercicio en el cargo, serán los mismos que esta Constitución establece para los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.

Artículo 67

El Tribunal de lo Administrativo del Estado funcionará en pleno o en salas.

El pleno del Tribunal se formará por los magistrados que integran las salas que establezca la ley reglamentaria, los cuales tendrán voz y voto. Las sesiones del pleno serán públicas y por excepción secretas, en los casos que así lo exijan la moral o el interés público.

El pleno del Tribunal elegirá, de entre sus miembros, en los términos y bajo las condiciones que establezca la ley, a quien deba presidirlo. El presidente durará en su encargo un año y podrá ser reelecto.

CAPÍTULO III

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

Artículo 68

El Tribunal Electoral es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, y que se rige bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Tendrá a su cargo la función jurisdiccional local en materia electoral y de participación ciudadana.

En materia electoral la interposición de los recursos no producirá en ningún caso efectos suspensivos del acto o resolución impugnado.

Artículo 69

Los magistrados electorales serán electos por la Cámara de Senadores en los términos dispuestos en el ordinal 5° del inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución federal, y por lo establecido en la ley general en la materia.

Los magistrados electorales durarán en el cargo siete años; se renovarán de forma escalonada y no podrán ser reelectos. Percibirán una remuneración igual a la prevista para los magistrados del Poder Judicial del Estado. Las normas relativas a los requisitos que deberán cumplir los designados, la forma para cubrir las vacantes, remoción, el régimen de responsabilidades, impedimentos y excusas serán los establecidos en la ley general en la materia.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la legislación local establecerá las demás normas aplicables.

A la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, se deberá adjuntar el proyecto de presupuesto elaborado por el Tribunal Electoral del Estado.

Artículo 70

El Tribunal Electoral resolverá en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley:

I. Las impugnaciones de las elecciones locales de presidentes, regidores y síndicos de los ayuntamientos, diputados por ambos principios, y Gobernador del Estado;

II. Las impugnaciones que se presenten durante el proceso electoral en contra de los actos o resoluciones de la autoridad electoral, distintas a las señaladas en la fracción anterior;

III. Las impugnaciones que se presenten durante el desarrollo de los procesos de plebiscito y referéndum, con motivo de actos o resoluciones de la autoridad electoral;

IV. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos a votar, a ser votado y a la afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del Estado;

V. Los recursos que se presenten contra actos o resoluciones de la autoridad electoral, fuera de los procesos electorales, de plebiscito o referéndum;

VI. La determinación e imposición de sanciones en la materia;

VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus trabajadores;

VIII. Derogado.

IX. Las demás que señale la ley.

El Tribunal Electoral del Estado hará uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley.

Artículo 71

El Tribunal Electoral se integrará por cinco magistrados, de entre los cuales será electo, por ellos mismos, su Presidente. 

Las sesiones de resolución serán públicas.

CAPÍTULO IV

DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

Artículo 72

Corresponde al Tribunal de Arbitraje y Escalafón conocer de las controversias que se susciten entre el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y empresas de participación mayoritaria de ambos, con sus servidores, con motivo de las relaciones de trabajo y se regirán por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, por todas las demás leyes y reglamentos de la materia, con excepción de las controversias relativas a las relaciones de trabajo de los servidores públicos integrantes del Poder Judicial del Estado, del Tribunal Electoral y del Instituto Electoral del Estado.

La Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, establecerá las normas para su organización y funcionamiento, así como los requisitos que deban tener los servidores públicos que presten sus servicios en dicho Tribunal. 

TÍTULO SÉPTIMO

CAPÍTULO I

DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Artículo 73

El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los siguientes fundamentos:

I. Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que residirá en la cabecera municipal. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado.

II. Los ayuntamientos se integrarán por un Presidente Municipal, regidores y síndicos electos popularmente, según los principios de mayoría relativa y representación proporcional, en el número, las bases y los términos que señale la ley de la materia. Los regidores electos por cualquiera de dichos principios, tendrán los mismos derechos y obligaciones;

Es obligación de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, que en las listas de candidatos a regidores municipales sea respetado el principio de paridad de género y que cada candidato propietario a regidor tenga un suplente del mismo género; las fórmulas de candidatos se alternarán por género. La planilla se elaborará exceptuando de la paridad de género la candidatura a Presidente Municipal.

Para garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, la ley determinará lo conducente a efecto de que en las planillas de candidatos a munícipes participen ciudadanos integrantes de esas poblaciones;

III. Los presidentes, regidores y síndicos durarán en su encargo tres años. Iniciarán el ejercicio de sus funciones a partir del 1º de octubre del año de la elección y se renovarán en su totalidad al final de cada periodo. Los ayuntamientos conocerán de las solicitudes de licencias que soliciten sus integrantes y decidirán lo procedente;

IV. Los presidentes, regidores y el síndico de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa en los términos de las leyes respectivas, podrán ser postulados, por única vez, al mismo cargo para el período inmediato siguiente. La postulación para ser reelecto solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado originariamente, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato; la ley electoral establecerá las normas aplicables. En el caso de los munícipes que sean electos como independientes, podrán postularse para la reelección solamente con su misma calidad y no podrán ser postulados por un partido político, a menos que demuestren su militancia a ese partido político antes de la mitad de su mandato.

Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la designación que se les dé, podrán ser electos para el período inmediato.

Quienes pretendan ser postulados para un segundo periodo en los ayuntamientos deberán separarse del cargo al menos con noventa días de anticipación al día de la jornada electoral. 

V. Derogada.

Artículo 74

Para ser Presidente Municipal, regidor y síndico se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Ser nativo del municipio o área metropolitana correspondiente, o acreditar ser vecino de aquellos, cuando menos tres años inmediatos al día de la elección;

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos;

IV. No ser Magistrado del Tribunal Electoral, integrante del organismo electoral con derecho a voto, Procurador Social o Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a menos que se separe de sus funciones ciento ochenta días antes de la elección;

V. No ser Consejero Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a menos que se separe de sus funciones noventa días antes de la elección;

VI. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional ni tener mando en la policía o en cuerpo de seguridad pública en el municipio en que se pretenda su elección, cuando menos noventa días antes de ella;

VII. No ser Secretario General de Gobierno o quien haga sus veces, Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o miembro del Consejo de la Judicatura. Los servidores públicos comprendidos en esta fracción podrán ser electos siempre que, al efectuarse la elección, tengan cuando menos noventa días de estar separados de sus cargos;

VIII. No ser Juez, Secretario de Juzgado o titular de alguna dependencia de recaudación fiscal de la Federación o del Estado en el municipio en que pretenda su elección, a menos que se separe de su cargo en los términos que previene la fracción anterior; y 

IX. No ser servidor público del municipio de que se trate, a no ser que se separe del cargo noventa días antes de la elección. Si se trata del funcionario encargado de la Hacienda Municipal, es preciso que haya rendido sus cuentas al Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. 

Artículo 75

Sólo tendrán derecho a participar en el procedimiento de asignación de regidores de representación proporcional los partidos políticos, coaliciones o planillas de candidatos independientes que no hubieren obtenido la mayoría, siempre que hubieren registrado planillas en el número de ayuntamientos que determine la ley, con excepción de los candidatos independientes, y obtengan cuando menos el tres punto cinco por ciento de la votación total emitida. La ley establecerá los procedimientos y requisitos para realizar la asignación a que se refiere este artículo. 

Artículo 76

El Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá declarar que los ayuntamientos se han desintegrado y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros por cualesquiera de las causas graves que las leyes prevengan, previo el derecho de audiencia y defensa correspondiente.

Cuando la desintegración de un ayuntamiento ocurra durante el primer año de ejercicio, el Instituto Electoral del Estado, en un término que no excederá de dos meses, convocará a elecciones extraordinarias para elegir al presidente, regidores y síndicos que habrán de concluir el período y el Congreso del Estado elegirá un Concejo Municipal que estará en funciones en tanto ocupen el cargo quienes sean electos popularmente. De igual forma se procederá en caso de nulidad de elecciones.

Si no procediere que se celebren nuevas elecciones, el Congreso designará entre los vecinos del municipio a los integrantes de los concejos municipales que concluirán los períodos respectivos, quienes deberán reunir los mismos requisitos que se establecen para la elección de presidentes municipales.

Los concejos municipales y sus integrantes tendrán las mismas facultades y obligaciones que esta Constitución y las leyes establecen para los ayuntamientos.

CAPÍTULO II

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS

Artículo 77

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado:

I. Los bandos de policía y gobierno;

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de:

a) Organizar la administración pública municipal;

b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; y

c) Asegurar la participación ciudadana y vecinal;

III. Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para cumplir los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

IV. Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus servidores públicos.

Las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado únicamente deberán establecer:

I. Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;

II. Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;

III. Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV del artículo 115, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal, cuando al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y

V. Las normas que establezcan los procedimientos mediante las cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aquellos, con motivo de los actos derivados de los incisos II y IV anteriores.

Artículo 78

Los reglamentos y demás disposiciones de carácter general, impersonal y abstracto que expida el Ayuntamiento, que sean trascendentales para el orden público o el interés social, en los términos que establezca la ley, con excepción de los que tengan carácter contributivo, serán sometidos a referéndum municipal derogatorio, total o parcial, siempre y cuando, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su publicación lo solicite, ante el Instituto Electoral, un número de ciudadanos, debidamente identificados, que represente cuando menos a un cinco por ciento de los inscritos en el Registro Nacional de Ciudadanos en los municipios cuyo número de habitantes sea inferior a trescientos mil; en los que excedan de esa cifra, bastará con que lo solicite un tres por ciento de los ciudadanos inscritos.

Las disposiciones sometidas al proceso de referéndum municipal, sólo podrán ser derogadas si en dicho proceso participa cuando menos el cuarenta por ciento de los inscritos en el Registro Nacional de Ciudadanos correspondiente al municipio y, de los mismos, más del cincuenta por ciento emite su voto en contra.

Si dentro de los primeros treinta días no se solicita el proceso de referéndum, la disposición iniciará su vigencia.

Los reglamentos y demás disposiciones de carácter general, impersonal y abstracto que expida el Ayuntamiento.

Cuando la solicitud a que se refiere el párrafo anterior posea efectos suspensivos, la vigencia de dichas disposiciones comenzará una vez concluido el proceso de referéndum, en caso de que éste no fuera derogatorio.

No podrán presentarse iniciativas reglamentarias en el mismo sentido, dentro de un período de dieciocho meses contados a partir de la fecha en que se publique la resolución derogatoria.

El Instituto Electoral del Estado efectuará el cómputo de los votos y remitirá la resolución correspondiente, al Presidente Municipal, para su publicación en la Gaceta Municipal respectiva o, en su caso, en los estrados del ayuntamiento.

Una vez que la resolución del Instituto Electoral quede firme, si es derogatoria, será notificada al ayuntamiento respectivo, para que en un plazo no mayor de treinta días, emita el acuerdo correspondiente.

Artículo 79

Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos:

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

II. Alumbrado público;

III. Aseo público, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos de su competencia;

IV. Mercados y centrales de abastos;

V. Estacionamientos;

VI. Cementerios;

VII. Rastro;

VIII. Calles, parques y jardines, y su equipamiento;

IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y

X. Los demás que deban prestarse, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios y lo permita su capacidad administrativa y financiera. 

Artículo 80

Los municipios a través de sus ayuntamientos, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: 

I. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;

II. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

III. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales;

IV. Otorgar licencias o permisos para urbanizaciones, construcciones y condominios;

V. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

VI. Participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica; 

VII. Organizar y conducir la planeación del desarrollo del municipio y establecer los medios para la consulta ciudadana y la participación social;

VIII. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando afecten su ámbito territorial; 

IX. Celebrar convenios para la administración y custodia de zonas federales; y

X. Celebrar convenios de coordinación, establecer mecanismos de colaboración y crear figuras de asociación con otros ayuntamientos cuando estos pertenezcan a una misma área metropolitana.

Artículo 81

Cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrá solicitar la celebración de convenios con el Estado para que éste de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de la ejecución y operación de obras y prestación de servicios públicos, o para que se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.

Los Municipios, previo acuerdo entre los ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Si se trata de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas.

El Congreso del Estado emitirá las normas de aplicación general para la celebración de estos convenios y los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre el municipio y el gobierno del Estado o entre aquellos, con motivo de los convenios de coordinación.

Las comunidades indígenas dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la legislación en la materia.

Artículo 81-Bis

Cuando se trate de municipios pertenecientes a una misma área metropolitana, éstos se coordinarán, en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales, de acuerdo con las bases generales que en materia de coordinación metropolitana expida el Congreso del Estado.

La coordinación metropolitana se efectuará a través de las siguientes instancias:

I. Una instancia de coordinación política por cada una de las áreas metropolitanas, que se integrarán por los presidentes municipales de los ayuntamientos del área metropolitana correspondiente y, previo convenio, por el Gobernador del Estado. La personalidad jurídica de dichas instancias será definida por sus integrantes;

II. Una instancia de carácter técnico que estará constituido como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios denominado Instituto Metropolitano de Planeación, mismo que deberá ser constituido por los ayuntamientos del área metropolitana correspondiente; y

III. Una instancia consultiva y de participación ciudadana, de carácter honorífico, por cada una de las áreas metropolitanas, que podrá participar en las tareas de evaluación y seguimiento.

Las reglas para la organización y funcionamiento de las instancias de coordinación metropolitana, estarán establecidas en las leyes que sobre la materia expida el Congreso del Estado de Jalisco.

Artículo 82

Para la prestación de los servicios de seguridad social en beneficio de los servidores públicos municipales, los ayuntamientos podrán convenir con el Ejecutivo del Estado, a fin de que éste asuma la prestación de dichos servicios en las instituciones de seguridad social. 

Artículo 83

Los ayuntamientos podrán otorgar concesiones a los particulares, para que participen en la ejecución de obras y prestación de servicios públicos que les correspondan, cuando así lo requieran su conservación, mejoramiento y eficaz administración. 

Artículo 84

Los actos o disposiciones de carácter administrativo que impliquen la realización de obra pública o enajenación del patrimonio municipal, podrán ser sometidos previamente a la aprobación de la población municipal por medio del proceso de plebiscito, en los términos que establezca la ley de la materia, siempre y cuando sea solicitado ante el Instituto Electoral por:

I. El Presidente Municipal o quien haga sus veces;

II. El ayuntamiento o, en su caso, el Concejo Municipal; o

III. Un número de ciudadanos jaliscienses que residan en el municipio, debidamente identificados, que represente cuando menos a un cinco por ciento de los inscritos en el Registro Nacional de Ciudadanos en los municipios cuyo número de habitantes sea inferior a trescientos mil; en los que excedan de esa cifra, bastará con que lo solicite un tres por ciento de los inscritos.

Artículo 85

Son obligaciones de los ayuntamientos:

I. Difundir, cumplir y hacer cumplir, en su ámbito de competencia, las leyes que expidan el Congreso de la Unión y el Congreso del Estado;

II. Publicar los bandos previstos por la ley;

III. Derogada; y

IV. Las demás que determinen las leyes, para la mejor administración de su patrimonio y prestación de los servicios públicos que les correspondan. 

Artículo 86

Corresponde al Presidente Municipal o a quien haga sus veces, la aplicación de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones normativas en el ámbito municipal, así como el ejercicio de la administración del municipio y la prestación de los servicios públicos que estén a cargo del mismo, en la forma y términos que determinen las leyes.

Corresponde al Ayuntamiento o al Concejo Municipal, elaborar y aprobar los reglamentos y demás disposiciones normativas de carácter general que sean competencia del municipio, así como, en los casos, forma y términos que determinen las leyes, autorizar las decisiones del Presidente y establecer las directrices de la política municipal.

Corresponde la calificación de las infracciones administrativas derivadas de los bandos de policía y buen gobierno, a los servidores públicos denominados jueces municipales.

Corresponde al síndico la representación jurídica del municipio, acatando en todos los casos las decisiones del Ayuntamiento.

Artículo 87

Cuando dos o más municipios del estado formen un mismo centro de población que por su crecimiento urbano, continuidad física y relaciones socioeconómicas sea declarado por el Congreso del Estado como área metropolitana, el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos respectivos, en el ámbito de sus competencias, convendrán para planear y regular de manera conjunta y coordinada su desarrollo, así como para la más eficaz prestación de los servicios públicos, con apego a las leyes en la materia. 

Así mismo, cuando dos o más centros urbanos ubicados en el territorio de dos o más municipios del estado que por su cercanía geográfica, tendencias de crecimiento, y relaciones socioeconómicas sean declarados por el Congreso del Estado como región metropolitana, el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos respectivos, en el ámbito de sus competencias, convendrán para planear y regular de manera conjunta y coordinada su desarrollo, con apego a las leyes en la materia.

Cuando los casos citados en el presente artículo involucren a una o más entidades federativas, se estará a lo señalado en la fracción VI del artículo 115 de la Constitución General de la República.

CAPÍTULO III

DE LA HACIENDA Y DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

 Artículo 88

Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso establezca a su favor y, en todo caso, con:

I. Las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, incluyendo tasas adicionales que establezca el Congreso, de su fraccionamiento, división, consolidación, translación y mejora.

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de estas contribuciones;

II. Las participaciones federales y estatales que correspondan a los municipios, con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado; y

III. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

El patrimonio municipal se compondrá con los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, de conformidad con lo que establezca la ley de la materia.

Artículo 89

El Congreso del Estado aprobará las leyes de ingresos de los municipios y revisará y fiscalizará las cuentas públicas municipales, en los términos de lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella emanen. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y en las reglas establecidas en las leyes municipales respectivas.

Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado, conforme al procedimiento que se establezca en la ley de la materia, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley.

TITULO OCTAVO

CAPÍTULO I

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 90

Los servidores públicos del Estado y de los municipios serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

Artículo 91

Los servidores públicos pueden incurrir en responsabilidad política, penal, administrativa y civil, que será determinada a través de:

I. El juicio político;

II. El procedimiento previsto en la legislación penal, previa declaración de procedencia para los servidores públicos en los casos previstos por esta Constitución;

III. El procedimiento administrativo; y

IV. El procedimiento ordinario.

Artículo 92

Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se consideran servidores públicos a los representantes de elección popular; a los miembros del Poder Judicial del Estado e integrantes del Tribunal de Arbitraje y Escalafón previstos en esta Constitución; el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; a los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado; a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado; a los integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y en general, a toda persona que desempeñe un cargo o comisión de cualquiera naturaleza en la administración pública del Estado o de los municipios, así como a quienes presten servicios en los organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran por el desempeño de sus respectivas funciones.

Artículo 93

La ley que establezca las bases generales de la administración municipal, precisará el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los municipios.

Artículo 94

A cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y aportando elementos de prueba, se garantizará el derecho de denunciar, ante la autoridad competente, las conductas ilícitas a que se refiere el presente título. 

Artículo 95

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Artículo 96

En los juicios del orden civil no hay fuero ni inmunidad.

CAPÍTULO II

DEL JUICIO POLÍTICO

Artículo 97

El procedimiento del juicio político se regirá conforme a las siguientes prevenciones:

I. Serán sujetos de juicio político los diputados del Congreso del Estado; los magistrados del Poder Judicial y jueces de primera instancia; los titulares de las secretarías dependientes del Poder Ejecutivo del Estado; el Contralor del Estado, el Fiscal General y el Procurador Social; los integrantes del Consejo de la Judicatura; los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado; los magistrados del Tribunal Electoral del Estado; el Presidente y los consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Presidente y los consejeros del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco; el Auditor Superior del Estado; el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; los presidentes, regidores, síndicos o concejales; los funcionarios encargados de la Secretaría General de los ayuntamientos; los funcionarios encargados de las haciendas municipales; así como los titulares de organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal mayoritaria;

II. Se determinará la responsabilidad de los servidores públicos mediante juicio político, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho;

III. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos establecerá las conductas que impliquen perjuicio a los intereses públicos fundamentales o a su buen despacho;

IV. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas;

V. El juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en que el servidor público desempeñe su cargo y hasta un año después;

VI. Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones, de cualquiera naturaleza en el servicio público;

VII. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Comisión de Responsabilidades del Congreso presentará su dictamen sobre la procedencia de la acusación y el Congreso, erigido en Jurado de Acusación, procederá a discutir y a votar las conclusiones propuestas;

VIII. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento; y

IX. El Congreso, erigido en Jurado de Sentencia, con audiencia del inculpado, después de haber substanciado el procedimiento respectivo, y mediante el voto de por lo menos el sesenta por ciento de sus integrantes, previa exclusión de los miembros de la Comisión de Responsabilidades, aplicará la sanción correspondiente. 

Artículo 98

Contra las resoluciones de juicio político no procede juicio o recurso alguno.

CAPÍTULO III

DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 99

La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito, a los servidores públicos que, durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, sin que puedan demostrar su procedencia lícita. La ley sancionará con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, sin que se pueda considerar confiscatoria, además de las otras penas que correspondan. 

Artículo 100

Para actuar penalmente contra los diputados al Congreso del Estado; los titulares de las secretarías del Poder Ejecutivo; el Fiscal General y el Procurador Social; los magistrados del Poder Judicial del Estado; el Presidente y los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Presidente y consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado; los magistrados del Tribunal Electoral del Estado; el Presidente y consejeros del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco; el Auditor Superior del Estado; los presidentes municipales, regidores, síndicos y concejales de los ayuntamientos o concejos municipales, se requerirá establecer la procedencia de acuerdo con las siguientes normas:

I. El Congreso, excepción hecha de los miembros de la Comisión de Responsabilidades, declarará por mayoría absoluta de los diputados integrantes de la legislatura, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado;

II. Si la resolución del Congreso fuere negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación;

III. Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el inculpado quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. En tanto no se determine esta declaración, no procederá el ejercicio de la acción penal ni librar la orden de aprehensión;

IV. El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal; si éste culmina con sentencia absolutoria, el servidor público podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su cargo, no se concederá la gracia del indulto;

V. Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal y, tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido o el daño causado; y

VI. Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados. 

Artículo 101

El Gobernador del Estado, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado ante el Congreso y exclusivamente por delitos dolosos graves del orden común. 

Artículo 102

Contra los jueces de primera instancia, menores y de paz, sólo podrá procederse penalmente, previa declaración del Consejo de la Judicatura. Una vez dictada la declaración, quedarán separados del ejercicio y serán sometidos a los tribunales competentes. 

Artículo 103

El desempeño de alguno de los cargos por cuyo ejercicio se goce de inmunidad penal, de conformidad con lo establecido en la presente Constitución, suspenderá el término para la prescripción.

Artículo 104

No se requerirá declaración de procedencia del Congreso, cuando alguno de los servidores públicos que gozan de inmunidad penal, cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su cargo o no haya asumido el ejercicio del mismo. Tampoco se requerirá declaración de procedencia en el caso de servidores públicos que tengan el carácter de suplentes, salvo que se encuentren en ejercicio del cargo. 

Artículo 105

Contra las declaraciones de procedencia penal no procede juicio o recurso alguno. 

CAPÍTULO IV

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo 106

Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. 

Artículo 107

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos determinará las obligaciones de éstos; las sanciones aplicables por los actos u omisiones indebidos que señala el artículo anterior; los procedimientos y las autoridades encargadas de su aplicación.

Las sanciones consistirán en destitución e inhabilitación, además de las de carácter pecuniario, que se impondrán de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios causados por los actos u omisiones en que incurra, que no podrán exceder de tres tantos de la cuantificación de éstos.

La autoridad encargada de recibir las declaraciones de situación patrimonial, deberá hacer pública la lista de aquellos ciudadanos que no la hubieren presentado en los términos y bajo las condiciones que establezca la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios.

La ley señalará los términos de prescripción para exigir la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones a que hace referencia el artículo anterior. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los términos de prescripción no serán inferiores a tres años y tres meses. 

CAPÍTULO V

DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS

Artículo 107-Bis

La responsabilidad del Estado y de los municipios por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, causen en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

TÍTULO NOVENO

CAPÍTULO I

PREVENCIONES GENERALES

Artículo 108

Todos los servidores públicos del Estado y de los municipios, antes de asumir el desempeño de sus cargos, rendirán protesta formal de cumplir y vigilar el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y todas las leyes que de ellas emanen. 

Corresponde al Congreso del Estado tomar protesta a los servidores públicos que con arreglo a esta Constitución deban ser nombrados o ratificados por éste, en el recinto oficial del Poder Legislativo.

El Gobernador al tomar posesión de su cargo rendirá protesta ante el Congreso del Estado en el Recinto oficial del Poder Legislativo.

Artículo 109

Nadie puede ejercer a la vez, dos o más cargos de elección popular.

Los ciudadanos no podrán ser candidatos, simultáneamente, a diferentes cargos de elección popular estatal o municipal en el mismo proceso electoral.

Los candidatos a cargos de elección popular estatal o municipal no podrán serlo de manera simultánea a cargos de elección federal.

Artículo 110

Los cargos de elección popular directa son preferentes a los de nombramiento, salvo razón justificada y sólo son renunciables por causa grave. La autoridad a quien corresponda conocer de las renuncias o licencias, calificará las razones o causas que las motiven.

Los demás cargos serán aceptables voluntariamente.

Artículo 111

Los diputados del Congreso del Estado, el Gobernador, los magistrados, consejeros y jueces del Poder Judicial del Estado, los integrantes del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, los consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los consejeros del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado, los presidentes municipales, regidores, síndicos, concejales y demás servidores públicos estatales y municipales, recibirán una remuneración adecuada, equitativa e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que se compone del sueldo y las prestaciones establecidas en la ley, misma que será determinada anualmente en los presupuestos de egresos del Estado, de los municipios o de los organismos públicos descentralizados, según corresponda, debiendo para su validez, cumplir con los principios de austeridad, disciplina presupuestal, racionalidad, proporcionalidad, equidad, certeza, motivación y demás requisitos establecidos en la ley.

Queda estrictamente prohibido para las autoridades competentes, establecer en los presupuestos de egresos, bonos anuales, gratificaciones por el fin del encargo u otras percepciones de similar naturaleza, adicionales a la remuneración, con excepción de lo dispuesto por el artículo 61 de esta Constitución.

La infracción de este artículo constituye causal de responsabilidad, misma que se sancionará en la forma y términos que establezca la ley. 

Artículo 112

Todo cargo público de elección popular es incompatible con algún otro de la Federación, del Estado o del Municipio, cuando por ambos se perciba sueldo, salvo de los ramos de docencia, investigación científica y beneficencia. 

Los diputados, el Gobernador y los magistrados, durante el período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación, del Estado o del Municipio, por los cuales se disfrute sueldo o gratificación, sino con licencia previa del Congreso; pero, entonces, cesarán en sus funciones respectivas mientras dure la nueva ocupación. Se exceptúan los empleos y comisiones de docencia, culturales, científicos y de beneficencia, los cuales se podrán desempeñar sin incurrir en incompatibilidad.

La infracción de estas disposiciones será castigada conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Los magistrados, aun cuando gocen de licencia, además del impedimento a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, no podrán ejercer su profesión de abogado ni patrocinar negocios judiciales ante los tribunales. 

 Artículo 113

Si por cualquier circunstancia no pudiere reunirse el Congreso y desaparecieren los poderes Legislativo y Ejecutivo, el ciudadano que designe el Supremo Tribunal de Justicia se hará cargo del Ejecutivo del Estado con el carácter de Gobernador provisional y procederá en el término de quince días, a expedir la convocatoria para elegir diputados e integrar el Congreso del Estado. Una vez hecha la elección e instalada la Legislatura se procederá conforme las disposiciones aplicables de esta Constitución.

Artículo 114

Los servidores públicos que entren a ejercer su encargo después del día señalado por esta Constitución o por las leyes, como principio del período que les corresponde, sólo durarán en sus funciones el tiempo que les faltare para cumplir dicho período.

Los períodos, plazos y términos que establece esta Constitución, corresponden a unidades naturales de tiempo.

Artículo 115

Ninguna autoridad impondrá préstamos forzosos, ni las dependencias harán gasto alguno que no conste en los presupuestos o que no sea aprobado por el Congreso. La infracción de este artículo hace responsables tanto a las autoridades que la manden, como a los servidores públicos que la obedezcan. 

Artículo 116

Las relaciones laborales del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de ambos con sus servidores, se regirán por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la que deberá establecer el servicio civil de carrera, respetando las disposiciones del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias. 

Artículo 116-Bis

Los servidores públicos del Estado y los municipios, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública, los municipios, organismos públicos descentralizados y cualquier otro ente público, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

CAPÍTULO II

DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN

Artículo 117

Esta Constitución sólo podrá reformarse con los requisitos siguientes: iniciada la reforma y aprobada por acuerdo de las dos terceras partes del número total de diputados que integren la Legislatura, se enviará a los ayuntamientos del Estado con los debates que hubiere provocado; si del cómputo efectuado por el Congreso resultare que la mayoría de los ayuntamientos aprueban la reforma, se declarará que forma parte de la Constitución.

Si transcurriere un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que los ayuntamientos remitieren al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan las reformas. 

Las reformas y adiciones a esta Constitución podrán ser sometidas a referéndum derogatorio, parcial o total, en los términos que esta Constitución y las leyes establezcan para las reformas, adiciones y creación de leyes que expida el Congreso, siempre y cuando, además de los requisitos ya establecidos por esta Constitución, los ciudadanos solicitantes radiquen en cuando menos la mitad más uno de los municipios del Estado.

Artículo 118

Las reformas hechas en la Constitución Federal que afecten a esta Constitución, serán inmediatamente adoptadas por el Congreso y promulgadas sin más trámite.

CAPÍTULO III

DE LA INVIOLABILIDAD DE ESTA CONSTITUCIÓN

Artículo 119

Esta Constitución conservará su vigor aunque un trastorno público interrumpa su observancia.

Si se estableciere un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, luego que el pueblo recobre su libertad volverá a ser acatada y, con sujeción a la misma y a las leyes que de ella emanen, serán juzgados todos los que la hubieran infringido.

TRANSITORIOS

Artículo primero

Esta Constitución comenzará a regir el día siguiente de su publicación en cada lugar; excepto en lo relativo al número de Diputados que integran la Legislatura, y comenzarán a regir desde la próxima elección de este Cuerpo; en lo relativo al nombramiento de Magistrados, que comenzará a regir hasta que los actuales concluyan su período; y en cuanto a los Alcaldes y Comisarios Judiciales, que continuarán ejerciendo sus funciones conforme a las leyes hasta que termine el período para el que fueron electos.

Artículo segundo

El actual Poder Legislativo, durará hasta el 31 de enero de 1919; el Ejecutivo hasta el 28 de febrero del mismo año; y el Judicial hasta el 31 de diciembre de 1918.

Artículo tercero

El actual período de sesiones continuará con el carácter de ordinario hasta que el Congreso tenga a bien clausurarlo.

Dado en el Salón de sesiones del Congreso del Estado, a ocho de julio de mil novecientos diecisiete.

Firmados: Presidente, M. Bouquet Jr., Diputado por el Primer Distrito.- Vice-Presidente, Carlos Galindo, Diputado por el 5o. Distrito.- V. L. Velarde, Diputado por el 4o. Distrito.- Ramón Delgado, Diputado por el 6o. Distrito.- J. W. Torres, Diputado por el 7o. Distrito.- Tomás Morán, Diputado por el 9o.- Distrito. Jesús Camarena, Diputado por el 10o. Distrito.- Ambrosio Ulloa, Diputado por el 11o. Distrito.- Marcos Guzmán, Diputado por el 12o. Distrito.- Fausto Ulloa, Diputado por el 13o. Distrito.- Pedro Alarcón, Diputado por el 15o. Distrito.- Sebastián Allende, Diputado por el 16o. Distrito.- Secretario, J. Guadalupe Rubalcava, Diputado por el 3er. Distrito.- Secretario, Julián Villaseñor Mejía, Diputado por el 14o. Distrito.

(Nota: En el texto original de la Constitución de 1917, aparece también la firma del Diputado Jorge Villaseñor, por el 2º. Distrito.)

Por lo tanto, mando se imprima, publique por bando solemne y circule.

Dado en el Palacio de Gobierno del Estado, Guadalajara, a los once días del mes de julio de mil novecientos diecisiete.

M. M. Diéguez

T. López Linares

Secretario de Gobierno

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 15424

Primero

Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, una vez aprobadas las reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Jalisco por la mayoría de los ayuntamientos.

Segundo

Se derogan los artículos del cuarto al séptimo transitorios y todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero

La LIV Legislatura del Congreso del Estado, se instalará el catorce de marzo de mil novecientos noventa y cinco y los diputados que la integren durarán en sus funciones, del día quince del mismo mes al treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y ocho.

El primer período ordinario de sesiones de la LIV Legislatura se iniciará el quince de marzo de mil novecientos noventa y cinco, y concluirá a más tardar el treinta de abril del mismo año.

Cuarto

El Gobernador del Estado que se elija para el próximo período constitucional, tomará posesión de su cargo el primero de marzo de mil novecientos noventa y cinco y durará en él hasta el día último de febrero del año dos mil uno.

Corresponderá a la LIII Legislatura del Congreso del Estado calificar la elección de Gobernador en el proceso electoral ordinario de mil novecientos noventa y cinco y tomar la protesta de ley al nuevo titular del Poder Ejecutivo, en el período extraordinario que para tal efecto se convoque.

Quinto

Los munícipes que se elijan para integrar la siguiente administración de los ayuntamientos de la entidad, iniciarán sus funciones el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y cinco y durarán en su encargo hasta el día treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Sexto

Por esta única vez y ante el Congreso en sesión extraordinaria, a la cual deberá convocar la Diputación Permanente para ese propósito el día veintiocho de enero de mil novecientos noventa y cinco, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, rendirá su Sexto Informe de la Administración Pública, en los términos de la fracción III del artículo 50 de esta Constitución.

Séptimo

La Diputación Permanente se integrará conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de esta Constitución, a partir del receso del Congreso del Estado que se declare al clausurar el último período ordinario de la LIII Legislatura.

Octavo

Las disposiciones relativas a la permanencia de los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo establecidas en el artículo 62 de esta Constitución, serán aplicables a partir de los siguientes nombramientos que se expidan.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 16541

Primero

El Congreso deberá adecuar la Ley Electoral del Estado, así como las demás disposiciones legislativas relativas a los procesos electorales que deriven del presente decreto, las cuales deberán ser promulgadas y publicadas a más tardar el 30 de abril de 1997.

Segundo

El actual Consejo Electoral del Estado continuará en sus funciones hasta el 30 de junio de 1997, fecha en la cual deberá estar integrado el que deba sustituirlo, que entrará en funciones el primero de julio del presente año.

Para los efectos de la distritación que habrá de hacerse para las elecciones de 1997 y del 2000, el Consejo Electoral del Estado tomará en cuenta los resultados arrojados por el conteo de población y vivienda del año de 1995, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Tercero

En cuanto quede debidamente conformado e instalado el Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de sus facultades, deberá abocarse de inmediato a elaborar la integración de listas de candidatos para la elección de magistrados y determinar la designación de los jueces de primera instancia, menores y de paz. Una vez que se encuentre elaborada la lista de magistrados a elegirse, deberá de presentarla al Congreso del Estado, para que éste lleve a cabo la elección en los términos de este decreto.

Antes de que el Consejo General se aboque a lo señalado en el primer párrafo en este artículo, los magistrados y jueces podrán solicitar su retiro voluntario de la función jurisdiccional y, a quienes opten por este procedimiento, la Secretaría de Finanzas del Estado deberá de entregarles de inmediato los haberes de retiro correspondientes en efectivo. Asimismo, quienes tengan derecho conforme a la ley para efectuar su jubilación podrán ejercerlo.

Los magistrados que a la fecha de aprobación del presente decreto gocen de inamovilidad conforme a los artículos de la Constitución que este decreto reforma y que no opten por el procedimiento de retiro voluntario de la función jurisdiccional en los términos del párrafo segundo de este artículo, se entenderán nombrados para un término de siete años al fin del cual podrán ser o no ratificados.

Aquellos magistrados que conforme al texto constitucional que se reforma, no gocen de inamovilidad, al término del período por el cual fueron nombrados, podrán ser ratificados para el primer período de siete años, conforme a lo previsto en este decreto.

Los servidores públicos del Poder Judicial que opten por la jubilación o por el procedimiento previsto en el párrafo anterior, como consecuencia de la aplicación del presente artículo, seguirán conservando en forma vitalicia los servicios médicos que regularmente proporciona el Tribunal a magistrados y jueces, pero estos no podrán ingresar nuevamente al servicio judicial, con excepción de los puestos eminentemente administrativos o docentes dentro de la institución.

Cuarto

Los actuales magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de lo Contencioso Electoral concluirán sus funciones a la entrada en vigor del Decreto que contenga la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y recibirán una pensión igual a la que por derecho les corresponde.

Independientemente de las reformas y adiciones propuestas en el presente Decreto, los magistrados citados en el párrafo anterior podrán ser reelectos para ocupar el cargo de Magistrados en la integración de los nuevos Tribunales; en caso de que lo fueren, se suspenderá el derecho a que se refiere el primer párrafo del presente transitorio.

Para el nombramiento y aprobación de los primeros magistrados que integrarán el Tribunal de lo Administrativo conforme a las reformas previstas en el presente decreto, se estará a lo dispuesto en el decreto que contenga la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que se deberá establecer, por única ocasión; que el Gobernador del Estado, previa convocatoria que se haga a los colegios de abogados, a las facultades de derecho y a la sociedad en general, proponga ante el Congreso, la lista de los candidatos a ocupar dichos cargos. El Congreso del Estado, previa comparecencia de las personas propuestas, emitirá su resolución dentro del improrrogable plazo de treinta días naturales.

Quinto

Los magistrados que integrarán, por primera vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, deberán ser nombrados a más tardar el 14 de julio y entrarán en funciones el día 31 de julio, ambos de 1997.

Sexto

Para los efectos de los artículos tercero, cuarto y quinto del presente decreto, el Congreso del Estado deberá expedir una Ley Orgánica antes del 14 de junio de 1997.

Séptimo

Cuando la Constitución del Estado y las leyes se refieran al Registro Nacional de Ciudadanos, en tanto éste no entre en operación, se tomará en cuenta el Padrón Electoral.

Octavo

En tanto no entren en operación la Procuraduría Social y el organismo a que se refiere el artículo 48 de la Constitución, las funciones que les corresponden conforme a este decreto y las leyes, continuarán bajo la competencia de los órganos e instituciones que actualmente las desarrollan.

Noveno

En tanto se expiden o reforman las leyes correspondientes, las funciones que conforme al presente decreto sean competencia del Tribunal de lo Administrativo, seguirán siendo ejercidas por los órganos que hasta este momento las desempeñan, conforme a los procedimientos que actualmente establecen las leyes.

Décimo

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo continuará en sus funciones en tanto no se integre el Tribunal de lo Administrativo. Los asuntos que en ese momento se encuentren pendientes de resolución pasarán a conocimiento de este último, el cual deberá dictar las resoluciones que correspondan, ajustándose a la legislación vigente a la fecha en que esos procedimientos iniciaron.

Décimo primero

En el supuesto de que la LIV Legislatura del Congreso del Estado tuviera que ratificar la designación de Procurador General de Justicia hecha por el Titular del Poder Ejecutivo en los términos del artículo 53 de la Constitución, para este único caso, el Congreso deberá ratificar tal designación por voto de por lo menos dos terceras partes de los diputados presentes.

Décimo segundo

En tanto se expiden o reforman las leyes correspondientes, las funciones que conforme al presente decreto sean competencia del Consejo General del Poder Judicial, seguirán siendo ejercidas por los órganos que hasta este momento las desempeñan, conforme a los procedimientos que actualmente establecen las leyes.

Décimo tercero

Para integrar por primera ocasión al Consejo General del Poder Judicial, en el decreto respectivo se establecerá la duración que tendrá en el cargo cada uno de los consejeros, para los efectos de la sustitución escalonada a que se refiere el artículo 64 de la Constitución.

Décimo cuarto

En tanto se expiden o reforman las leyes correspondientes, las funciones que conforme al presente decreto sean competencia de los jueces municipales, seguirán siendo ejercidas por los órganos que hasta este momento las desempeñan, conforme a los procedimientos que actualmente establecen las leyes.

Décimo quinto

Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 18344

Primero

La presente reforma entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Segundo

Los ayuntamientos deberán adecuar sus reglamentos y disposiciones de carácter general conforme a lo dispuesto en este decreto, a mas tardar en un año a partir de su entrada en vigor.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 19117

Primero

El presente decreto entrará en vigor a día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Segundo

Los magistrados al Tribunal Electoral deberán ser nombrados a más tardar el día 22 de julio del año 2001.

Una vez que hubieren tomado protesta los magistrados electorales, deberán nombrar de inmediato al Presidente del Tribunal Electoral, integrar la Sala Permanente del Tribunal Electoral, constituir el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral y designar a los Directores de dicha Institución.

Tercero

El segundo párrafo del artículo 78, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, solo será aplicable a los magistrados electorales que se elijan con posterioridad a la publicación del presente decreto.

Cuarto

El segundo párrafo del artículo 78, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, solo será aplicable a los magistrados electorales que se elijan con posterioridad a la publicación del presente decreto.

Quinto

Se deberán realizar las adecuaciones presupuestales necesarias de acuerdo con las leyes aplicables acorde a nueva estructura del Tribunal Electoral.

Sexto

Remítase copia certificada del expediente que se integre con motivo de la presente iniciativa a los 124 Ayuntamientos de la Entidad para los efectos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 19986

Primero

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, aplicándose lo dispuesto en los siguientes artículos transitorios.

Segundo

Se abrogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente Decreto.

Tercero

La revisión de la cuenta pública, que incluye el informe de avance de gestión financiera, conforme a las disposiciones de este Decreto, se efectuará a partir de la cuenta pública del año 2004. Las revisiones de las cuentas públicas de los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 se efectuarán conforme a las disposiciones vigentes en dichos ejercicios.

Cuarto

En todas las disposiciones legales o administrativas; resoluciones, contratos, convenios o actos expedidos o celebrados con anterioridad a la vigencia del presente Decreto, en que se haga referencia a la Contaduría Mayor de Hacienda, se entenderán referidos a la Auditoría Superior del Estado; igualmente, cuando se haga referencia al Contador Mayor, se entenderá referido al Auditor Superior.

Quinto

Los asuntos que se encuentren en trámite o en proceso en la Contaduría Mayor de Hacienda al entrar en vigor el presente Decreto, continuarán tramitándose, por la Auditoría Superior del Estado en los términos de las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor del presente Decreto.

Sexto

La adición del párrafo octavo del artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, sólo será aplicable a los decretos que se expidan con posterioridad a la entrada en vigor de este Decreto.

Séptimo

Por única [sic] y excepcionalmente, el Contador Mayor de Hacienda que se encuentre en funciones a la entrada en vigor de la presente reforma, durará en su cargo en la calidad de Auditor Superior del Estado hasta el 31 de julio de 2004.

Octavo

Remítase íntegramente copia certificado [sic] del expediente que se integre con motivo de la presente iniciativa a los 124 ayuntamientos del estado, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 20035

Primero

El presente decreto entrará en vigor el 1º. de enero del año 2004, previa su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Segundo

Previo a la entrada en vigor del presente decreto, el Estado y los municipios deberán realizar las modificaciones legales y reglamentarias, según sea el caso, para el fin de promover el debido cumplimiento del presente decreto, así como incluir en sus respectivos presupuestos a partir del año 2004, una partida para hacer frente a su responsabilidad patrimonial.

Tercero

De conformidad con el artículo 118 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, remítase el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo para su promulgación.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 20256

Primero

Remítase el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su promulgación de conformidad a lo establecido por el artículo 118 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Segundo

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Tercero

Con el objetivo de dar conocimiento de estas reformas a las comunidades indígenas, el titular del Poder Ejecutivo Estatal dispondrá que el texto íntegro de este decreto se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas radicados en el Estado, al igual que se establezcan los mecanismos para su plena difusión.

Cuarto

Los Poderes del Estado y sus ayuntamientos, deberán realizar las adecuaciones necesarias a las leyes y reglamentos para el cumplimiento de lo establecido en el presente decreto.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 20138

Primero

Envíese el presente decreto que contiene reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco, junto con los debates que hubiere provocado, a los ayuntamientos del Estado, para los efectos del artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Segundo

El presente decreto que contiene reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Tercero

Lo dispuesto en el artículo 59, con relación a la prohibición para ser electo Magistrado a los que hayan sido vicepresidentes municipales, seguirá aplicando durante el año siguiente al término de las administraciones municipales del actual periodo Constitucional 2000-2003.

Cuarto

La prohibición contenida en el artículo 59, con relación a los síndicos, no aplicará para los síndicos que se desempeñen en el actual periodo Constitucional 2000-2003.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 20905

Primero

El presente decreto que contiene reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Segundo

La presente reforma constitucional deja a salvo los derechos de los actuales consejeros para presentarse como candidatos a integrar el Instituto Electoral del Estado de Jalisco.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 21456

Primero

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Segundo

Los consejeros designados con anterioridad al presente decreto terminarán su encargo, de conformidad a las normas con las que fueron electos.

Tercero

Las reformas al artículo 56 de la Constitución Política del Estado, contenidas en el Artículo Único del presente decreto, aplicarán en beneficio del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia electo para el periodo en vigencia.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 21857

Primero

Notifíquese a los municipios de Jalisco sobre la propuesta de reforma constitucional, para los efectos legales correspondientes.

Segundo

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 21928

Primero

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco. 

Segundo

Notifíquese a los ayuntamientos del Estado de Jalisco para que manifiesten su aprobación, en los términos señalados por el artículo 117 de la Constitución local.

Tercero

Todos los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, sean numerarios o supernumerarios, continuarán en el desempeño de su encargo por el plazo que para cada uno corresponda de acuerdo a su nombramiento y a las normas establecidas en la propia Constitución, con la calidad de magistrados propietarios y en igualdad de derechos y condiciones.

Cuarto

Los actuales magistrados del Supremo Tribunal de Justicia recibirán el haber por retiro a que se refiere el artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y demás disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 22112

Primero

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Segundo

Notifíquese a los ayuntamientos del Estado de Jalisco, para que manifiesten su aprobación en los términos señalados por el artículo 117 de la Constitución local.

Tercero

Se derogan todas las normas y disposiciones que se opongan al presente decreto.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 22222

Primero

Envíese a los ayuntamientos del estado la reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 15 fracción VI, 35 fracciones IV, XXIV, XXV y XXXV y 89 primer párrafo, y su adición de un artículo 35-Bis, y el Diario de los Debates, y de resultar que la mayoría de los ayuntamientos la aprueban, hágase la declaratoria de que la reforma propuesta forma parte de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en los términos del artículo 117 del ordenamiento antes indicado.

Segundo

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, previa declaratoria a la que se refiere el artículo 117 de la Constitución Política. 

Tercero

Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Cuarto

El actual Auditor Superior del Estado durará en el cargo hasta el 31 de julio de 2008, al término del cual podrá ser nuevamente designado, para lo cual deberán observarse los requisitos y procedimientos establecidos en los artículos 29, 30 y 31 de la Ley de Fiscalización y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quinto

En caso de no haber designación de Auditor Superior del Estado al día 1° de agosto de 2008, el actual titular continuará en el cargo en tanto no sea electo uno nuevo o no sea aprobado el actual conforme a los procedimientos establecidos en la ley.

Sexto

Una vez que el Congreso de la Unión expida las normas a que se refiere el artículo 73, fracción XXVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier disposición constitucional estatal o reglamentaria de la misma se entenderá derogada al momento de la entrada en vigor de la legislación federal.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 22228

Primero

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Segundo

Para los efectos del artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, remítase a los 125 ayuntamientos del estado, con los debates que hubiere provocado, a efecto de que remitan a esta Legislatura su voto en calidad de integrantes del poder revisor de la Constitución local.

Tercero

Para los efectos de lo establecido en la fracción V del artículo 12 de la Constitución local, en un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso del Estado procederá a integrar el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, conforme a las siguientes bases:

a) Elegirá al Consejero Presidente, cuyo mandato concluirá el 31 de julio de 2011;

b) Elegirá a tres consejeros electorales, que concluirán su mandato el 31 de julio de 2011; y

c) Elegirá a tres consejeros electorales que concluirán su mandato el 31 de julio de 2010.

Los consejeros electorales y el Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Jalisco en funciones a la entrada en vigor del presente decreto, podrán participar en el procedimiento para la integración del nuevo Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes, y en su caso, continuarán en sus cargos hasta en tanto el Congreso del Estado dé cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo. 

Los consejeros en funciones que opten por no participar en el proceso de integración del nuevo organismo, o que participando, no sean electos mediante el procedimiento que realice el Poder Legislativo, percibirán por concepto de indemnización la cantidad equivalente a los sueldos que hubieren devengado de haber terminado el periodo para el que fueron electos.

Cuarto

El Instituto Electoral deberá elaborar, conforme a las bases que establece esta Constitución, el cálculo de financiamiento público que corresponde a los partidos políticos para los meses de julio a diciembre de 2008. Para estos efectos, se tomará como base el total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral en el Estado de Jalisco, con corte al mes de diciembre de 2007.

Quinto

Por única vez el Instituto Electoral deberá establecer, conforme a las bases legales que se expidan, tope de gastos de campaña para gobernador del estado en el año 2008, sólo para efecto de determinar el monto total de financiamiento privado que podrá obtener anualmente cada partido político.

Sexto

Para los efectos de la toma de posesión de los cargos de elección popular, se estará conforme a las siguientes bases:

a) Los munícipes electos en el proceso 2009, entrarán en funciones el primero de enero de 2010 y concluirán su encargo el 30 de septiembre de 2012;

b) Los diputados electos en el proceso 2009, entrarán en funciones el primero de febrero de 2010 y concluirán su encargo el día 31 de octubre de 2012; y

c) El gobernador electo en el proceso de 2012, entrará en funciones el primero de marzo de 2013 y concluirá su encargo el día 5 de diciembre de 2018.

Séptimo

El Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes respectivas, dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Octavo

Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.

Noveno

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco deberá realizar una evaluación de la distribución de distritos locales, con base en el censo general de población que se realice en el año 2010.

Décimo

El proceso electoral 2009, iniciará con la convocatoria que apruebe y publique el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en la primera semana de diciembre de 2008.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 22224

Primero

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Segundo

Notifíquese a los municipios del Estado de Jalisco sobre la propuesta de reforma constitucional, para los efectos legales correspondientes.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 24394/LX/13

Primero

El presente decreto entrará en vigor el primero de marzo de dos mil trece, previa su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Segundo

Durante el tiempo que dure el procedimiento de ratificación del Fiscal General, el Gobernador del Estado designará libre y directamente a quien deba encargarse del despacho de la Fiscalía General del Estado; la persona designada deberá cumplir los requisitos constitucionales para ser magistrado y acreditar, previo a su designación, los exámenes de control de confianza, de conformidad con la ley. 

Tercero

En el proceso de creación e instalación de la Fiscalía General del Estado serán respetados los derechos laborales de los servidores públicos y trabajadores, en los términos de ley. 

De igual forma serán respetados los derechos de los ministerios públicos, secretarios y actuarios del Ministerio Público; los peritos y los elementos operativos de las instituciones policiales se regirán por la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones legales aplicables.

Cuarto

No podrá ser Magistrado del Poder Judicial del Estado quien hubiere ocupado el cargo de Procurador General de Justicia del Estado durante el año previo a la designación, en términos del párrafo tercero de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 24859/LX/14

Primero

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, con excepción de lo establecido en los artículos siguientes.

Segundo

Las disposiciones relativas al sistema de justicia adversarial entrarán en vigor una vez que se publique en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco la declaratoria de incorporación prevista en el artículo segundo transitorio de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

Tercero

Los tres Poderes del Estado y los gobiernos municipales realizarán las acciones necesarias para aplicar el sistema acusatorio antes del 18 de junio de 2016 en todo el territorio del Estado de Jalisco.

Cuarto

Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Quinto

De conformidad con el artículo 118 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, remítase el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo para su promulgación.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 24904/LX/14

Primero

El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Segundo

La reelección de diputados y munícipes aplicará para los electos en la jornada electoral del año 2015.

Tercero

Por única ocasión la jornada electoral del 2018 tendrá lugar el primer domingo de julio de ese año.

Cuarto

El personal y recursos materiales del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado pasarán íntegramente al Tribunal Electoral a que se refiere el presente Decreto. Los derechos laborales del personal serán respetados.

Quinto

El Tribunal Electoral del Estado elaborará independientemente y entregará directamente al Poder Ejecutivo del Estado su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2015, en la forma y términos que establezca la ley.

Sexto

Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas a realizar las gestiones y adecuaciones administrativas y presupuestarias necesarias, derivadas del presente decreto, y deberá informar de las mismas al Congreso del Estado.

Séptimo

El Titular del Poder Ejecutivo deberá enviar al Congreso del Estado la terna para designar al Fiscal Especial en materia de Delitos Electorales dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Octavo

Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 24891/LX/14

Primero

 El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco. 

Segundo 

El Congreso del Estado deberá expedir la legislación secundaria dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

TABLA DE REFORMAS Y ADICIONES

Decreto número 2175. Se reforman los artículos 13, 14, 19, 25 fracción II, 35 fracciones II y III, 42, 50, 51 y 66; se adiciona la fracción IV del artículo 25 y se suprime la fracción X del artículo 35, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 16 de septiembre 1922.

Decreto número 2420. Se reforma el artículo 8, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 26 de septiembre de 1924.

Decreto número 2988. Se reforman los artículos 8, 20 y 35, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 19 de febrero de 1927.

Decreto número 3494. Se reforma el artículo 9, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 27 de septiembre de 1928.

Decreto número 3683. Se reforman los artículos 13 y 35, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 27 de junio de 1931.

Decreto número 3737. Se reforman los artículos 8, 9, 12, 14, 23 fracción XII, 25 fracción IV, 31 y 35 fracciones V y IX, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 27 de octubre de 1932.

Decreto número 3984. Se reforma el artículo 42, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 21 de marzo de 1935.

Decreto número 4522. Se reforman los artículos 23 fracciones VIII, IX y XII, 29, 31, 37, 40 y 42, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 25 de marzo de 1939.

Decreto número 5218. Se reforma el artículo 28 (período de gobierno de 6 años), publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 18 de febrero de 1947.

Decreto número 5342. Se reforman los artículos 8, 37 y 42, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 6 de abril de 1948.

Decreto número 5373. Se reforman los artículos 4 fracción III, 8 y 37, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 25 de septiembre de 1948.

Decreto número 5375. Se declara que las reformas a los artículos 4 fracción III, 8 y 37 aprobadas por decreto 5373 forman parte de la Constitución, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 25 de septiembre de 1948.

Decreto número 5505. Se reforma el artículo 31, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 2 de marzo de 1950.

Decreto número 5525. Se declara que las reformas al artículo 31 aprobadas por decreto 5505 forman parte de la Constitución, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 7 de marzo 1950.

Decreto número 5965. Se reforma el artículo 4 fracción III (voto a la mujer), publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 6 de noviembre de 1954. 

Decreto número 6005. Se declara que las reformas y adiciones al artículo 4 fracción III aprobadas por decreto 5965 forman parte de la Constitución, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 30 de diciembre de 1954.

Decreto número 7590. Se reforman los artículos 9, 12 y 23 fracción X, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 18 de abril de 1961.

Decreto número 8131. Se reforma el artículo 35 adicionando la fracción XVII, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 15 de febrero de 1966.

Decreto número 8377. Se reforma y adiciona el artículo 25, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 2 de abril de 1968.

Decreto número 8720. Se reforman los artículos 13 y 66, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 28 de agosto de 1971.

Decreto número 8762. Se reforma el artículo 38, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 18 de enero de 1972.

Decreto número 8834. Se reforman y adicionan los artículos 9,10 fracción II (edad diputados 21 años), 23 fracción I, 25 fracciones II y VIII, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 5 de agosto de 1972.

Decreto número 8890. Se declara que forman parte de la Constitución las reformas y adiciones a los artículos 9, 10 fracción II, 23 fracción I, 25 fracciones II y VIII, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 7 de noviembre de 1972.

Decreto número 9780. Se reforman y adicionan los artículos 9, 21 y 37 (reforma política), publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 24 de octubre de 1978.

Decreto número 9822. Se modifica el artículo 13 (fecha del informe el primer sábado de febrero), publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 2 de enero de 1979.

Decreto número 9993. Se reforma el artículo 55 (responsabilidad por delitos 4 años), publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 31 de mayo de 1979.

Decreto número 10982. Se adiciona la fracción V del artículo 4 (arresto por 48 horas), publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 29 de julio de 1982.

Decreto número 11246. Se reforma el título tercero en su artículo 23 fracciones XII y VIII; título cuarto en sus artículos 32 y 35 fracciones IX y XVI y título séptimo en sus artículos 47 al 57, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 5 de julio de 1983.

Decreto número 11247. Se reforma el título quinto en sus artículos 36, 37 y 38, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 7 de julio 1983.

Decreto número 11249. Se reforman los artículos 23 fracciones IV, VIII, XI y XII, los artículos 39, 40, 42 párrafos primero y sexto, 43, 44, 45, 46, 61, 62, 63, 64 y 65 (tribunales de Arbitraje y Contencioso), publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 9 de julio de 1983.

Decreto número 11604. Se reforma el artículo 4 fracción V (arresto 36 horas), publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 15 de noviembre de 1984.

Decreto número 12788. Se reforman y adicionan los artículos 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 25, 28, 30 y 36 y se agrega los transitorios cuarto, quinto y sexto, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 17 de octubre de 1987.

Decreto número 12943. Se modifican los artículos 34, 39, 40 fracciones II y IX, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 58 y adiciona la fracción IX del artículo 40. (Inamovilidad del Poder Judicial), publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 12 de diciembre de 1987.

Decreto número 13561. Se adiciona un segundo párrafo al artículo cuarto transitorio y se reforma y adiciona el artículo quinto transitorio, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 19 de enero de 1989.

Decreto número 13587. Se reforma el artículo 24, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 10 de octubre de 1989.

Decreto número 13749. Se reforman los artículos 13 y cuarto transitorio segundo párrafo, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 2 de enero de 1990.

Decreto número 14241. Se reforman y adicionan los artículos 2, 4 fracs. VI y VII, 8, 23 frac. VIII y 36, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 20 de agosto de 1991. Sección II.

Fe de erratas al decreto 14241. 17 de septiembre de 1991.

Decreto número 14373. Se modifica el artículo 29 párrafo segundo y se adicionan los artículos 35 fracción III y los transitorios quinto segundo párrafo y séptimo, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 2 de enero de 1992.

Decreto número 14374. Se reforma y adiciona los artículos 9 fracción I, 12, 17 párrafo segundo, 23 fracciones VII y XVI, 35 fracción IV, 40 primer párrafo y 49 primer párrafo, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 2 de enero de 1992.

Decreto número 15028. Modifica la denominación del Capítulo tercero del Título primero y reforma y adiciona los arts. 4, 23 frac. XXIV, 25 frac. VIII, 49 y 50 de la Constitución Política del Estado. (Derechos Humanos).-Ene.28 de 1993. Sec. II.

Decreto número 15030. Reforma la frac. III del artículo 23, adiciona el artículo 39, reforma el artículo 40 frac. VII y adiciona la frac. X al artículo 43. (Poder Judicial).-Jun.5 de 1993. Sec. II.

Decreto número 15424. Se reforman los artículos del 1 al 67, y se adicionan los artículos 68 al 112, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del día 13 de julio de 1994.

Decreto número 16541. Se reforman los arts. 8 frac. I; 11, 12 primer párrafo y las fracs. I, II y III; 13 fracs. II, III, IV y V; 18 párrafos primero y segundo; 19, 20 primer párrafo; 21 fracs. IV, V, VI, VII y VIII; 25, 26, 28 primer párrafo; 30, 33 párrafos tercero y sexto; 34 primer párrafo; 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 112 y los Capítulos III del Título Segundo; III y IV del Título Octavo; se adicionan las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 12; el segundo párrafo del Artículo 13; el párrafo tercero del artículo 18; el segundo párrafo del artículo 19; las fracs. I, II, III, IV y V del artículo 20; la frac. V del artículo 28; séptimo, octavo y noveno párrafos del artículo 33; las fracs. I y II y párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 34; del artículo 35, las fracs. VII, VIII, IX y X por lo que se recorren en su orden las VII, X, XI y XII, para quedar como XI, XII, XIII y XIV; los arts. 113, 114, 115, 116, 117, 118 y 119; se deroga el Capítulo IV del Título Cuarto, denominado De la Diputación Permanente, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el día 28 de abril de 1997. Edición especial. No.38-A.

Fe de erratas al decreto 16541. 29 de abril de 1997. Sec. III.

Decreto número 17526. Adiciona un segundo párrafo al artículo 28 fracción I de la Constitución Política del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el día 14 de enero de 1999. Sec. II.

Decreto número 236/98. Declara aprobada la adición de un segundo párrafo a la fracción I del artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.-Aprobado Dic.29 de 1998.

Decreto número 17833. Se adiciona la fracción IX al artículo 21 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.-Jun.15 de 1999. Sec. II.

Decreto número 398/99. Declara aprobada la adición de la fracción IX al artículo 21 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, aprobada mediante decreto número 17833.-Jun.15 de 1999. Sec. II.

Decreto número 17907. Se reforma el artículo 74 en su fracción II.- Abr. 1º.de 2000. Sec. II.

Decreto número 17990. Se reforma el artículo 15 fracciones III, IV, V y VI y se adiciona una fracción VII al propio artículo.- Abr.1º.de 2000. Sec. II.

Decreto número 18039.

Se reforma y adiciona el artículo 108.- May.30 de 2000. Sec. IV.

Decreto número 18211.

Se reforma el artículo 65 primer párrafo.- May.30 de 2000. Sec. IV.

Decreto número 18228. Se reforma la frac. I del artículo 97.- May.30 de 2000. Sec. IV.

Decreto número 18255. Se reforma el artículo 25 primer párrafo.- May.30 de 2000. Sec. IV.

Decreto número 18267. Se adiciona la frac. VIII al artículo 15.-Ago.1º.de 2000. Sec. IV.

Decreto número 18344. Se reforman los artículos 13 frac. IV, 35 fracs. IV, V y XI, 50, 70 frac. I, 73 fracs. I, II, III y IV, 74, 76 segundo párrafo, 77, 79 fracs. I, III, VIII y IX, 80 frac. III, 81 primer y segundo párrafos, 84 frac. II, 86 segundo y tercer párrafos, 89 primer y segundo párrafos, 93, 97 frac. I, y 111; se adicionan las fracs. VIII y IX al artículo 80, un tercer párrafo al artículo 81, un cuarto párrafo al artículo 86, y un tercer y cuarto párrafo al artículo 89, un segundo párrafo al artículo 100; y se deroga la frac. III del artículo 85.-Dic.19 de 2000. Sec. II.

Acuerdo económico número 778/00. Se declara aprobada, conforme al artículo 117 de la Constitución Política del Estado, la minuta de Proyecto de Decreto número 18344, por la cual se reforman los arts. 13, 35, 50, 70, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 86, 89, 97 y 100; adiciona el artículo 74, las fracs. VIII y IX al artículo 80, un tercer y cuarto párrafos al artículo 89; y se deroga la frac. III del artículo 85 de la propia Constitución Política del Estado de Jalisco.-Nov.16 de 2000.

Decreto número 18502. Se reforman las fracs. XXII y XXIII y se adiciona la frac. XXIV al artículo 50 de la Constitución Política del Estado; se reforman las fracs. II y V del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y se crea la Ley para la Divulgación de la Legislación del Estado.-Dic.19 de 2000. Sec. II.

Acuerdo económico número 763/00. Se declara que las reformas a las fracciones XXII y XXIII y la adición de la fracción XXIV del artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, aprobadas por decreto 18502, forman parte de la misma.-Nov.16 de 2000.

Decreto número 18601. Se reforma el artículo 30 (iniciativas desechadas).-Publicación 15 de marzo de 2001.

Acuerdo económico número 882/01. Declara aprobada la minuta de decreto 18601, por la que se reforma el artículo 30 de la Constitución Política así como el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.-A.-Ene.18 de 2001. P.-Mar.15 de 2001.

Decreto número 18738. Se reforma la fracción XII del artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Jalisco (Consejeros Ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos).-Abr.28 de 2001. Sec. II.

Acuerdo económico número 79/01. Se declara aprobado el decreto 18738 que reforma la frac. XII del artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.-Aprobado Abr.26 de 2001.

Decreto número 18785. Adiciona la frac. X al artículo 21 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y reforma los arts. 18 fracción VII y 30 de la Ley Electoral del Estado.-Jun. 7 de 2001. Sec. II.

Acuerdo ecónomico número 94/01. Declara aprobada conforme al artículo 12 de la Constitución Política del Estado, la minuta de decreto número 18785, por el cual se adiciona la fracción X al artículo 21.-Aprobado May. 3 de 2001.

Decreto número 19117. Se reforman los artículos 57 párrafo séptimo, 69 primer y segundo párrafos y adicionó los párrafos quinto y sexto, y 71 de la Constitución Política; reforma el artículo 13 párrafo tercero y el Título Cuarto denominado Del Tribunal Electoral del Poder Judicial en sus artículos 74, 75, 77, 78, del 85 al 91, 98 y 99; deroga los artículos del 92 al 97 y adiciona los artículos 100 A, 100 B, 100 C, 100 D, 100 E, 100 F, 100 G, 100 H., 100 I, l00 J, l00 K, l00 L, l00 M, l00 N, l00 Ñ y 100 O de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos estos ordenamientos, del Estado de Jalisco.-Jul.17 de 2001. Sec. VI.

Fe de erratas al decreto 19117. 5 de diciembre de 2002.

Acuerdo ecónomico número 148/01. Declara aprobada conforme al artículo 12 de la Constitución Política del Estado, la minuta de decreto número 19117, por el cual se reforman los artículos 57 párrafo séptimo, 69 y 71 de la Constitución Política; reforma el artículo 13 párrafo tercero y el Título Cuarto denominado Del Tribunal Electoral del Poder Judicial en sus artículos 74, 75, 77, 78, del 85 al 91, 98 y 99; deroga los artículos del 92 al 97 y adiciona los artículos 100 A, 100 B, 100 C, 100 D, 100 E, 100 F, 100 G, 100 H., 100 I, l00 J, l00 K, l00 L, l00 M, l00 N, l00 Ñ y 100 O de la Ley Orgánica del Poder Judicial.-Jul.17 de 2001. Sec. VI.

Decreto número 19674. Se reforman los artículos 61 y 69.-Mar.13 de 2003. Sec. II.

Acuerdo económino número 871/03. Declara que las reformas aprobadas por decreto 19674 a los artículos 61 y 69 de la Constitución Política del Estado, forman parte de la misma.-Mar.13 de 2003. Sec. II.

Decreto número 19986. Se reforman los artículos 33, séptimo párrafo, 35 fracciones IV, XXIV y XXV, 89, 97 fracción I y 100 primer párrafo, y se adiciona un octavo párrafo al artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Jalisco (Auditoría Superior del Estado). -Ago. 5 de 2003. Sec. II.

Decreto número 20035. Se adiciona al Título Octavo, el Capítulo V denominado “De la Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios”, con el artículo 107-Bis.-Jun.24 de 2003. Sec. III.

Decreto número 967/03. Se declara aprobado conforme al art. 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, la minuta de Decreto número 19986, por el cual se reforman diversos artículos de la propia Constitución.-Ago.14 de 2003. Sec. II.

Decreto número 20256. Reforma el art. 4º, adiciona un párrafo cuarto al artículo 81 y deroga la frac. III del art. 15.-Abr.29 de 2004. Sec. II.

Decreto número 20138 y Acuerdo legislativo 329/04. Se reforman el art. 12 frac. V; la frac. V del art. 59; y el art. 78.-Sep. 2 de 2004. Sec. III.

Decreto número 20514 y Acuerdo legislativo 393/04. Reforma los arts. 35 frac. XXIV, 57 y 111.-Sep. 14 de 2004. Sec. II.

Decreto número 20862. Decreto que adiciona un párrafo al artículo 4 y reforma los artículos 8, 9, 15, 35, 92, 97 y 100.-Mar.26 de 2005. Sec. II.

Decreto número 20905 y Acuerdo legislativo 935/05. Reforma los arts.12, 13, 20, 21, 34, 35, 50, 72, 75, 76, 78, 84, 92, 97,100 y 111 (Instituto Electoral).-May. 10 de 2005. Sec. III.

Fe de erratas al decreto 20905. 28 de mayo de 2005. Sec. II.

Fe de erratas al decreto 20905. 1º de julio de 2006.

Decreto número 21456/LVII/06. Reforma los arts. 21, 35, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 74, 97 y 102 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.-Ene.13 de 2007. Sec. IV.

Decreto número 21754/LVIII/06 y Acuerdo legislativo 594/LIX/10. Reforma el art. 56 de la Constitución Política del Estado (Instituto de Justicia Alternativa).-Dic. 2 de 2010. Sec. II.

Decreto número 21861/LVIII/07 y Acuerdo legislativo 171/LVIII/07. Reforma los artículos 9º., 35, 97 y 100 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.-Jul. 5 de 2007.

Decreto número 21857/LVIII/07. Se reforma el artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.-Sep. 8 de 2007. Sec. III.

Decreto número 21928/LVIII/07. Se reforman los artículos 58 y 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.-Ene.19 de 2008. Sec. III.

Decreto número 22112/LVIII/07. Reforma los artículos 56 y 58 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.-Ene.22 de 2008. Sec. III.

Decreto número 22137/LVIII/07. Se adicionan los artículos 35 (fracs. XXXV y XXXVI), 50, 74, 80, 81-Bis y 87 de la Constitución Política del Estado de Jalisco (delimitación del territorio, áreas metropolitanas).-May.1º.de 2008. Sec. III.

Decreto número 22222/LVIII/08. Reforma la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus artículos 15 fracción VI, 35 fracciones IV, XXIV, XXV y XXXV (debe ser XXXIV) y (se omitieron las fracciones XXXV y XXXVI que fueron adicionadas por el decreto 22137), 89 primer párrafo y se adiciona un artículo 35-Bis, se incluye el acuerdo legislativo 551/LVIII/08.-Jul. 3 de 2008. Sec. IV.

Decreto número 22224/LVIII/08. Se reforman los artículos 3°., 14, 21, 25, 28, 33 y 112 de la Constitución Política del Estado de Jalisco (Contiene el Acuerdo Legislativo 569/LVIII/2008).-Jul.24 de 2008. Sec. II.

Decreto número 22228/LVIII/08. Se reforman los artículos 12, 13, 18, 20, 24, 35, 38, 42, 57, 70, 73 y 75 y se adiciona el artículo 116-Bis de la constitución política del Estado de Jalisco (se acorta la entrada en funciones del Gobernador al 6 de diciembre, Diputados al 1º. de noviembre y Munícipes al 1º. de octubre respectivamente, del año de la elección).- Jul. 5 de 2008. Sec. III.

Decreto número 22631/LVIII/09. Reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política y se reforma y adiciona el artículo 228 del Código Penal, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, así como acuerdo legislativo número 778/LVIII/09.-Jul 2 de 2009. Sec. V.

Decreto número 23126/LIX/10. Reforma el artículo 2º. de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como el Acuerdo Legislativo 682/LIX/10 (estado laico).-Feb. 3 de 2011. Sec. VI.

Decreto número 23941/LIX/11. Se reforma la denominación del Capítulo III del Título Primero y los arts. 4º., 10, 35 y 50 (Acuerdo Legislativo 1590/LIX/12).-Ago. 28 de 2012. Sec. III.

Decreto número 24394/LX/13. Reforma los artículos 21 fracción VII, 35 fracción XVIII, 35-Bis fracción VII inciso h), 37 fracción V, 53, 59 fracción V, 97 fracción I, y 100 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Se publica también su correspondiente Acuerdo Legislativo que declara aprobadas las mencionadas reformas.- Feb. 27 de 2013. Núm. 21-Bis. Edición Especial.

Decreto número 24401/LX/13. Reforma el artículo 53, párrafo VI de la Constitución Política del Estado de Jalisco y su minuta.- Mar. 20 de 2013. Núm. 30-Bis. Edición Especial.

Decreto número 24548/LX/13. Se reforma el artículo 74 frac. IX de la Constitución Política del Estado de Jalisco.- Dic. 3 de 2013. Sec. VI.

Decreto número 24443/LX/13. Se reforma la frac. II y se adiciona la frac. X al art. 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Se publica también el acuerdo legislativo 644/LX/13 que declara aprobadas las mencionadas reformas.- Dic. 17 de 2013. Sec. VIII.

Decreto número 24457/LX/13. Reforma los artículos 8º y 13 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Se publica también el acuerdo legislativo 645/LX/13 que declara aprobadas las mencionadas reformas.- Dic. 17 de 2013. Sec. VIII.

Decreto número 24859/LX/14. Reforma los artículos 6º, 7º y 8º de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Abr.- 10 de 2014 Sec. IV

Decreto número 24563/LX/13. Se reforma el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.- Jun. 19 de 2014 Sec II.

Decreto 24904/LX/14. Se reforman los artículos 6, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 26, 35, 53, 56, 57, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 92, 97, 100, 109 y 111; se adiciona un capítulo III al Título Sexto, denominado “Del Tribunal Electoral del Estado” e integrado por los artículos 68 a 71, y se recorre en su número y orden el actual capítulo III para ser capítulo IV, conservando su denominación “Del Tribunal de Arbitraje y Escalafón” e integrado por el artículo 72, todos de la Constitución Política del Estado de Jalisco.- Jul. 8 de 2014 Sec. V

Acuerdo legislativo 948/LX/14. Declara aprobada la minuta del Decreto 24904/LX/14,que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia electoral.- Jul 8 de 2014 sec. V

Decreto 24891/LX/14. Se reforma el artículo 4° de la Constitución Política del Estado de Jalisco.- Nov. 25 sec. II.

Acuerdo legislativo 1123-LX-14. que declara aprobada la minuta de Decreto 24891/LX/14, que reformó el artículo 4º de la Constitución Política del Estado de Jalisco.- Nov. 25 de 2014 sec. II

Constitución Política del Estado de Jalisco

Aprobación: 8 de julio de 1917.

Publicación: julio 21, 25 Y 28 y agosto 1º. de 1917.

Vigencia: 2 de agosto de 1917.

Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

 Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno. Estados Unidos Mexicanos.

Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad Federativa, se me ha comunicado el siguiente decreto.

NÚMERO 22272/LVIII/08 

EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:

ÚNICO. Se ratifica el decreto 22271/LVIII/08, mediante el cual se expide el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por lo que se envía la minuta correspondiente, al Ejecutivo del Estado, para su publicación en los términos del artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Fuente: http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Codigos

Texto vigente: última reforma publicada: decreto número 24906/LX/14. Julio 8 de 2014, sec. VI.

CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO

Libro Primero

DE LA INTEGRACIÓN DE LOS PODERES LEGISLATIVO, EJECUTIVO DEL ESTADO Y AYUNTAMIENTOS

Título Primero 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

1. Este Código es de orden público, de interés general y tiene por objeto reglamentar:

I. Los derechos político-electorales de los ciudadanos jaliscienses;

II. El ejercicio de la función electoral;

III. La organización de los actos y procedimientos relativos a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios, para elegir a los integrantes del Poder Legislativo, al Titular del Poder Ejecutivo y a los miembros de los Ayuntamientos en el Estado de Jalisco; 

IV. La organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos de referéndum, plebiscito y el trámite de la iniciativa popular; 

V. El procedimiento aplicable en el ámbito estatal para constituir, registrar y reconocer a los partidos y agrupaciones políticas estatales; así como el relativo al acreditamiento de los partidos y agrupaciones políticas nacionales;

VI. Las funciones, derechos, obligaciones y prerrogativas que corresponden a los partidos políticos y candidatos independientes, así como las formas específicas de su intervención en los procesos electorales; y

VII. Los procedimientos y medios de impugnación de carácter administrativo y jurisdiccional por los cuales deban resolverse las controversias que se susciten con motivo de los procesos electorales, así como las derivadas de los actos y resoluciones que emitan las autoridades electorales. 

2. Los procedimientos a que se refiere este Código tienen por objeto garantizar los principios de certeza y definitividad de las diferentes etapas de los procesos electorales, así como el de legalidad y máxima publicidad de los actos y resoluciones de las autoridades en la materia. 

3. Son principios rectores de la función electoral la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

4. Son supletorias de este Código la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.

5. Los procedimientos a que se refiere este Código tienen por objeto garantizar los principios rectores establecidos en el párrafo 3, así como la definitividad de las diferentes etapas de los procesos electorales y la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación.

Artículo 2

1. Para los efectos de este Código se entiende por:

I. Instituto o Instituto Electoral: El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco;

II. Consejo General: El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco;

III. Órganos desconcentrados del Instituto Electoral: Los Consejos Distritales y Municipales Electorales, así como las mesas directivas de casilla del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco;

IV. Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral del Estado.

V. Lista de electores o listado de electores: La lista nominal de electores con fotografía;

VI. Padrón: El padrón de electores del Estado de Jalisco;

VII. Registro de Electores: La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral;

VIII. Integrantes del Instituto Electoral:

a) En el Consejo General: El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales, los Consejeros Representantes de los Partidos Políticos y el Secretario Ejecutivo;

b) En los Consejos Distritales Electorales: El Consejero Presidente, los Consejeros Distritales, los Consejeros Representantes de los Partidos Políticos y el Secretario; y

c) En los Consejos Municipales Electorales: El Consejero Presidente, los Consejeros Municipales, los Consejeros Representantes de los Partidos Políticos y el Secretario; 

IX. Partidos Políticos:

a) Nacionales: Los constituidos en los términos de la Ley General, la Ley General de Partidos Políticos y acreditados ante el Instituto Electoral; y

b) Estatales: Los constituidos y registrados conforme con lo previsto en la Ley General, la Ley General de Partidos Políticos y el presente ordenamiento legal;

X. Comisión de Adquisiciones: La Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Electoral;

XI. Comisión de Educación: La Comisión de Educación Cívica del Instituto Electoral;

XII. Comisión de Organización: La Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral;

XIII. Comisión de Investigación: La Comisión de Investigación y Estudios Electorales del Instituto Electoral;

XIV. Derogada.

XV. Unidad: el Órgano Técnico de Fiscalización del Instituto;

XVI. Ley General: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y

XVII. Candidato Independiente: el ciudadano que, con esa calidad, cuente con registro ante el Instituto Electoral.

Artículo 3

1. Para el desempeño de sus funciones las autoridades electorales establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado, la Ley General y este Código, contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades estatales y Municipales.

2. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes estatales, como de los municipios, sus organismos públicos descentralizados, así como de cualquier otro ente público estatal o municipal. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

3. La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al Instituto Electoral, a los partidos políticos y sus candidatos. 

4. El Instituto dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y de las demás dispuestas en este Código.

Artículo 4

1. La aplicación de las normas de este Código corresponde, en sus respectivos ámbitos de competencia, al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral.

2. La interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Título Segundo

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS ELECCIONES

Capítulo Primero

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 5

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación de los ciudadanos que se ejerce para elegir a los integrantes de los órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos, y obligación para los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres, en candidaturas a legisladores locales y en las planillas de candidatos a munícipes.

2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

3. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

Artículo 6

1. Es derecho de los ciudadanos jaliscienses constituir partidos políticos estatales y afiliarse a ellos individual y libremente, de conformidad con la Ley General de Partidos Políticos.

2. Ningún ciudadano podrá estar afiliado a más de un partido político.

3. Es obligación de los ciudadanos jaliscienses integrar las mesas directivas de casilla en los términos de la Ley General.

4. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores de los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como de los que se lleven a cabo el día de la jornada electoral, en la forma y términos en que determine el Instituto Nacional Electoral para cada proceso electoral, de acuerdo con las bases de la Ley General.

Artículo 7

1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos deberán satisfacer, además de los que fija el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes requisitos:

I. Estar inscritos en el Registro Federal de Electores, en los términos de la Ley General; y

II. Contar con la credencial para votar.

2. En cada distrito electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio del ciudadano, excepto en los casos expresamente señalados por este Código.

Capítulo Segundo

DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Sección Primera

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 7-Bis

1. A ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo estatal de elección popular y simultáneamente para otro de la Federación. En este supuesto, si el registro para el cargo de la elección estatal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro respectivo.

2. Se exceptúan de esta disposición, las solicitudes de registro de candidatos que en forma simultánea se presenten para los cargos de Diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que establece la Constitución Política local.

Sección Segunda

DIPUTADOS

Artículo 8

1. Son requisitos para ser electo diputado:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos; estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar;

II. Tener cuando menos veintiún años de edad el día de la elección;

III. Ser nativo de Jalisco o avecindado legalmente en él, cuando menos los dos años inmediatos anteriores al día de la elección;

IV. No ser Consejero Electoral o Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral; ni Magistrado del Tribunal Electoral, ni pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, a menos que se separe de sus funciones dos años antes del día de la elección;

V. No ser Director, Presidente, Secretario o Consejero Distrital o Municipal de los Consejos Distritales o Municipales Electorales del Instituto Electoral, a menos que se separe de sus funciones ciento ochenta días antes del día de la elección; 

VI. No ser Presidente o Consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a menos que se separe de sus funciones noventa días antes del día de la elección;

VII. No ser Presidente o Consejero del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado, a menos que se separe de sus funciones noventa días antes del día de la elección;

VIII. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional, ni tener mando en la policía o en cuerpos de seguridad pública en el distrito en que se pretenda su elección, cuando menos sesenta días antes de ella;

IX. No ser Secretario General de Gobierno o quien haga sus veces, Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General del Estado, Fiscal Central, Fiscal Especial en materia de Delitos Electorales, Procurador Social, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado o Magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalafón; a no ser que se separe del cargo noventa días antes al de la jornada electoral;

X. No ser Juez, Secretario de Juzgado, Secretario del Consejo de la Judicatura del Estado, Presidente Municipal, Regidor, Síndico, Secretario de Ayuntamiento o titular de alguna dependencia de recaudación fiscal de la Federación o del Estado en el distrito por el cual se postule, a menos que se separe de su cargo noventa días antes del día de la elección; y

XI. En caso de haberse desempeñado como servidor público, acreditar que cumplió con la obligación de presentar declaración de situación patrimonial siempre y cuando esté obligado, en los términos de ley.

2. Los servidores públicos de elección popular que hubiesen solicitado licencia para contender por una Diputación, podrán regresar a su cargo un día después de la entrega de constancias de mayoría.

Artículo 9

1. Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. 

2. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado; salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

3. En el caso de diputados electos como candidatos independientes solo podrán postularse para la reelección con la misma calidad de candidato independiente, salvo que se afilie y demuestre su militancia en un partido político antes de la mitad de su periodo, caso en el que si podrá postularse para reelección por dicho partido.

Sección Tercera

GOBERNADOR

Artículo 10

1. Para ser Gobernador del Estado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Tener cuando menos treinta años de edad el día de la elección;

III. Ser nativo del Estado o avecindado en él, cuando menos, cinco años inmediatos anteriores al día de la elección;

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional, ni en las fuerzas de seguridad pública del Estado, cuando menos noventa días anteriores al día de la elección;

V. No ser Secretario General de Gobierno, Fiscal General, Fiscal Central, Fiscal Especial en materia de Delitos Electorales o Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, a no ser que se separe del cargo, cuando menos noventa días antes de la elección.

Sección Cuarta

MUNÍCIPES

Artículo 11

1. Para ser Presidente Municipal, Regidor y Síndico se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Ser nativo del Municipio o área metropolitana correspondiente, o acreditar ser vecino de aquellos, cuando menos tres años inmediatos anteriores al día de la elección;

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos;

 IV. No ser Magistrado del Tribunal Electoral, integrante del Instituto Electoral con derecho a voto, Procurador Social o Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fiscal General, Fiscal Central, Fiscal Especial de Delitos Electorales en el Estado a menos que se separe de sus funciones ciento ochenta días antes de la elección;

 V. No ser Consejero Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a menos que se separe de sus funciones noventa días antes de la elección;

VI. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional ni tener mando en la policía o en cuerpo de seguridad pública en el municipio en que se pretenda su elección, cuando menos noventa días antes de ella;

 VII. No ser Secretario General de Gobierno o quien haga sus veces, Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o miembro del Consejo de la Judicatura. Los servidores públicos comprendidos en esta fracción podrán ser electos siempre que, al efectuarse la elección, tengan cuando menos noventa días de estar separados de sus cargos;

VIII. No ser Juez, Secretario de Juzgado o titular de alguna dependencia de recaudación fiscal de la Federación o del Estado en el municipio en que pretenda su elección, a menos que se separe de su cargo en los términos que previene la fracción anterior; y 

IX. No ser servidor público del municipio de que se trate, a no ser que se separe del cargo noventa días antes de la elección. Si se trata del funcionario encargado de las finanzas municipales, es preciso que haya rendido sus cuentas al Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

Artículo 12

1. Los Presidentes Municipales, regidores y síndicos podrán ser postulados, al mismo cargo, para el periodo inmediato siguiente. 

2. A los suplentes de los anteriores, que no entren en funciones, no se les computará dicho periodo para efectos de la reelección inmediata.

3. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado; salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

4. En el caso de munícipes electos como candidatos independientes solo podrán postularse para la reelección con la misma calidad de candidato independiente, salvo que se afilie y demuestre su militancia en un partido político antes de la mitad de su periodo, caso en el que si podrá postularse para reelección por dicho partido.

5. Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, podrán ser electas en el período inmediato.

Artículo 13. Derogado.

Título Tercero 

ELECCIONES DEL PODER LEGISLATIVO, PODER EJECUTIVO Y AYUNTAMIENTOS

Capítulo Primero

DISPOSICIONES COMUNES PARA LA APLICACIÓN DE LAS FÓRMULAS ELECTORALES

Artículo 14

1. Fórmula electoral es el conjunto de normas, elementos matemáticos y mecanismos que deben observarse para:

I. El cómputo de votos en la elección de Gobernador del Estado; 

II. El cómputo de votos en la elección de Diputados electos por el principio de mayoría relativa;

III. El cómputo de votos y la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional; 

IV. El cómputo de votos en la elección de Munícipes por el principio de mayoría relativa; y 

V. La asignación de Munícipes por el principio de representación proporcional. 

Artículo 15

1. Para efectos de aplicación de la fórmula electoral, es:

I. Votación Total Emitida: La suma de todos los sufragios emitidos en la elección correspondiente;

II. Votación válida emitida: La que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos nulos y los de candidatos no registrados; 

III. Votación efectiva, que es: 

a) Votación efectiva estatal: la resultante de deducir de la votación válida emitida, los votos de los partidos políticos que no reúnan el porcentaje mínimo de votos establecidos por este Código, para tener derecho a participar en el proceso de asignación de diputados de representación proporcional, así como los votos de los candidatos independientes en la elección correspondiente; y

b) Votación efectiva municipal: la resultante de deducir de la votación válida emitida del municipio correspondiente, los votos de los partidos políticos y candidatos independientes que no reúnan el porcentaje mínimo de votos establecidos por la Constitución del Estado, para tener derecho a participar en el proceso de asignación de regidores de representación proporcional;

IV. Votación para asignación de representación proporcional: la resultante de deducir de la votación efectiva los votos del partido político que obtuvo la mayoría en la elección correspondiente; y

V. Votación obtenida: Los votos del partido político o candidato independiente en la elección correspondiente.

Capítulo Segundo

ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO

Artículo 16

1. El Congreso del Estado se integra por treinta y nueve Diputados que se eligen:

I. Veinte por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales en que se divide el territorio del Estado; y 

II. Diecinueve por el principio de representación proporcional, mediante el sistema de la circunscripción plurinominal única que es el territorio del Estado, y el sistema de asignación. 

Artículo 17

1. Los diputados que correspondan a cada partido conforme al principio de representación proporcional, serán asignados alternativamente, dos entre los candidatos registrados en la lista de representación proporcional y uno de los candidatos de cada partido político no electo bajo el principio de mayoría relativa que hayan obtenido los porcentajes mayores de votación válida distrital, iniciando por la más alta.

2. Los partidos políticos deberán presentar una lista de candidatos ordenada en forma progresiva de diecinueve diputados a elegir por la modalidad de lista de representación proporcional. Las solicitudes de registro de representación proporcional que presenten los partidos, ante el Instituto, deben cumplir la paridad de género, garantizando la inclusión alternada entre géneros en el orden de la lista. Los partidos políticos sólo podrán postular simultáneamente candidatos a diputados por ambos principios hasta un veinticinco por ciento en relación al total de diputados de mayoría relativa.

3. El Instituto, al aplicar la fórmula electoral, asignará a los partidos políticos el número de diputados por el principio de representación proporcional que les corresponda de acuerdo con su votación obtenida.

4. La asignación de Diputados por la modalidad de lista de representación proporcional seguirá el orden de prelación establecido por los partidos políticos.

5. La asignación mediante la modalidad de porcentajes mayores de votación válida distrital se realizará entre los candidatos que no hayan sido electos en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa. En este caso, la asignación procederá de acuerdo a la lista que se elabore por el Instituto Electoral, en forma descendente a favor de quienes hayan obtenido el mayor porcentaje de votación válida distrital con relación a los demás candidatos de su propio partido.

6. En esta modalidad, no es aplicable la alternancia entre géneros, sino los resultados obtenidos por cada candidato en la circunscripción correspondiente y en comparación con el resto de los candidatos de su propio partido. 

7. Los candidatos independientes no participarán en la asignación de diputados de representación proporcional.

Artículo 18

1. En caso de falta temporal o absoluta de los diputados electos, el Congreso del Estado procederá:

I. Para cubrir a los electos por el principio de mayoría relativa, llamará al suplente de su fórmula. De no ser factible y si procede, convocará a elecciones extraordinarias en los términos que señale la Ley General y este Código; y

II. Para cubrir a los electos por el principio de representación proporcional, llamará al siguiente de la lista que de cada partido, determine el Instituto Electoral, integrada con los de la lista de representación proporcional y la de porcentajes mayores de votación válida distrital.

Capítulo Tercero

ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Artículo 19

1. Los criterios que se observarán para la aplicación de la fórmula electoral, en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, son:

I. Al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento de la votación válida, se le asignará una curul por el principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido;

II. Una vez realizada la distribución señalada en el párrafo anterior, tendrá derecho a participar en la asignación de diputados electos según el principio de representación proporcional todo aquel partido político que:

a) Alcance por lo menos el tres punto cinco por ciento de la votación total emitida para esa elección;

b) Registre fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en cuando menos catorce distritos electorales uninominales;

c) Conserve, al día de la elección, el registro de al menos catorce fórmulas de mayoría relativa;

d) Registre la lista de diecinueve candidatos a diputados de representación proporcional; 

e) Conserve al día de la elección, el registro de por lo menos, dos terceras partes de la lista de candidatos a Diputados de representación proporcional; y

f) Los requisitos a que se refieren los incisos b) y c) no aplicarán a los partidos políticos en lo individual, cuando participen en el proceso electoral de manera coaligada.

III. Al partido político que tenga el porcentaje más alto de la votación efectiva, se le asignarán diputados por el principio de representación proporcional hasta alcanzar el número total de diputados que resulte equivalente al porcentaje de su votación obtenida, adicionándole cinco puntos porcentuales; y

IV. En el caso de que candidatos postulados por una coalición obtengan triunfos en los distritos uninominales en que compiten, independientemente de lo establecido en el convenio y el origen partidario de los candidatos, la curul se contabilizará, para efectos de la asignación total de diputados por ambos principios que corresponden a cada partido según su votación, al partido político participante en la coalición que más votos aportó para la elección de dicho diputado de mayoría, con el objetivo de no generar efectos de distorsión en la representación proporcional de cada partido.

2. Ningún partido político o coalición tendrá derecho a que se le reconozcan más de veintitrés diputados.

3. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento.

4. En la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

Artículo 20

1. Para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, se aplicará el procedimiento siguiente: del número de diputados asignables a la circunscripción plurinominal, se deducirán el número de diputados por el principio de representación proporcional que ya fueron asignados al partido político que obtuvo el porcentaje más alto de la votación efectiva, así como el número de diputados que ya fueron asignados a los partidos que obtuvieron más del tres por ciento de la votación válida emitida.

2. El resto de las diputaciones de representación proporcional, se distribuirán entre los partidos políticos que obtuvieron el tres punto cinco por ciento de la votación total emitida, mediante la fórmula electoral.

Artículo 21

1. La fórmula electoral se integra con los elementos siguientes:

I. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación para asignación de representación proporcional de la circunscripción plurinominal entre el número de diputaciones no repartidas, después de deducir las asignaciones que se hicieron conforme a los principios señalados en el artículo 19, párrafo 1, fracción I y III de este Código; y

II. Resto mayor: que es el remanente más alto de votos entre los restos de las votaciones de cada partido político. El resto mayor podrá utilizarse, si aún hay diputaciones sin distribuir, habiéndose aplicado el cociente natural.

Artículo 22

1. Para asignar las diputaciones por el principio de representación proporcional, una vez asignadas las diputaciones a que se refiere el artículo 19, párrafo 1, fracciones I y III de este Código, se deben aplicar los siguientes criterios:

I. Obtenido el cociente natural, se asignarán a cada partido político tantas diputaciones como número de veces contenga su votación dicho cociente; y 

II. Si después de aplicarse el cociente natural, quedan diputaciones por asignar, éstas se distribuirán por el método del resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los restos de los votos no utilizados por cada uno de los partidos políticos, incluyéndose a aquellos que no alcanzaron participación por el cociente natural.

Capítulo Cuarto

ELECCIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

Artículo 23

1. La elección del Gobernador del Estado será mediante voto directo y por mayoría relativa, en la forma que dispone este Código y su calificación estará a cargo del Instituto Electoral.

Capítulo Quinto

ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS

Artículo 24

1. Los ayuntamientos se integran por un Presidente Municipal, el número de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que se señalan en el presente capítulo, y un síndico. 

2. Todos los integrantes del ayuntamiento tienen el carácter de munícipes, regidores o ediles.

3. Los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes deberán registrar una planilla de candidatos ordenada en forma progresiva, que contenga el número de regidores propietarios a elegir por el principio de mayoría relativa, iniciando con el Presidente Municipal y después los Regidores, con sus respectivos suplentes y el síndico; los partidos políticos elegirán libremente la posición que deberá ocupar el candidato a síndico en la planilla que integren. Los propietarios y suplentes deberán ser del mismo género. La integración de las planillas que presenten será con un cincuenta por ciento de candidatos de cada género, alternándolos en cada lugar de la lista, exceptuando el principio de paridad de género, al candidato a Presidente Municipal. El suplente del Presidente Municipal se considera como un regidor más, para los efectos de la suplencia que establece esta ley.

En los municipios cuya población sea mayoritariamente indígena de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, deberán integrar a su planilla al menos a un representante que pertenezca a las comunidades indígenas del municipio.

4. Los ediles integrantes de los ayuntamientos, con independencia del principio de votación por el que fueron electos, tendrán los mismos derechos y obligaciones, así como las atribuciones específicas que las leyes les establezcan.

5. El Instituto Electoral al aplicar la fórmula electoral que se define en este ordenamiento, asignará a los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes, el número de regidores por el principio de representación proporcional que les corresponda de acuerdo con la votación obtenida, de la planilla registrada ante el propio Instituto Electoral, en el orden de prelación establecido.

6. Para suplir al Síndico, así como a los Regidores de mayoría relativa se mandará llamar a su respectivo suplente. En el supuesto de que el suplente que sea llamado no comparezca, se llamará al siguiente suplente de la planilla registrada, de conformidad al orden de prelación establecido.

7. En caso de ausencia del Presidente Municipal, se estará a lo que disponga la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

8. Para suplir a los regidores de representación proporcional, será llamado el ciudadano que, de acuerdo a la planilla registrada, sea el siguiente en el orden de prelación. Para tal efecto, se considerará en primer lugar la lista de regidores propietarios y en segundo, la lista de regidores suplentes, siempre que reúnan los requisitos que la Constitución Política del Estado de Jalisco y este Código, exigen para el desempeño del cargo.

Artículo 25

1. Sólo tendrán derecho a participar en la asignación de regidores de representación proporcional, los partidos políticos, coaliciones o planillas de candidatos independientes que no hayan alcanzado el triunfo por mayoría relativa y que además reúnan los requisitos siguientes:

I. Tener registradas planillas y mantener dichos registros hasta el día de la elección;

II. Alcanzar cuando menos el porcentaje de votación que establece la Constitución Local en el municipio de que se trate; y

III. El partido político, coalición o candidato independiente que obtenga el mayor número de votos de la votación total emitida en el municipio respectivo, tendrá derecho a que se le asignen todos los regidores de mayoría relativa en el Ayuntamiento de que se trate, sin tener derecho a regidores por el principio de representación proporcional.

Artículo 26

1. Para la aplicación de la fórmula electoral en la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, se deducirán de la votación efectiva municipal, los votos del partido político, coalición o planilla de candidatos independientes al que ya le fueron asignados los regidores por el principio de mayoría relativa.

Artículo 27

1. La fórmula electoral se integra con los elementos siguientes:

I. Cociente natural: que es el resultado de dividir la votación para asignación de regidores de representación proporcional entre el número de regidores de representación proporcional a repartir; y

II. Resto Mayor: que es el remanente más alto de votos entre los restos de las votaciones de cada partido político, coalición o planilla de candidatos independientes. El resto mayor podrá utilizarse, si aún hay regidurías sin distribuir, habiéndose aplicado el cociente natural.

Artículo 28

1. Para asignar las regidurías por el principio de representación proporcional se observará el procedimiento siguiente:

I. Obtenido el cociente natural, se asignarán a cada partido político, coalición o candidato independiente tantas regidurías como número de veces contenga su votación obtenida en dicho cociente; y

II. Si después de aplicarse el cociente natural, quedan regidurías por asignar, éstas se distribuirán por el método del resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los restos de los votos no utilizados por cada uno de los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes, incluyéndose aquellos que no alcanzaron participación por el cociente natural.

Artículo 29

1. El número de los regidores de mayoría relativa y de representación proporcional para cada Ayuntamiento se sujetará a las bases siguientes:

I. En los municipios en que la población no exceda de cincuenta mil habitantes se elegirán: 

a) Siete regidores por el principio de mayoría relativa; y

b) Hasta cuatro de representación proporcional.

II. En los municipios cuya población exceda de cincuenta mil, pero no de cien mil habitantes, se elegirán:

a) Nueve regidores por el principio de mayoría relativa; y 

b) Hasta cinco regidores de representación proporcional.

III. En los municipios en que la población exceda de cien mil, pero no de quinientos mil habitantes, se elegirán:

a) Once regidores por el principio de mayoría relativa; y 

b) Hasta seis regidores de representación proporcional; y

IV. En los municipios en que la población exceda de quinientos mil habitantes, se elegirán: 

a) Trece regidores por el principio de mayoría relativa; y 

b) Hasta ocho regidores de representación proporcional.

Capítulo Sexto

FECHAS Y REALIZACIÓN DE ELECCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

Sección Primera

ELECCIONES ORDINARIAS

Artículo 30

1. Las elecciones ordinarias para Diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional; Gobernador; y Munícipes, se celebrarán el primer domingo de junio del año que corresponda.

Artículo 31

1. Las elecciones ordinarias para los cargos de Diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional; Gobernador; y Munícipes, se celebrarán con la periodicidad siguiente:

I. Para Diputados, por ambos principios, cada tres años;

II. Para Gobernador, cada seis años; y

III. Para Munícipes, cada tres años.

2. El Instituto Electoral en el caso de elecciones ordinarias, tendrá facultades para ampliar o modificar los plazos y términos del proceso electoral establecidos en este Código, cuando a su juicio exista imposibilidad material para realizar dentro de los mismos los actos para los cuales se prevén, o bien, así resulte conveniente para un mejor y debido cumplimiento de las diversas etapas del proceso electoral.

3. El acuerdo o acuerdos del Instituto Electoral que determinen ampliaciones o modificaciones a los plazos y términos del proceso electoral, se publicarán en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su aprobación.

Sección Segunda

ELECCIONES EXTRAORDINARIAS

Artículo 32

1. El Congreso del Estado emitirá el decreto que ordene la realización de elecciones extraordinarias, cuando:

I. El Consejo General del Instituto Electoral califique una elección como no valida;

II. El Consejo General del Instituto Electoral declare inelegible a un candidato ganador de la elección y no tenga suplente o bien, el suplente sea igualmente inelegible; 

III. Los tribunales electorales declaren nula una elección;

IV. Exista falta absoluta de la fórmula de Diputados por el principio de mayoría relativa;

V. Se dé la falta absoluta de Gobernador del Estado;

VI. Ocurra la falta absoluta de la totalidad de los integrantes de los ayuntamientos, o bien, no se logre la integración que permita el funcionamiento del órgano de gobierno municipal; y

VII. Haya falta absoluta de la totalidad de los Diputados por el principio de representación proporcional, o bien no se logre la integración que permita el funcionamiento del Congreso.

Artículo 33

1. El decreto que expida el Congreso del Estado, en caso de elecciones extraordinarias, no podrá restringir los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado, las leyes respectivas y el presente Código otorgan a los ciudadanos, candidatos y partidos políticos acreditados o registrados ante el Instituto Electoral, ni alterar los procedimientos y formalidades instituidos.

2. En ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias el partido político que hubiere perdido su registro o acreditación con anterioridad a la fecha en que éstas deban realizarse. En elecciones extraordinarias sólo podrá participar el partido que hubiese perdido su registro o acreditación, cuando hubiera participado con candidato en la elección ordinaria que fue anulada.

Artículo 34

1. El Instituto Electoral ajustará los plazos señalados en este Código para las diversas etapas del proceso electoral, conforme a la fecha señalada en la convocatoria emitida por el Congreso del Estado para la celebración de elecciones extraordinarias.

Libro Segundo

PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS, PRERROGATIVAS Y FISCALIZACIÓN

Título Primero

PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

Capítulo Primero

PARTIDOS POLÍTICOS 

Sección Primera

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 35

1. Los partidos políticos nacionales y estatales se rigen por lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General y lo señalado en este libro.

Artículo 36

1. Los partidos políticos estatales o nacionales tienen derecho a participar en las elecciones locales para Diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, Gobernador y Munícipes en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, este Código y demás ordenamientos aplicables.

2. Derogado.

3. Derogado.

4. Derogado.

Artículo 37. Derogado.

Sección Segunda 

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES

Artículo 38

1. Previamente a su participación en cada elección local, en el mes de agosto del año anterior al de los comicios, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, verificará que los partidos políticos nacionales cuenten con:

I. Registro vigente ante el Instituto Nacional Electoral;

II. Documentos actualizados y certificados ante la autoridad federal;

III. Domicilio en el Estado;

IV. La integración de su comité directivo u organismo equivalente en el Estado, adjuntando copias certificadas de los documentos en que aparezcan las designaciones de los titulares de sus órganos de representación, así como una relación de los demás integrantes de sus estructuras distritales y municipales, en donde se encuentre organizado, expedidos con una antigüedad no mayor a dos meses a la fecha de su presentación al organismo electoral; y

V. Derogada.

Artículo 39

1. En cualquier momento en que adquiera firmeza la declaración hecha por la autoridad competente, en el sentido de que un partido político nacional ha perdido su registro, el Instituto Electoral emitirá resolución declarando que el partido político afectado ha perdido los derechos y prerrogativas que tuvo en el ámbito estatal. La resolución que emita el Instituto Electoral surtirá sus efectos en forma inmediata. 

Artículo 40

1. La pérdida del registro como partido político nacional presupone el cese de los derechos conferidos por esta legislación, sin embargo, no exime a los dirigentes del mismo del cumplimiento de las obligaciones que, en el ámbito estatal, hayan contraído durante la vigencia de su acreditación, en particular en su actuación con las autoridades electorales. 

2. Derogado.

Artículo 41. Derogado.

Artículo 42

1. El procedimiento para el reintegro de activos de los partidos políticos nacionales acreditados en el Estado de Jalisco, por lo que hace a los recursos financieros y materiales cuyo origen sea el financiamiento público estatal, se instrumentará de conformidad con lo que señalen la Ley General de Partidos Políticos, el Instituto Nacional Electoral, los reglamentos y lineamientos que se emitan en la materia.

Artículo 43. Derogado.

Artículo 44. Derogado.

Artículo 45. Derogado.

Artículo 46 

1. Los partidos políticos nacionales acreditados ante el Instituto, perderán el derecho al otorgamiento de financiamiento público estatal, en los términos del presente Código, cuando no alcancen en la última elección de Diputados locales por el principio de mayoría relativa, el tres por ciento de la votación válida emitida.

Sección Tercera

PARTIDOS POLÍTICOS ESTATALES

Artículo 47. Derogado.

Artículo 48. Derogado.

Artículo 49. Derogado.

Artículo 50. Derogado.

Artículo 51. Derogado.

Artículo 52. Derogado.

Artículo 53. 

1. Las agrupaciones políticas estatales interesadas en solicitar su registro como partido político estatal, deberán necesariamente satisfacer la totalidad de los requisitos a que se refiere este capítulo, presentando para tal efecto, a más tardar en el mes de marzo del año anterior al de la elección ordinaria, las siguientes constancias:

I. Los documentos en los que consten:

a) La declaración de principios;

b) El programa de acción;

c) Los estatutos; y

d) La vigencia de su registro como agrupación política estatal.

II. La solicitud de afiliación individual de cada uno de los integrantes de la organización, en la que conste el nombre completo, domicilio, ocupación, clave y folio de su credencial para votar con fotografía y la firma o huella digital, así como una copia simple de la credencial para votar;

III. Las listas nominales de afiliados por municipio o por distritos electorales, ésta información deberá presentarse en documento físico y en archivos en medio digital;

IV. Las listas de afiliados asistentes a cada una de las asambleas Municipales celebradas;

V. Las actas levantadas por notario público de las asambleas celebradas en los municipios, en las que deberá hacerse constar la participación de los representantes del Instituto Electoral; y

VI. El acta levantada por notario público de la asamblea estatal constitutiva, en la que deberá hacerse constar la participación de los representantes del Instituto Electoral.

Artículo 54. Derogado.

Artículo 55. Derogado.

Artículo 56. Derogado.

Capítulo Segundo

AGRUPACIONES POLÍTICAS

Sección Primera

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 57

1. Tienen carácter de agrupaciones políticas:

I. Nacionales: Las reconocidas por el Instituto Nacional Electoral y acreditadas ante el Instituto Electoral; y

II. Estatales: Las constituidas y registradas ante el Instituto Electoral en los términos de la Constitución Política del Estado, las leyes aplicables y del presente ordenamiento.

Artículo 58

1. Toda agrupación política nacional acreditada o estatal registrada podrá participar en procesos electorales estatales mediante la formalización de convenio de coalición con uno o más partidos políticos registrados o acreditados en el Estado.

Artículo 59

1. Las agrupaciones políticas tienen las mismas prohibiciones que los partidos políticos.

Artículo 60

1. Las agrupaciones políticas acreditadas o registradas, de conformidad con este Código, podrán suscribir convenios de colaboración con el Instituto Electoral para impulsar la educación e investigación cívico-electoral de los ciudadanos.

Sección Segunda

DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS ESTATALES

Artículo 61

1. Las agrupaciones políticas estatales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada.

2. Las agrupaciones políticas estatales no podrán utilizar bajo ninguna circunstancia las denominaciones de “partido” o “partido político”.

Artículo 62

1. Las agrupaciones políticas estatales sólo podrán participar en procesos electorales locales mediante acuerdos de participación con un partido político o coalición. Las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán registradas por un partido político y serán votadas con la denominación, emblema, color o colores de éste.

2. El acuerdo de participación a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse para su registro ante el Presidente del Consejo General del Instituto en los plazos previstos en el artículo 63 de este Código, según corresponda.

3. En la propaganda y campaña electoral, se podrá mencionar a la agrupación participante.

4. Las agrupaciones políticas estatales estarán sujetas a las obligaciones y procedimientos de fiscalización de sus recursos conforme a lo establecido en este Código y en el reglamento correspondiente.

Artículo 63

1. Para obtener el registro como agrupación política estatal, quien lo solicite deberá acreditar ante el Instituto los siguientes requisitos:

I. Contar con un mínimo del 0.1% del Padrón Electoral de la entidad, actualizado al año en que se pretenda realizar el registro y con un órgano directivo de carácter estatal; y

II. Contar con documentos básicos, así como una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido.

2. Los interesados presentarán durante el mes de Enero del año anterior al de la elección, junto con su solicitud de registro, la documentación con la que acrediten los requisitos anteriores y los que, en su caso, señale el Consejo General del Instituto.

3. El Consejo General, dentro del plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que conozca de las solicitudes de registro, resolverá lo conducente.

4. Cuando proceda el registro, el Consejo expedirá el certificado respectivo. En caso de negativa, expresará las causas que la motivan y lo comunicará a la asociación interesada.

5. El registro de las agrupaciones políticas cuando hubiese procedido, surtirá efectos a partir del 1o. de Agosto del año anterior al de la elección.

6. Las agrupaciones políticas con registro, deberán presentar al Instituto un informe anual del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad.

7. El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a más tardar dentro de los noventa días siguientes al último día de Diciembre del año del ejercicio que se reporte.

8. Se deroga. 

Sección Tercera

AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES

Artículo 64

1. Las agrupaciones políticas nacionales con registro ante el Instituto Nacional Electoral podrán acreditarse ante el Instituto Electoral. Para ello deben comprobar:

I. La vigencia de su registro como agrupación política nacional;

II. Que tienen domicilio en la zona metropolitana de Guadalajara; y

III. La integración de su comité directivo u organismo equivalente en el Estado, adjuntando la relación de los titulares de sus órganos de representación.

2. Los interesados presentarán durante el mes de Enero del año anterior al de la elección, junto con su solicitud de acreditación, la documentación con la que acrediten los requisitos anteriores y los que, en su caso, señale el Consejo General del Instituto.

3. El Consejo General, dentro del plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que conozca de las solicitudes de acreditación, resolverá lo conducente.

4. Cuando proceda la acreditación, el Consejo expedirá el certificado respectivo. En caso de negativa, expresará las causas que la motivan y lo comunicará a la asociación interesada.

5. La acreditación de las agrupaciones políticas cuando hubiese procedido, surtirá efectos a partir del 1o. de Agosto del año anterior al de la elección.

6. Derogado.

7. Derogado.

Sección Cuarta

PÉRDIDA DEL REGISTRO O ACREDITACIÓN

Artículo 65

1. La agrupación política estatal perderá su registro por las siguientes causas:

I. Cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus miembros;

II. Haberse dado las causas de disolución conforme a sus documentos básicos;

III. Omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos;

IV. No acreditar actividad alguna durante un año calendario, en los términos que establezca el reglamento;

V. Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en este Código;

VI. Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro; y

VII. Las demás que establezca este Código.

2. La agrupación política nacional perderá su acreditación por las siguientes causas:

I. Haber perdido su registro como agrupación política nacional;

II. No contar con domicilio en el Estado; y

III. No tener un comité directivo u organismo equivalente en el Estado.

3. En los casos a que se refieren las fracciones III a la VII, del párrafo primero de este artículo y V del artículo 111, la resolución del Consejo General del Instituto sobre la pérdida del registro de una Agrupación Política, según sea el caso, se publicará en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco. No podrá resolverse sobre la pérdida de registro en los supuestos previstos en las fracciones V y VI de este artículo y fracciones III y IV del artículo 111, sin que previamente se oiga en defensa a la Agrupación Política interesada.

Capítulo Tercero

DE LOS DERECHOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 66

1. Son derechos de los partidos políticos, los establecidos en la Ley General de Partidos Políticos y otras leyes aplicables. 

Artículo 67. Derogado.

Capítulo Cuarto

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 68

1. Son obligaciones de los partidos políticos las establecidas en la Ley General de Partidos Políticos, este Código y otras leyes aplicables.

2. El domicilio social de sus órganos directivos deberá estar ubicado en el área metropolitana de Guadalajara.

Artículo 69

1. El incumplimiento de las obligaciones señaladas por este Código se sancionará en los términos del Libro Sexto del mismo.

2. Las sanciones administrativas se aplicarán por el Consejo General del Instituto con independencia de las responsabilidades civil o penal que, en su caso, pudieran exigirse a los partidos políticos, sus dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.

Artículo 70

1. Un partido político, aportando elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto se investiguen las actividades de otros partidos políticos cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o sistemática.

Capítulo Quinto

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

Artículo 71 

1. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos de conformidad con la Ley General de Partidos Políticos y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

2. El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los partidos políticos.

Artículo 72. Se deroga. 

Artículo 73. Se deroga. 

Artículo 74. Se deroga. 

Artículo 75. Se deroga.

Capítulo Sexto

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 76

1. La organización interna de los partidos políticos se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos.

Artículo 77. Derogado.

Artículo 78

1. Son prerrogativas de los partidos políticos, las señaladas en la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General y este Código.

Título Segundo

DEL ACCESO A LA RADIO Y TELEVISIÓN, EL FINANCIAMIENTO Y OTRAS PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Capítulo Primero

DEL ACCESO A LA RADIO Y TELEVISIÓN

Artículo 79

1. Los partidos políticos tienen derecho al uso de tiempos en radio y televisión en precampañas y campañas locales, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley General.

2. Derogado.

3. Derogado.

4. Derogado.

5. Derogado.

Artículo 80. Derogado.

Artículo 81. Derogado.

Artículo 82. Derogado.

Artículo 83. Derogado.

Artículo 84. Derogado.

Artículo 85. Derogado.

Artículo 86

1. El Consejo General organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos a Gobernador del Estado y promoverá la celebración de debates entre candidatos a diputados y presidentes municipales. 

2. Para la realización de los debates entre todos los candidatos a Gobernador del Estado, el Consejo General del Instituto Electoral, definirá las reglas, fechas y sede, respetando el principio de equidad entre los candidatos y escuchando previamente la opinión de los partidos políticos y candidatos independientes. En todo caso, el primer debate tendrá lugar en la segunda semana de abril, y el segundo a más tardar en la segunda semana de mayo del año de la elección; cada debate tendrá la duración que acuerde el Consejo General.

3. El Instituto dispondrá lo necesario para la producción técnica y difusión de los debates. Las señales de radio y televisión que el Instituto genere para este fin podrán ser utilizadas, en vivo, en forma gratuita, por los concesionarios y permisionarios de radio y televisión. El Instituto realizará las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de los debates en el mayor número posible de estaciones y canales.

4. Los debates a que se refieren los párrafos anteriores deberán ser transmitidos por las señales de radio y televisión de concesionarios públicos del Estado de Jalisco.

5. Son aplicables en lo conducente las normas de debates establecidas en la Ley General.

6. El Instituto informará a la sociedad, en el tiempo de radio y televisión asignado para sus fines, la realización de los debates a que se refiere el presente artículo.

Artículo 87. Derogado.

Artículo 88. Derogado.

Capítulo Segundo

DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 89

1. El financiamiento estatal de los partidos políticos estatales se rige por lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos.

2. Para el financiamiento estatal de los partidos políticos nacionales con acreditación en el Estado, se aplicarán las mismas reglas que la Ley General de Partidos Políticos establece para el financiamiento señalado en el párrafo anterior.

Artículo 90. Derogado.

Capítulo Tercero

DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Artículo 91

1. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos se regirá por lo dispuesto en la Ley General y la Ley General de Partidos Políticos.

2. El Instituto contará con la Unidad, la cual tendrá la función de la fiscalización de los recursos de las agrupaciones políticas estatales y aquellas que en su caso le delegue el Instituto Nacional Electoral al Instituto, en materia de fiscalización de los partidos políticos.

Artículo 92. Derogado.

Artículo 93. Derogado.

Artículo 94. Derogado.

Artículo 95. Derogado.

Artículo 96. Derogado.

Artículo 97. Derogado.

Artículo 98. Derogado.

Capítulo Cuarto

DEL RÉGIMEN FISCAL

Artículo 99

1. El régimen fiscal de los partidos políticos será el que establece la Ley General de Partidos Políticos.

Artículo 100. Derogado.

Artículo 101. Derogado.

Título Tercero

DE LOS FRENTES, COALICIONES Y FUSIONES

Artículo 102

1. Los frentes, coaliciones y fusiones de los partidos políticos se rigen por lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos.

2. Para efectos de las coaliciones parciales y flexibles, se deberá cumplir con los porcentajes mínimos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos tanto en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, como en la elección de munícipes.

3. (Derogado).

4. Los partidos de nuevo registro no podrán fusionarse con otro antes de la conclusión de la primera elección estatal inmediata posterior a su registro.

Artículo 103. Derogado.

Capítulo Primero

DE LOS FRENTES

Artículo 104. Derogado.

Capítulo Segundo

DE LAS COALICIONES

Artículo 105. Derogado.

Artículo 106. Derogado.

Artículo 107. Derogado.

Artículo 108. Derogado.

Artículo 109. Derogado.

Capítulo Tercero

DE LAS FUSIONES

Artículo 110. Derogado.

Artículo 111

1. La pérdida del registro de los partidos políticos estatales se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos.

2. Los partidos políticos nacionales que pierdan su registro nacional, perderán automáticamente la acreditación ante el Instituto Electoral, sin perjuicio de que opten por lo dispuesto en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos.

Artículo 112. Derogado.

Artículo 113. Derogado.

Libro Tercero

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO

Título Primero

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 114

1. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, depositario de la autoridad electoral, es responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones y los procedimientos de referéndum y el plebiscito.

Artículo 115

1. El Instituto Electoral tiene como objetivos:

I. Participar del ejercicio de la función electoral, en la forma y términos que determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, la Ley General y demás leyes aplicables, así como ejercer las funciones en la materia que le conceden las mismas;

II. Preparar, organizar y vigilar los procesos de referéndum y plebiscito;

III. Recibir y resolver en los términos de este Código los proyectos de iniciativa popular;

IV. Promover una cultura política sustentada en la tolerancia, la democracia, la identidad nacional y el pluralismo, mediante actividades y programas de educación cívica y electoral; y

V. Vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de la Constitución Política local, este Código y demás ordenamientos que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos.

2. Todas las actividades del Instituto Electoral se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

Artículo 116

1. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, es un organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios y será profesional en su desempeño, en los términos de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Jalisco, la Ley General y el presente Código.

2. El patrimonio del Instituto Electoral se integra conforme lo señala la Ley General.

3. Competen al Instituto Electoral, además de las funciones que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General:

I. La fiscalización de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas estatales, de conformidad con el reglamento correspondiente; y

II. Las demás que establezca este Código y otras disposiciones aplicables.

4. (Derogado).

Artículo 117

1. El Instituto Electoral tiene su domicilio en el Área Metropolitana de Guadalajara y ejercerá sus funciones en todo el territorio de la entidad.

Artículo 118

1. El Instituto Electoral se integra con:

I. Un órgano de dirección, que es el Consejo General del Instituto Electoral;

II. Órganos ejecutivos, que son:

a) La Presidencia;

b) La secretaría ejecutiva; y

c) Las direcciones que determine el reglamento interior del Instituto Electoral.

III. Órganos técnicos, que son:

a) La Unidad;

b) La Contraloría General;

c) La Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones;

d) La Comisión de Educación Cívica;

e) La Comisión de Organización Electoral;

f) La Comisión de Investigación y Estudios Electorales;

g) La Comisión de Quejas y Denuncias; y

h) La Comisión de Participación Ciudadana.

IV. Órganos desconcentrados, que son:

a) Los Consejos Distritales Electorales;

b) Los Consejos Municipales Electorales; y

c) Derogada.

Artículo 119

1. Los integrantes del Instituto Electoral deben rendir la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la local del Estado y las leyes que de ellas emanen, y en particular cumplir con las normas contenidas en el presente ordenamiento legal, así como desempeñar leal y patrióticamente la función que se les encomienda.

Título Segundo

DEL CONSEJO GENERAL 

Capítulo Primero

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 120

1. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad guíen todas las actividades del Instituto Electoral.

Artículo 121

1. El Consejo General se integra por un Consejero Presidente, seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; y por Consejeros Representantes de los Partidos Políticos Nacionales acreditados en el Estado y Estatales con registro, y el Secretario Ejecutivo, con derecho a voz.

2. La duración del cargo, requisitos de elegibilidad, elección, vacantes y remoción del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales se rigen por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General y demás leyes aplicables.

3. Derogada.

4. Derogada.

5. Derogada.

6. Derogada. 

7. Derogada.

8. El Secretario Ejecutivo durará en su cargo un periodo de cinco años, a cuyo término podrá ser nuevamente nombrado.

9. El Secretario Ejecutivo será nombrado dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se verifique la vacante. Las ausencias provisionales del Secretario Ejecutivo serán cubiertas de manera provisional por el director jurídico del Instituto.

10. Cada partido político designará a un representante propietario y un suplente con voz, pero sin voto.

11. Los partidos podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes, dando con oportunidad el aviso correspondiente al Consejero Presidente.

Artículo 122. Derogado.

Artículo 123. Derogado.

Artículo 124. Derogado.

Artículo 125. Derogado.

Artículo 126

1. El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General, durante el periodo de su encargo, no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los no remunerados que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia.

2. El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo y los demás servidores públicos del Instituto desempeñarán su función con autonomía y probidad. No podrán utilizar la información reservada o confidencial de que dispongan en razón de su cargo, ni divulgarla por ningún medio, salvo para el estricto ejercicio de sus funciones.

3. El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el secretario ejecutivo estarán sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en el Título Octavo de la Constitución Política del Estado de Jalisco. La Contraloría Interna del Instituto será el órgano facultado para conocer de las infracciones administrativas de aquellos y proponer al Consejo General, las sanciones aplicables conforme a lo dispuesto en el Libro Sexto de este Código.

Capítulo Segundo

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO GENERAL

Artículo 127

1. El Consejo General del Instituto Electoral sesionara: 

I. En forma ordinaria:

a) A partir de la publicación de la convocatoria para las elecciones con la que da inicio formal el proceso electoral y hasta la declaración formal de la terminación de éste, por lo menos una vez al mes; y

b) Concluido el proceso electoral y hasta un día antes al en que inicie el siguiente, por lo menos una vez cada dos meses.

II. En forma extraordinaria:

a) Cuando su Presidente lo considere necesario; 

b) A petición que por escrito le formulen la mayoría de los representantes de los partidos políticos; y

c) A petición que por escrito le formulen la mayoría de los Consejeros Electorales.

2. La petición para celebrar sesión extraordinaria, podrá ser conjunta o indistintamente formulada por los representantes de los partidos políticos o los Consejeros Electorales, debiendo celebrarse la sesión dentro de los cinco días siguientes.

3. Sesiones especiales:

I. El día de la jornada electoral, con el objeto exclusivo de dar seguimiento y atención a los asuntos concernientes directamente con los comicios;

II. El miércoles siguiente al día de la jornada electoral, con el objeto exclusivo de dar seguimiento y atención a los cómputos en los Consejos Distritales y Municipales Electorales; y

III. A partir del domingo siguiente al día de la jornada electoral, para llevar al cabo los cómputos estatales, la calificación de las elecciones, la expedición de constancias de mayoría, las asignaciones por el principio de representación proporcional y la expedición de las constancias de asignación de representación proporcional, que este Código le previene.

4. El Consejo General del Instituto Electoral podrá declarar las sesiones especiales con carácter de permanentes y durante su desarrollo decretar todos los recesos que estime pertinentes.  

Artículo 128 

1. Para las sesiones ordinarias y extraordinarias, deberá señalarse el motivo de la cita y los asuntos a tratar. En las sesiones extraordinarias sólo podrán tratarse los asuntos previstos en la convocatoria.

2. Para todos los casos será necesaria la convocatoria del Consejero Presidente debiéndose además, en los casos de sesiones ordinarias, adjuntar el orden del día y copia de los documentos indispensables.

Artículo 129

1. Todas las sesiones del Consejo General del Instituto Electoral serán públicas.

2. Los asistentes a las sesiones deben guardar el debido orden en el recinto donde se celebren y no podrán participar de ninguna forma en las discusiones.

3. Para garantizar el orden, el Consejero Presidente del Consejo General tomará las medidas siguientes:

I. Exhortación a guardar el orden;

II. Ordenar abandonar el local; y

III. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden y expulsar a quien lo haya alterado.

Artículo 130

1. En la mesa de sesiones únicamente pueden ocupar lugar y tomar parte en las deliberaciones el Presidente, los Consejeros Electorales, los Consejeros representantes de los partidos políticos, que se encuentren acreditados o registrados. El secretario ejecutivo solamente tiene derecho a voz.

Artículo 131

1. Para que el Consejo General pueda sesionar es necesario: que sea citado cuando menos con veinticuatro horas de anticipación, que estén presentes la mayoría de sus integrantes con derecho a voto, además de la mayoría de los representantes de los partidos políticos, que esté presente el Consejero Presidente, quien será suplido en sus ausencias momentáneas por el Consejero que él mismo designe. En el supuesto de que el Consejero Presidente no asista o se ausente en forma definitiva de la sesión, el Consejo designará a uno de los Consejeros Electorales presentes para que presida. 

2. En la cita a que se refiere el párrafo anterior, se apercibirá a los integrantes del Consejo General que en caso de no haber mayoría, la sesión se celebrará después de transcurridas dos horas de pasada la cita y dentro de las veinticuatro horas siguientes de la originalmente señalada, con la mayoría de los Consejeros con derecho a voto, entre los que estará el Consejero Presidente, siendo válidos los acuerdos que en ella se tomen.

3. Si alguno de los Consejeros con derecho a voto abandona la sesión una vez que ésta se haya instalado, o se abstiene de emitir su voto, éste se computará en el sentido de la mayoría.

4. Toda resolución se tomará por mayoría de votos de los Consejeros. En caso de empate, el Consejero Presidente tendrá voto de calidad. Salvo las que conforme a este Código requieran de una mayoría calificada.

5. El secretario ejecutivo del Instituto asistirá a las sesiones con voz, pero sin voto. La Secretaría del Consejo estará a cargo del secretario ejecutivo del Instituto. En caso de ausencia del secretario a la sesión, sus funciones serán realizadas por el Director Jurídico del propio Instituto.

6. Derogado.

Artículo 132

1. A los Consejeros representantes de los partidos políticos se les deberán practicar las notificaciones de los acuerdos y resoluciones que apruebe el Consejo General del Instituto Electoral para que éstas surtan efectos.

Artículo 133

1. Cuando un partido político deje de estar representado en las sesiones del Consejo General del Instituto Electoral por tres ocasiones consecutivas, sin que medie causa justificada, dejará de formar parte del organismo electoral durante el proceso electoral de que se trate. La resolución que en estos casos emita el Presidente del Instituto Electoral se notificará al partido político respectivo.

Capítulo Tercero

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL

Artículo 134

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

I. Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto;

II. Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, y conocer, por conducto de su Presidente, del secretario ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de los mismos, así como de los informes específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles;

III. Designar al secretario ejecutivo por el voto de cuando menos cinco de los consejeros electorales con derecho a voz y voto del Consejo General, conforme a la propuesta que presente su Presidente;

IV. Designar en caso de ausencia del secretario, a propuesta del Consejero Presidente la persona que fungirá como secretario del Consejo en la sesión;

V. Designar a los directores del Instituto a propuesta que presente el Consejero Presidente;

VI. Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como Consejeros en los Consejos Municipales y Distritales;

VII. Resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición que celebren los partidos políticos, así como sobre los acuerdos de participación que efectúen las agrupaciones políticas con los partidos políticos;

VIII. Vigilar que las actividades de los partidos políticos y las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Estatal, las leyes aplicables y este Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos;

IX. Vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se actúe con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Estatal, las leyes aplicables y este Código, así como a lo dispuesto en los reglamentos que al efecto expida el Consejo General;

X. Aprobar la convocatoria para la designación de los asistentes electorales que auxilien a los Consejos Distritales y Municipales en sus funciones;

XI. Resolver, en los términos de las leyes aplicables y de este Código, el otorgamiento del registro o acreditación a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, así como sobre la pérdida de los mismos, en los casos previstos en las leyes aplicables y por este Código, emitir la declaratoria correspondiente y solicitar su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco;

XII. Aprobar el calendario integral del proceso electoral, así como imprimir los documentos y producir los materiales electorales de conformidad a los lineamientos que para el efecto determine el Instituto Nacional Electoral;

XIII. Conocer y aprobar los informes sobre fiscalización de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas estatales; así como determinar los topes máximos de gastos de precampaña y campaña que puedan erogarse en las elecciones de Gobernador, Diputados y Munícipes;

XIV. Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral presenten los partidos políticos en los términos de este Código;

XV. Expedir el Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Instituto;

XVI. Registrar las candidaturas a Gobernador, de Diputados de mayoría relativa, la planilla de candidatos a Munícipes, así como las de candidatos a Diputados de representación proporcional;

XVII. En la elección de Diputados por el principio de representación proporcional:

a) Efectuar el cómputo estatal;

b) Hacer la calificación de la elección;

c) Aplicar la fórmula para la distribución de diputaciones entre los partidos políticos que hayan obtenido ese derecho;

d) Expedir la constancia respectiva; y

e) Elaborar la lista de suplentes para el caso de faltas de los Diputados electos por el principio de representación proporcional.

XVIII. En la elección de Gobernador del Estado: 

a) Efectuar el cómputo estatal; 

b) Realizar la calificación de la elección;

c) Expedir la constancia de mayoría;

d) Emitir la declaratoria de Gobernador electo; 

e) Hacer la entrega de la constancia de Gobernador electo; y

f) Remitir al Congreso del Estado, la declaratoria de Gobernador electo.

XIX. En la elección de Munícipes:

a) Efectuar la calificación de la elección;

b) Expedir la constancia de mayoría; 

c) Hacer la asignación de regidores de representación proporcional; y

d) Expedir la constancia de asignación de regidores de representación proporcional.

XX. Resolver los recursos de revisión que le competan en los términos de la ley de la materia;

XXI. Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto a propuesta del Consejero Presidente y remitirlo al titular del Ejecutivo del Estado para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos, en los plazos que señala la ley;

XXII. Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los términos previstos en las leyes aplicables y este Código;

XXIII. Fijar las políticas y los programas generales del Instituto;

XXIV. Nombrar de entre los Consejeros Electorales del Consejo General, a quien deba sustituir provisionalmente al Consejero Presidente en caso de falta absoluta e informarlo al Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes;

XXV. Publicar en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco la integración y domicilio legal del Consejo General, así como de los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral, dentro de los cinco días posteriores a la instalación de cada uno de ellos;

XXVI. Cuidar la oportuna instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales Electorales; 

XXVII. Proporcionar a los Consejos Distritales y Municipales Electorales la documentación y útiles necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

XXVIII. Desintegrar y desinstalar los Consejos Distritales y Municipales Electorales en las fechas previstas por este Código; 

XXIX. Registrar en concurrencia con los Consejos Distritales y Municipales, los nombramientos de los Consejeros representantes de los partidos políticos que los integren;

XXX. Asesorar y capacitar a organizaciones sociales e instituciones públicas o privadas, a solicitud de éstas, para la preparación y organización de elecciones internas;

XXXI. Registrar a los ciudadanos mexicanos que lo soliciten y tengan derecho a participar como observadores electorales durante el proceso electoral; así como desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral, de acuerdo con los lineamientos y criterios que emita el Instituto Nacional Electoral;

XXXII. Aprobar anualmente, a propuesta del Consejero Presidente, el programa de actividades del Instituto Electoral a ejecutarse en el año siguiente, junto con su anteproyecto de Presupuesto de Egresos;

XXXIII. Aprobar anualmente a más tardar en el mes de Julio, el informe que rinda el Presidente del Instituto Electoral, respecto del ejercicio del presupuesto de egresos del año anterior;

XXXIV. Aprobar el texto de la convocatoria para la celebración de las elecciones constitucionales que contempla el presente ordenamiento legal, que será propuesto por el Presidente del Instituto Electoral; 

XXXV. Aprobar, a propuesta del Consejero Presidente, el texto de la convocatoria para la celebración de los procesos de referéndum y plebiscito que contempla el presente ordenamiento; 

XXXVI. Determinar de conformidad con lo que establecen la Constitución Política del Estado, las leyes aplicables y este Código, el monto del financiamiento público que corresponda a los partidos políticos;

XXXVII. Aprobar, a propuesta del Consejero Presidente, el calendario oficial para el otorgamiento del financiamiento público a los partidos políticos; 

XXXVIII. Aprobar, a propuesta del Consejero Presidente, la integración de las comisiones de:

a) Adquisiciones y Enajenaciones;

b) Educación Cívica;

c) Organización Electoral; 

d) Investigación y Estudios Electorales;

e) Quejas y Denuncias; y

f) Las demás que se requieran para el adecuado funcionamiento del Instituto.

XXXIX. Realizar periódicamente muestreos sobre la cobertura que los medios de comunicación realicen sobre las campañas políticas, debiendo publicar los resultados mensualmente;

XL. Aprobar el procedimiento e implementación total o parcial dentro de la geografía electoral para la recepción del voto mediante sistemas electrónicos, cuando sea factible, técnica y presupuestalmente; 

XLI. Realizar por conducto del personal del Instituto Electoral las pruebas al líquido indeleble, antes y durante la jornada electoral;

XLII. Recibir la solicitud, dictaminar sobre su procedencia, encargarse de la organización e implementación de los procesos de referéndum y plebiscito; y en su caso, declarar la validez de los mismos;

XLIII. Recibir la solicitud de proyecto de iniciativa popular, dictaminar sobre su procedencia, verificar el cumplimiento de los requisitos legales y, cuando proceda, remitir al Congreso del Estado la iniciativa popular de ley;

XLIV. Organizar debates entre los candidatos cuando lo soliciten, conforme lo establezca el reglamento en la materia;

XLV. Recibir y analizar las solicitudes y, si es el caso, autorizar el registro de los organismos, empresas o personas físicas que pretendan realizar estudios de opinión, encuestas, sondeos u otros estudios similares, sobre la intención del voto de los ciudadanos, de conformidad a los criterios generales que para el efecto emita el Instituto Nacional Electoral;

XLVI. Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional Electoral;

XLVII. Realizar la planeación de programas de educación cívica y evaluar la ejecución de los mismos;

XLVIII. Aprobar la celebración de convenios con organismos o instituciones públicas y privadas con objeto de lograr su colaboración para el cumplimiento de los fines del Instituto Electoral y ordenar su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco;

XLIX. Autorizar la celebración de convenios con el Instituto Nacional Electoral, en las materias que se considere necesario y ordenar su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco; 

L. Aprobar el convenio para la utilización de los productos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral y ordenar su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco; 

LI. Vigilar el cumplimiento de esta legislación y las disposiciones que con base en ella se dicten;

LII. Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en este Código; y

LIII. Aprobar el reglamento de fiscalización, atendiendo en lo que resulte aplicable los lineamientos y reglas que al efecto emita el Instituto Nacional Electoral; y

LIV. Las demás que le sean conferidas por este ordenamiento legal y demás leyes aplicables.

Artículo 135

1. El Consejo General ordenará la publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie, y de aquellos que así lo determine, así como los nombres de los miembros de los Consejos Municipales y de los Consejos Distritales designados en los términos de este Código.

2. El Secretario Ejecutivo establecerá los acuerdos para asegurar la oportuna publicación a que se refiere el párrafo anterior. El servicio que proporcione el Periódico Oficial El Estado de Jalisco al Instituto será gratuito.

Capítulo Cuarto

DE LAS COMISIONES INTERNAS

Artículo 136

1. El Consejo General integrará las comisiones temporales que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán presididas por un Consejero Electoral.

2. Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: Educación Cívica; Participación Ciudadana; Organización Electoral; Prerrogativas a Partidos Políticos; de Investigación y Estudios Electorales, de Adquisiciones y Enajenaciones, y de Quejas y Denuncias funcionarán permanentemente y se integrarán exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General. Los Consejeros Electorales podrán participar hasta en tres de las comisiones antes mencionadas; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes.

3. Derogado.

4. Todas las comisiones se integrarán con un máximo de tres Consejeros Electorales; podrán participar en ellas, con voz pero sin voto, los Consejeros representantes de los partidos políticos.

5. Las comisiones permanentes contarán con un secretario técnico que será designado por el Consejo General. El titular de la Dirección correspondiente asistirá a las sesiones de la comisión sólo con derecho a voz.

6. En todos los asuntos que les encomienden, las comisiones deberán presentar un informe, dictamen o proyecto de resolución, según el caso, dentro del plazo que determine este Código o haya sido fijado por el Consejo General.

7. El secretario ejecutivo del Consejo General colaborará con las comisiones para el cumplimiento de las tareas que se les hayan encomendado.

8. El Consejo General, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del Instituto, podrá crear comités técnicos especiales para actividades o programas específicos, en que requiera del auxilio o asesoría técnico-científica de especialistas en las materias en que así lo estime conveniente.

Título Tercero

DEL CONSEJERO PRESIDENTE

Capítulo Primero

ATRIBUCIONES DEL CONSEJERO PRESIDENTE

Artículo 137

1. El Consejero Presidente del Instituto tiene las atribuciones siguientes:

I. Representar al Instituto Electoral con todas las facultades legales y necesarias inherentes a dicho fin;

II. El Presidente del Instituto Electoral podrá delegar la representación legal en el secretario ejecutivo y/o en el director jurídico;

III. Convocar, presidir y conducir las sesiones del Consejo General del Instituto Electoral;

IV. Convocar al Consejo General del Instituto Electoral a sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales. Asimismo convocar a los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Electoral, en caso de negativa de su Consejero Presidente;

V. Preparar el calendario de sesiones ordinarias del Consejo General y someterlo a la aprobación de los Consejeros Electorales;

VI. Proponer al Consejo General al ciudadano que fungirá como Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral; 

VII. Remover al secretario ejecutivo; 

VIII. Proponer al Consejo General del Instituto Electoral a los ciudadanos que fungirán como directores administrativos, demás titulares de unidades técnicas del Instituto;

IX. (Derogada).

X. Solicitar a las autoridades competentes la fuerza pública para garantizar el desarrollo pacífico del proceso electoral;

XI. Vigilar que se cumplan los acuerdos que emita el Consejo General del Instituto Electoral;

XII. Proponer anualmente para su aprobación al Consejo General del Instituto Electoral, el proyecto de programa de actividades de dicho organismo;

XIII. Proponer anualmente para su aprobación al Consejo General del Instituto Electoral, el anteproyecto de presupuesto de egresos de dicho organismo;

XIV. Rendir anualmente al Consejo General del Instituto Electoral, un informe detallado sobre el ejercicio del presupuesto del Instituto Electoral correspondiente al año anterior;

XV. Remitir al titular del Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto Electoral, aprobado por el Consejo General, para los efectos legales. El proyecto de presupuesto debe cumplir con los principios de austeridad, disciplina presupuestal, racionalidad, proporcionalidad, equidad, certeza y motivación, y contener la plantilla de personal en la que se especifiquen todos los empleos públicos, con inclusión del Presidente y de los consejeros, así como las remuneraciones que les sean asignadas a los mismos, las cuales deben ser acordes a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables, sin que bajo ninguna circunstancia, puedan incorporarse ingresos extraordinarios o por el fin del encargo, adicionales a la remuneración.

XVI. Derogada.

XVII. Presentar para su aprobación al Consejo General el proyecto de convocatoria para las elecciones constitucionales;

XVIII. Presentar para su aprobación al Consejo General el proyecto de convocatoria para la celebración de los procesos de plebiscito y referéndum;

XIX. Proponer para su aprobación al Consejo General, para cada proceso electoral ordinario, el estudio sobre el costo y los topes en los gastos de campañas;

XX. Proponer para su aprobación al Consejo General a los integrantes de:

a) La Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones;

b) La Comisión de Educación Cívica;

c) La Comisión de Organización Electoral; 

d) La Comisión de Investigación y Estudios Electorales; y

e) La de Quejas y Denuncias.

XXI. Expedir convocatoria, a más tardar el treinta y uno de Octubre del año anterior al de la elección, para allegarse propuestas de candidatos a Consejeros para los Consejos Distritales y Municipales Electorales, debiendo publicarla en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado;

XXII. Hacer la entrega del financiamiento público a los partidos políticos, en la forma y términos que determine la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General y este Código;

XXIII. Concluido el proceso electoral, remitir la información capturada y sistematizada a archivos de consulta pública, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto determine el reglamento interior del Instituto Electoral; 

XXIV. Proponer para su aprobación al Consejo General los domicilios sede de los Consejos Distritales y Municipales Electorales; 

XXV. Recibir del contralor general los informes de las revisiones y auditorías que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del Instituto, así como hacerlos del conocimiento del Consejo General;

XXVI. Previa aprobación del Consejo y de conformidad con los lineamientos que emita el Instituto Nacional Electoral, ordenar la realización de encuestas locales basadas en actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral. Los resultados de dichos estudios deberán ser difundidos por el Consejero Presidente, previa aprobación del Consejo General, después de las veintidós horas del día de la jornada electoral;

XXVII. Dar a conocer la estadística electoral, por sección, municipio, distrito, entidad federativa, una vez concluido el proceso electoral;

XXVIII. Convenir con el Instituto Nacional Electoral la información, documentos y productos que habrá de aportar para los procesos electorales locales;

XXIX. Someter al Consejo General las propuestas para la creación de nuevas direcciones o unidades técnicas para el mejor funcionamiento del Instituto;

XXX. Ordenar, en su caso, la publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco de los acuerdos y resoluciones que pronuncie el Consejo General; y

XXXI. Las demás que le sean conferidas por la Ley General, el presente ordenamiento legal o por acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral.

Capítulo Segundo

DE LAS FALTAS DEL CONSEJERO PRESIDENTE

Artículo 138

1. Las faltas del Consejero Presidente del Instituto Electoral pueden ser temporales o absolutas.

Artículo 139

1. En el caso de faltas temporales que no excedan de treinta días en tiempo no electoral, y de quince, en tiempo electoral, el secretario ejecutivo fungirá como encargado del despacho.

2. Para ausentarse temporalmente por períodos que excedan dichos términos, se requerirá licencia otorgada por el Consejo General del Instituto. En este supuesto, los Consejeros Electorales deben elegir de entre ellos a quien fungirá como encargado del despacho.

Artículo 140

1. Las faltas absolutas del Presidente se suplirán conforme a la Ley General.

2. Derogado.

Capítulo Tercero

DE LA REMOCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE

Artículo 141. Derogado.

Artículo 142. Derogado.

Título Cuarto

DEL SECRETARIO EJECUTIVO

Capítulo Primero

ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO EJECUTIVO

Artículo 143

1. El Secretario Ejecutivo del Instituto también lo es del Consejo General.

2. Corresponde al secretario ejecutivo:

I. Auxiliar al Consejo y a su Consejero Presidente en el ejercicio de sus atribuciones;

II. Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo, declarar la existencia del quórum, dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar el acta correspondiente y someterla a la aprobación de los Consejeros y representantes asistentes;

III. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del Consejo;

IV. Dar cuenta con los proyectos de dictamen de las comisiones;

V. Recibir y sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los actos o resoluciones de los órganos locales del Instituto y preparar el proyecto de resolución correspondiente;

VI. Recibir y dar el trámite previsto en la ley de la materia, a los medios de impugnación que se interpongan en contra de los actos o resoluciones del Consejo, informándole sobre los mismos en la sesión inmediata;

VII. Determinar el procedimiento administrativo sancionador ordinario o especial, por el que se debe sustanciar las quejas y denuncias que se presenten, así como clasificar los hechos denunciados;

VIII. Informar al Consejo General de las resoluciones que le competan dictadas por el Tribunal Electoral;

IX. Llevar el archivo del Consejo General;

X. Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los Consejeros y de los representantes de los partidos políticos;

XI. Firmar, junto con el Presidente del Consejo General, todos los acuerdos y resoluciones que emita el propio Consejo;

XII. Proveer lo necesario para que se publiquen los acuerdos y resoluciones que pronuncie el Consejo General;

XIII. Llevar el libro de registros y acreditaciones de:

a) Partidos políticos que cumplan con los extremos previstos en la Ley General de Partidos Políticos y en este Código;

b) Convenios de coaliciones;

c) Convenios de frentes;

d) Convenios de fusiones; y

e) Agrupaciones Políticas que cumplan con lo previsto en la Ley General de Partidos Políticos y en este Código.

XIV. Elaborar y mantener actualizado el registro de los integrantes del Consejo General y de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Electoral;

XV. Expedir los documentos que acrediten la personería de los integrantes del Consejo General y de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Electoral; 

XVI. Expedir los documentos que acrediten el cargo y la relación con el Instituto del personal administrativo;

XVII. Recabar las actas de sesiones y demás documentos relativos a la actuación de los Consejos Distritales y Municipales Electorales;

XVIII. Proveer a los órganos del Instituto Electoral de los elementos materiales para el cumplimiento de sus funciones;

XIX. Informar al Consejo General del Instituto Electoral sobre las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General establezca el Instituto Nacional Electoral, respecto del diseño para la impresión de las formas de la documentación electoral, boletas electorales, los correspondientes a los sistemas electrónicos para la recepción del voto, así como ejecutar los acuerdos que en esta materia emita el propio Consejo General;

XX. Recibir las solicitudes de registros de candidatos de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes y presentar al Consejo General el proyecto de dictamen que resuelva sobre la procedencia;

XXI. Derogada.

XXII. Coadyuvar con el Consejero Presidente en la organización administrativa del Instituto Electoral;

XXIII. Rendir informes y atender los requerimientos que las autoridades jurisdiccionales le soliciten al Instituto Electoral o a los Municipales, cuando estos se encuentren desinstalados;

XXIV. Representar al Instituto Electoral, con facultades de apoderado para pleitos y cobranzas, en los casos que el Presidente así lo determine;

XXV. Solicitar al Tribunal Electoral la expedición de copias certificadas de los expedientes que se hayan integrado con motivo de los medios de impugnación jurisdiccionales interpuestos;

XXVI. Integrar los expedientes para los procedimientos de cómputo y asignación de las fórmulas electorales de la competencia del Consejo General;

XXVII. Recabar documentación sobre la calificación de las elecciones de Diputados por el principio de mayoría relativa efectuadas por los Consejos Distritales Electorales;

XXVIII. Dirigir, operar, organizar y manejar el archivo del Instituto Electoral, conforme a técnicas modernas, elaborando las estadísticas electorales de cada una de las elecciones que se celebren en el Estado;

XXIX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que en materia de transparencia e información pública apruebe el Congreso del Estado y el reglamento en la materia que expida el Consejo General;

XXX. Dar fe de las actuaciones de los órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y desconcentrados del Instituto Electoral y levantar las actas correspondientes;

XXXI. Expedir y entregar sin dilación alguna, copia certificada de registros, nombramientos, documentos, actas y actuaciones que le soliciten por escrito los Consejeros Electorales y representantes de los partidos políticos, recabando la constancia de recibo, salvo el caso de que tal expedición amerite acuerdo expreso de los integrantes del Consejo General;

XXXII. Encargarse del despacho de la presidencia del Instituto Electoral, en los casos de ausencias temporales del Consejero Presidente en los términos previstos en este Código;

XXXIII. Designar a los servidores públicos del Instituto Electoral para que lo auxilien en el ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Código;

XXXIV. Ejercer y atender oportunamente la función de oficialía electoral, por sí o por otros servidores públicos del Instituto Electoral en los que delegue dicha función respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral; las que deberán realizar de manera oportuna:

a) A petición de los partidos políticos o Candidatos Independientes, dar fe de la realización de actos y hechos en materia electoral que pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas electorales;

b) A petición de los órganos desconcentrados del Instituto, constatar hechos que influyan o afecten la organización del proceso electoral; 

c) Solicitar la colaboración de los notarios públicos para el auxilio de la función electoral durante el desarrollo de la jornada electoral en los procesos locales, y

XXXV. Informar al Congreso del Estado dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la recepción del expediente que le remitan, sobre el resultado de la revisión del porcentaje señalado en el penúltimo párrafo del artículo 28 de la Constitución del Estado;

XXXVI. Expedir las certificaciones que se requieran; y

XXXVII. Las demás que le sean conferidas por este Código, el Consejo General o por el Consejero Presidente en ejercicio de sus atribuciones legales.

Título Quinto

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES

Capítulo Primero

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 144

1. Los Consejos Distritales y Municipales Electorales son los órganos del Instituto Electoral encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro del ámbito de su delimitación geográfica electoral, bajo la observancia de los principios que rigen la función electoral, establecidos en la Constitución Política Local, este Código, sus reglamentos y los acuerdos del Consejo General.

Artículo 145

1. Para cada proceso electoral, en cada uno de los distritos electorales uninominales y los municipios se integrará e instalará un Consejo Distrital o Municipal Electoral, respectivamente.

Capítulo Segundo

INTEGRACIÓN

Artículo 146

1. Los Consejos Distritales se integran:

a) Con siete Consejeros Distritales con derecho a voz y voto; 

b) Un secretario con derecho a voz; y

c) Un Consejero representante de cada uno de los partidos políticos acreditados o registrados y de los candidatos independientes, conforme a este Código, con derecho a voz.

Artículo 147

1. Los Consejos Municipales se integran:

a) Con cinco Consejeros Municipales con derecho a voz y voto; 

b) Un secretario con derecho a voz; y

c) Un Consejero representante de cada uno de los partidos acreditados o registrados  políticos y de los candidatos independientes conforme a este Código, con derech o a voz.

Artículo 148

1. En los municipios cuyo territorio comprenda más de un distrito electoral, el Consejo Municipal Electoral se integrará: 

a) Con siete Consejeros Municipales con derecho a voz y voto; 

b) Un secretario con derecho a voz; y

c) Un Consejero representante de cada uno de los partidos políticos acreditados o registrados  políticos y de los candidatos independientes conforme a este Código, con derecho a voz.

Artículo 149

1. En cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales se designarán tres Consejeros generales suplentes con un orden de prelación.

Artículo 150

1. Los Consejeros Distritales y Municipales están impedidos de intervenir en el proceso electoral de su competencia, cuando participe con el carácter de candidato su cónyuge o algún pariente consanguíneo hasta el cuarto grado en línea colateral.

2. En este supuesto, el Consejero cesará en su función y se llamará al suplente general, en atención al orden de prelación.

Capítulo Tercero

DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS DISTRITALES Y MUNICIPALES

Artículo 151

1. Compete al Consejo General del Instituto Electoral, a propuesta de su Consejero Presidente aprobar:

I. El nombramiento de los Consejeros Distritales integrantes de los Consejos Distritales Electorales; y

II. La designación del Consejero Presidente de cada uno de los Consejos Distritales Electorales.

Artículo 152

1. Cuando el territorio del municipio comprenda más de un distrito electoral, compete al Consejo General, a propuesta de su Consejero Presidente, aprobar:

I. El nombramiento de los Consejeros Municipales integrantes de esos Consejos Municipales Electorales; y

II. La designación del Consejero Presidente de cada uno de esos Consejos Municipales Electorales.

Artículo 153

1. Compete a los Consejos Distritales Electorales en su ámbito territorial, en los casos no previstos en el artículo anterior y a propuesta de los Consejeros Presidentes, aprobar:

I. El nombramiento de los Consejeros Municipales integrantes de los Consejos Municipales Electorales; y

II. La designación del Consejero Presidente de cada uno de los Consejos Municipales Electorales. 

Artículo 154

1. El nombramiento y designación de los Consejeros Distritales y Municipales es válida única y exclusivamente para un proceso electoral y la vigencia de su nombramiento se restringe estrictamente al periodo que este Código contempla para el funcionamiento de dichos órganos. 

Capítulo Cuarto

REQUISITOS

Artículo 155

1. Los Consejeros Distritales y Municipales deben reunir los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles;

II. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar;

III. Ser nativo de la entidad o residente en ésta, cuando menos con dos años anteriores a la fecha de la designación;

IV. No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular en los cinco años anteriores a la fecha de la designación;

V. No desempeñar o haber desempeñado cargo de dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los cinco años anteriores a la fecha de la designación;

VI. No haber sido postulado a ningún cargo de elección popular en los cinco años anteriores a la fecha de la designación;

VII. Tener un modo honesto de vivir; y

VIII. No haber sido condenado por delito doloso.

Capítulo Quinto

INSTALACIÓN

Artículo 156

1. Los Consejos Distritales Electorales iniciarán sus funciones a más tardar el día quince de diciembre, del año previo al de la elección.

Artículo 157

1. Los Consejos Municipales Electorales iniciarán sus funciones a más tardar el día treinta de abril del año de la elección.

Artículo 158

1. Los partidos políticos y candidatos independientes acreditarán, ante el Instituto Electoral, a los ciudadanos que los representarán en los Consejos Distritales Electorales y Municipales Electorales.

2. La acreditación a que se refiere el párrafo anterior se hará por los partidos políticos, a partir de la instalación formal de dichos Consejos.

3. Se deroga.

4. Si no lo hacen dentro de dicho plazo, los podrán acreditar con posterioridad, sin que tengan derecho a combatir los actos o resoluciones dictados con antelación por los citados órganos.

Artículo 159

1. El secretario ejecutivo del Instituto Electoral y los secretarios de los Consejos Distritales Electorales entregarán a los Consejeros Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, respectivamente, los acreditamientos a que alude el artículo anterior.

Artículo 160

1. La sesión de instalación de los Consejos Distritales Electorales será convocada por el Consejero Presidente del Instituto Electoral.

Artículo 161

1. La sesión de instalación de los Consejos Municipales Electorales, cuyos Consejeros Municipales hayan sido designados por el Consejo General, será convocada por el Consejero Presidente del Instituto Electoral.

Artículo 162

1. Cuando no se trate del caso comprendido en el artículo anterior, la sesión de instalación de los Consejos Municipales será convocada por el Consejero Presidente del Consejo Distrital al que corresponda el Municipio.

Artículo 163

1. La sesión de instalación, será conducida: 

I. En los Consejos Distritales Electorales, así como en los Consejos Municipales Electorales cuyos integrantes fueron designados por el Consejo General del Instituto Electoral: por el Consejero Electoral que designe el Consejo General, o bien por el secretario ejecutivo de éste; y

II. En los Consejos Municipales Electorales: por un Consejero Distrital, designado por el Consejo Distrital Electoral o bien por el secretario de éste.

Artículo 164

1. El orden del día de la sesión de instalación de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, será el siguiente:

I. Lista de asistencia y declaración de quórum;

II. Toma de protesta de ley a los Consejeros Distritales o Municipales, según corresponda y, a los Consejeros representantes de los partidos políticos;

III. Aprobación del nombramiento del ciudadano que fungirá como secretario del Consejo Distrital o Municipal Electoral;

IV. Toma de protesta de ley al secretario del Consejo Distrital o Municipal Electoral;

V. Declaración de la legal y formal instalación del Consejo Distrital o Municipal Electoral; y

VI. Clausura de la sesión y firma del acta.

Capítulo Sexto

ATRIBUCIONES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES

Artículo 165

1. Los Consejos Distritales Electorales dentro del ámbito de su competencia tienen las atribuciones siguientes:

I. Vigilar la observancia de las leyes aplicables, este Código, acuerdos, resoluciones y demás disposiciones que dicten el Instituto Electoral y su Consejo General;

II. Intervenir en los términos de este Código, dentro del distrito electoral uninominal de su competencia, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;

III. Derogada.

IV. Derogada.

V. En la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa:

a) Efectuar el cómputo de la elección; 

b) Levantar el acta del cómputo Distrital;

c) Hacer la calificación de la elección; 

d) Expedir la constancia de mayoría a la fórmula de candidatos triunfadora; y

e) Comunicar la realización de los actos señalados en los incisos anteriores al Instituto Electoral.

VI. Efectuar el cómputo parcial de la elección de Diputados por el principio de representación proporcional;

VII. Remitir al Instituto Electoral la documentación correspondiente al cómputo parcial de Diputados por el principio de representación proporcional; 

VIII. Efectuar el cómputo parcial de la elección de Gobernador;

IX. Remitir al Instituto Electoral la documentación correspondiente al cómputo parcial de la elección de Gobernador;

X. Efectuar en forma supletoria, el viernes siguiente al de la elección, los cómputos de las elecciones de Munícipes de su distrito, cuando por causa justificada no se hayan realizado;

XI. Remitir al Instituto Electoral la documentación correspondiente al cómputo de la elección Municipal realizado en forma supletoria;

XII. Aprobar, a propuesta de su Consejero Presidente, el nombramiento del ciudadano que fungirá como secretario del Consejo Distrital Electoral;

XIII. Aprobar a propuesta de su Consejero Presidente, cuando sea su competencia, los nombramientos de los Consejeros Municipales integrantes de los Consejos Municipales Electorales; y

XIV. Las demás que le confieran este Código, el Consejo General y la presidencia del Instituto Electoral.

Artículo 166

1. Los Consejos Municipales Electorales tienen las atribuciones siguientes:

I. Vigilar la observancia de las leyes aplicables, este Código y sus reglamentos, así como los acuerdos, resoluciones y demás disposiciones del Consejo General del Instituto Electoral;

II. Preparar, desarrollar y vigilar el proceso electoral en los términos de este Código, dentro del municipio ámbito de su competencia;

III. Realizar el cómputo de la elección de Munícipes;

IV. Levantar el acta del cómputo Municipal;

V. Remitir al Consejo General del Instituto Electoral, el acta de cómputo Municipal y el acta circunstanciada de la sesión del cómputo;

VI. Aprobar a propuesta de su Consejero Presidente, el nombramiento del ciudadano que fungirá como secretario del Consejo Municipal Electoral; y

VII. Las demás que le confieran el presente Código, el Consejo General y la presidencia del Instituto Electoral. 

Capítulo Séptimo

ATRIBUCIONES DE LOS CONSEJEROS PRESIDENTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES

Artículo 167

1. El Presidente del Consejo Distrital Electoral tiene las atribuciones siguientes:

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este Código, acuerdos, resoluciones y demás lineamientos que aprueben el Consejo General y la presidencia del Instituto Electoral;

II. Informar al Instituto Electoral sobre el desarrollo de sus funciones y de las del Consejo Distrital;

III. Convocar al Consejo Distrital a sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales;

IV. Presidir y conducir las sesiones del Consejo Distrital Electoral; 

V. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones del Consejo Distrital Electoral;

VI. Recibir y remitir al Instituto Electoral los recursos de revisión que se interpongan en contra de actos y resoluciones del Consejo Distrital Electoral en un plazo máximo de setenta y dos horas, anexando el informe circunstanciado correspondiente;

VII. Proponer al Consejo Distrital Electoral, al ciudadano que fungirá como secretario del mismo;

VIII. Designar al personal administrativo del Consejo Distrital Electoral para el cumplimiento de sus funciones;

IX. Impartir cursos de capacitación a los ciudadanos acreditados como observadores Electorales;

X. Derogada.

XI. Derogada.

XII. Publicar en los lugares de mayor concurrencia del distrito electoral, así como en uno de los diarios de mayor circulación en el Estado, las listas que contengan la ubicación de casillas y los integrantes de mesas directivas en los términos que establece este Código;

XIII. Derogada.

XIV. Entregar a los Presidentes de las mesas directivas de casilla, directamente o por conducto de los capacitadores asistentes, la documentación, formas aprobadas, objetos y materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

XV. Remitir al Instituto Electoral, los expedientes Electorales y el acta del cómputo parcial relativa a la elección de Diputados por el principio de representación proporcional;

XVI. Remitir al Instituto Electoral, los expedientes Electorales y el acta del cómputo parcial de la elección de Gobernador del Estado;

XVII. Remitir al Instituto Electoral la documentación correspondiente al cómputo de la elección de Munícipes realizado en forma supletoria;

XVIII. Remitir al Tribunal Electoral las demandas de juicio de inconformidad que se presenten en contra del cómputo, calificación y expedición de constancias de la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, en un plazo máximo de veinticuatro horas anexando el correspondiente informe circunstanciado;

XIX. Solicitar auxilio a las autoridades de seguridad pública estatal o Municipales para garantizar el desarrollo pacífico del proceso electoral; y

XX. Las demás que le confieran este Código, el Consejo General o la presidencia del Instituto Electoral. 

Artículo 168

1. El Presidente del Consejo Municipal Electoral tiene las atribuciones siguientes:

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este Código, acuerdos, resoluciones y demás lineamientos del Consejo General y la presidencia del Instituto Electoral; 

II. Informar al Instituto Electoral y al Consejo Distrital correspondiente, sobre el desarrollo de sus funciones y las del Consejo Municipal;

III. Convocar al Consejo Municipal a sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales que se requieran; 

IV. Presidir y conducir las sesiones del Consejo Municipal Electoral; 

V. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones que dicte la comisión Municipal Electoral;

VI. Remitir al Instituto Electoral los recursos de revisión que se presenten ante el Consejo Municipal Electoral, en un plazo máximo de setenta y dos horas, anexando informe circunstanciado;

VII. Proponer al Consejo Municipal Electoral al ciudadano que fungirá como Secretario;

VIII. Designar al personal administrativo para el cumplimiento de sus funciones;

IX. Entregar directamente o por conducto de los capacitadores asistentes, a los Presidentes de las mesas directivas de casilla la documentación, formas aprobadas y útiles necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

X. Remitir los paquetes electorales de las elecciones de Diputados y Gobernador al Consejo Distrital Electoral que corresponda;

XI. Remitir al Instituto Electoral el acta del cómputo Municipal, el acta circunstanciada de la sesión de cómputo y los expedientes Electorales;

XII. Remitir al Tribunal Electoral los escritos de demanda de juicios de inconformidad que se interpongan en contra del cómputo Municipal en un plazo máximo de setenta y dos horas, anexando informe circunstanciado;

XIII. Solicitar auxilio a las autoridades de seguridad pública para garantizar el desarrollo pacífico del proceso electoral; y

XIV. Las demás que le confiera este Código, el Consejo General o la presidencia del Instituto Electoral. 

Capítulo Octavo

DE LOS SECRETARIOS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES

Artículo 169

1. Para ser secretario de los Consejos Distritales y Municipales Electorales se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar;

II. Ser nativo de la Entidad o avecindado en el distrito electoral o en el municipio respectivo, con una residencia no menor de un año;

III. Se exceptúan de este requisito los Consejos Distritales ubicados en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto pudiendo tener la residencia en cualesquiera de ellos;

IV. Ser de reconocida probidad y, de preferencia, tener título profesional o, en su caso, conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones;

V. Tratándose de los Consejos Distritales, así como de los Consejos Municipales cuyo municipio sea sede de cabecera Distrital, se les exigirá título de abogado o licenciado en derecho;

VI. No ser servidor público en funciones, ni desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular en los últimos cinco años;

VII. No desempeñar o haber desempeñado cargo de dirigente nacional, estatal o Municipal o de representación ante el Consejo General del Instituto Electoral o sus órganos desconcentrados de algún partido político en los cinco años anteriores a la fecha de la designación; 

VIII. No haber sido condenado por delito doloso; y

IX. Tener modo honesto de vida.

Artículo 170

1. El secretario del Consejo Distrital Electoral tiene las atribuciones siguientes:

I. Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo Distrital Electoral;

II. Elaborar los proyectos de dictámenes, acuerdos, resoluciones e informes que deban someterse a la consideración de los integrantes del Consejo Distrital Electoral;

III. Levantar las actas de las sesiones del Consejo Distrital Electoral;

IV. Auxiliar al Consejero Presidente en la ejecución de los acuerdos que emita el Consejo Distrital Electoral;

V. Firmar conjuntamente con el Presidente, todos los dictámenes, acuerdos, resoluciones e informes que emita el Consejo Distrital Electoral;

VI. Auxiliar al Consejero Presidente en la elaboración de los informes circunstanciados y en su remisión a la instancia correspondiente;

VII. Recibir las solicitudes de registro de los ciudadanos mexicanos para participar como observadores durante el proceso electoral, en el distrito respectivo;

VIII. Encargarse del despacho de la presidencia del Consejo Distrital Electoral, en los casos de ausencias temporales del Presidente previstas en este Código; y

IX. Las demás que le sean conferidas por este Código, el Consejo General del Instituto Electoral o por su Presidente, en el ámbito de sus atribuciones legales. 

Artículo 171

1. El secretario del Consejo Municipal Electoral tiene las atribuciones siguientes:

I. Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo Municipal Electoral;

II. Elaborar los proyectos de dictámenes, acuerdos, resoluciones e informes que deban someterse a la consideración de los integrantes del Consejo Municipal Electoral;

III. Levantar las actas de las sesiones del Consejo Municipal Electoral;

IV. Auxiliar al Consejero Presidente en la ejecución de los acuerdos que emita el Consejo Municipal Electoral;

V. Firmar conjuntamente con el Presidente, todos los dictámenes, acuerdos, resoluciones e informes que emita el Consejo Municipal Electoral;

VI. Auxiliar al Consejero Presidente en la elaboración de los informes circunstanciados y en su remisión a la instancia correspondiente;

VII. Encargarse del despacho de la presidencia del Consejo Municipal Electoral, en los casos de ausencias temporales del Presidente previstas en este Código; y

VIII. Las demás que le sean conferidas por este Código, el Consejo General del Instituto Electoral o por su Presidente, en el ámbito de sus atribuciones legales. 

Capítulo Noveno

SESIONES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES

Artículo 172

1. A partir de la fecha de instalación y hasta la conclusión de sus funciones, los Consejos Distritales y Municipales Electorales sesionarán:

I. En forma ordinaria, por lo menos una vez al mes;

II. En forma extraordinaria: 

a) Cuando su Presidente lo considere conveniente; y 

b) A petición que por escrito le formulen: la mayoría de los representantes de los partidos políticos; o la mayoría de los Consejeros con derecho a voto; y

III. En forma especial:

a) El día de la jornada electoral, con el objeto exclusivo de dar seguimiento y atención a los asuntos concernientes directamente con los comicios;

b) El miércoles siguiente al día de la jornada electoral, con el objeto exclusivo de efectuar los cómputos que este Código les previene; y

c) En su caso, los Consejos Distritales Electorales, el viernes siguiente al día de la jornada electoral, para efectuar en forma supletoria los cómputos de elecciones de Munícipes que por alguna causa no se hayan realizado.

2. Los Consejos Distritales y Municipales Electorales podrán declarar las sesiones especiales con carácter de permanentes y durante su desarrollo decretar todos los recesos que estimen pertinentes.

Artículo 173

1. Para las sesiones ordinarias y extraordinarias, deberá señalarse el motivo de la cita y los asuntos a tratar. En las sesiones extraordinarias sólo podrán tratarse los asuntos previstos en la convocatoria.

2. Para todos los casos será necesaria la convocatoria del Consejero Presidente.

Artículo 174

1. Todas las sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales serán públicas.

2. Los asistentes a las sesiones deben guardar el debido orden en el recinto donde se celebren éstas y no podrán participar de ninguna forma en las discusiones.

3. Para garantizar el orden, los Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales tomarán las medidas siguientes:

I. Exhortación a guardar el orden;

II. Ordenar abandonar el local; y

III. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden y expulsar a quien lo haya alterado.

Artículo 175

1. En las mesas de sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales únicamente pueden ocupar lugar y tomar parte en las deliberaciones: los Presidentes, los Consejeros Distritales y Municipales, los Representantes de los Partidos Políticos y los Secretarios.

Artículo 176

1. Para toda sesión de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, los Consejeros Distritales y Municipales, y los Representantes de los Partidos Políticos y candidatos independientes serán citados cuando menos con veinticuatro horas de anticipación.

2. Para la validez de la sesión se requiere la asistencia de por lo menos la mayoría de los integrantes con derecho a voto, así como la mayoría de los representantes de los partidos políticos, y contar siempre con la presencia del Presidente y/o quien haga sus veces, conforme a este Código.

3. En la cita a que se refiere el párrafo anterior, se les apercibirá que, en caso de no haber mayoría, la sesión posterior se celebrará después de dos horas de pasada la cita y dentro de las veinticuatro horas siguientes de la originariamente señalada, con la mayoría de los Consejeros con derecho a voto, entre los que estará el Consejero Presidente, siendo válidos los acuerdos que en ella se tomen.

4. Si alguno de los Consejeros con derecho a voto abandona la sesión una vez que ésta se haya instalado, o se abstiene de emitir su voto, éste se computará unido al de la mayoría de los que sí lo expresen.

Artículo 177

1. Salvo los casos establecidos en el presente Código, toda resolución se tomará por mayoría de votos de los Consejeros que tengan este derecho y que asistan a la sesión correspondiente. En caso de empate, el Consejero Presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 178

1. A los consejeros representantes de los partidos políticos se les deben notificar, en términos de lo dispuesto en el artículo 132, los acuerdos y resoluciones que aprueben los Consejos Distritales y Municipales Electorales.

Artículo 179

1. Cuando un partido político o candidato independiente deje de estar representado en las sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales por tres ocasiones consecutivas, sin que medie causa justificada, dejará de formar parte del órgano desconcentrado respectivo, durante el proceso electoral de que se trate. La resolución que en estos casos emita el Presidente del Consejo Distrital o Municipal correspondiente, se notificará al partido político o candidato independiente respectivo.

2. Los Consejos Distritales y Municipales Electorales notificarán al Instituto Electoral de cada ausencia, con el propósito de que éste entere a los representantes de los partidos políticos que forman parte del Consejo General.

Capítulo Décimo

DE LAS FALTAS Y SUPLENCIAS

Artículo 180

1. Las faltas de los Presidentes de los Consejos Distritales Electorales podrán ser temporales o absolutas.

2. En caso de faltas temporales que no excedan de quince días, el secretario del Consejo respectivo fungirá como encargado de despacho.

3. En el caso de que las faltas temporales excedan de quince días, se requerirá de licencia otorgada por el Consejo General del Instituto Electoral, quien llamará en el orden de prelación al Consejero electoral suplente para que asuma las funciones de propietario.

4. A propuesta del Presidente, el Consejo General del Instituto Electoral nombrará al Presidente interino.

5. En el caso de faltas absolutas, se seguirá el mismo procedimiento que señala el párrafo anterior para nombrar al Presidente sustituto.

6. Cuando un Consejero Distrital Electoral Propietario deje de asistir a las sesiones de los Consejos Distritales Electorales por dos ocasiones consecutivas, sin que medie causa justificada, cesará en su función y se llamará al consejero suplente en atención al orden de prelación para asumir el cargo del consejero electoral propietario hasta el término del proceso electoral; al efecto, será citado para que concurra a la siguiente sesión del Consejo Distrital de que se trate a rendir la protesta de ley.

Artículo 181

1. Las faltas de los Presidentes de los Consejos Municipales Electorales podrán ser temporales o absolutas.

2. En caso de faltas temporales que no excedan de quince días, el secretario del Consejo respectivo fungirá como encargado de despacho.

3. En el caso de que las faltas temporales excedan de quince días, se requerirá de licencia otorgada por el Consejo Distrital Electoral, quien llamará en el orden de prelación al Consejero electoral suplente para que asuma las funciones de propietario. A propuesta de su Presidente el Consejo Distrital Electoral nombrará al Presidente interino.

4. En el caso de faltas absolutas, se seguirá el mismo procedimiento que señala el párrafo anterior para nombrar al Presidente sustituto.

5. Cuando un Consejero Municipal Electoral Propietario deje de asistir a las sesiones de los Consejos Municipales Electorales por dos ocasiones consecutivas, sin que medie causa justificada, cesará en su función y se llamará al suplente en atención al orden de prelación para asumir el cargo del consejero electoral propietario hasta el término del proceso electoral; al efecto, será citado para que concurra a la siguiente sesión del Municipal de que se trate a rendir la protesta de ley.

Artículo 182

1. Se considerarán faltas absolutas, las que se susciten por:

I. La muerte;

II. La incapacidad total y permanente para ejercer el cargo; y

III. La renuncia expresa.

Capítulo Décimo Primero

DESINTEGRACIÓN Y DESINSTALACIÓN

Artículo 183

1. La desintegración y desinstalación de los Consejos Distritales Electorales se llevará a cabo a más tardar treinta días después al en que se celebre la sesión de cómputo Distrital.

Artículo 184

1. La desintegración y desinstalación de los Consejos Municipales Electorales se llevará a cabo a más tardar quince días después al en que se celebre la sesión de cómputo Municipal.

Artículo 185

1. La desintegración y desinstalación de los Consejos Distritales y Municipales Electorales implica la conclusión de los efectos del nombramiento de quienes fungieron como Consejeros Distritales y Municipales Electorales integrantes de los mencionados órganos.

Capítulo Décimo Segundo

NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES DE LOS ASISTENTES ELECTORALES

Artículo 186

1. El Instituto Electoral emitirá el reglamento que regule el nombramiento y funciones de los asistentes electorales.

Artículo 187. Derogado.

Artículo 188. Derogado.

Artículo 189. Derogado.

Artículo 190. Derogado.

Título Sexto

DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

Capítulo Primero

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 191

1. Las mesas directivas de casilla se rigen por lo dispuesto en la Ley General y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 192. Derogado.

Artículo 193. Derogado.

Artículo 194. Derogado.

Artículo 195. Derogado.

Capítulo Segundo

INSTALACIÓN 

Artículo 196. Derogado.

Artículo 197. Derogado.

Capítulo Tercero

ATRIBUCIONES

Artículo 198. Derogado.

Capítulo Cuarto

PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA 

Artículo 199. Derogado.

Capítulo Quinto

SECRETARIO DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA

Artículo 200. Derogado.

Capítulo Sexto

ESCRUTADORES DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA 

Artículo 201. Derogado.

Título Séptimo

REGISTRO ESTATAL DE ELECTORES

Artículo 202

1. Las autoridades electorales estatales utilizarán el Registro Federal de Electores, el Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores y demás instrumentos derivados del primero, previo convenio con el Instituto Nacional Electoral.

Artículo 203. Derogado.

Título Octavo

SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Artículo 204

1. El servicio profesional electoral se rige por lo dispuesto en la Ley General en materia de Servicio Profesional Electoral Nacional, establecidas en Ley General y el Estatuto que apruebe el Instituto Nacional Electoral.

Artículo 205. Derogado.

Artículo 206. Derogado.

Artículo 207. Derogado.

Artículo 208. Derogado.

Artículo 209. Derogado.

Artículo 210. Derogado.

Libro Cuarto

DEL PROCESO ELECTORAL

Título Primero

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 211

1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado, la Ley General y este Código, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Ayuntamientos en el Estado de Jalisco.

Artículo 212

1. Para efectos de este Código, el proceso electoral comprende las etapas siguientes:

I. Preparación de la elección;

II. Presentación de las solicitudes de registro de candidatos;

III. Otorgamiento del registro de candidatos y aprobación de sustituciones;

IV. Campañas Electorales;

V. Ubicación de las casillas Electorales e integración de las mesas directivas de casilla, así como la publicación de ambos datos;

VI. Acreditamiento de representantes de partidos políticos y coaliciones, ante mesas directivas de casilla; 

VII. Elaboración y entrega de la documentación y material electoral;

VIII. Jornada electoral;

IX. Resultados Electorales;

X. Calificación de las elecciones; y

XI. Expedición de constancias de mayoría y asignación de representación proporcional.  

Artículo 213

1. El proceso electoral inicia el día en que se publica la convocatoria del Consejo General del Instituto Electoral, para la celebración de las elecciones de Diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional; de Gobernador, cuando corresponda; y de Munícipes, en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

2. La convocatoria a que se refiere el párrafo anterior será publicada en por lo menos dos diarios de los de mayor circulación en el Estado. 

Artículo 214

1. En las elecciones en que se renueve al titular del Poder Ejecutivo, el Consejo General del Instituto Electoral ordenará la publicación de la convocatoria para elecciones ordinarias, la primera quincena de septiembre del año anterior al en que se verificarán los comicios.

2. Cuando solamente se renueve a los integrantes del Congreso del Estado y de los Ayuntamientos, la convocatoria deberá publicarse la primera quincena de octubre del año anterior al en que se verificarán los comicios.

Artículo 215

1. El proceso electoral concluye cuando: 

I. El Tribunal Electoral del Estado y el Tribunal Electoral de la Federación resuelvan el último de los medios de impugnación interpuestos en contra de los resultados electorales, la calificación de las elecciones o la expedición de las constancias de mayoría y asignación de representación proporcional; o se tenga constancia de que no se presentaron medios de impugnación; y 

II. El Consejo General del Instituto Electoral haga la declaratoria de la conclusión del proceso electoral.

Artículo 216

1. Los ciudadanos y partidos políticos participarán en la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en los términos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado, las leyes aplicables, este Código y sus reglamentos, así como los acuerdos que emita el Instituto Nacional Electoral y el Consejo General del Instituto Electoral.

Título Segundo

PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN

Capítulo Primero

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 217

1. La etapa de preparación de la elección comprende los actos siguientes:

I. La aprobación por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de la delimitación geográfica de los veinte distritos electorales uninominales en el territorio del Estado;

II. La aprobación por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de la delimitación geográfica y número de las secciones electorales que conformen cada distrito electoral uninominal;

III. La aprobación de los convenios marco entre el Instituto Electoral y el Instituto Nacional Electoral, para lograr el apoyo y colaboración en la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; 

IV. La aprobación, en su caso, del modelo o sistema electrónico para la recepción del voto, cuando sea factible técnica y presupuestalmente y se garantice la vigencia de las disposiciones legales que amparan la libertad y secreto del voto ciudadano; 

V. Los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular y las precampañas Electorales; y

VI. Cualquier otro que de manera justificada determine el Consejo General del Instituto Electoral.

Capítulo Segundo

CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL

Artículo 218

1. Para los efectos de la elección de Diputados por el principio de representación proporcional, la delimitación de la circunscripción plurinominal electoral única, será la que corresponde al territorio del Estado.

Capítulo Tercero

DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES

Artículo 219

1. Distrito electoral uninominal es la demarcación geográfica electoral, dentro de la cual se vota para elegir a los Diputados por el principio de mayoría relativa.

Artículo 220. Derogado.

Capítulo Cuarto

SECCIONES ELECTORALES

Artículo 221. Derogado.

Artículo 222. Derogado.

Capítulo Quinto

CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Artículo 223

1. El Instituto Electoral podrá celebrar convenios con el Instituto Nacional Electoral, previa aprobación de la mayoría de los votos de su Consejo General, para coordinar y organizar conjuntamente, en forma amplia, las diversas etapas y procedimientos en el desarrollo de elecciones locales y federales concurrentes.

Capítulo Sexto

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DEL VOTO POR MODELOS O SISTEMAS ELECTRÓNICOS

Artículo 224

1. El Consejo General del Instituto Electoral podrá proponer al Instituto Nacional Electoral la utilización del modelo o sistema electrónico para la recepción del voto, cuando sea factible su utilización.

Artículo 225. Derogado.

Artículo 226. Derogado.

Artículo 227. Derogado.

Artículo 228. Derogado.

Capítulo Séptimo

DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR Y LAS PRECAMPAÑAS ELECTORALES

Artículo 229

1. Los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los precandidatos a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en las leyes aplicables, este Código, en los Estatutos y en los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político.

2. Al menos treinta días antes del inicio formal de los procesos a que se refiere las fracciones I y II siguientes, cada partido determinará, conforme a sus Estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate. La determinación deberá ser comunicada al Consejo General del Instituto dentro de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación, señalando la fecha de inicio del proceso interno; el método o métodos que serán utilizados; la fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente; los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno; los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia; la fecha de celebración de la asamblea electoral estatal, Distrital, Municipal o, en su caso, de realización de la jornada comicial interna, conforme a lo siguiente:

I. Durante los procesos electorales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo, a los integrantes del Congreso del Estado y de los Ayuntamientos, las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección. No podrán durar más de dos terceras partes de la duración de la campaña respectiva;

II. Durante los procesos electorales en que se renueve solamente a los integrantes del Congreso del Estado y de los Ayuntamientos, las precampañas darán inicio en la última semana de diciembre del año previo al de la elección. No podrán durar más de dos terceras partes de la duración de la campaña respectiva; y

III. Cuando un partido tenga prevista la celebración de una jornada de consulta directa, ésta se realizará el mismo día para todas las candidaturas.

3. Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda por ningún medio antes de la fecha de inicio de las precampañas. Una vez iniciadas las precampañas, la propaganda deberá indicar de manera fehaciente que ésta va dirigida a la militancia de su partido político. La violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato.

4. Los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme a las leyes aplicables y este Código les corresponda para la difusión de sus procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, de conformidad con las reglas y pautas que determine el Instituto Nacional Electoral, a propuesta que realice el Instituto Electoral. Los precandidatos debidamente registrados podrán acceder a radio y televisión exclusivamente a través del tiempo que corresponda en dichos medios al partido político por el que pretenden ser postulados.

5. Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, en todo tiempo, la contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión. La violación a esta norma se sancionará con la negativa de registro como precandidato, o en su caso con la cancelación de dicho registro. De comprobarse la violación a esta norma en fecha posterior a la de postulación del candidato por el partido de que se trate, el Instituto Electoral negará el registro legal del infractor.

6. Los procesos internos para selección de candidatos de los partidos políticos no podrán iniciar antes de la primera semana de noviembre del año previo al de la elección cuando se elija Gobernador; y no podrán iniciar antes de la tercera semana de diciembre del año previo al de la elección cuando sólo se elijan diputados y munícipes.

7. El registro interno de precandidatos en los partidos políticos deberá cerrar en la segunda semana de noviembre del año previo al de la elección cuando se elija Gobernador y en la cuarta semana de diciembre del año previo al de la elección cuando solo se elijan diputados y munícipes.

Artículo 230

1. Se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido.

2. Se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.

3. Se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por este Código y el que señale la convocatoria respectiva difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa la calidad de precandidatos de quien es promovido.

4. Precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a cargo de elección popular, conforme a las leyes aplicables, a este Código y a los Estatutos de un partido político, en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular.

5. Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición. Durante las precampañas está prohibido el otorgamiento de artículos promocionales utilitarios.

6. Quienes participen en el proceso interno de algún partido político, no podrán ser postulados como candidatos por otro partido político o registrarse como candidato independiente, durante el mismo proceso electoral de que se trate.

Artículo 231

1. Los partidos políticos, conforme a sus Estatutos, deberán establecer el órgano interno responsable de la organización de los procesos de selección de sus candidatos y, en su caso, de las precampañas.

2. Los precandidatos podrán impugnar, ante el órgano interno competente, los reglamentos y convocatorias; la integración de los órganos responsables de conducir los procesos internos, los acuerdos y resoluciones que adopten, y en general los actos que realicen los órganos directivos, o sus integrantes, cuando de los mismos se desprenda la violación de las normas que rijan los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular. Cada partido emitirá un reglamento interno en el que se normarán los procedimientos y plazos para la resolución de tales controversias.

3. Los medios de impugnación que presenten los precandidatos debidamente registrados en contra de los resultados de elecciones internas, o de la asamblea en que se hayan adoptado decisiones sobre candidaturas, se presentarán ante el órgano interno competente a más tardar dentro de las setenta y dos horas siguientes a la emisión del resultado o a la conclusión de la asamblea.

4. Los medios de impugnación internos que se interpongan con motivo de los resultados de los procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular deberán quedar resueltos en definitiva a más tardar catorce días después de la fecha de realización de la consulta mediante voto directo, o de la asamblea en que se haya adoptado la decisión sobre candidaturas.

5. Solamente los precandidatos debidamente registrados por el partido de que se trate podrán impugnar el resultado del proceso de selección de candidatos en que hayan participado.

6. Es competencia directa de cada partido político, a través del órgano establecido por sus Estatutos, o por el reglamento o convocatoria correspondiente, negar o cancelar el registro a los precandidatos que incurran en conductas contrarias a las leyes aplicables, este Código o a las normas que rijan el proceso interno, así como confirmar o modificar sus resultados, o declarar la nulidad de todo el proceso interno de selección, aplicando en todo caso los principios legales y las normas establecidas en sus Estatutos o en los reglamentos y convocatorias respectivas. Las decisiones que adopten los órganos competentes de cada partido podrán ser recurridas por los aspirantes o precandidatos mediante el medio de impugnación jurisdiccional que corresponda, una vez agotados los procedimientos internos de justicia partidaria.

Artículo 232

1. A más tardar en el treinta y uno de Octubre del año previo al de la elección, el Consejo General del Instituto Electoral determinará los montos de los topes de gastos de precampañas por precandidato y tipo de elección para la que pretenda ser postulado. El tope será equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate.

2. Derogado.

3. Si un precandidato incumple la obligación de entregar el informe de ingresos y gastos de precampaña y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no será registrado legalmente como candidato. Los precandidatos que sin haber obtenido la postulación a la candidatura no entreguen el informe antes señalado serán sancionados en los términos de lo establecido en Libro Octavo de la Ley General.

4. Los precandidatos que rebasen el tope de gastos de precampaña establecido por el Consejo General serán sancionados con la cancelación de su registro, o en su caso, con la pérdida de la candidatura que hayan obtenido. En el último supuesto, los partidos conservan el derecho de realizar las sustituciones que procedan.

Artículo 233

1. Quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto de precampaña los conceptos señalados en las fracciones I, II, III y IV del párrafo 2 del artículo 256 de este Código.

Artículo 234. Derogado.

Artículo 235

1. A las precampañas y a los precandidatos que en ellas participen les serán aplicables, en lo conducente, las normas previstas en las leyes generales aplicables y en este Código respecto de los actos de campaña y propaganda electoral.

2. El Consejo General del Instituto Electoral emitirá los demás reglamentos y acuerdos que sean necesarios para la debida regulación de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular y las precampañas, de conformidad con lo establecido en las leyes aplicables y en este Código.

Título Cuarto

DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

Capítulo Primero

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 255

1. La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.

2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.

5. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo 2 del artículo 116 bis de la Constitución local, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.

Capítulo Segundo

DE LOS GASTOS Y TOPES DE CAMPAÑAS

Artículo 256

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los montos de los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los siguientes conceptos:

I. Gastos de propaganda:

a) Comprenden los realizados en pintas de bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares.

II. Gastos operativos de la campaña:

a) Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares.

III. Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:

a) Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendientes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada.

IV. Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión:

a) Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo.

3. No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que realicen los partidos para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.

4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, aplicará las siguientes reglas:

I. Para la elección de Gobernador del Estado, a más tardar el día último de diciembre del año previo al de la elección, el tope máximo de gastos de campaña será el equivalente al veinte por ciento del financiamiento público destinado para las actividades tendientes a la obtención del voto para todos los partidos en el año de la elección de Gobernador;

II. Para la elección de Diputados y Munícipes, a más tardar el día último de diciembre del año previo al de la elección, procederá en los siguientes términos:

a) Determinará el tope máximo de gastos de campaña para la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, que será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaña establecido para la elección de Gobernador entre veinte. Para el año en que solamente se renueve el Congreso del Estado y los Ayuntamientos, los topes de campaña se actualizarán con el índice de crecimiento del salario mínimo diario en la zona metropolitana de Guadalajara;

b) Determinará el tope máximo de gastos de campaña para la elección de Munícipes, que será la cantidad que resulte de dividir el tope de campaña de la elección de Gobernador entre el número de electores inscritos en el Padrón Electoral en el Estado con corte a Diciembre del año inmediato anterior al de la elección. Dicha cantidad se multiplicará por el número de electores inscritos en el padrón electoral en el municipio que corresponda; y

c) En todo caso el tope será el equivalente a mil salarios mínimos para la zona metropolitana de Guadalajara cuando la cantidad que resulte de la operación anterior sea inferior a esta.

Capítulo Tercero

DE LAS REUNIONES Y MARCHAS

Artículo 257

1. Las reuniones públicas realizadas por los partidos políticos y los candidatos registrados se regirán por lo dispuesto en el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no tendrán más límite que el respeto a los derechos de terceros, en particular los de otros partidos y candidatos, así como las disposiciones que para el ejercicio de la garantía de reunión y la preservación del orden público dicte la autoridad administrativa competente.

2. En aquellos casos en los que las autoridades concedan gratuitamente a los partidos políticos o candidatos el uso de locales cerrados de propiedad pública, se estará a lo siguiente:

I. Las estatales y Municipales deberán dar un trato equitativo en el uso de los locales públicos a todos los partidos políticos que participan en la elección; y

II. Los partidos políticos deberán solicitar el uso de los locales con suficiente antelación, señalando la naturaleza del acto a realizar, el número de ciudadanos que se estima habrán de concurrir, las horas necesarias para la preparación y realización del evento, los requerimientos en materia de iluminación y sonido, y el nombre del ciudadano autorizado por el partido político o el candidato en cuestión que se responsabilice del buen uso del local y sus instalaciones.

3. El Presidente del Consejo General podrá solicitar a las autoridades competentes las medidas de seguridad personal para los candidatos que lo requieran, así como para los precandidatos a Gobernador, desde el momento en que de acuerdo con los mecanismos internos de su partido, se ostenten con tal carácter. Las medidas que adopte la autoridad competente serán informadas al Consejero Presidente.

Artículo 258

1. Los partidos políticos o candidatos que decidan dentro de la campaña electoral realizar marchas o reuniones que impliquen una interrupción temporal de la vialidad, deberán comunicar a la autoridad competente su itinerario, a fin de que ésta provea lo necesario para modificar la circulación vehicular y garantizar el libre desarrollo de la marcha o reunión.

Capítulo Cuarto

DE LA PROPAGANDA

Artículo 259

1. La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener identificación precisa del partido político o partidos coaligados que registraron la candidatura.

2. La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrá más límite, en los términos del artículo 7º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos.

3. La autoridad electoral deberá retirar la publicidad y propaganda electoral sin logotipo.

Artículo 260

1. La propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y campañas Electorales difundan los partidos políticos se ajustarán a lo dispuesto por el párrafo 1 del artículo 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las instituciones, a los propios partidos, o a las personas. El Consejo General del Instituto Electoral está facultado para solicitar al Instituto Nacional Electoral, ordene la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma. En el caso de propaganda que se difunda en medios distintos a radio y televisión, ordenará el retiro de cualquier otra propaganda.

3. Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica que establece el párrafo 1 del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de la ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables.

4. El derecho a que se refiere el párrafo anterior se ejercerá en la forma y términos que determine la ley de la materia.

Artículo 261

1. La propaganda que los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos realicen en la vía pública a través de grabaciones y, en general, por cualquier otro medio, se sujetará a lo previsto por el artículo anterior, así como a las disposiciones legales y administrativas expedidas en materia de protección del medio ambiente y de prevención de la contaminación por ruido.

2. Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña.

3. Para efectos de este Código se entenderá por artículos promocionales utilitarios aquellos que contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidato que lo distribuye.

4. Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil.

5. La entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con este Código y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto.

Artículo 262

1. En las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo, salvo cuando se trate de los locales a que se refiere el párrafo 2 del artículo 257 de este Código y exclusivamente por el tiempo de duración del acto de campaña de que se trate.

Artículo 263

1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos observarán las reglas siguientes:

I. No podrá colocarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma. Se exceptúa de la presente disposición, aquel equipamiento urbano que por su diseño o estructura esté destinado para el uso de propaganda, siempre que cuente con las licencias municipales correspondientes.

II. Podrá colocarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del propietario;

III. Podrá colocarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determine el Consejo General del Instituto, previo acuerdo con las autoridades correspondientes;

IV. No podrá colocarse, fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico; 

V. No podrá colocarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos; y

VI. Los aspirantes, precandidatos y candidatos deberán retirar y borrar totalmente cualquier propaganda electoral referente a su propia campaña o precampaña, en un plazo máximo de 30 días naturales posteriores a la jornada electoral o a la fecha de selección de candidatos. El cumplimiento de esta disposición es responsabilidad solidaria de los partidos políticos.

2. Los partidos, coaliciones y candidatos deberán utilizar en su propaganda impresa y demás elementos promocionales, materiales que no dañen el medio ambiente, preferentemente reciclables y de fácil degradación natural. Sólo podrá usarse material plástico reciclable en la propaganda electoral impresa.

3. Los bastidores y mamparas de uso común serán repartidos por sorteo en forma equitativa de conformidad a lo que corresponda a los partidos políticos registrados y acreditados, conforme al procedimiento acordado en la sesión del Consejo Electoral Distrital respectivo, que al efecto celebre en Enero del año de la elección.

4. El Consejo General del Instituto hará cumplir estas disposiciones y adoptará las medidas a que hubiere lugar con el fin de asegurar a partidos y candidatos el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en la materia. 

5. Las quejas motivadas por la propaganda impresa de los partidos políticos y candidatos serán presentadas al Instituto, el que ordenará la verificación de los hechos, integrará el expediente y someterá a la aprobación del Consejo General el proyecto de resolución. Contra la que procederá impugnación ante el Tribunal Electoral.

Capítulo Quinto

DURACIÓN DE LAS CAMPAÑAS

Artículo 264

1. Las campañas electorales para Gobernador tendrán una duración de noventa días.

2. Las campañas electorales para Diputados y Munícipes tendrán una duración de sesenta días.

3. Las campañas electorales iniciarán el día siguiente al de la aprobación del registro de candidaturas para la elección respectiva, en todos los casos deben concluir tres días antes del día de la jornada electoral.

4. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo Electorales.

5. Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al secretario ejecutivo del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio. En todo caso, la difusión de los resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo siguiente.

6. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas, queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, quedando sujetos quienes lo hicieren, a las penas aplicables a aquellos que incurran en alguno de los tipos previstos y sancionados en la Ley General en materia de Delitos Electorales.

7. Las personas físicas o jurídicas que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones, adoptarán los criterios generales de carácter científico, que para tal efecto emita el Instituto Nacional Electoral, previa consulta con los profesionales del ramo o las organizaciones en que se agrupen.

Artículo 265

1. Cualquier infracción a las disposiciones contenidas en el presente capítulo será sancionada en los términos de las leyes aplicables y de este Código.

Título Quinto

DE LAS CASILLAS Y MATERIAL ELECTORAL

Capítulo Primero

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 266

1. La integración, ubicación y designación de integrantes de las mesas directivas de casillas para las elecciones locales, corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los términos de la Ley General.

Artículo 267. Derogado.

Artículo 268. Derogado.

Artículo 269. Derogado.

Capítulo Segundo

CASILLAS BÁSICAS Y CONTIGUAS

Artículo 270. Derogado.

Artículo 271. Derogado.

Capítulo Tercero

CASILLAS ESPECIALES

Artículo 272. Derogado.

Artículo 273. Derogado.

Artículo 274. Derogado.

Artículo 275. Derogado.

Capítulo Cuarto

CASILLAS EXTRAORDINARIAS

Artículo 276. Derogado.

Artículo 277. Derogado.

Artículo 278. Derogado.

Capítulo Quinto

UBICACIÓN DE CASILLAS

Artículo 279. Derogado.

Artículo 280. Derogado.

Artículo 281. Derogado.

Capítulo Sexto

INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

Artículo 282. Derogado.

Artículo 283. Derogado.

Artículo 284. Derogado.

Capítulo Séptimo

DE LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS

Sección Primera

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 285

1. Los representantes de los partidos políticos se rigen por la Ley General.

Artículo 286. Derogado.

Sección Segunda

DERECHOS DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 287. Derogado.

Sección Tercera

REQUISITOS DE LOS NOMBRAMIENTOS

Artículo 288. Derogado.

Artículo 289. Derogado.

Sección Cuarta

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Artículo 290. Derogado.

Artículo 291. Derogado.

Artículo 292. Derogado.

Capítulo Octavo

DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL

Sección Primera

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 293 

1. La documentación y material electoral se rige por lo dispuesto en la Ley General.

Artículo 294. Derogado.

Artículo 295. Derogado.

Sección Segunda

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLETAS ELECTORALES

Artículo 296. Derogado.

Artículo 297. Derogado.

Artículo 298. Derogado.

Sección Tercera

ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL A LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES

Artículo 299

1. Las boletas deberán obrar en poder del Consejo Distrital veinte días antes al de la elección.

2. Para su control se tomarán las medidas siguientes:

I. El personal autorizado del Instituto Electoral entregará las boletas en el día, hora y lugar preestablecidos al Presidente del Consejo Distrital, quien estará acompañado de los demás integrantes del propio Consejo;

II. El secretario del Consejo Distrital levantará acta pormenorizada de la entrega y recepción de las boletas, asentando en ella los datos relativos al número de boletas, las características del embalaje que las contiene, y los nombres y cargos de los funcionarios presentes;

III. A continuación, los miembros presentes del Consejo Distrital acompañarán al Presidente a depositar la documentación recibida, en el lugar previamente asignado dentro de la sede del Consejo Distrital, debiendo asegurar su integridad mediante fajillas selladas y firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se asentarán en el acta respectiva;

IV. El mismo día o a más tardar el siguiente, el Presidente del Consejo, el Secretario Ejecutivo y los Consejeros Electorales, procederán a contar las boletas para precisar la cantidad recibida, consignando el número de los folios, y agruparlas en razón del número de electores que corresponda en cada una de las casillas a instalar, incluyendo las de las casillas especiales según el número que acuerde el Consejo General para ellas. El secretario registrará los datos de esta distribución; y

V. Estas operaciones se realizarán con la presencia de los representantes de los partidos políticos que decidan asistir.

3. Los representantes de los partidos políticos, bajo su más estricta responsabilidad, si por mayoría lo acuerdan, podrán firmar o rubricar las boletas electorales a través de uno de los representantes acreditados ante el Consejo Distrital, quien será designado por sorteo, el procedimiento de firma necesariamente se hará ante la presencia de los integrantes del Consejo Distrital, al efecto se levantará acta en la que se hará constar la cantidad de boletas y los números de folios que se le dio a firmar, el número de las firmadas y en su caso el número de las boletas faltantes después de haber realizado el procedimiento de firma. Caso en el que de inmediato se hará del conocimiento a la autoridad competente.

4. La falta de firma de los representantes en las boletas no impedirá su oportuna distribución.

5. Los Consejos Distritales Electorales entregarán la documentación electoral a los Consejos Municipales de su ámbito, según los lineamientos establecidos por el Consejo General del Instituto Electoral.

Artículo 300

1. Las corporaciones de seguridad pública, a petición del Instituto Electoral o de los Consejos Distritales o Municipales Electorales, custodiarán y salvaguardarán las boletas Electorales y demás documentación electoral, a partir del momento en que sean recibidas por éstos.

Sección Cuarta

ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL A LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

Artículo 301

1. Los Presidentes de los Consejos Distritales o Municipales Electorales, según sea el caso, entregarán a cada Presidente de mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días previos al de la elección y contra el recibo detallado correspondiente:

I. La lista nominal de electores con fotografía de cada sección, según corresponda;

II. La relación de los representantes de los partidos y candidatos independientes registrados para las casillas en el Consejo Distrital Electoral;

III. La relación de los representantes generales acreditados por cada partido político o candidato independiente en el distrito en que se ubiquen las casillas en cuestión;

Artículo 302

1. Las urnas en que los electores depositen las boletas, una vez emitido el sufragio, deberán construirse de un material transparente, plegable o armable.

2. Las urnas llevarán en el exterior y en lugar visible, impresa o adherida en el mismo color de la boleta que corresponda, la denominación de la elección de que se trate.

3. En el caso de que se utilicen modelos o sistemas electrónicos para la recepción del voto, el contenedor de los votos deberá ser transparente, resistente y garantizar la secrecía del voto, conforme a las características determinadas por el Consejo del Instituto Electoral.

4. El líquido indeleble seleccionado deberá garantizar plenamente su eficacia. Los envases que lo contengan deberán contar con elementos que identifiquen el producto.

Artículo 303. Derogado.

Título Sexto

DE LA JORNADA ELECTORAL

Capítulo Primero

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 304

1. Los actos relativos a la jornada electoral se rigen por lo dispuesto en la Ley General, así como en este Título.

2. Para el caso de los funcionarios de mesa directiva de casilla que adicionalmente se requieren en el caso de la realización de jornadas electorales simultáneas bajo la modalidad de casilla única establecidas en la Ley General, subsistirán las funciones encomendadas al Secretario y Escrutador a que se refieren dicho dispositivo legal y el presente Código.

Artículo 305 

1. Para el escrutinio y cómputo de las votaciones, se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político o candidato independiente, o en dos o más cuadros cuando se trate de partidos coaligados; en este último caso, el hecho deberá consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente.

Artículo 306

1. Los funcionarios de mesa directiva de casilla, no podrán retirarse sino hasta que ésta sea clausurada, salvo los casos de fuerza mayor, que calificarán el Consejo Distrital o Municipal Electoral correspondiente.

2. Cualquier sustitución de funcionarios, se hará constar en el apartado de incidentes del acta de la jornada electoral.

Artículo 307. Derogado.

Capítulo Segundo

INSTALACIÓN DE CASILLAS

Artículo 308. Derogado.

Artículo 309. Derogado.

Artículo 310. Derogado.

Artículo 311. Derogado.

Artículo 312. Derogado.

Artículo 313. Derogado.

Artículo 314. Derogado.

Artículo 315. Derogado.

Capítulo Tercero

DE LA VOTACIÓN

Artículo 316. Derogado.

Artículo 317. Derogado.

Artículo 318. Derogado.

Artículo 319. Derogado.

Artículo 320. Derogado.

Artículo 321. Derogado.

Artículo 322. Derogado.

Artículo 323. Derogado.

Capítulo Cuarto

VOTACIÓN EN CASILLAS ESPECIALES

Artículo 324. Derogado.

Artículo 325. Derogado.

Capítulo Quinto

DEL CIERRE DE LA VOTACIÓN

Artículo 326 

1. Una vez cerrada la votación, el Secretario llenará el apartado de cierre de la votación del acta de la jornada electoral, la cual será firmada por los funcionarios de mesa directiva de casilla y representantes de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes acreditados ante la casilla electoral.

Artículo 327. Derogado.

Capítulo Sexto

DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN CASILLAS

Artículo 328. Derogado.

Artículo 329. Derogado.

Artículo 330

1. Luego del escrutinio y cómputo de las elecciones federales, el Secretario y los Escrutadores, responsables de las elecciones locales, realizarán el escrutinio y cómputo de las elecciones locales en el orden siguiente:

I. Munícipes;

II. Diputados; y

III. Gobernador, cuando corresponda.

Artículo 331

1. El escrutinio y cómputo de cada elección se realizará conforme a las reglas siguientes:

I. El secretario de la mesa directiva de casilla contará las boletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales, las guardará en un sobre especial el cual quedará cerrado y anotará en el exterior del mismo el número de boletas que se contienen en él;

II. Los escrutadores contarán en dos ocasiones, el número de ciudadanos que aparezca que votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección, sumando, en su caso, el número de electores que votaron por resolución del Tribunal Electoral sin aparecer en la lista nominal;

III. El Presidente de la mesa directiva abrirá la urna, sacará las boletas y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía;

IV. Los escrutadores contarán las boletas extraídas de la urna;

V. Los escrutadores bajo la supervisión del Presidente, clasificarán las boletas para determinar:

a) El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos; y

b) El número de votos que sean nulos.

VI. El secretario anotará en hojas dispuestas al efecto los resultados de cada una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, los que, una vez verificados por los demás integrantes de la mesa, transcribirá en las respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada elección.

Artículo 332. Derogado.

Artículo 333. Derogado.

Artículo 334. Derogado.

Artículo 335. Derogado.

Artículo 336. Derogado.

Artículo 337. Derogado.

Artículo 338. Derogado.

Capítulo Séptimo

DE LOS INCIDENTES

Artículo 339. Derogado.

Capítulo Octavo

DE LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PAQUETE ELECTORAL

Artículo 340. Derogado.

Artículo 341. Derogado.

Artículo 342. Derogado.

Capítulo Noveno

DE LA CLAUSURA DE LA CASILLA Y DE LA REMISIÓN DEL PAQUETE ELECTORAL

Artículo 343. Derogado.

Artículo 344. Derogado.

Capítulo Décimo

RECEPCIÓN, DEPÓSITO Y SALVAGUARDA DE LOS PAQUETES ELECTORALES

Artículo 345

1. Los Consejos Distritales y Municipales Electorales harán constar en acta circunstanciada, la recepción de los paquetes Electorales, y, en su caso, las causas que se invoquen para el retraso de su entrega.

Artículo 346

1. La recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales por parte de los Consejos Distritales o Municipales Electorales se hará conforme con el procedimiento siguiente:

I. Se recibirán en el orden en que lleguen los funcionarios de mesa directiva facultados para ello;

II. El Presidente o funcionario autorizado del Consejo Distrital o Municipal Electoral extenderá el recibo señalando fecha y hora en que fueron entregados;

III. El Presidente del Consejo Distrital o Municipal Electoral dispondrá el depósito de los paquetes Electorales en orden numérico de las casillas, en un lugar dentro del local del Consejo que reúna las condiciones de seguridad. Desde el momento de la recepción hasta el día en que se realice el cómputo, colocará los paquetes electorales correspondientes a las casillas especiales por separado;

IV. El Presidente del Consejo Distrital o Municipal dispondrá que sean selladas las puertas de acceso del lugar en que fueron depositados los paquetes electorales, en presencia de los representantes de los partidos políticos o coaliciones; y

V. De la recepción de los paquetes electorales, se levantará el acta circunstanciada a que se refiere el artículo anterior en la que se hará constar, en su caso, los que hayan sido recibidos sin reunir los requisitos que señala este Código.

Artículo 347

1. Los paquetes electorales en ningún caso podrán ser abiertos, hasta el día en que se lleven a cabo los cómputos Distritales y Municipales y conforme con el procedimiento previsto en este Código. 

 Capítulo Décimo Primero

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 348

1. Para asegurar el orden y garantizar el desarrollo de la jornada electoral, los cuerpos de seguridad pública del Estado y de los municipios, deben prestar el auxilio que les requieran los órganos del Instituto Electoral y los Presidentes de las mesas directivas de casilla, en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las disposiciones de este Código.

2. El día de la elección y el precedente las autoridades competentes, de acuerdo a la normatividad que exista, podrán establecer medidas para limitar el horario de servicio de los establecimientos en los que se sirvan bebidas embriagantes.

3. El día de la elección exclusivamente pueden portar armas los miembros uniformados de las fuerzas públicas encargadas del orden.

Artículo 349. Derogado.

Artículo 350

1. Los jueces de primera instancia y los notarios públicos en ejercicio mantendrán abiertas sus oficinas el día de la elección.

2. Los jueces de primera instancia y notarios públicos atenderán las solicitudes de los ciudadanos, de los representantes de los partidos políticos o coaliciones o de los funcionarios del Instituto Electoral, Consejos Distritales y Municipales Electorales, así como de mesas directivas de casilla para dar fe de hechos.

3. En sus actuaciones, invariablemente levantarán acta circunstanciada en que asentarán los hechos que perciban y las declaraciones de los involucrados, pudiendo expedir copia certificada de dichos instrumentos.

4. El Consejo del Colegio de Notarios, publicará en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco y en uno de los diarios de mayor circulación en el estado, los nombres, domicilios y teléfonos de sus integrantes que se encuentren en ejercicio, cinco días antes del día de la elección.

5. Los servicios que presten los notarios públicos durante y relacionados con la jornada electoral no causarán pago de honorarios, derechos o contribución fiscal alguna.

6. Tratándose de elecciones extraordinarias, el Consejo General determinará, mediante acuerdo, lo conducente en relación con lo señalado en las fracciones anteriores.

Artículo 351. Derogado.

Artículo 352. Derogado.

Artículo 353

1. Cómputo Municipal es el procedimiento que ejecuta el Consejo Municipal Electoral consistente en realizar la suma de los resultados asentados en el apartado de escrutinio y cómputo del acta de la jornada electoral, de cada una de las casillas en el municipio, para obtener el resultado de la votación total en la elección de Munícipes.

Artículo 354

1. Cómputo Distrital es el procedimiento que ejecuta el Consejo Distrital Electoral, consistente en realizar la suma de los resultados asentados en el acta de escrutinio y cómputo de cada una de las casillas en el distrito, para obtener el resultado de la votación total en la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa.

Artículo 355

1. Cómputo estatal parcial de la elección de Diputados por el principio de representación proporcional, es el procedimiento que ejecuta el Consejo Distrital Electoral, consistente en realizar la suma de los resultados asentados en el acta de escrutinio y cómputo de cada una de las casillas en el distrito, para obtener el resultado de esa votación en la delimitación del distrito.

Artículo 356

1. Cómputo estatal parcial de la elección de Gobernador es el procedimiento que ejecuta el Consejo Distrital Electoral, consistente en realizar la suma de los resultados asentados en el acta de escrutinio y cómputo de cada una de las casillas en el distrito, para obtener el resultado de la votación en la elección de Gobernador, en la delimitación del distrito.

Artículo 357

1. Cómputo estatal de la elección de Diputados por el principio de representación proporcional, es el procedimiento que ejecuta el Consejo General del Instituto Electoral, consistente en realizar la suma de los resultados asentados en las actas de cómputo estatal parcial de la elección de Diputados por ese principio.

Artículo 358

1. Cómputo estatal de la elección de Gobernador, es el procedimiento que ejecuta el Consejo General del Instituto Electoral, consistente en realizar la suma de los resultados asentados en las actas de cómputo estatal parcial de la elección de Gobernador.

Artículo 359

1. Los cómputos previstos en este capítulo se asentarán en los formatos de acta que al efecto, hayan sido aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Artículo 360

1. Son resultados oficiales de las elecciones:

I. Los cómputos municipales levantados por los Consejos Municipales Electorales;

II. Los cómputos distritales levantados por los Consejos Distritales Electorales; y 

III. Los cómputos estatales levantados por el Consejo General del Instituto Electoral.

Artículo 361

1. Cuando los cómputos estatales parciales para representación proporcional o para Gobernador, contengan errores aritméticos, estos serán corregidos reponiéndose el acta respectiva por el Consejo General del Instituto Electoral, previamente a la calificación de las elecciones.

Artículo 362

1. Los resultados de los cómputos previstos en este capítulo, se asentarán en los formatos de acta aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y el desarrollo del procedimiento respectivo se establecerá en las actas circunstanciadas de las sesiones especiales.

Capítulo Décimo Segundo

PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES

Artículo 363

1. El Programa de Resultados Electorales Preliminares se rige por lo dispuesto en la Ley General.

2. Corresponde al Instituto Electoral la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones locales, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el Instituto Nacional Electoral.

Artículo 364. Derogado.

Artículo 365. Derogado.

Artículo 366. Derogado.

Artículo 367. Derogado.

Capítulo Décimo Tercero

DE LA INFORMACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS

Artículo 368

1. Los Consejos Distritales y municipales harán las sumas de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas conforme éstas se vayan recibiendo y hasta el vencimiento del plazo legal para la entrega de los paquetes que contengan los expedientes electorales, conforme a las siguientes reglas:

I. El Consejo Distrital o Municipal autorizará al personal necesario para la recepción continua y simultánea de los paquetes electorales. Los partidos políticos podrán acreditar a sus representantes suplentes para que estén presentes durante dicha recepción;

II. Los funcionarios electorales designados recibirán las actas de escrutinio y cómputo y de inmediato darán lectura en voz alta del resultado de las votaciones que aparezcan en ellas, procediendo a realizar la suma correspondiente para informar inmediatamente a la Secretaría Ejecutiva del Consejo. La lectura en voz alta podrá ser sustituida por un mecanismo electrónico, cuando sea posible técnica y presupuestalmente, y el Consejo General lo autorice para llevarlo a cabo total o parcialmente;

III. El secretario, o el funcionario autorizado para ello, anotará esos resultados en el lugar que les corresponda en la forma destinada para ello, conforme al orden numérico de las casillas; y

IV. Los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo, contarán con los formatos adecuados para anotar en ellos los resultados de la votación en las casillas.

Artículo 369

1. Para el mejor conocimiento de los ciudadanos, concluido el plazo a que se refiere el artículo 344 de este Código, el Presidente deberá fijar en el exterior del local del Consejo Distrital o Municipal, según corresponda, los resultados preliminares de las elecciones.

Capítulo Décimo Cuarto

CÓMPUTOS DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES

Artículo 370

1. Los Consejos Municipales Electorales, el miércoles siguiente al día al en que se realizó la jornada electoral y a partir de las ocho horas, se reunirán en sesión especial para realizar el cómputo de la elección de Munícipes. 

Artículo 371

1. La sesión especial para realizar el cómputo Municipal no se suspenderá, salvo acuerdo que por causa justificada tome el Consejo Municipal Electoral.

Artículo 372

1. El Consejo Municipal Electoral ejecutará el procedimiento del cómputo Municipal en los términos siguientes: 

I. Examinará los paquetes electorales de cada una de las casillas, separando aquellos que aparezcan alterados;

II. El Presidente del Consejo abrirá uno a uno los que aparezcan sin alteración, siguiendo el orden ascendente de las secciones y extraerá del expediente electoral, el apartado de escrutinio y cómputo del acta de la jornada electoral. El Secretario del Consejo tomará nota de los resultados que se hicieron constar en los apartados de escrutinio y cómputo del acta de la jornada electoral, si estos coinciden con los anotados en el acta que obra en poder del Consejo, sus resultados se considerarán válidos y se computarán; 

III. Ante la falta de alguna de estas actas, el Presidente cotejará el ejemplar con que se cuente, con el acta utilizada en el programa de resultados electorales preliminares o, en su defecto, con alguna de las actas de la elección respectiva que se encuentre en poder de los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes, si estos coinciden con los anotados en el acta que obra en poder del Consejo, sus resultados se considerarán válidos y se computarán; y

IV. En caso de error, alteración o de que no existan actas para su cotejo, el Consejo Municipal Electoral procederá a realizar el escrutinio y cómputo del paquete electoral respectivo, levantando el acta correspondiente, entregando copia a los representantes de partido político o candidato independiente. Los resultados obtenidos se agregarán al cómputo Municipal.

2. El acta de cómputo será firmada, sin excepción, por todos los Consejeros y los representantes de los partidos políticos o candidatos independientes, quienes podrán hacerlo bajo protesta. En caso de negativa de alguno, se hará constar en el acta correspondiente.

Artículo 373

1. El Secretario del Consejo Municipal entregará a los representantes de los partidos políticos o candidatos independientes, copia legible del acta de cómputo Municipal.

Artículo 374

1. Los Presidentes de los Consejos Municipales, al término de la sesión de cómputo, fijarán en el exterior del domicilio del Consejo y en lugar visible los resultados obtenidos.

Artículo 375

1. Con la documentación electoral de las casillas se formará el paquete electoral, que será remitido al Consejo General del Instituto Electoral dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del cómputo, enviando en sobre por separado una copia del acta de dicho cómputo.

Capítulo Décimo Quinto

CÓMPUTOS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y CALIFICACIÓN DE LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA

Artículo 376

1. Los Consejos Distritales Electorales, el miércoles siguiente al día en que se realizó la jornada electoral y a partir de las ocho horas, se reunirán en sesión especial para realizar los cómputos siguientes:

I. El cómputo estatal parcial para la elección de Gobernador; 

II. El cómputo Distrital de la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa; y

III. El cómputo estatal parcial para la elección de Diputados por el principio de representación proporcional.

Artículo 377

1. Los cómputos en los Consejos Distritales se efectuarán con apego al procedimiento previsto en los artículos 372 al 375.

Artículo 378

1. Los Consejos Distritales Electorales calificarán las elecciones de Diputados por el principio de Mayoría relativa en la misma sesión que celebren para realizar el cómputo Distrital, conforme con el procedimiento siguiente:

I. Verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la elección; 

II. Examinará y valorará los escritos de protesta presentados en los términos de este Código; 

III. En su caso, declarará la validez de la elección; 

IV. Determinará si los candidatos de la fórmula que obtuvo la mayoría de votos cumplen con los requisitos de elegibilidad previstos por este Código;

V. De resultar procedente, declarará la elegibilidad de los candidatos de la fórmula que obtuvo mayoría de los votos; y 

VI. Entregará la constancia de mayoría a la fórmula ganadora.

 Capítulo Décimo Sexto

CÓMPUTOS Y CALIFICACIÓN DE ELECCIONES EN EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 

Sección Primera

DE LOS CÓMPUTOS

Artículo 379

1. El Consejo General del Instituto Electoral celebrará sesión especial el domingo siguiente al día de la jornada electoral, para realizar el cómputo estatal de la elección de Diputados por el principio de representación proporcional, de acuerdo al orden siguiente:

I. Revisará las actas formuladas por cada uno de los Consejos Distritales Electorales, tomando nota de los resultados anotados en cada una de ellas;

II. Realizará el cómputo general por la circunscripción plurinominal; y

III. Levantará el acta haciendo constar el resultado de dicho cómputo. 

Artículo 380

1. En la misma sesión especial a la que se refiere el artículo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral realizará el cómputo estatal de la elección de Gobernador, de acuerdo al orden siguiente:

I. Revisará las actas formuladas por cada uno de los Consejos Distritales Electorales, tomando nota de los resultados anotados en cada una de ellas;

II. Realizará el cómputo general de la elección de Gobernador; y

III. Levantará el acta haciendo constar el resultado de dicho cómputo.

Sección Segunda

CALIFICACIÓN DE LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Artículo 381

1. El Consejo General del Instituto Electoral, en la sesión que lleve a cabo para realizar el cómputo de la circunscripción plurinominal, calificará la elección de Diputados por el principio de representación proporcional, observando el procedimiento siguiente:

I. Verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la elección; 

II. Examinará y valorará los escritos de protesta presentados en los términos de este Código; 

III. En su caso, declarará la validez de la elección; 

IV. Hará las asignaciones conforme con la fórmula y el procedimiento establecido en este Código, siguiendo el orden que tengan en la lista respectiva y los porcentajes de votación válida Distrital;

V. Examinará si los candidatos asignados, cumplen con los requisitos de elegibilidad previstos por este Código;

VI. De resultar procedente, declarará la elegibilidad de los candidatos electos; y

VII. Expedirá las constancias respectivas.

Sección Tercera

CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR

Artículo 382

1. El Consejo General del Instituto Electoral, en la sesión que lleve a cabo para efectuar el cómputo, calificará la elección de Gobernador, conforme a las bases siguientes: 

I. Verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la elección; 

II. Revisará y analizará las objeciones y escritos de protesta que se hayan presentado en los términos de este Código; 

III. En su caso, declarará la validez de la elección;

IV. Analizará si el candidato que haya obtenido la mayoría de votos cumple con los requisitos de elegibilidad previstos por este Código;

V. Declarará la elegibilidad del candidato que haya obtenido mayoría de votos; y 

VI. Entregará la constancia de mayoría de votos. 

Artículo 383

1. El Consejo General del Instituto Electoral declarará electo al candidato que obtuvo mayoría de sufragios, en los términos previstos por la Constitución Política Local y el presente ordenamiento legal, sujetándose a lo siguiente:

I. En caso de juicios de inconformidad interpuestos ante el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral declarará electo al candidato cuando aquellos hayan sido resueltos y hechos del conocimiento al Instituto Electoral por las autoridades jurisdiccionales; y

II. En caso de que no se hayan interpuesto juicios o recursos ante el Tribunal Electoral en los plazos establecidos en este Código, el Consejo General del Instituto Electoral declarará electo al candidato que obtuvo la mayoría de sufragios, en un término que no excederá de los diez días posteriores al en que haya fenecido el término para hacer valer medios de impugnación.

Sección Cuarta

CALIFICACIÓN DE LAS ELECCIONES DE MUNÍCIPES

Artículo 384

1. El Consejo General del Instituto Electoral, en la misma sesión a que se refiere el artículo 379, procederá a calificar las elecciones de los Munícipes y declarar electas a las planillas que obtuvieron mayoría de votos en los cómputos realizados por los Consejos Municipales Electorales, siempre y cuando se cumpla con las bases siguientes: 

I. Verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la elección; 

II. Revisará y valorará las objeciones y escritos de protesta presentados en los términos de este Código; 

III. En su caso, declarará la validez de la elección; 

IV. Determinará si los candidatos de la planilla que haya obtenido la mayoría de votos cumplen con los requisitos de elegibilidad previstos por este Código;

V. Determinará si los candidatos electos por el principio de representación proporcional cumplen con los requisitos de elegibilidad previstos por este Código;

VI. En su caso, declarará la elegibilidad de los integrantes de la planilla que obtuvo mayoría de votos y de los candidatos electos por el principio de representación proporcional; y 

VII. Expedirá las constancias de mayoría a las planillas de Munícipes que obtuvieron mayoría de votos y expedirá las constancias de asignación de regidores por el principio de representación proporcional.

Libro Quinto

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Título Primero

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 385

1. Los instrumentos de participación ciudadana son:

I. Referéndum;

II. Plebiscito; e

III. Iniciativa Popular. 

Artículo 386

1. Son reglamentos, decretos, acuerdos de carácter general, actos o decisiones administrativas trascendentes para el orden público y el interés social del Estado:

I. Los que afecten directamente cuando menos a la mitad más uno de los municipios; y

II. Los que afecten a las dos terceras partes de la población del estado o del municipio según sea el caso.

Artículo 387

1. Son leyes, reglamentos o decretos del Congreso del Estado trascendentes para el orden público y el interés social las que regulen las materias de:

I. Medio ambiente, ecología y agua;

II. Salud, asistencia social y beneficencia privada;

III. Derechos humanos, seguridad pública, comunicaciones, vialidad y transporte;

IV. Educación, cultura, turismo y deportes;

V. Electoral; 

VI. Responsabilidades de los servidores públicos;

VII. Civil; y 

VIII. Penal.

Título Segundo

DEL REFERÉNDUM

Capítulo Primero

DE LA SOLICITUD

Artículo 388

1. Podrán solicitar referéndum derogatorio al Instituto Electoral, cuando los actos materialmente legislativos sean considerados trascendentes para el orden público o el interés social: 

I. El Congreso del Estado, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, en contra de actos del titular del Poder Ejecutivo del Estado que consistan en:

a) Reglamentos;

b) Acuerdos de carácter general; y

c) Decretos.

II. Los ciudadanos que representen por lo menos el dos punto cinco por ciento del padrón electoral de la Entidad en contra de actos del titular del Poder Ejecutivo del Estado que consistan en:

a) Reglamentos;

b) Acuerdos de carácter general; y

c) Decretos.

III. El Gobernador del Estado en contra de actos del Congreso del Estado que consistan en

a) Leyes;

b) Reglamentos; y

c) Decretos;

IV. Los ciudadanos que representen por lo menos el dos punto cinco por ciento del Padrón Electoral de la Entidad en contra de actos del Congreso del Estado que consistan en:

a) Leyes;

b) Reglamentos; y

c) Decretos;

V. Los ciudadanos residentes en el municipio, que representen cuando menos a un cinco por ciento del padrón electoral, cuando el número de habitantes sea inferior a trescientos mil, y los ciudadanos residentes en el municipio que representen cuando menos a un tres por ciento del padrón electoral cuando el número de habitantes sea superior a trescientos mil, en contra de actos del ayuntamiento que consistan en: 

a) Reglamentos; y 

b) Demás disposiciones de carácter general, impersonal y abstracto.

Artículo 389

1. Para efectos de este título se consideran acuerdos de carácter general y decretos aquellos que contengan actos materialmente legislativos.

2. En ningún caso procederá el referéndum en contra de acuerdos de carácter general y decretos que establezcan un precio, tarifa o contribución.

Artículo 390

1. Las reformas o adiciones a la Constitución Política del Estado podrán ser sometidas a referéndum derogatorio, a solicitud del Gobernador del Estado o los ciudadanos que representen el dos punto cinco por ciento del padrón electoral, en cada uno de la mayoría de los municipios del Estado.

Artículo 391

1. El referéndum derogatorio podrá ser de naturaleza total o parcial, en atención a la solicitud que se formule. 

Artículo 392

1. La solicitud de referéndum se presentará dentro de los siguientes treinta días hábiles a la fecha de la publicación de la ley, reglamento o decreto que expida el Congreso del Estado o el acuerdo de carácter general, reglamento o decreto que emita el Gobernador del Estado, en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, o reglamento o disposición de carácter general, impersonal y abstracta que apruebe el Ayuntamiento y sea publicada en su gaceta municipal, en su caso, o en el medio oficial de publicación con el que cuente.

Artículo 393

1. Las solicitudes de referéndum deberán presentarse ante el Instituto Electoral, el que asignará un número consecutivo de registro en el que indicará el orden en que éstos han sido presentados y la fecha de su inscripción.

Artículo 394

1. La solicitud que formulen los ciudadanos deberán presentarse en las formas oficiales que elabore y distribuya en forma gratuita el Instituto Electoral, las que deben contener:

I. Nombre del representante común de los promoventes;

II. Manifestación de conducirse bajo protesta de decir verdad;

III. Domicilio legal para recibir notificaciones, el cual invariablemente se localizará en la zona conurbada de la capital del Estado;

IV. Especificación precisa y detallada de la ley, reglamento o decreto del Congreso del Estado, el acuerdo de carácter general, reglamento o decreto del Gobernador del Estado, o reglamento o disposición de carácter general, impersonal y abstracta del Ayuntamiento, según corresponda, se pretenda someter a referéndum;

V. Autoridad o autoridades de las que emana el acto materia de referéndum; 

VI. Exposición de motivos precisa y detallada por los cuales se considera necesario derogar el acto materia de referéndum; y

VII. Los siguientes datos en orden de columnas:

a) Nombre completo de los ciudadanos solicitantes;

b) Número de folio de la credencial para votar de los solicitantes;

c) Clave de elector de los solicitantes;

d) Sección electoral a la que pertenecen los solicitantes; y

e) Firma de cada elector solicitante, que concuerde con la que aparece en la credencial para votar.

2. En caso de que no exista forma oficial, se deberá presentar en escrito que reúna los requisitos que establece este artículo.

Artículo 395

1. Los escritos que presente el Gobernador o el Congreso del Estado para solicitar el referéndum deberán contener lo siguiente:

I. Nombre de la autoridad que lo promueve. En el caso del Congreso del Estado el acuerdo legislativo que apruebe la presentación de solicitud de referéndum;

II. El precepto legal en el que se fundamente la solicitud;

III. Especificación precisa del acto que se pretende someter a referéndum;

IV. Autoridad o autoridades de las que emana el acto materia del referéndum;

V. Exposición de motivos precisa y detallada por los cuales se considera necesario derogar el acto materia de referéndum; y

VI. Nombre y firma del titular del Poder Ejecutivo o de los Diputados Presidente y secretario del Congreso del Estado.

Artículo 396

1. El desistimiento de la solicitud sólo podrá hacerse valer desde su presentación y hasta los 10 días naturales después de publicada la convocatoria debiendo ser ratificado ante el Secretario Ejecutivo.

Capítulo Segundo

DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD Y RESOLUCIÓN

Artículo 397

1. Recibida la solicitud de referéndum, el secretario ejecutivo del Instituto Electoral verificará dentro de los tres días hábiles, que cumpla con los requisitos que establecen los artículos 394 o 395, según corresponda. A falta de algún requisito, se requerirá al promovente previniéndolo para que lo subsane dentro de los tres días siguientes al de la notificación con el apercibimiento que de no cumplir con la prevención se desechará la solicitud. 

Artículo 398

1. Si la solicitud de referéndum cumple con los requisitos o fue subsanada por el promovente en los términos previstos por el artículo anterior, el Instituto Electoral, a más tardar al cuarto día de la presentación de la solicitud, o séptimo día en caso de haber mediado requerimiento al promovente, notificará su recepción a la autoridad de la que presuntamente emanó el acto objeto de la solicitud de referéndum, acompañando una copia de dicha solicitud. La notificación deberá contener:

I. La mención precisa y detallada del acto que se pretende someter a referéndum;

II. Autoridad o autoridades de las que emana el acto materia de referéndum; y

III. La exposición de motivos contenida en la solicitud del promovente.

2. La autoridad de la que emanó el acto objeto de la solicitud de referéndum dispondrá de un plazo de cinco días naturales para hacer llegar las manifestaciones que considere pertinentes, exposición de motivos, así como las causales de improcedencia que considere se actualizan. 

Artículo 399

1. Trascurrido el plazo a que se refiere el párrafo 2 del artículo anterior, en el plazo de treinta días naturales el Consejo General del Instituto Electoral, con el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, resolverá si el acto que se pretende someter a referéndum es un acto materialmente legislativo.

2. Si el acto materia de la solicitud de referéndum no es un acto materialmente legislativo se resolverá la improcedencia del referéndum.

3. Si se resuelve que el acto materia de la solicitud de referéndum es un acto materialmente legislativo, el Consejo General, con el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, procederá a determinar si el acto objeto de referéndum se considera trascendente para el orden público o el interés social. 

4. Si se determina que el acto objeto de referéndum no es trascendente para el orden público o el interés social, el Consejo General determinará la improcedencia de la solicitud de referéndum.

5. Si se determina que el acto objeto de referéndum es trascendente para el orden público o el interés social del Estado, el Consejo General acordará el procedimiento para la verificación de la autenticidad de los datos de los ciudadanos que respalden y apoyen la solicitud respectiva. Dicho procedimiento se realizará invariablemente de manera aleatoria y deberá adoptar técnicas de muestreo científicamente sustentadas.

6. Si como resultado del procedimiento para la verificación de la autenticidad de las firmas de los ciudadanos que respalden y apoyen la solicitud respectiva se obtiene que no se reúnen el número de ciudadanos que establecen los artículos 388 y 390, según corresponda, el Consejo General desechará por improcedente la solicitud de referéndum.

Artículo 400

1. Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral, con el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, decretará la improcedencia de la solicitud del proceso de referéndum en los casos siguientes:

I. El acto materia del referéndum, no esté contemplado en el artículo 387 del presente ordenamiento;

II. El escrito de solicitud se haya presentado en forma extemporánea; 

III. Se compruebe que en la promoción formulada por ciudadanos: 

a) Las firmas de apoyo de los ciudadanos promoventes no sean auténticas;

b) Los ciudadanos firmantes no estén inscritos en el padrón electoral; y

c) Los datos asentados en el escrito no concuerden con los datos registrados en el padrón electoral;

IV. El acto materia del referéndum se haya reformado o derogado;

V. El acuerdo de carácter general, reglamento o decreto del Gobernador no sea trascendente para el orden público o el interés social;

VI. La ley, reglamento o decreto del Congreso o el acuerdo de carácter general, reglamento o decreto del Gobernador no existan o las autoridades señaladas en el escrito de solicitud no lo hayan emitido;

VII. La exposición de motivos sea frívola, inverosímil, subjetiva o no contenga una relación directa causa-efecto entre los motivos expuestos y la ley, reglamento o decreto del Congreso del Estado, o el acuerdo de carácter general, reglamento o decreto del Ejecutivo, o el reglamento o disposición de carácter general, impersonal y abstracta del Ayuntamiento, según corresponda;

VIII. El escrito de solicitud sea insultante, atente contra las instituciones o sea ilegible; y

IX. La solicitud no cumpla con todos los requisitos y formalidades que se establecen en el presente ordenamiento.

Artículo 401

1. Si el Consejo General resuelve la procedencia de la solicitud de referéndum deberá emitir el acuerdo correspondiente.

2. El acuerdo que declare la procedencia del referéndum será publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, incluyendo la convocatoria que contendrá:

I. Fecha, lugar y hora de la jornada de consulta;

II. Especificación precisa y detallada de la ley, reglamento o decreto del Congreso del Estado o el acuerdo de carácter general, reglamento o decreto del titular del Poder Ejecutivo, o el reglamento o disposición de carácter general, impersonal y abstracta del Ayuntamiento objeto de referéndum;

III. La pregunta o preguntas elaboradas por el Instituto Electoral;

IV. La autoridad o autoridades de las que emana el acto materia del referéndum;

V. El ámbito territorial de aplicación del proceso, anexando una relación completa de las secciones electorales donde se sufragará;

VI. La exposición de motivos por los cuales los promoventes del referéndum consideran que el acto materialmente legislativo debe ser derogado;

VII. La exposición de motivos por los que la autoridad de la que emana el acto sujeto a proceso de referéndum, considera que los ciudadanos deben emitir su voto a favor de la vigencia.

VIII. El carácter derogatorio parcial o total del referéndum;

IX. El número de electores que tiene derecho a participar, así como el porcentaje mínimo requerido para que la ley, reglamento o decreto del Poder Legislativo o acuerdo de carácter general, reglamento o decreto del Gobernador del Estado, o el reglamento o disposición de carácter general, impersonal y abstracta del Ayuntamiento, según corresponda, pueda ser derogado; 

X. Consecuencias de los resultados de la consulta; y

XI. Las demás disposiciones reglamentarias del proceso respectivo y particulares que se consideren pertinentes.

Título Tercero

PLEBISCITO

Capítulo Primero

DE LA SOLICITUD

Artículo 402

1. Podrán solicitar plebiscito al Instituto Electoral:

I. El Congreso del Estado, con la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, y durante los treinta días anteriores o posteriores al inicio de la decisión o acto de gobierno del Poder Ejecutivo, cuando se consideren como trascendentes para el orden público o el interés social, excepto los nombramientos de los titulares de las secretarías o dependencias del ejecutivo, así como la determinación de algún precio, tarifa o contribución;

II. El Gobernador del Estado, cuando considere que las propuestas o decisiones de su gobierno son trascendentes para el orden público o el interés social; 

III. El Presidente Municipal, o los Ayuntamientos o Consejos Municipales, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes y antes de la ejecución de la obra pública o enajenación del patrimonio Municipal; y

IV. Un número de ciudadanos jaliscienses antes de la ejecución de la obra pública o enajenación del patrimonio municipal, que represente cuando menos a:

a) Un cinco por ciento de los inscritos en el Padrón Electoral en los municipios cuyo número de habitantes sea inferior a trescientos mil; o

b) Un tres por ciento de los inscritos en el Padrón electoral en los municipios cuyo número de habitantes sea superior a trescientos mil. 

Artículo 403

1. La solicitud de plebiscito se presentará ante el Instituto Electoral, se le asignará el número consecutivo de registro que deberá indicar el orden de presentación y fecha de inscripción.

Artículo 404

1. Los escritos para promover el proceso de plebiscito presentados por el Congreso del Estado, el titular del Poder Ejecutivo, Presidente Municipal, los Ayuntamientos o los Concejos Municipales, deben contener:

I. Nombre de la autoridad que lo promueve. En caso de tratarse de un organismo colegiado, el acuerdo que apruebe la promoción del proceso respectivo;

II. El precepto legal en el que fundamente su solicitud;

III. Especificación precisa y detallada del acto de autoridad, objeto del plebiscito;

IV. Autoridad o autoridades de las que emana el acto o decisión de gobierno materia de plebiscito;

V. Exposición de motivos por los cuales se considera que el acto de autoridad no debe realizarse; y

VI. Nombre y firma del titular del Ejecutivo; de los Diputados Presidente y secretario del Congreso del Estado; del Presidente Municipal del Ayuntamiento o del Concejo Municipal y del funcionario encargado de la Secretaría, según sea el caso.

2. En caso que el plebiscito sea promovido por ciudadanos en contra de obra pública, municipal o estatal, o enajenación de patrimonio Municipal, la solicitud deberá presentarse en las formas oficiales que elabore y distribuya en forma gratuita el Instituto Electoral, las que deben contener:

I. Nombre del representante común de los promoventes;

II. Manifestación de conducirse bajo protesta de decir verdad;

III. Domicilio legal para recibir notificaciones, el cual invariablemente se localizará en la zona conurbada de la capital del Estado;

IV. Especificación de la obra pública o enajenación de patrimonio Municipal que se pretende someter a plebiscito;

V. Autoridad o autoridades que pretendan llevar a cabo los acto señalados en la fracción anterior;

VI. Exposición de motivos por los cuales se considera que los actos señalados en la fracción IV no deben llevarse a cabo; y 

VII. Los siguientes datos en orden de columnas:

a) Nombre completo de los ciudadanos solicitantes;

b) Número de folio de la credencial para votar de los solicitantes;

c) Clave de elector de los solicitantes;

d) Sección electoral a la que pertenecen los solicitantes; y

e) Firma de cada elector solicitante, que concuerde con la que aparece en la credencial para votar.

3. En caso de que no exista forma oficial, se deberá presentar en escrito que reúna los requisitos que establece este artículo.

Artículo 405

1. El desistimiento de la solicitud sólo podrá hacerse valer desde su presentación y hasta los 10 días naturales después de publicada la convocatoria. En todos los casos, el desistimiento que presente el promovente, deberá ser ratificado por escrito ante el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su presentación.

Capítulo Segundo

DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD Y RESOLUCIÓN

Artículo 406

1. Recibida la solicitud de plebiscito, el secretario ejecutivo del Instituto Electoral verificará dentro de los tres días siguientes, que cumpla con los requisitos que establece el artículo 404. A falta de algún requisito, se requerirá al promovente previniéndolo para que lo subsane dentro de los tres días siguientes al de la notificación, con el apercibimiento que de no cumplir con la prevención se desechará la solicitud.

Artículo 407

1. Si la solicitud de plebiscito cumple con los requisitos o fue subsanada por el promovente en los términos previstos por el artículo anterior, el Presidente del Instituto Electoral, a más tardar al cuarto día de la presentación, o séptimo día en caso de haber mediado requerimiento al promovente, notificará su recepción a la autoridad de la que presuntamente emanó el acto objeto de la solicitud de plebiscito, acompañando una copia de dicha solicitud. La notificación deberá contener:

I. La mención precisa y detallada de la decisión o acto de gobierno que se pretende someter a plebiscito;

II. Autoridad o autoridades de las que emana el acto materia de plebiscito; y

III. La exposición de motivos contenida en la solicitud del promovente.

2. La autoridad de la que emanó el acto objeto de la solicitud de plebiscito dispondrá de un plazo de cinco días naturales para hacer llegar la exposición de motivos, así como las causales de improcedencia que considere pertinentes. 

Artículo 408

1. Trascurrido el plazo a que se refiere el párrafo 2 del artículo anterior, en el plazo de treinta días naturales el Consejo General del Instituto Electoral, con el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, determinará si el acto que se pretende someter a plebiscito es un acto o decisión de gobierno.

2. Si el acto materia de la solicitud de plebiscito no es un acto o decisión de gobierno se resolverá la improcedencia del plebiscito. 

3. Si se resuelve que el acto materia de la solicitud de plebiscito es un acto o decisión de gobierno, el Consejo General, con el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, determinará si el acto materia de la solicitud de plebiscito es trascendente para el orden público o el interés social, o se trata de obra pública o enajenación de patrimonio Municipal.

4. Si el acto materia de la solicitud de plebiscito no es trascendente para el orden público o el interés social, o no se trata de obra pública o enajenación de patrimonio municipal, se resolverá la improcedencia del plebiscito.

5. Cuando se trate de obra pública o enajenación de patrimonio municipal, el Consejo General acordará el procedimiento para la verificación de la autenticidad de los datos de los ciudadanos que respalden y apoyen la solicitud respectiva. Dicho procedimiento se realizará invariablemente de manera aleatoria y deberá adoptar técnicas de muestreo científicamente sustentadas.

6. Si como resultado del procedimiento para la verificación de la autenticidad de los datos de los ciudadanos que respalden y apoyen la solicitud, se obtiene que no se reúnen el número de ciudadanos que se establecen en párrafo 1, fracción IV del artículo 402, el Consejo General desechará por improcedente la solicitud de plebiscito.

Artículo 409

1. Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral, con el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, decretará la improcedencia de la solicitud del proceso de plebiscito en los casos siguientes:

I. El acto o decisión de gobierno materia del plebiscito no sea trascendente para el orden público o interés social; 

II. El escrito de solicitud se haya presentado en forma extemporánea;

III. El acto materia del plebiscito se haya consumado y no puedan restituirse las cosas a la situación que guardaban con anterioridad;

IV. El acto no se haya realizado o no se pretenda realizar por las autoridades; 

V. La exposición de motivos sea frívola, inverosímil, subjetiva o no contenga una relación directa causa-efecto entre los motivos expuestos y el acto o decisión de gobierno;

VI. El escrito de solicitud sea insultante, atente contra de las instituciones o sea ilegible; y

VII. La solicitud respectiva no cumpla con todos los requisitos y formalidades que se establecen en el presente ordenamiento.

Artículo 410

1. Si el Consejo General resuelve la procedencia de la solicitud de plebiscito deberá emitir el acuerdo correspondiente.

2. El acuerdo que declare la procedencia del plebiscito será publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, o en su caso en la Gaceta Municipal, o en el medio oficial de divulgación previsto por el reglamento Municipal aplicable, incluyendo la convocatoria que contendrá:

I. Fecha, lugar y hora de la jornada de consulta;

II. Especificación precisa y detallada del acto de autoridad objeto del plebiscito;

III. La pregunta o preguntas elaboradas por el Instituto Electoral;

IV. La autoridad o autoridades de las que emana el acto o decisión de gobierno objeto del plebiscito;

V. El ámbito territorial de aplicación del proceso, anexando una relación completa de las secciones electorales donde se sufragará;

VI. La exposición de motivos por los cuales los promoventes consideran que el acto o decisión de gobierno debe ser llevado a cabo, revocado o suspendido;

VII. La exposición de motivos y de circunstancias especiales por las cuales la autoridad de la que emana el acto sujeto al proceso de plebiscito considera que los ciudadanos deben emitir su voto a favor del acto o decisión de gobierno ;

VIII. El número de electores que tiene derecho a participar, así como el porcentaje mínimo requerido para que el acto o decisión materia del plebiscito sea revocado o suspendido;

IX. Consecuencias de los resultados que arrojaría la consulta; y

X. Las demás disposiciones reglamentarias del procedimiento respectivo y particular que se consideren pertinentes.

Título Cuarto

DISPOSICIONES COMUNES DEL REFERÉNDUM Y PLEBISCITO

Capítulo Primero

PREPARACIÓN DEL PROCESO

Artículo 411

1. La preparación del proceso de referéndum y plebiscito comprende los actos siguientes:

I. La publicación del acuerdo del Instituto Electoral en el que se declare la procedencia;

II. La aprobación de la circunscripción territorial donde se aplicará el proceso de consulta y las secciones electorales que lo componen;

III. La integración, ubicación y publicación de las mesas directivas de casilla; y

IV. La elaboración y entrega de la documentación y material electoral.

Artículo 412

1. El Instituto Electoral podrá ampliar o modificar los plazos y términos establecidos para el desarrollo del proceso de referéndum y plebiscito, cuando a su juicio exista imposibilidad material para realizar los actos previstos para su desarrollo, o así resulte conveniente para un mejor cumplimiento de las diversas etapas de estos procesos.

2. El acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral que determine ampliaciones o modificaciones a los plazos y términos se publicará en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su aprobación.

Capítulo Segundo

INSTANCIAS CALIFICADORAS 

Artículo 413

1. El Instituto Electoral, según las necesidades del proceso y el ámbito territorial de aplicación, determinará la estructura mínima para que se realice el referéndum o plebiscito, pudiendo establecer las instancias calificadoras que requiera el caso, las que tendrán las facultades y atribuciones que les confiere el presente ordenamiento y acuerde el Consejo General.

2. Los Partidos Políticos con representación en el Consejo General, podrán nombrar un representante propietario y un suplente, ante la instancia calificadora que se designe.

Capítulo Tercero

MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

Artículo 414

1. El Instituto Electoral, de conformidad con las necesidades particulares y específicas de cada proceso de referéndum o plebiscito, decidirá el número y ubicación de las casillas electorales, debiendo instalar cuando menos una por cada cinco secciones electorales.

Artículo 415

1. Los ciudadanos en el Estado participarán en la realización de la consulta en la forma y términos que señale la Constitución Política local y este ordenamiento legal.

Artículo 416

1. La designación de los integrantes de las mesas directivas de casilla se sujetará a las disposiciones siguientes:

I. En primer término se nombrará a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla en las últimas elecciones ordinarias locales; en caso de no ser localizados, serán llamados sus suplentes; y 

II. En caso de que no se complete el número de funcionarios de casilla se estará a lo que acuerde el Instituto Electoral, sujetándose en lo conducente, a lo establecido en el artículo 282 de este ordenamiento legal.

2. En el proceso de referéndum y plebiscito no procede el nombramiento de representantes de partidos políticos en casillas

Capítulo Cuarto

INICIO DEL PROCESO

Artículo 417

1. El proceso de referéndum o plebiscito inicia con la publicación del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral por medio del cual declare la procedencia.

Capítulo Quinto

DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL

Artículo 418

1. Para la emisión del voto se imprimirán las boletas electorales conforme al modelo que apruebe el Instituto Electoral, debiendo contener:

I. Entidad, Municipio y Distrito, de conformidad con la naturaleza del sufragio y la aplicación territorial del proceso cuando se efectúe en uno o varios municipios;

II. Sello del Instituto Electoral y firmas impresas del Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo;

III. Talón desprendible con folio;

IV. La pregunta sobre si el ciudadano ratifica o no el acto materia de referéndum o plebiscito; 

V. Cuadros o círculos para el SI y para el NO; y 

VI. El acto sometido a referéndum o plebiscito.

2. En caso de que se utilice el dispositivo de recepción electrónica, el Instituto aprobará el modelo que corresponda.

Capítulo Sexto

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

Artículo 419

1. Para efectos de este Libro, campaña de difusión es toda actividad que realiza el Instituto Electoral a efecto de que los ciudadanos conozcan los argumentos en pro y en contra del acto materia de referéndum o plebiscito.

Artículo 420

1. Si durante el transcurso de la campaña de difusión, la celebración de la consulta genera desorden público o se observa un ambiente de intimidación para los votantes, el Instituto Electoral, previo dictamen elaborado por el Consejero Presidente, tomará las medidas siguientes:

I. Decretará la suspensión temporal de la consulta;

II. Decretará la suspensión definitiva de la consulta; o

III. Decretará la continuación del proceso, previo a que el Consejero Presidente solicite a la autoridad competente implementar las medidas de seguridad necesarias.

2. Cuando se determine la suspensión de la consulta, el Consejo General del Instituto Electoral enviará al Congreso del Estado un informe justificado de la suspensión.

3. El acuerdo que determine la suspensión podrá ser impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado.

Capítulo Séptimo

VOTACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA DECISIÓN

Artículo 421

1. Las leyes, reglamentos o decretos del Congreso del Estado, o los acuerdos de carácter general, reglamentos o decretos del titular del Poder Ejecutivo, o los reglamentos o disposiciones de carácter general, impersonal y abstracto emitidos por el Ayuntamiento, sometidos a referéndum sólo podrán ser derogados, o los actos materia de plebiscito no serán realizados, según corresponda, cuando así lo decida la mayoría de votos de los electores, siempre y cuando participen en dicho proceso cuando menos el cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral correspondiente a la circunscripción territorial en la que se aplicó.

Artículo 422

1. Tratándose de referéndum de normas constitucionales, sólo podrán derogarse cuando así lo determinen, a través del voto, la mayoría de los ciudadanos de la mayoría de los municipios que conforman el estado y participen en el proceso de consulta un número de ciudadanos no menor al cuarenta por ciento de los inscritos en el padrón electoral.

Artículo 423

1. El Instituto Electoral hará el cómputo de los votos emitidos en el proceso de plebiscito o referéndum y remitirá la resolución correspondiente, al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, o al Presidente Municipal, para su publicación en la Gaceta Municipal respectiva, o en su caso, en los estrados de las oficinas del Ayuntamiento, según corresponda.

Capítulo Octavo 

CALIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS

Artículo 424

1. El cómputo y la calificación del proceso de referéndum o plebiscito lo realizarán las instancias que determine el Consejo General del Instituto Electoral.

Artículo 425

1. La instancia calificadora enviará al Consejo General del Instituto Electoral la totalidad de las actas de escrutinio y el resultado final de la votación.

2. El Consejero Presidente del Instituto Electoral declarará oficialmente los resultados del proceso de referéndum o plebiscito.

3. Transcurridos los términos de impugnación y cuando causen ejecutoria las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado, el Instituto Electoral remitirá los resultados definitivos, al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que ordene su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco; igualmente ordenará publicarlos en dos diarios de los de mayor circulación en el Estado, o al Presidente Municipal, para su publicación en la Gaceta Municipal respectiva, o en su caso, en los estrados de las oficinas del Ayuntamiento, según corresponda.

Artículo 426

1. El Instituto Electoral notificará al Congreso del Estado, al Poder Ejecutivo del Estado, o al Ayuntamiento, según corresponda, para que un plazo no mayor de treinta días acaten el resultado final del proceso de referéndum, cuando éste le haya sido vinculante, y se abstenga de aprobar nuevamente el ordenamiento revocado dentro de los dieciocho meses siguientes.

2. Para el caso de los resultados finales del proceso de plebiscito, el Instituto Electoral notificará a la autoridad de la que emanó el acto o decisión de gobierno, en un plazo no mayor de diez días.

Título Quinto

INICIATIVA POPULAR

Capítulo Primero

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 427

1. Para efecto de este Código, se entiende por iniciativa popular la facultad que tienen los ciudadanos de presentar ante el órgano legislativo de la entidad, iniciativas de ley, para que sean estudiadas, analizadas y dictaminadas de conformidad con el procedimiento previsto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

2. Los ayuntamientos pueden establecer la iniciativa popular en sus respectivos ordenamientos municipales, pudiéndose regir para tal efecto por lo dispuesto en el siguiente artículo.

Artículo 428

1. Toda iniciativa popular que sea desechada, sólo se podrá volver a presentar una vez transcurridos seis meses contados a partir de la fecha en que fue rechazada a través del acuerdo legislativo respectivo.

Artículo 429

1. Para el estudio, análisis y dictaminación de una iniciativa popular se estará a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

Artículo 430

1. Toda iniciativa popular que se presente deberá ir acompañada de su exposición de motivos, cumpliendo con los requisitos que para las iniciativas establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco.

Artículo 431

1. Una vez presentada la iniciativa popular, los promoventes no tendrán la atribución de retirarla de su estudio.

Artículo 432

1. Para lo no establecido en el presente título se estará a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

Capítulo Segundo

MATERIA DE LA INICIATIVA POPULAR

Artículo 433

1. Es materia de iniciativa popular la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de normas generales, impersonales y abstractas que tienen como fin otorgar derechos o imponer obligaciones a la generalidad de las personas, quedando excluidas:

I. Las materias fiscal, hacendaria, presupuestal y económica;

II. Las leyes orgánicas de los poderes del estado y organismos públicos autónomos; y

III. Las leyes de creación de los organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos del Poder Ejecutivo del Estado.

Artículo 434

1. La iniciativa popular debe presentarse sobre una misma materia, señalando la ley a que se refiere y no debe contravenir otras disposiciones legales, ya sean federales o estatales; de ser así serán desechadas de plano.

Artículo 435

1. La iniciativa popular será única y exclusivamente sobre el ámbito de competencia estatal.

Artículo 436

1. La iniciativa popular puede ser para reformar, modificar, derogar, abrogar o crear un ordenamiento legal.

Artículo 437

1. El Congreso del Estado podrá desechar de plano toda iniciativa popular que no se refiera a las materias señaladas en este capítulo. 

Capítulo Tercero

REQUISITOS

Artículo 438

1. Para que proceda la iniciativa popular deberá estar apoyada cuando menos por el cero punto cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado.

Artículo 439

1. La solicitud de iniciativa popular que formulen los ciudadanos deberán presentarse en las formas oficiales que elabore y distribuya en forma gratuita el Instituto Electoral, las que deben contener:

I. Nombre del representante común de los promoventes;

II. Manifestación de conducirse bajo protesta de decir verdad;

III. Domicilio legal para recibir notificaciones;

IV. Exposición de motivos de la iniciativa y propuesta de articulado del ordenamiento legal correspondiente; y 

V. Los siguientes datos en orden de columnas:

a) Nombre completo de los ciudadanos solicitantes;

b) Número de folio de la credencial para votar de los solicitantes;

c) Clave de elector de los solicitantes;

d) Sección electoral a la que pertenecen los solicitantes; y

e) Firma de cada elector solicitante, que concuerde con la que aparece en la credencial para votar.

2. En caso de que no exista forma oficial, se deberá presentar mediante escrito que reúna los requisitos que establece este artículo.

3. Ningún servidor público podrá fungir como representante común.

Capítulo Cuarto

TRÁMITE Y RESOLUCIÓn

Artículo 440

1. Recibida la solicitud de iniciativa popular, el secretario ejecutivo del Instituto Electoral verificará dentro de los tres días siguientes, que cumpla con los requisitos que establece el artículo 439. A falta de algún requisito, se requerirá al promovente previniéndolo para que lo subsane dentro de los tres días siguientes al de la notificación con el apercibimiento que de no cumplir con la prevención se desechará la solicitud.

Artículo 441

1. Si la solicitud de iniciativa popular cumple con los requisitos o fue subsanada por el promovente en los términos previstos por el artículo anterior, dentro de los treinta días siguientes el Consejo General, con el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, resolverá si la propuesta de reforma o proyecto de ley o Código, es materia de iniciativa popular.

2. Si la propuesta o proyecto no es materia de iniciativa popular se resolverá la improcedencia.

3. Si se resuelve que la propuesta de reforma o proyecto de ley o Código, sí es materia de iniciativa popular, el Consejo General acordará el procedimiento para la verificación de la autenticidad de los datos de los ciudadanos que respalden y apoyen la solicitud respectiva. Dicho procedimiento se realizará invariablemente de manera aleatoria y deberá adoptar técnicas de muestreo científicamente sustentadas.

4. Si como resultado del procedimiento para la verificación de la autenticidad de los datos de los ciudadanos que respalden y apoyen la solicitud respectiva se obtiene que no se reúnen el número de ciudadanos que establece el artículo 438, el Consejo General desechará por improcedente la solicitud de iniciativa popular.

5. Si del procedimiento de verificación a que se refiere el párrafo anterior, se obtiene que se cumple con el requisito que establece el artículo 438, el Consejo General, con el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, resolverá la procedencia de la iniciativa popular. En este caso se deberá ordenar el envío al Congreso del Estado de la solicitud de iniciativa popular, la propuesta de reforma o proyecto de ley o decreto, así como la exposición de motivos. 

Artículo 442

1. En toda propuesta de iniciativa popular deberán observarse las reglas de interés general y no deberá afectarse el orden público, evitando las injurias y términos que denigren a la autoridad, a la sociedad o a un sector de ella, de ser así se desechará de plano. 

Artículo 443

1. Una vez recibida la iniciativa popular, el Pleno del Congreso del Estado la turnará a la Comisión que corresponda de acuerdo con la materia de que se trate.

2. El Presidente de la comisión correspondiente podrá invitar al representante común para que exponga los argumentos jurídicos, sociales y demás puntos relevantes el día en que se discuta el dictamen relativo a la iniciativa popular cuya representación detenta.

Artículo 444

1. El ejercicio de la iniciativa popular no supone que el Congreso del Estado deba aprobar las iniciativas así presentadas, sino únicamente que las mismas deben ser valoradas mediante el procedimiento legislativo establecido en la ley.

2. La presentación de una iniciativa popular no genera derecho a persona alguna, únicamente supone el inicio del procedimiento legislativo que debe agotarse en virtud del interés público.

Título Quinto

RECURSOS

Artículo 445

1. Los solicitantes por conducto de su representante y poderes públicos que participen en los procesos de referéndum, plebiscito e iniciativa popular, podrán impugnar las resoluciones pronunciadas por el Instituto Electoral y las instancias calificadoras, así como los resultados consignados en las actas de cómputo municipal o estatal, aplicando en lo conducente lo establecido en el presente ordenamiento legal.

Libro Sexto

DE LOS REGÍMENES SANCIONADOR ELECTORAL Y DISCIPLINARIO INTERNO

Título Primero

DE LAS INFRACCIONES ELECTORALES Y SANCIONES

Capítulo Primero

SUJETOS RESPONSABLES

Artículo 446

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en este Código:

I. Los partidos políticos;

II. Las agrupaciones políticas;

III. Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;

IV. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral;

V. Los observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales;

VI. Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público;

VII. Los notarios públicos;

VIII. Los extranjeros;

IX. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político;

X. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos;

XI. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; y

XII. Los demás sujetos obligados en los términos del presente Código.

Capítulo Segundo

INFRACCIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 447

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código:

I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos, en la Ley General, así como por lo dispuesto en el artículo 68 y demás disposiciones aplicables de este Código;

II. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral;

III. El incumplimiento de las obligaciones o incurrir en las conductas prohibidas o exceder los topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la Ley General y el presente Código;

IV. No presentar los informes trimestrales, anuales, de precampaña o de campaña, o no atender los requerimientos de información de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en los términos y plazos previstos en la Ley General, este Código y sus reglamentos;

V. La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los propios partidos;

VI. Exceder los topes de gastos de campaña;

VII. La realización de actos de precampaña o campaña en territorio extranjero cuando se acredite que se hizo con consentimiento de aquéllos, sin perjuicio de que se determine la responsabilidad de quien hubiese cometido la infracción;

VIII. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la Ley General y el presente Código en materia de precampañas y campañas electorales;

IX. La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión;

X. La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las instituciones, los partidos o a las personas o que realicen actos de violencia de género tendientes a impedir el ejercicio pleno de sus derechos políticos electorales;

XI. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley General y el presente Código en materia de transparencia y acceso a la información;

XII. El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos;

XIII. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral; 

XIV. El incumplimiento a su responsabilidad solidaria, de las obligaciones establecidas por el presente Código en el artículo 263 la fracción VI del párrafo 1 en materia de retiro y borrado de propaganda electoral de sus candidatos;

XV. Realizar propuestas de precampaña o campaña electoral que atenten contra el régimen democrático, ya sea que por su naturaleza sean inviables, dolosas, incurran en falsedad o sean contrarias al régimen jurídico; y

XVI. La comisión de cualquiera otra falta de las previstas en este Código.

Capítulo Tercero

INFRACCIONES DE AGRUPACIONES POLÍTICAS

Artículo 448

1. Constituyen infracciones de las agrupaciones políticas al presente Código:

I. El incumplimiento de las obligaciones que les señalan la Ley General, así como lo que disponen los artículos 63 y 64 de este Código;

II. El incumplimiento, de cualquiera otra de las disposiciones contenidas en la Ley General, este Código; y

III. Incurrir en cualquiera otra de las conductas prohibidas por la Ley General y este Código.

Capítulo Cuarto

INFRACCIONES DE LOS ASPIRANTES, PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS

Artículo 449

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos y candidatos de partido político a cargos de elección popular al presente Código:

I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña;

II. En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por las leyes respectivas y este Código;

III. Omitir información de los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña;

IV. No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña a que obligan las leyes respectivas y este Código; 

V. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos. 

VI. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por el presente Código en el artículo 263 la fracción VI del párrafo 1 en materia de retiro y borrado de propaganda electoral; 

VII. Realizar propuestas de precampaña o campaña electoral que atenten contra el régimen democrático, ya sea que por su naturaleza sean inviables, dolosas, incurran en falsedad o sean contrarias al régimen jurídico; y

VIII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.

Artículo 449-Bis

1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a cargos de elección popular al presente Código:

I. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General y este Código;

II. La realización de actos anticipados de campaña;

III. Solicitar o recibir recursos en efectivo o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley General y este Código;

IV. Liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de efectivo o metales y piedras preciosas;

V. Utilizar recursos de procedencia ilícita para el financiamiento de cualquiera de sus actividades;

VI. Recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y/o piedras preciosas de cualquier persona física o moral;

VII. No presentar los informes que correspondan para obtener el apoyo ciudadano y de campaña establecidos en la Ley General y este Código;

VIII. Exceder el tope de gastos para obtener el apoyo ciudadano y de campaña establecidos;

IX. No reembolsar los recursos provenientes del financiamiento público no ejercidos durante las actividades de campaña;

X. El incumplimiento de las resoluciones y acuerdos del Instituto Nacional Electoral o del Instituto Electoral.

XI. La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión;

XII. La obtención de bienes inmuebles con recursos provenientes del financiamiento público o privado;

XIII. La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, instituciones o los partidos políticos;

XIV. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Nacional Electoral o del Instituto Electoral, y

XV. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley General, este Código; y demás disposiciones aplicables.

Capítulo Quinto

INFRACCIONES DE LOS CIUDADANOS, AFILIADOS Y DIRIGENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 450

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, así como de las personas físicas o morales, al presente Código:

I. La negativa a entregar la información requerida por el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Electoral, entregarla en forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos que señale el requerimiento, respecto de las operaciones mercantiles, los contratos que celebren, los donativos o aportaciones que realicen, o cualquiera otro acto que los vincule con los partidos políticos, los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular;

II. El realizar actos de los señalados en el párrafo 2 del artículo 230 o utilizar propaganda señalada en el párrafo 3 del artículo 230 de este Código, durante el lapso que va desde la conclusión de un proceso electoral y hasta el inicio del siguiente proceso electoral; 

III. Contratar o adquirir propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular;

IV. Proporcionar documentación o información falsa al Registro Federal de Electores;

V. La promoción de denuncias frívolas. Para tales efectos, se entenderá como denuncia frívola aquélla que se promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia; y

VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley General y este Código.

Capítulo Sexto

INFRACCIONES DE LOS OBSERVADORES ELECTORALES Y SUS ORGANIZACIONES

Artículo 451

1. Constituyen infracciones de las organizaciones de observadores electorales y de los observadores electorales:

I. El incumplimiento, de las obligaciones establecidas en los párrafos 4 y 5 del artículo 6 de este Código; y

II. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley General y este Código.

Capítulo Séptimo

INFRACCIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 452

1. Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los servidores públicos, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Nacional Electoral o Instituto Electoral;

II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, excepto la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;

III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 116 Bis de la Constitución local, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;

IV. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 116 Bis de la Constitución local;

V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato; y

VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley General y este Código.

Capítulo Octavo

INFRACCIONES DE LOS NOTARIOS PÚBLICOs

Artículo 453

1. Constituyen infracciones al presente Código de los notarios públicos, el incumplimiento de las obligaciones de mantener abiertas sus oficinas el día de la elección y de atender las solicitudes que les hagan los funcionarios de casilla, los ciudadanos y los representantes de partidos políticos y candidatos independientes, para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección.

Capítulo Noveno

INFRACCIONES DE LOS EXTRANJEROS

Artículo 454

1. Constituyen infracciones de los extranjeros al presente Código, las conductas que violen lo dispuesto por el artículo 33, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables.

Capítulo Décimo

INFRACCIONES DE ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE PRETENDAN FORMAR PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 455

1. Constituyen infracciones al presente Código de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos:

I. No informar mensualmente al Instituto Nacional Electoral o al Instituto Electoral del origen y destino de los recursos que obtengan para el desarrollo de las actividades tendientes a la obtención del registro;

II. Permitir que en la creación del partido político intervengan organizaciones gremiales u otras con objeto social diferente a dicho propósito; y

III. Realizar o promover la afiliación colectiva de ciudadanos a la organización o al partido para el que se pretenda registro.

Capítulo Décimo Primero

INFRACCIONES DE ORGANIZACIONES SINDICALES LABORALES O PATRONALES 

Artículo 456

1. Constituyen infracciones al presente Código de las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como de sus integrantes o dirigentes, actuar u ostentarse con el carácter de organización o de partido político, o cuando dispongan de los recursos patrimoniales de su organización para dichos fines:

I. Intervenir en la creación y registro de un partido político o en actos de afiliación colectiva a los mismos; y

II. El incumplimiento, de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley General y este Código.

Capítulo Décimo Segundo

INFRACCIONES DE LOS MINISTROS DE CULTO, ASOCIACIONES O AGRUPACIONES DE CUALQUIER RELIGIÓN

Artículo 457

1. Constituyen infracciones al presente Código de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión:

I. La inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al culto, en locales de uso público o en los medios de comunicación;

II. Realizar o promover aportaciones económicas a un partido político, aspirante, precandidato o candidato a cargo de elección popular; y

III. Incurrir en cualquier conducta que les sea prohibida por este Código.

Capítulo Décimo Tercero

DE LAS SANCIONES

Artículo 458

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

I. Respecto de los partidos políticos:

a) Con amonestación pública;

b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la zona metropolitana de Guadalajara, según la gravedad de la falta;

c) Con hasta un tanto del monto ejercido en exceso, en los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta dos tantos; 

d) Con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público para actividades ordinarias que les corresponda, por el periodo que señale la resolución, dependiendo de la gravedad de la falta;

e) Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;

f) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el área metropolitana de Guadalajara, la violación a lo dispuesto en la fracción XVI del párrafo 1 del artículo 68 de este Código. La reincidencia durante las precampañas y campañas electorales, se podrá sancionar hasta con la supresión total de las prerrogativas de acceso a radio y televisión por un mes; y

g) Cancelación del registro si se trata de partidos políticos locales, o la supresión total hasta por tres años del financiamiento público para actividades ordinarias si se trata de partidos políticos nacionales acreditados, en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las leyes aplicables y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos. 

II. Respecto de las agrupaciones políticas:

a) Con amonestación pública;

b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la zona metropolitana de Guadalajara, según la gravedad de la falta; y

c) Con la suspensión hasta por seis meses o cancelación del registro si se trata de agrupaciones políticas locales;

III. Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:

a)  Con amonestación pública;

b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para la zona metropolitana de Guadalajara; y

c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato, o con la cancelación si ya estuviere registrado. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato.

IV. Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o de cualquiera persona física o moral:

a) Con amonestación pública; a los dirigentes y afiliados a partidos políticos;

b) Con multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente para la zona metropolitana de Guadalajara; a los dirigentes y afiliados a los partidos políticos o cualquiera persona física en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en la Ley General y este Código; o tratándose de la compra o adquisición de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, con multa de hasta el doble del precio comercial de dicho tiempo;

c) Con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para la zona metropolitana de Guadalajara, a las personas jurídicas por las conductas señaladas en la fracción anterior; o tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, con multa de hasta el doble del precio comercial de dicho tiempo;

d) Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o cualquier persona física o moral, con amonestación pública y, en caso de reincidencia, con multa de hasta dos mil días de salario mínimo general vigente para el Área Metropolitana de Guadalajara, en el caso de que promuevan una denuncia frívola. Para la individualización de las sanciones a que se refiere esta fracción, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir la práctica en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución; la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y, en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones; y

e) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para la zona metropolitana de Guadalajara, en el caso del artículo 450.1, fracción II, después de haberse aplicado la amonestación pública;

V. Respecto de las organizaciones de observadores electorales y de los observadores electorales:

a)  Con amonestación pública;

b) Con la cancelación inmediata de la acreditación como observadores electorales y la inhabilitación para acreditarlos como tales en al menos dos procesos eectorales locales; y

c) Con multa de hasta doscientos días de salario mínimo general vigente para la zona metropolitana de Guadalajara, tratándose de las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales.

VI. Respecto de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos:

a)  Con amonestación pública;

b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para la zona metropolitana de Guadalajara, según la gravedad de la falta; y

c) Con la cancelación del procedimiento tendiente a obtener el registro como partido político estatal; y

VII. Respecto de las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos:

a) Con amonestación pública; y

b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para la zona metropolitana de Guadalajara, según la gravedad de la falta.

VIII. Respecto de los Aspirantes y Candidatos Independientes:

a)  Con amonestación pública;

b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para la Zona Metropolitana de Guadalajara;

c) Con la pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado como Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del mismo;

d) En caso de que el aspirante omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral los gastos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable; y

e) En caso de que el Candidato Independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral los gastos de campaña y no los reembolse, no podrá ser registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable.

Artículo 459

1. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales incumplan la presente legislación o incurran en alguna de las infracciones contempladas por el artículo 452, se estará a lo siguiente:

I. Conocida la infracción, la Secretaría Ejecutiva integrará un expediente que será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para que éste proceda en los términos de ley;

II. El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar al Instituto las medidas que haya adoptado en el caso; 

III. Si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, el requerimiento será turnado a la Auditoría Superior del Estado, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables; y

IV. Si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico y fuese de carácter federal, el requerimiento será turnado a la Auditoría Superior de la Federación, si la autoridad infractora es de alguna otra entidad federativa, el requerimiento será turnado a su equivalente en la entidad federativa de que se trate, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.

2. Cuando el Instituto conozca del incumplimiento por parte de los notarios públicos a las obligaciones que el presente Código les impone, de inmediato y sin realizar mayor trámite, la Secretaría Ejecutiva integrará un expediente que se remitirá a la autoridad competente, para que proceda en los términos de la legislación aplicable; estos últimos deberán comunicar al Instituto, dentro del plazo de un mes, las medidas que haya adoptado y las sanciones impuestas. En todo caso, la autoridad competente ordenará las medidas cautelares a fin de que la conducta infractora cese de inmediato.

3. Cuando el Instituto tenga conocimiento de que un extranjero, por cualquier forma, pretenda inmiscuirse o se inmiscuya en asuntos políticos, tomará las medidas conducentes y procederá a informar de inmediato y sin realizar mayor trámite a la Secretaría de Gobernación, para los efectos previstos por la ley. Si el infractor se encuentra fuera del territorio nacional, el Instituto procederá a informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para los efectos a que haya lugar.

4. Cuando el Instituto tenga conocimiento de la comisión de una infracción por parte de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, informará de inmediato y sin realizar mayor trámite a la Secretaría de Gobernación para los efectos legales conducentes.

5. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre las que considerará las siguientes:

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este Código, en atención al bien jurídico tutelado; o las que se dicten con base en él;

II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar;

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor;

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

6. Se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere a la Ley General y el presente Código incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

7. Las multas deberán ser pagadas en la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Electoral; si el infractor no cumple voluntariamente con el pago, el Instituto Electoral dará vista a la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Estado a efecto de que proceda a su cobro conforme al procedimiento económico coactivo previsto en la legislación fiscal local. En el caso de los partidos políticos, el monto de las sanciones pecuniarias se les restará de sus ministraciones del financiamiento público ordinario conforme a lo que se determine en la resolución.

8. Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral considerados en éste Código serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, una vez quede firme la resolución correspondiente.

Título Segundo

DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

Capítulo Primero

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 460.

1. Son órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador:

I. El Consejo General;

II. La Comisión de Denuncias y Quejas; y

III. La Secretaría Ejecutiva del Consejo General.

2. Los Consejos Distritales y Municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia fungirán como órganos auxiliares para la tramitación de los procedimientos sancionadores.

3. La Comisión mencionada en la fracción II del párrafo 1 de este artículo se integrará por tres Consejeros Electorales, quienes serán designados por el Consejo General para un periodo de tres años. Sus sesiones y procedimientos serán determinados en el reglamento que al efecto apruebe el propio Consejo General.

Artículo 461

1. Las notificaciones se harán a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes al en que se dicten las resoluciones que las motiven y surtirán sus efectos al día siguiente en que fueron realizadas.

2. Cuando la resolución entrañe una citación o un plazo para la práctica de una diligencia se notificará personalmente, al menos con tres días hábiles de anticipación al día y hora en que se haya de celebrar la actuación o audiencia. Las demás se harán por cédula que se fijará en los estrados del Instituto o del órgano que emita la resolución de que se trate. En todo caso, las que se dirijan a una autoridad u órgano partidario se notificarán por oficio.

3. Las notificaciones personales se realizarán en días y horas hábiles, al interesado o por conducto de la persona autorizada para tal efecto.

4. Las notificaciones serán personales cuando así se determine, pero, en todo caso, la primera notificación a alguna de las partes se practicará de forma personal.

5. Cuando deba realizarse una notificación personal, el notificador deberá cerciorarse, por cualquier medio, que la persona que deba ser notificada tiene su domicilio en el inmueble designado y, después de ello, practicará la diligencia entregando copia autorizada de la resolución correspondiente, de todo lo cual se asentará razón en actuaciones.

6. Si no se encuentra al interesado en su domicilio se le dejará citatorio con cualquiera de las personas que allí se encuentren, el que contendrá:

I. Denominación del órgano que dictó la resolución que se pretende notificar;

II. Datos del expediente;

III. Extracto de la resolución que se notifica;

IV. Día y hora en que se deja el citatorio y nombre de la persona a la que se le entrega; y

V. El señalamiento del día y la hora en la que deberá esperar la notificación.

7. Al día siguiente, en la hora fijada en el citatorio, el notificador se constituirá nuevamente en el domicilio y si el interesado no se encuentra, se hará la notificación por estrados, de todo lo cual se asentará la razón correspondiente.

8. Si el destinatario se niega a recibir la notificación, o las personas que se encuentran en el domicilio se rehúsan a recibir el citatorio, o no se encuentra nadie en el lugar, la cédula de citación se fijará en la puerta de entrada, procediendo a realizar la notificación por estrados, asentando razón de ello en actuaciones.

9. Las notificaciones personales podrán realizarse por comparecencia del interesado, de su representante o de su autorizado ante el órgano que corresponda.

10. La notificación de las resoluciones que pongan fin al procedimiento de investigación será personal, se hará a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes de aquel en que se dicten, entregando al denunciante y al denunciado copia certificada de la resolución.

11. Los plazos se contarán de momento a momento, si están señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. En el caso de los procedimientos incoados antes del proceso electoral, los plazos se computarán por días hábiles, respecto de aquellos que se presenten una vez iniciado aquél, por días naturales.

Artículo 462

1. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. Tanto la Secretaría como el Consejo General podrán invocar los hechos notorios aunque no hayan sido alegados por el denunciado o por el quejoso. En todo caso, una vez que se haya apersonado el denunciado al procedimiento de investigación, en el desahogo de las pruebas se respetará el principio de contradicción de la prueba, siempre que ello no signifique la posibilidad de demorar el proceso, o el riesgo de que se oculte o destruya el material probatorio.

2. Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes en el procedimiento, expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que tratan de acreditar, así como las razones por las que se estima que demostrarán las afirmaciones vertidas.

3. Sólo serán admitidas las siguientes pruebas:

I. Documentales públicas;

II. Documentales privadas;

III. Técnicas;

IV. Pericial contable;

V. Presuncional legal y humana; y

VI. Instrumental de actuaciones.

4. La confesional y la testimonial podrán ser admitidas cuando se ofrezcan en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho.

5. La autoridad que sustancie el procedimiento podrá ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones, así como de pruebas periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

6. El quejoso o el denunciado podrán aportar pruebas supervenientes hasta antes del cierre de la instrucción.

7. Admitida una prueba superveniente, se dará vista al quejoso o denunciado, según corresponda, para que en el plazo de cinco días manifieste lo que a su derecho convenga.

8. La Secretaría o el Consejo General podrán admitir aquellas pruebas que habiendo sido ofrecidas en el escrito por el que se comparezca al procedimiento, hayan sido solicitadas previamente a las instancias correspondientes y no se hubiesen aportado antes de la aprobación del proyecto de resolución y se aporten hasta veinticuatro horas antes del inicio de la sesión respectiva. El Consejo General apercibirá a las autoridades que no atiendan en tiempo y forma, el requerimiento de las pruebas.

9. El Consejo General podrá admitir aquellos elementos probatorios que hayan sido solicitados por los órganos del Instituto dentro de la investigación correspondiente y no se hubiesen recibido, sino hasta veinticuatro horas antes de la sesión respectiva. En estos casos el Consejo General ordenará la devolución del expediente a la Secretaría para los efectos del párrafo 1 del artículo 470 del presente Código.

10. Los órganos que sustancien el procedimiento podrán hacer uso de los medios de apremio para hacer cumplir sus resoluciones.

Artículo 463

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre la veracidad de los hechos denunciados.

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que obren en el expediente, éstas harán prueba plena en lo que perjudique al aportante y en cuanto al fondo tendrán únicamente el valor de un indicio.

Artículo 464

1. Para la resolución expedita de las quejas o denuncias y con el objeto de determinar en una sola resolución sobre dos o más de ellas, procederá decretar la acumulación por litispendencia, conexidad, o cuando exista vinculación de dos o más expedientes de procedimientos porque existan varias quejas o denuncias contra un mismo denunciado, respecto de una misma conducta y provengan de una misma causa.

Capítulo Segundo

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO

Artículo 465

1. El procedimiento para el conocimiento de las infracciones y aplicación de sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte, o de oficio cuando cualquier órgano del Instituto tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras.

2. La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades por infracciones administrativas prescribe en el término de cinco años.

Artículo 466

1. Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral ante los órganos centrales o desconcentrados del Instituto; las personas jurídicas lo harán por medio de sus legítimos representantes, en términos de la legislación aplicable, y las personas físicas lo harán por su propio derecho, debiendo ser ratificadas las denuncias ante el Secretario Ejecutivo.

2. La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito, en forma oral o por medios de comunicación electrónicos y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;

IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja o denuncia y, de ser posible, los preceptos presuntamente violados;

V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, cuando el promovente acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le hubieren sido entregadas. El denunciante deberá relacionar las pruebas con cada uno de los hechos; y

VI. Los partidos políticos deberán presentar las quejas o denuncias por escrito. En caso de que los representantes no acrediten su personería, la queja o denuncia se tendrá por no presentada.

3. Salvo la hipótesis contenida en la última parte del párrafo siguiente, ante la omisión de cualquiera de los requisitos antes señalados, la Secretaría prevendrá al denunciante para que la subsane dentro del plazo improrrogable de tres días. De la misma forma lo prevendrá para que aclare su denuncia, cuando ésta sea imprecisa, vaga o genérica. En caso de no enmendar la omisión que se le requiera, se tendrá por no presentada la denuncia.

4. La autoridad que tome conocimiento de la interposición de una queja o denuncia en forma oral, por medios de comunicación electrónicos, deberá hacerla constar en acta, requiriendo la ratificación por parte del denunciante. En caso de no acudir a ratificar la denuncia o queja dentro del término de tres días contados a partir de que se le notifique la citación, se tendrá por no formulada la denuncia.

5. La queja o denuncia podrá ser formulada ante cualquier órgano del Instituto, debiendo ser remitida dentro del término de cuarenta y ocho horas a la Secretaría para su trámite, salvo que se requiera de la ratificación por parte del quejoso; supuesto en el que será remitida una vez ratificada o, en su caso, cuando haya concluido el plazo para ello.

6. Los órganos desconcentrados que reciban una queja o denuncia sobre cualquier materia, procederán a enviar el escrito a la Secretaría dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, debiendo realizar las acciones necesarias para impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, así como para allegarse de elementos probatorios adicionales que estimen necesarios para la investigación, sin que dichas medidas impliquen el inicio anticipado de la misma.

7. El órgano del Instituto que provea la denuncia la remitirá inmediatamente a la Secretaría, para que esta la examine junto con las pruebas aportadas.

8. Recibida la queja o denuncia, la Secretaría procederá a:

I. Su registro, debiendo informar de su presentación al Consejo General;

II. Su revisión para determinar si debe prevenir al quejoso;

III. Su análisis para determinar la admisión o desechamiento; y

IV. En su caso, determinar y solicitar las diligencias necesarias para el desarrollo de la investigación.

9. La Secretaría contará con un plazo de cinco días para emitir el acuerdo de admisión o propuesta de desechamiento, contado a partir del día en que reciba la queja o denuncia. En caso de que se hubiere prevenido al quejoso, a partir de la fecha en la que termine el plazo para su cumplimiento. 

Artículo 467

1. La queja o denuncia será improcedente cuando:

I. Se trate de quejas o denuncias que versen sobre presuntas violaciones a la normatividad interna de un partido político, y el quejoso o denunciante no acredite su pertenencia al partido de que se trate o su interés jurídico;

II. El quejoso o denunciante no haya agotado previamente las instancias internas del partido denunciado si la queja versa sobre presuntas violaciones a su normatividad interna;

III. Por actos o hechos imputados a la misma persona que hayan sido materia de otra queja o denuncia a la que haya recaído resolución del Consejo General respecto al fondo y ésta no se hubiere impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o habiendo sido impugnada haya sido confirmada por el mismo Tribunal; y

IV. Se denuncien actos de los que el Instituto resulte incompetente para conocer; o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones al presente Código.

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

I. Habiendo sido admitida la queja, sobrevenga alguna de las causales de improcedencia;

II. El denunciado sea un partido político que haya perdido el registro con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia; y

III. El denunciante presente escrito de desistimiento debidamente ratificado ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del proyecto de resolución por parte de la Secretaría y que a juicio de ésta, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.

3. El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia se realizará de oficio. La Secretaría elaborará el proyecto de resolución, en caso de advertir que se actualiza una de ellas. 

4. Cuando durante la sustanciación de una investigación la Secretaría advierta hechos distintos al objeto de ese procedimiento que puedan constituir distintas violaciones electorales, o la responsabilidad de actores diversos a los denunciados, de oficio podrá ordenar un nuevo procedimiento de investigación.

5. La secretaría llevará un registro de las quejas desechadas e informará de ello al Consejo.

Artículo 468

1. Admitida la queja o denuncia, la Secretaría emplazará al denunciado, sin perjuicio de ordenar las diligencias de investigación que estime necesarias. Con la primera notificación al denunciado se le correrá traslado con una copia de la queja o denuncia, así como de las pruebas que haya aportado el denunciante o que la autoridad a prevención hubiera obtenido, concediéndole un plazo de cinco días para que conteste respecto a las imputaciones que se le formulan. La omisión de contestar sobre dichas imputaciones únicamente tiene como efecto la preclusión de su derecho a ofrecer pruebas, sin generar presunción respecto a la veracidad de los hechos denunciados.

2. El escrito de contestación deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Nombre del denunciado o su representante, con firma autógrafa o huella digital;

II. Deberá referirse a los hechos que se le imputan, afirmándolos, negándolos o declarando que los desconoce;

III. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

IV. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería; y

V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente debiendo relacionarlas con los hechos; o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse por estar en poder de una autoridad y que no le haya sido posible obtener. En este último supuesto, el oferente deberá acreditar que dichas pruebas fueron solicitadas con anterioridad a la presentación de la queja e identificarlas con toda precisión.

Artículo 469

1. La investigación para el conocimiento cierto de los hechos se realizará por el Instituto de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva.

2. Una vez que la Secretaría tenga conocimiento de los hechos denunciados, dictará de inmediato las medidas necesarias para dar fe de los mismos; para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios, y en general para evitar que se dificulte la investigación.

3. Admitida la queja o denuncia, la secretaría, se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo. Para tal efecto, solicitará mediante oficio a los órganos centrales o desconcentrados del Instituto que lleven a cabo las investigaciones o recaben las pruebas necesarias. El plazo para llevar a cabo la investigación no podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la recepción del escrito de queja o denuncia en la Secretaría o del inicio de oficio del procedimiento por parte del Secretario. Dicho plazo podrá ser ampliado de manera excepcional por una sola vez, hasta por un periodo igual al antes señalado, mediante acuerdo debidamente motivado que emita la Secretaría.

4. Si dentro del plazo fijado para la admisión de la queja o denuncia, la Secretaría valora que deben dictarse medidas cautelares, lo propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias para que esta resuelva en un plazo de veinticuatro horas lo conducente, a fin lograr que cesen los actos o hechos que constituyan la infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en este Código.

5. El Secretario del Consejo podrá solicitar a las autoridades federales, estatales o municipales, los informes, certificaciones o el apoyo necesario para la realización de diligencias tendientes a indagar y verificar la certeza de los hechos denunciados. Con la misma finalidad podrá requerir a las personas físicas y morales la entrega de informes y pruebas que considere necesarias.

6. Las diligencias que se practiquen en el curso de la investigación deberán ser efectuadas por la Secretaría, o a través del servidor público en quien legalmente se pueda delegar dicha facultad, por los Consejeros Presidentes de los Consejos Distritales o Municipales los que excepcionalmente podrán designar al secretario del Consejo Distrital o Municipal, según corresponda, para que lleven a cabo dichas diligencias. En todo caso, los Consejeros Presidentes serán responsables del debido ejercicio de la función indagatoria.

Artículo 470

1. Concluido el desahogo de las pruebas y, en su caso, agotada la investigación, la Secretaría pondrá el expediente a la vista del quejoso y del denunciado para que en un plazo de cinco días, manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, en un término no mayor a diez días contados a partir del desahogo de la última vista formulará el proyecto de resolución. El Secretario podrá ampliar el plazo para resolver mediante acuerdo en el que se señalen las causas que lo motiven; la ampliación no podrá exceder de diez días.

2. El proyecto de resolución que formule la Secretaría será enviado a la Comisión de Quejas y Denuncias, dentro del término de tres días, para su conocimiento y estudio.

3. El Consejero electoral coordinador de la citada Comisión, a más tardar al día siguiente de la recepción del dictamen, convocará a los demás integrantes a sesión, la que deberá tener lugar no antes de veinticuatro horas de la fecha de la convocatoria, con la finalidad de que dicho órgano colegiado analice y valore el proyecto de resolución, atendiendo a lo siguiente:

I. Si el proyecto de la Secretaría propone el desechamiento o sobreseimiento de la investigación, o la imposición de una sanción y la Comisión está de acuerdo con el sentido del mismo, será turnado al Consejero Presidente;

II. En el caso de que la Comisión no apruebe el proyecto propuesto, lo devolverá al Secretario, exponiendo las razones o sugiriendo las diligencias que estime pertinentes para el perfeccionamiento de la investigación;

III. En un plazo no mayor a quince días después de la devolución del proyecto y las consideraciones al respecto, la Secretaría emitirá un nuevo proyecto de resolución en el que deberá considerar los razonamientos y argumentos que formule la Comisión.

4. El Consejero Presidente al recibir el proyecto de resolución, lo hará del conocimiento de los integrantes del Consejo General en sesión especial que deberá celebrar para tal efecto, dentro de los siguientes cinco días contados a partir de la presentación del proyecto de resolución al Consejo General.

5. En la sesión en que conozca del proyecto de resolución, el Consejo General determinará:

I. Aprobarlo en los términos en que se le presente;

II. Aprobarlo, ordenando al secretario del Consejo realizar el engrose de la resolución en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría;

III. Modificarlo, procediendo a aprobarlo dentro de la misma sesión, siempre y cuando se considere que puede hacerse y que no contradice lo establecido en el cuerpo del dictamen;

IV. Rechazarlo y ordenar a la Secretaría elaborar uno nuevo en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría; y

V. Rechazado un proyecto de resolución se entiende que se aprueba un acuerdo de devolución.

6. En caso de empate motivado por la ausencia de alguno de los Consejeros Electorales, se procederá a una segunda votación; en caso de persistir el empate, el Consejero Presidente determinará que se presente en una sesión posterior, en la que se encuentren presenten todos los Consejeros Electorales.

7. El Consejero electoral que disienta de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará en el proyecto respectivo siempre y cuando lo haga llegar al secretario dentro de los dos días siguientes a la fecha de su aprobación.

8. En el desahogo de los puntos del orden del día en el que el Consejo deba resolver sobre los proyectos de resolución relativos a quejas o denuncias, se agruparán y votarán en un solo acto, salvo que alguno de sus integrantes proponga su discusión por separado.

Capítulo Tercero

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ESPECIAL 

Artículo 471

1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría del Consejo General instruirá el procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:

I. Violen el segundo párrafo del artículo 116 Bis, de la Constitución local;

II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos en este Código; o

III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

Artículo 472

1. Cuando una conducta infractora esté relacionada con propaganda política o electoral en radio y televisión durante la etapa de los procesos electorales en el Estado, el Instituto Electoral presentará la denuncia ante el Instituto Nacional Electoral, dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tuvo conocimiento del hecho.

2. Los procedimientos sancionadores relacionados con la difusión de propaganda que calumnie en medios distintos a radio y televisión, sólo podrán iniciar a instancia de parte afectada. Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral.

3. La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;

IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia;

V. Ofrecimiento y exhibición de pruebas; o la mención de las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas; y

VI. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.

4. El órgano del Instituto que reciba o provea la denuncia, la remitirá inmediatamente a la Secretaría, para que esta la examine junto con las pruebas aportadas.

5. La denuncia será desechada de plano, sin prevención alguna, cuando:

I. No reúna los requisitos indicados en el párrafo 3 del presente artículo;

II. Los hechos denunciados no constituyan, de manera evidente, una violación en materia de propaganda político-electoral dentro de un proceso electivo;

III. El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos;

IV. La materia de la denuncia resulte irreparable; y

V. La denuncia sea evidentemente frívola.

6. En los casos anteriores la Secretaría notificará al denunciante su resolución, por el medio más expedito a su alcance, dentro del plazo de doce horas; tal resolución deberá ser confirmada por escrito.

7. La Secretaría contará con un plazo de 24 horas para emitir el acuerdo de admisión o la propuesta de desechamiento, contado a partir del momento en que reciba la queja o denuncia. En caso de que se requieran realizar diligencias de investigación respecto de los hechos denunciados, el plazo para la admisión o propuesta de desechamiento de la queja será de setenta y dos horas, contado a partir del momento en que reciba la denuncia, dentro del cual deberán de agotarse dichas diligencias.

8. Cuando la denuncia sea admitida, emplazará al denunciante y al denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le informará al denunciado de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos, así como con el resultado de las diligencias de investigación que en su caso se hubieren realizado.

9. Si la Secretaría considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro del plazo antes señalado, en los términos establecidos en el artículo 469, párrafo 4, de este Código.

Artículo 473

1. La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera ininterrumpida, en forma oral y será conducida por la Secretaría debiéndose levantar constancia de su desarrollo. Para el desahogo de la audiencia los partidos políticos, personas morales o instituciones públicas, podrán acreditar a un representante.

2. En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la documental y la técnica, esta última será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de la audiencia.

3. La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia en el día y hora señalados, la que se desarrollará en los siguientes términos:

I. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a fin de que, en una intervención no mayor de quince minutos, resuma el hecho que motivó la denuncia y haga una relación de las pruebas que a su juicio la corroboran. En caso de que el procedimiento se haya iniciado en forma oficiosa la Secretaría actuará como denunciante;

II. Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de que en un tiempo no mayor a treinta minutos, responda a la denuncia, ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se realiza;

III. La Secretaría resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido procederá a su desahogo, y

IV. Concluido el desahogo de las pruebas, la Secretaría concederá en forma sucesiva el uso de la voz al denunciante y al denunciado, o a sus representantes, quienes podrán alegar en forma escrita o verbal, por una sola vez y en tiempo no mayor a quince minutos cada uno.

Artículo 474 

1. Celebrada la audiencia, la Secretaría deberá turnar de forma inmediata el expediente completo, exponiendo en su caso, las medidas cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, así como un informe circunstanciado.

2. El informe circunstanciado deberá contener por lo menos, lo siguiente:

I. La relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja o denuncia;

II. Las diligencias que se hayan realizado por la autoridad;

III. Las pruebas aportadas por las partes;

IV. Las demás actuaciones realizadas; y

V. Las conclusiones sobre la queja o denuncia.

3. Del informe circunstanciado se enviará una copia a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto para su conocimiento.

4. Recibido el expediente, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco actuará conforme lo dispone el artículo siguiente.

Artículo 474-Bis

1. Será competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador referido en el presente capítulo, el Tribunal Electoral. 

2. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco recibirá del Instituto el expediente original formado con motivo de la denuncia y el informe circunstanciado respectivo.

3. Recibido el expediente en el Tribunal Electoral, el Presidente del mismo lo turnará al Magistrado que corresponda, quién deberá:

I. Radicar la denuncia, procediendo a verificar el cumplimiento, por parte del Instituto, de los requisitos previstos en este Código;

II. Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en este Código, realizar u ordenar al Instituto la realización de diligencias para mejor proveer, determinando las que deban realizarse y el plazo para llevarlas a cabo, las cuales deberá desahogar en la forma más expedita;

III. De persistir la violación procesal, el Magistrado Ponente podrá imponer las medidas de apremio necesarias para garantizar los principios de inmediatez y de exhaustividad en la tramitación del procedimiento. Lo anterior con independencia de la responsabilidad administrativa que en su caso pudiera exigirse a los funcionarios electorales;

IV. Una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, el Magistrado Ponente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de su turno, deberá poner a consideración del pleno del Tribunal Electoral, el proyecto de sentencia que resuelva el procedimiento sancionador especial; y

V. El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en sesión pública, resolverá el asunto en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de que se haya distribuido el proyecto de resolución.

4. Las sentencias que resuelvan el procedimiento especial sancionador podrán tener los efectos siguientes:

I. Declarar la inexistencia de la violación objeto de la queja o denuncia y, en su caso, revocar las medidas cautelares que se hubieren impuesto, o

II. Declarar la existencia de la violación objeto de la queja o denuncia; y en su caso, imponer las sanciones que resulten procedentes en términos de lo dispuesto en este Código.

Artículo 475

1. Cuando las denuncias a que se refiere este capítulo y tengan como motivo la comisión de conductas referidas a la ubicación física o al contenido de propaganda política o electoral impresa, de aquella pintada en bardas, o de cualquiera otra diferente a la transmitida por radio o televisión, así como cuando se refieran a actos anticipados de precampaña o campaña en que la conducta infractora esté relacionada con ese tipo de propaganda se estará a lo siguiente:

I. La denuncia será presentada ante el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral;

II. El Secretario Ejecutivo ejercerá, en lo conducente, las facultades señaladas en el artículo anterior, conforme al procedimiento y dentro de los plazos que en el mismo se señalan; y

III. Los procedimientos sancionadores especiales respectivos serán resueltos por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, conforme a las reglas establecidas en el presente capítulo.

Capítulo Cuarto

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE QUEJAS SOBRE FINANCIAMIENTO Y GASTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 476

1. Son órganos competentes para la tramitación y resolución de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos políticos, y en su caso de las agrupaciones políticas:

I. El Consejo General;

II. La Unidad de Fiscalización; y 

III. La Secretaría del Consejo General.

2. El órgano competente para tramitar, substanciar y formular el proyecto de resolución relativo a las quejas a que se refiere el párrafo anterior será la Unidad de Fiscalización, quien actuará de manera conjunta con la Secretaría.

3. Las notificaciones surtirán sus efectos el mismo día, y podrán hacerse:

I. De manera personal, directamente con el interesado, con la persona autorizada en las oficinas de su representación ante el Consejo General o en su domicilio social;

II. Por cédula que se dejará con cualquier persona que se encuentre en su domicilio; y

III. Por estrados.

4. Son de aplicación supletoria al presente capítulo, las reglas de sustanciación y resolución del procedimiento sancionador previsto en los capítulos primero y segundo del presente título, y el Libro Séptimo de este ordenamiento legal.

Artículo 477. Derogado.

Artículo 478. Derogado.

Artículo 479. Derogado.

Artículo 480. Derogado.

Artículo 481. Derogado.

Artículo 482. Derogado.

Título Tercero

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO

Capítulo Primero

DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 483

1. Para los efectos del presente capítulo, serán considerados como servidores públicos del Instituto el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales del Consejo General y de los Consejos Distritales y Municipales, el secretario ejecutivo, el contralor general, los directores, los jefes de unidades administrativas, los funcionarios y empleados, y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Instituto Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones.

2. La Contraloría General del Instituto Electoral, su titular y el personal adscrito a la misma, cualquiera que sea su nivel, están impedidos de intervenir o interferir en forma alguna en el desempeño de las facultades y ejercicio de atribuciones de naturaleza electoral que la Constitución y este Código confieren a los funcionarios del Instituto Electoral.

Artículo 484

1. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Instituto Electoral:

I. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros;

II. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones que competan a otros órganos del Instituto;

III. Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar;

IV. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;

V. Otorgar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones legales;

VI. No poner en conocimiento del Consejo General del Instituto Electoral todo acto que tienda a vulnerar la independencia de la función electoral;

VII. No preservar los principios que rigen el funcionamiento del Instituto Electoral en el desempeño de sus labores;

VIII. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;

IX. Dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo;

X. Las previstas, por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; y

XI. Las demás que determine este Código o las leyes que resulten aplicables.

Capítulo Segundo

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 485

1. El procedimiento para determinar las responsabilidades de los servidores públicos del Instituto Electoral a que se refiere este Título se iniciará de oficio o a petición de parte, por queja o denuncia, presentada por cualquier persona, por el servidor público que tenga conocimiento de los hechos o cuando sea de su competencia por el Ministerio Público. No se admitirán denuncias anónimas. Las responsabilidades administrativas a que se refiere este artículo prescriben en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

2. Son de aplicación supletoria al presente capítulo las reglas de sustanciación y resolución del procedimiento sancionador, previsto en el Título Segundo del presente Libro y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Artículo 486

1. Las quejas o denuncias, sean de oficio o a petición de parte, deberán estar apoyadas en elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del servidor público denunciado.

2. Las quejas o denuncias serán improcedentes:

I. Cuando se trate de actos u omisiones imputados a una misma persona que hayan sido materia de otra queja o denuncia ante la Contraloría General y que se haya emitido resolución definitiva;

II. Cuando se denuncien actos u omisiones de los que la Contraloría General resulte incompetente para conocer; y

III. Cuando los actos u omisiones denunciados no constituyan causas de responsabilidad en los términos de este ordenamiento.

3. Procederá el sobreseimiento del procedimiento sancionador:

I. Cuando habiendo sido incoado el procedimiento, sobrevenga una causa de improcedencia; y

II. Cuando el denunciante presente escrito de desistimiento, ratificado ante el Secretario Ejecutivo, siempre y cuando lo exhiba antes de que se dicte resolución. En ningún caso procederá el sobreseimiento cuando se trate de infracciones graves.

4. El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia será de oficio.

Artículo 487

1. Para la determinación de las responsabilidades a que se refiere este capítulo deberá seguirse el siguiente procedimiento:

I. Recibida la queja o denuncia, y de no encontrarse ninguna causa de improcedencia o de desechamiento, la contraloría, enviará copia con sus anexos, al servidor público probable responsable para que en un término de cinco días hábiles, formule un informe sobre los hechos, ofrezca las pruebas que considere pertinentes y exponga lo que a su derecho convenga. El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la denuncia, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore, por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán ciertos los hechos de la denuncia sobre los cuales el denunciado no se pronuncie, salvo prueba en contrario. La aceptación de los hechos no entraña la aceptación de la responsabilidad administrativa que se le imputa;

II. Recibido el informe y desahogadas las pruebas, la contraloría, resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo al infractor las sanciones administrativas a las que se haya hecho acreedor, se notificará la resolución al servidor público y al denunciante, dentro de las setenta y dos horas cuando se trate de los casos de responsabilidad señalados en las fracciones II, IV a la VI, y VIII a la XI del artículo 484 de este Código;

III. Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones I, III y VII del artículo 484 de este Código, el contralor general citará al probable responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia, y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor. Entre la fecha de citación y la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles;

IV. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para resolver o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del probable responsable o de otras personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar la celebración de otra u otras audiencias;

V. Con excepción del Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el secretario del Consejo General, la Contraloría General podrá determinar la suspensión temporal del probable responsable de su cargo, empleo o comisión, siempre que así convenga para la conducción o continuación de las investigaciones; la suspensión cesará cuando así lo resuelva la propia Contraloría. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute al servidor público, lo cual se hará constar expresamente en la resolución respectiva;

VI. Si el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de la falta que se le imputa, será restituido en el goce de sus derechos y se le cubrirán las percepciones que hubiera recibido durante el tiempo en que estuvo suspendido; y

VII. Cuando se compruebe la existencia de la infracción motivo de la denuncia, el titular de la Contraloría impondrá la sanción aplicable y dictará las medidas para su corrección o remedio inmediato.

Artículo 488

1. Las sanciones aplicables a las faltas contempladas en el presente capítulo y a las cometidas en contravención de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado consistirán en:

I. Apercibimiento privado o público;

II. Amonestación privada o pública;

III. Sanción económica;

IV. Suspensión;

V. Destitución del puesto; y

VI. Inhabilitación temporal, hasta por cinco años, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

2. Tratándose del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales, el expediente relativo será turnado al Consejo General, a efecto de que resuelva. En el caso de que el Presidente, el Secretario Ejecutivo o los Consejeros, impidieren por cualquier medio el desahogo del asunto, el Contralor General fundando y motivando la causa, lo notificará al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, acompañando el expediente, a fin de que resuelvan sobre la responsabilidad, previo dictamen de las comisiones de Responsabilidades y Asuntos Electorales.

3. Tratándose del Secretario Ejecutivo y de los directores del Instituto, para la aplicación de las sanciones por las infracciones a que se refiere el párrafo anterior, el contralor general presentará ante el Consejo General el expediente respectivo a fin de que resuelva sobre la procedencia de la sanción.

Artículo 489

1. Las faltas serán valoradas y, en su caso sancionadas, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

2. En todo caso, se considerarán como faltas graves, las que así determine la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, así como en las fracciones I a la V y VII del artículo 484 de este Código.

Artículo 490

1. Con independencia del sentido de la resolución que ponga fin al procedimiento, el Contralor dictará las providencias oportunas para la corrección de las irregularidades administrativas que se detecten con motivo del trámite de la queja, si del contenido se desprende una conducta que pudiera dar lugar a responsabilidad administrativa, procederá en los términos previstos en este capítulo.

Artículo 491

1. Las resoluciones que impongan sanciones administrativas podrán ser impugnadas a través de los medios de defensa que establezcan el Estatuto y los demás ordenamientos de carácter reglamentario; los interesados podrán optar por la impugnación directa de aquéllas ante el Tribunal Electoral en los términos del Libro Séptimo de este Código.

Capítulo Tercero

DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Artículo 492

1. La Contraloría General es el órgano de control interno del Instituto Electoral que tendrá a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos del Instituto; en el ejercicio de sus atribuciones estará dotada de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones.

2. El titular de la Contraloría tendrá un nivel jerárquico equivalente a director.

3. El titular de la Contraloría será designado por el Congreso del Estado, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes y previa convocatoria pública.

4. El electo rendirá la protesta de ley ante el Congreso del Estado.

5. El contralor durará en su encargo cinco años y no podrá ser reelecto; estará adscrito administrativamente a la Presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior del Estado.

6. La Contraloría contará con la estructura orgánica, personal y recursos que apruebe el Consejo General a propuesta de su titular, de conformidad con las reglas previstas en este capítulo.

7. En su desempeño la Contraloría se sujetará a los principios de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, máxima publicidad e independencia.

Artículo 493

1. El contralor general deberá reunir los requisitos siguientes:

I. No ser Consejero electoral, salvo que se haya separado del cargo tres años antes del día de la designación;

II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de la libertad de más de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto público, ello lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

III. Contar al momento de su designación con experiencia profesional en el control, manejo o fiscalización de recursos;

IV. Contar al día de su designación, con título profesional, de nivel licenciatura, de administrador, abogado, contador público u otro relacionado en forma directa con las actividades de fiscalización, expedido por institución legalmente facultada para ello; y

V. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al Instituto o a algún partido político.

Artículo 494

1. El contralor general incurrirá en causa grave de responsabilidad administrativa y será sancionado conforme a lo previsto en el Título Octavo de la Constitución Política del Estado de Jalisco en los siguientes casos: 

I. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial en los términos del presente Código y de la legislación en la materia;

II. Sin causa justificada, no fincar responsabilidades o no aplicar sanciones pecuniarias, en el ámbito de su competencia cuando esté debidamente comprobada la responsabilidad e identificado el responsable como consecuencia de las revisiones e investigaciones que realice en el ejercicio de sus atribuciones;

III. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia o que exista en la Contraloría General, con motivo del ejercicio de sus atribuciones;

IV. Conducirse con parcialidad en los procedimientos de supervisión e imposición de sanciones a que se refiere este Código; y

V. Incurrir en alguna de las infracciones mencionadas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

2. A solicitud del Consejo General, el Congreso del Estado resolverá sobre la aplicación de las sanciones al contralor general, incluida entre éstas la remoción, por causas graves de responsabilidad administrativa, debiendo garantizar el derecho de audiencia al afectado. La remoción requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes del Congreso del Estado.

Artículo 495

1. La Contraloría General tendrá las facultades siguientes:

I. Fijar los criterios para la realización de las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos del Instituto;

II. Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo, de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto, así como de aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías y revisiones en el cumplimiento de sus funciones;

III. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos concluidos;

IV. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del Instituto;

V. Verificar que las diversas áreas administrativas del Instituto que hubieren recibido, manejado, administrado o ejercido recursos, lo hagan conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados, así como, en el caso de los egresos, con cargo a las partidas aplicables y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas;

VI. Revisar que las operaciones presupuestales que realice el Instituto se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables a estas materias;

VII. Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, para comprobar que las inversiones y gastos autorizados se han aplicado, legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados;

VIII. Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con el Instituto para efectos de compulsa la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria respectiva;

IX. Solicitar y obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Por lo que hace a la información relativa a las operaciones de cualquier tipo proporcionada por las instituciones de crédito, les será aplicable a todos los servidores públicos de la propia Contraloría, así como a los profesionales contratados para la práctica de auditorías, la obligación de guardar la reserva a que aluden las disposiciones normativas en materia de transparencia y acceso a la información pública;

X. Emitir los lineamientos, instruir, desahogar y resolver los procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en contra de los servidores públicos del Instituto, y llevar el registro de los servidores públicos sancionados;

XI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto;

XII. Recibir denuncias o quejas relativas a los servidores públicos del Instituto directamente relacionadas con el uso y disposición de los ingresos y recursos del Instituto y desahogar los procedimientos a que haya lugar;

XIII. Efectuar visitas a las sedes físicas de las áreas y órganos del Instituto para solicitar la exhibición de los libros y papeles indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las formalidades respectivas;

XIV. Establecer los mecanismos de orientación y cursos de capacitación que resulten necesarios para que los servidores públicos del Instituto cumplan adecuadamente con sus responsabilidades administrativas;

XV. Formular pliegos de observaciones en materia administrativa;

XVI. Determinar los daños y perjuicios que afecten al Instituto en su patrimonio y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a las que se hagan acreedores;

XVII. Fincar las responsabilidades e imponer las sanciones en términos de los lineamientos respectivos;

XVIII. Presentar en el mes de enero sus programas anuales de trabajo para la aprobación del Consejo General;

XIX. Presentar en diciembre al Consejo General, los informes anuales de resultados de su gestión, y acudir ante el mismo Consejo cuando así lo requiera el Consejero Presidente;

XX. Participar, a través de su titular, con voz pero sin voto, en las reuniones de trabajo interno cuando por motivo del ejercicio de sus facultades así lo considere necesario el Consejero Presidente;

XXI. Recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos del Instituto, a partir del nivel de jefe de departamento, conforme a los formatos y procedimientos que establezca la propia Contraloría conforme a las normas establecidas en la Ley de la materia;

XXII. Intervenir en los procesos de entrega-recepción por inicio o conclusión de encargo de los servidores públicos; y

XXIII. Las demás que le otorgue este Código o las leyes aplicables en la materia.

Artículo 496

1. Los servidores públicos adscritos a la Contraloría General y los profesionales contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que conozcan con motivo de desempeño de sus funciones así como de sus actuaciones y observaciones.

Artículo 497

1. Los órganos, áreas ejecutivas y servidores públicos del Instituto están obligados a proporcionar la información, permitir la revisión y atender los requerimientos que les formule la Contraloría, sin que dicha revisión interfiera u obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones que este Código o las leyes aplicables les confieren.

Artículo 498

1. Si transcurrido el plazo establecido por la Contraloría General, el órgano o área fiscalizada, sin causa justificada, no presenta el informe o documentos que se le soliciten, la Contraloría procederá a fincar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.

2. El fincamiento de responsabilidades y la imposición de sanciones no relevará al infractor de cumplir con las obligaciones o regularizar las situaciones que las motivaron.

3. La Contraloría, además de imponer la sanción respectiva, requerirá al infractor para que dentro del plazo determinado, que nunca será mayor a cuarenta y cinco días, cumpla con la obligación omitida motivo de la sanción, el incumplimiento será motivo de nueva responsabilidad. Si la infracción fuera cometida por algún consejero electoral, deberá realizar un informe circunstanciado y deberá remitirlo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral o la autoridad correspondiente para que se imponga la sanción respectiva. 

4. Durante el desahogo de los procedimientos administrativos tendientes, al fincamiento de responsabilidades, los servidores públicos tendrán asegurado el ejercicio de las garantías constitucionales.

Libro Séptimo

SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Título Primero

SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Capítulo Primero

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN

Artículo 499

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en este Libro, las normas se interpretarán conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados o instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como a los criterios gramatical, sistemático y funcional. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del derecho. 

2. La interpretación del orden jurídico deberá realizarse conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

3. En la interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los partidos políticos, se deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de éstos como organización de ciudadanos, así como su libertad de decisión interna, el derecho a la auto organización de los mismos y el ejercicio de los derechos de sus militantes.

4. En ningún caso los informes, juicios, opiniones o conclusiones de los observadores tendrán efectos jurídicos sobre el proceso electoral y sus resultados.

Capítulo Segundo

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 500

1. El sistema de medios de impugnación regulado por este Libro tiene por objeto garantizar:

I. Que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales en los procesos electorales se sujeten invariablemente, a los principios de constitucionalidad y legalidad; y

II. La definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales y demás actos y resoluciones en materia electoral.

Artículo 501

1. El sistema de medios de impugnación se integra por:

I. El recurso de revisión, para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral estatal, Distrital o Municipal;

II. El recurso de apelación y el juicio de inconformidad, para juzgar la legalidad de actos y resoluciones de las autoridades electorales locales;

III. Los medios de impugnación precedentes que en lo conducente sean aplicables para dirimir controversias respecto de los procesos de plebiscito y referéndum e iniciativa popular; y

IV. Los procedimientos especiales para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y sus servidores.

Artículo 502

1. Corresponde conocer:

I. Del recurso de revisión al Consejo General del Instituto Electoral o al Pleno del Tribunal Electoral, en el caso previsto en el artículo 590; y

II. Al Tribunal Electoral, los demás medios de impugnación previstos en el artículo anterior, los que serán resueltos en la forma y términos establecidos por este Código.

Artículo 503

1. Las autoridades estatales, municipales, así como los ciudadanos, partidos políticos, candidatos, organizaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos, y todas aquellas personas físicas o morales, que con motivo del trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación previstos en este Libro, no cumplan las disposiciones de este Código o desacaten las resoluciones que dicten el Tribunal Electoral o, en su caso, los órganos del Instituto Electoral, serán sancionados en los términos del presente ordenamiento.

Título Segundo

REGLAS COMUNES APLICABLES A LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Capítulo Primero

PREVENCIONES GENERALES

Artículo 504

1. Las disposiciones del presente Título rigen para el trámite, sustanciación y resolución de todos los medios de impugnación, con excepción de las reglas particulares señaladas expresamente para cada uno de ellos.

2. La interposición de los medios de impugnación previstos en este Código no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

3. El Tribunal Electoral, resolverá los asuntos de su competencia con las facultades de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Jalisco, la Ley General y las disposiciones del presente ordenamiento.

Capítulo Segundo

PLAZOS Y TÉRMINOS

Artículo 505

1. Los plazos y términos son improrrogables. Si los plazos están por horas se computarán de momento a momento y si están señalados por días, se considerarán de veinticuatro horas.

2. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles.

3. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral ordinario o extraordinario, el cómputo de los plazos se hará contando solamente los días hábiles, debiendo entenderse como tales todos los días a excepción de los sábados, domingos, y los inhábiles en términos de ley.

4. Durante el tiempo que no corresponda a un proceso electoral ordinario o extraordinario, serán horas hábiles las que medien entre las siete y las diecinueve horas de los días hábiles.

5. En los de los medios de impugnación que sean aplicables para dirimir controversias respecto de los procesos de plebiscito, referéndum e iniciativa popular, se estará a los plazos que establece el párrafo anterior.

Artículo 506

1. Los medios de impugnación previstos en este Código deberán presentarse dentro de los seis días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto o resolución impugnado, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.

Capítulo Tercero

REQUISITOS DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Artículo 507

1. Los medios de impugnación deben presentarse por escrito ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnado, debiendo indicar: 

I. Nombre del actor;

II. Domicilio para recibir notificaciones, el cual deberá estar ubicado en la ciudad de residencia de la autoridad que deba resolver el medio de impugnación, y en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir;

III. Acompañar el o los documentos necesarios para acreditar la personería del promovente;

IV. Señalar la agrupación política; el partido político o coalición que representen;

V. Identificar el acto o resolución impugnado y la autoridad responsable;

VI. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación;

VII. Los agravios que cause el acto o resolución impugnado, así como los preceptos presuntamente violados;

VIII. El ofrecimiento de las pruebas relacionándolas con los hechos que se pretendan probar; la mención de las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas;

IX. Acompañar en copia simple tres tantos de la demanda, de las que una será puesta a disposición de los terceros interesados; y

X. Firma autógrafa del promovente o huella digital.

2. Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en la fracción VI.

3. Las partes podrán solicitar copias simples o certificadas de los documentos que obren en los expedientes de los medios de impugnación, las que serán expedidas a costa del solicitante. La certificación no causará impuesto o derecho alguno.

Capítulo Cuarto

DESECHAMIENTO, IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

Artículo 508

1. Procede desechar un medio de impugnación cuando:

I. No se presente por escrito ante la autoridad competente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por las fracciones I, VII o X del artículo 507 del presente ordenamiento, cuando falte cualquiera de los demás requisitos, se deberá prevenir al promovente para que subsane la deficiencia dentro de las siguientes veinticuatro horas

II. Resulte evidentemente frívolo a juicio del órgano resolutor, por ser notorio el propósito del actor de interponerlo sin existir motivo o fundamento para ello o cuando evidentemente no pueda alcanzar su objeto;

III. La notoria improcedencia derive de las disposiciones del presente ordenamiento; o

IV. No se expresen hechos o agravios o cuando habiéndose señalado sólo los hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno.

Artículo 509

1. Los medios de impugnación previstos en este Código serán improcedentes cuando:

I. Se pretenda impugnar la no conformidad a la Constitución General de la República o la Política del Estado de Jalisco;

II. Se impugnen actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor;

III. El acto o resolución se hayan consumado de un modo irreparable;

IV. El acto o resolución se hayan consentido expresamente, entendiéndose por ello, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento o no se presenten los medios de impugnación dentro de los plazos señalados en este Código;

V. El promovente carezca de legitimación en los términos del presente Código;

VI. No se hayan agotado las instancias previas establecidas por el presente Código, para combatir los actos o resoluciones electorales y en virtud de las cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado; y

VII. En un mismo escrito se pretenda impugnar más de una resolución o más de una elección.

Artículo 510

1. Procede el sobreseimiento de los medios de impugnación, cuando:

I. El promovente se desista expresamente por escrito ratificado ante la autoridad judicial o administrativa que corresponda o ante notario público en funciones;

II. La autoridad responsable del acto o resolución impugnado, lo modifique o revoque, o que éste ya haya sido juzgado por un órgano jurisdiccional competente, de tal manera que quede sin materia el medio de impugnación antes de que se dicte resolución o sentencia;

III. Habiendo sido admitido el medio de impugnación, aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del presente Código; y

IV. El ciudadano agraviado fallezca o sea suspendido o privado de sus derechos político-electorales.

Artículo 511

1. Cuando se actualice alguno de los supuestos a que se refiere el artículo anterior se estará, a lo siguiente:

I. En los asuntos de la competencia del Tribunal, el Magistrado Electoral propondrá el sobreseimiento al Pleno del Tribunal o la Sala Permanente; y

II. En los asuntos de la competencia del Consejo General del Instituto Electoral y de sus órganos desconcentrados, el Secretario respectivo, propondrá el dictamen del sobreseimiento al órgano competente quien resolverá lo conducente.

Capítulo Quinto

PARTES

Artículo 512

1. Son partes en el procedimiento de los medios de impugnación las siguientes:

I. El actor, que será quien estando legitimado lo presente por sí mismo o, a través de representante, en los términos de este ordenamiento;

II. La autoridad responsable, que haya realizado el acto o emitido la resolución que se impugna; y

III. El tercero interesado, que será: el ciudadano, el partido político, la coalición, el candidato, la organización o la agrupación política o de ciudadanos, con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor.

2. Para efectos de las fracciones I y III, se entenderá por promovente al actor que presente un medio de impugnación, y por compareciente al tercero interesado que presente un escrito, ya sea que lo haga por sí o a través de la persona que lo represente legalmente, siempre y cuando justifique plenamente la legitimación para ello.

Artículo 513

1. Los candidatos, exclusivamente por lo que se refiere a los medios de impugnación procedentes que se encuentran previstos en el Título Tercero de este Libro, podrán participar como coadyuvantes del partido político que los registró, de conformidad con las reglas siguientes:

I. A través de la presentación de escritos en los que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin que en ningún caso se puedan tomar en cuenta los conceptos que amplíen o modifiquen la controversia planteada en el medio de impugnación o en el escrito que como tercero interesado haya presentado su partido;

II. Los escritos deberán presentarse dentro de los plazos establecidos para la interposición de los medios de impugnación o, en su caso, para la presentación de los escritos de los terceros interesados;

III. Los escritos deberán ir acompañados del documento con el que se acredite la personería del promovente; 

IV. Podrán ofrecer y aportar pruebas sólo en los casos en que así proceda y dentro de los plazos establecidos en este Código, siempre y cuando estén relacionadas con los hechos y agravios invocados en el medio de impugnación interpuesto o en el escrito presentado por su partido político; y

V. Los escritos deberán estar firmados autógrafamente.

Artículo 514

1. En el caso de coaliciones, la representación legal se acreditará en los términos del convenio respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el presente Código.

Capítulo Sexto

LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA

Artículo 515

1. La presentación de los medios de impugnación corresponde a:

I. Los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por éstos:

a) Los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, cuando éste haya dictado el acto o resolución impugnado;

b) Los miembros de los comités estatales, Distritales, Municipales, o sus equivalentes. En este caso, deberán acreditar su personería con el nombramiento del cargo que ostenten, otorgado de acuerdo a los estatutos del partido; y

c) Los que tengan facultades de representación conforme a sus estatutos o mediante poder otorgado en escritura pública por los funcionarios del partido facultados para ello;

II. Los ciudadanos y los candidatos por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna. Los candidatos deberán acompañar el original o copia certificada del documento en el que conste su registro;

III. Las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos, a través de sus representantes legítimos, de conformidad con los estatutos respectivos o en los términos de la legislación electoral o civil aplicable; 

IV. Las personas jurídicas a través de sus representantes legítimos; y

V. Los candidatos independientes, a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por estos a los que se encuentren acreditados ante el Instituto Electoral.

Capítulo Séptimo

PRUEBAS

Artículo 516

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en este Código, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes:

I. Documentales públicas;

II. Documentales privadas;

III. Técnicas; 

IV. Presuncionales: legal y humana; y

V. Instrumental de actuaciones.

Artículo 517

1. La instrumental privada también podrá ser ofrecida y admitida cuando verse sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho.

Artículo 518

1. Los órganos competentes para resolver, podrán ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado.

Artículo 519

1. Para los efectos de este Código serán documentales públicas:

I. Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de los diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Se consideran actas oficiales: las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección;

II. Los demás documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia;

III. Los documentos expedidos por las autoridades federales, estatales y municipales en ejercicio de sus funciones; y

IV. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten.

Artículo 520

1. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y tengan relación con los hechos en los que basan sus pretensiones. 

Artículo 521

1. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.

Artículo 522

1. La pericial sólo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral y a sus resultados, excepción hecha en aquellos casos en que la prueba sea ofrecida en relación a un proceso electoral en el que se utilicen urnas electrónicas, siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. 

2. Para su ofrecimiento deberán cumplirse los siguientes requisitos:

I. Sea ofrecida junto con el escrito de impugnación;

II. Señale la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes;

III. Especificar lo que se pretenda acreditar; y

IV. Señalar en el escrito el nombre del perito designado, constancia de la aceptación y protesta de desempeñar el cargo, y exhibir en copia certificada el documento en que se acredite el legal ejercicio de la profesión.

Artículo 523

1. Son objeto de prueba los hechos controvertibles. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido admitidos o reconocidos por las partes.

2. El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su negativa implique una afirmación. 

Artículo 524

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo.

Artículo 525

1. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.

2. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, adminiculándolas con los demás elementos que obren en el expediente, tales como, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Artículo 526.

1. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de pruebas supervenientes, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaba a su alcance superar. 

2. En el juicio de inconformidad, solamente pueden aceptarse pruebas supervenientes para acreditar que el candidato o candidatos no son de nacionalidad mexicana o que no están en pleno goce de sus derechos civiles o políticos.

Capítulo Octavo

TRÁMITE

Artículo 527

1. La autoridad que reciba un medio de impugnación, en contra de un acto emitido o resolución dictada por ella, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, deberá:

I. Por la vía más expedita, dar aviso de su presentación al órgano competente jerárquicamente superior del Instituto Electoral o al Tribunal Electoral precisando: actor, acto o resolución impugnado, fecha y hora exactas de su recepción; y

II. Hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante un plazo de cuarenta y ocho horas se fije en los estrados respectivos o por cualquier otro procedimiento que garantice fehacientemente la publicidad del escrito.

Artículo 528

1. Cuando el Tribunal Electoral o algún órgano del Instituto Electoral reciba un medio de impugnación por el cual se pretenda combatir un acto o resolución que no le es propio, lo remitirá de inmediato, sin trámite adicional alguno, al competente para tramitarlo.

Artículo 529

1. El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren los artículos anteriores, será sancionado en los términos previstos en el presente ordenamiento y demás leyes aplicables.

Artículo 530

1. Dentro del plazo a que se refiere el artículo 506, los terceros interesados podrán comparecer mediante escrito en el que deberán cumplir los requisitos siguientes:

I. Presentarlo ante la autoridad responsable del acto o resolución impugnado;

II. Hacer constar el nombre del tercero interesado;

III. Señalar domicilio para recibir notificaciones;

IV. Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería del compareciente;

V. Precisar la razón del interés jurídico en que se funden y las pretensiones concretas del compareciente;

VI. Ofrecer y aportar las pruebas; mencionar las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le hubieran sido entregadas; y

VII. Hacer constar la firma autógrafa o huella digital del compareciente.

Artículo 531

1. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos por las fracciones I, II, V y VII del artículo anterior, será causa para tener por no presentado el escrito. 

Artículo 532

1. Se tendrá por interpuesto el escrito a través del cual pretenda comparecer un tercero interesado, si habiéndose presentado ante autoridad incompetente, el escrito se remite a la autoridad competente dentro del plazo legal.

Artículo 533

1. Cuando la controversia verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en la fracción VI del artículo 530.

Artículo 534

1. Dentro de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el artículo 506, la autoridad responsable del acto o resolución impugnado deberá remitir al órgano del Instituto Electoral o al Tribunal Electoral lo siguiente:

I. El escrito original mediante el cual se presenta el medio de impugnación, las pruebas y demás documentos que a el se hayan acompañado; 

II. La copia del documento en que conste el acto o resolución impugnado y la demás documentación relacionada y pertinente que obre en su poder;

III. Los escritos de los terceros interesados y coadyuvantes, las pruebas y demás documentación que a ellos se haya acompañado; 

IV. En los juicios de inconformidad, el expediente completo con todas las actas y las hojas de incidentes levantadas por la autoridad electoral, así como los escritos de incidentes y de protesta que se hubieren presentado en los términos del presente Código;

V. El informe circunstanciado; y

VI. Cualquier otro documento que estime necesario para la resolución del asunto.

Artículo 535

1. El informe circunstanciado que debe rendir la autoridad responsable, por lo menos deberá contener:

I. La mención de si el promovente o el compareciente, tienen reconocida su personería;

II. Los motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto o resolución impugnado; y

III. La firma del servidor público con facultades suficientes para rendirlo, en los términos de este Código.

Capítulo Noveno

SUSTANCIACIÓN

Artículo 536

1. Recibida la documentación a que se refiere el artículo anterior el Tribunal Electoral realizará los actos y ordenará las diligencias que sean necesarias para la sustanciación de los expedientes, de acuerdo con lo siguiente:

I. El Presidente del Tribunal Electoral turnará de inmediato el expediente recibido a un Magistrado Electoral, quien tendrá la obligación de revisar que el escrito del medio de impugnación reúna todos los requisitos señalados en el artículo 507 de este ordenamiento, dictando las medidas que estime pertinentes;

II. El Magistrado Electoral propondrá al Pleno el proyecto de sentencia por el que se deseche de plano el medio de impugnación, cuando se dé alguno de los supuestos previstos en el artículo 508 o se acredite cualquiera de las causales de notoria improcedencia señaladas en el artículo 509 de este Código.

III. Cuando el promovente incumpla los requisitos señalados en las fracciones III y IV del artículo 507, y éstos no se puedan deducir de los elementos que obren en el expediente, se podrá formular requerimiento con el apercibimiento de tener por no presentado el medio de impugnación si no se cumple con lo apercibido, dentro de un plazo de veinticuatro horas contadas a partir del momento de la notificación del auto; 

IV. Si la autoridad obligada a rendir el informe circunstanciado, no lo envía dentro del plazo señalado en el artículo 534 de este Código, el medio de impugnación se resolverá con los elementos que obren en autos y se tendrán como presuntivamente ciertos los hechos constitutivos de la violación reclamada, salvo prueba en contrario; lo anterior, sin perjuicio de la medida de apremio, corrección disciplinaria o sanción que deba ser impuesta de conformidad con el presente ordenamiento y las leyes aplicables;

V. En el proyecto de sentencia del medio de impugnación, el Magistrado Instructor propondrá al Pleno del Tribunal Electoral a tener por no presentado el escrito del tercero interesado, cuando se presente en forma extemporánea o se den los supuestos previstos en el artículo 531 de este ordenamiento;

VI. Cuando el compareciente incumpla el requisito señalado en la fracción IV del artículo 530, y éste no se pueda deducir de los elementos que obren en el expediente, se podrá formular requerimiento con el apercibimiento de que no se tomará en cuenta el escrito al momento de resolver si no se cumple con el apercibimiento dentro del plazo de veinticuatro horas contados a partir del momento en que se le notifique el auto; 

VII. Si el medio de impugnación reúne todos los requisitos establecidos por este ordenamiento, se dictará el auto de admisión;

VIII. Al momento de admitirse el medio de impugnación, se deberá proveer lo necesario sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes;

IX. Una vez sustanciado el expediente y puesto en estado de resolución, se declarará cerrada la instrucción pasando el asunto a sentencia. En estos casos, se ordenará fijar copia de los autos respectivos en los estrados; y

X. Cerrada la instrucción, el Magistrado Instructor procederá a formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, y lo someterá a la consideración del Pleno del Tribunal.

2. En la sustanciación de los recursos de revisión y aclaración, se aplicarán las reglas contenidas en los Títulos Cuarto y Quinto de este Libro.

Artículo 537

1. Respecto de los recursos de revisión o apelación que hayan sido interpuestos dentro de los cinco días anteriores al de la elección, se estará a lo siguiente:

I. El Magistrado propondrá al Pleno que se deseche de plano el medio de impugnación, si al analizar el expediente advierte la actualización de alguno de los supuestos siguientes:

a) Se actualice alguna de las causales de desechamiento que derivan de lo dispuesto en los artículos 508 y 509 de este ordenamiento;

b) Que los recursos no guarden relación con algún juicio de inconformidad; o

c) Que el promovente omita señalar la conexidad de la causa; y

II. Si el Magistrado instructor, del examen de los medios de impugnación, concluye que no se actualiza alguna causal de desechamiento, dictará el auto de radicación y reserva del asunto. 

Artículo 538

1. La no aportación de las pruebas ofrecidas, en ningún supuesto será motivo para desechar algún medio de impugnación o para tener por no presentado el escrito del tercero interesado. En todo caso, el Tribunal Electoral o los órganos del Instituto Electoral, resolverán con los elementos que obren en autos.

Artículo 539

1. Si la autoridad responsable incumple con la obligación prevista en el artículo 534, será requerida del inmediato cumplimiento o remisión fijándole un plazo de veinticuatro horas para tal efecto, bajo apercibimiento que de no cumplir o no enviar oportunamente los documentos respectivos, se estará a lo siguiente:

I. El Presidente del Tribunal Electoral tomará las medidas necesarias para su cumplimiento, aplicando el medio de apremio que juzgue pertinente; y

II. En el caso de los recursos de aclaración o revisión, el Consejo General del Instituto Electoral aplicará la sanción correspondiente en los términos del presente Código.

Artículo 540

1. El Consejero Presidente del Instituto Electoral, los órganos de éste, o en su caso, los Magistrados del Tribunal Electoral, en los asuntos que se sometan a su conocimiento y que sean de su competencia, podrán requerir a las autoridades estatales y municipales, así como a los partidos políticos, candidatos, agrupaciones, organizaciones políticas y a personas físicas o jurídicas cualquier elemento o documentación que obrando en su poder, pueda servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación.

Artículo 541

1. Los servidores facultados podrán ordenar discrecionalmente, que se realice alguna diligencia o que una prueba se perfeccione o desahogue, en casos extraordinarios, siempre que ello no signifique una dilación que haga jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada, o sea un obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo señalado en las leyes aplicables.

Capítulo Décimo

RESOLUCIONES Y SENTENCIAS

Artículo 542

1. Las resoluciones o sentencias que pronuncien, respectivamente, los órganos competentes del Instituto Electoral o el Tribunal Electoral, se harán constar por escrito y contendrán:

I. La fecha, el lugar y el órgano o Tribunal que la dicta; 

II. El resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos;

III. El análisis de los agravios así como el examen y valoración de las pruebas;

IV. Los fundamentos jurídicos; 

V. Los puntos resolutivos; y 

VI. El plazo o término para su cumplimiento.

Artículo 543

1. Cuando lo juzguen necesario, el Pleno o la Sala Permanente del Tribunal Electoral podrán, de oficio o a petición de parte, aclarar un concepto o precisar los efectos de una sentencia, siempre y cuando esto no implique una alteración sustancial de los puntos resolutivos o del sentido del fallo.

2. Las partes dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación o constancia de que se tuvo conocimiento de la resolución, podrán solicitar la aclaración de sentencia, expresando con toda claridad la contradicción, ambigüedad, obscuridad de las disposiciones o de las palabras cuya aclaración se solicite.

3. El tribunal resolverá la solicitud de aclaración dentro de las veinticuatro horas siguientes, sin que pueda variar la sustancia de la resolución.

Artículo 544

1. Al resolver los medios de impugnación establecidos en este Código, el Tribunal Electoral o el Consejo General del Instituto Electoral suplirán las deficiencias u omisiones en los agravios cuando puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos.

2. En todo caso, si se omitieron los preceptos jurídicos presuntamente violados o se citan de manera equivocada, el órgano competente del Instituto Electoral o del Tribunal Electoral resolverán tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resulten aplicables al caso concreto.

Artículo 545

1. El Tribunal Electoral dictará sus sentencias en sesión pública, de conformidad con lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, su reglamento interior, así como las reglas siguientes:

I. Abierta la sesión pública por el Presidente del Tribunal Electoral y verificado el quórum legal, se procederá a exponer cada uno de los asuntos listados;

II. Las sentencias se aprobarán por unanimidad o por mayoría de votos;

III. Si el proyecto que se presenta es votado en contra por la mayoría de los Magistrados integrantes del Pleno, a propuesta del Presidente, se designará a otro Magistrado Electoral para que actué como instructor y a partir de que concluya la sesión respectiva, engrose el fallo con las consideraciones y razonamientos jurídicos pertinentes a la brevedad posible; y

IV. En las sesiones públicas sólo podrán participar y hacer uso de la palabra los Magistrados Electorales, directamente o a través de uno de sus Secretarios, y el Secretario General, el cual levantará el acta circunstanciada correspondiente.

Artículo 546

1. Las sentencias que dicte el Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, por lo que en su contra no procederá juicio o recurso alguno, salvo los previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo Décimo Primero

NOTIFICACIONES

Artículo 547

1. Durante los procesos Electorales, el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral podrán notificar sus actos, resoluciones o sentencias en cualquier día y hora.

2. Las notificaciones a que se refiere el presente ordenamiento surtirán sus efectos el mismo día en que se practiquen.

Artículo 548

1. Las notificaciones se podrán hacer: personalmente, por lista que se fijará en estrados, por oficio, por correo certificado o por telegrama, o por cualquier otro medio de comunicación que se considere idóneo siempre que exista la posibilidad de recabar constancia indubitable de la diligencia, salvo disposición en contrario de las leyes aplicables en la materia.

Artículo 549

1. A las notificaciones se deberá acompañar o fijar la cédula respectiva, la que contendrá por lo menos los requisitos que establece el artículo 551.

Artículo 550

1. Las notificaciones personales se harán al interesado a más tardar al día siguiente al en que se emitió el acto o se dictó la resolución o sentencia. Se entenderán personales, sólo aquellas notificaciones que con ese carácter establezcan el presente Código o en su caso, las que determinen las autoridades administrativas o jurisdiccionales en sus resoluciones.

Artículo 551

1. Las cédulas de notificación personal deberán contener: 

I. La descripción del acto, resolución o sentencia que se notifica; 

II. Lugar, hora y fecha en que se practica; 

III. Nombre de la persona con quien se entienda la diligencia; y 

IV. Firma del actuario o notificador.

2. Si no se encuentra presente el interesado, la diligencia se entenderá con quien se encuentre en el domicilio. 

Artículo 552

1. Si el domicilio está cerrado o la persona con la que se entiende la diligencia se niega a recibir la cédula, el funcionario responsable de la notificación la fijará junto con la copia del auto, resolución o sentencia a notificar, en un lugar visible del mismo domicilio, asentará la razón en autos y además procederá a fijar la constancia en los estrados.

Artículo 553

1. En todos los casos, al realizar una notificación personal, se dejará en el expediente la cédula respectiva y copia del auto, resolución o sentencia, asentando razón de la diligencia.

Artículo 554

1. Cuando los promoventes o comparecientes omitan señalar domicilio, éste no resulte cierto o se encuentre ubicado fuera de la ciudad en la que tenga su sede la autoridad que emite el acto a notificar, la diligencia se practicará por estrados, levantando para constancia, razón de esta eventualidad. 

Artículo 555

1. Los estrados, son los espacios del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral que tienen como destino la colocación de las copias de los medios de impugnación, de los escritos de terceros interesados y de los coadyuvantes, así como de los acuerdos, autos, resoluciones y sentencias que les recaigan, para efectos de notificación y publicidad. 

Artículo 556

1. La notificación por correo se hará en pieza certificada con acuse de recibo, debiendo agregarse al expediente el acuse del recibo postal. La notificación por telegrama se hará enviándola por duplicado a efecto de que la oficina que la transmita devuelva un ejemplar sellado, el cual será agregado al expediente.

2. Exclusivamente en casos urgentes o extraordinarios y a juicio de quienes presidan los órganos competentes, las notificaciones que se ordenen podrán hacerse a través de fax y surtirán sus efectos a partir de que se tenga constancia de su recepción o el acuse de recibido.

Artículo 557. Se deroga.

Artículo 558

1. No requerirán de notificación personal y surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación o fijación en estrados, los actos o resoluciones que, en los términos de las leyes aplicables o por acuerdo del órgano competente, deban hacerse públicos a través de:

I. El periódico oficial de la entidad; 

II. Los diarios o periódicos de circulación local; 

III. Lugares públicos; o

IV. La fijación de cédulas en los estrados de los órganos del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral.

Capítulo Décimo Segundo

ACUMULACIÓN Y SEPARACIÓN DE EXPEDIENTES

Artículo 559

1. Para la pronta y expedita resolución de los medios de impugnación previstos en este Código, los órganos competentes del Instituto Electoral o del Tribunal Electoral, podrán determinar su acumulación.

2. La acumulación podrá decretarse al inicio o durante la sustanciación, o para la resolución de los medios de impugnación.

Artículo 560

1. El Magistrado instructor que se encuentre sustanciando un expediente, podrá proponer al Pleno o a la Sala Permanente un acuerdo de separación, cuando se le turnen u obren en un mismo expediente, diversos asuntos que por su propia naturaleza deban estudiarse y resolverse por separado.

2. Dictado el acuerdo de separación, el Magistrado Instructor concluirá la sustanciación por separado de los expedientes que hubiesen resultado, formulando los diversos proyectos de sentencia.

Capítulo Décimo Tercero

MEDIOS DE APREMIO Y CORRECCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 561

1. Para hacer cumplir las disposiciones del presente ordenamiento y las sentencias que dicte, así como para mantener el orden, el respeto y la consideración debidas, el Tribunal Electoral podrá aplicar discrecionalmente los medios de apremio y las correcciones disciplinarias siguientes:

I. Apercibimiento; 

II. Amonestación;

III. Multa hasta por cien veces el salario mínimo diario general vigente en la zona metropolitana de Guadalajara, la que se podrá duplicar en caso de reincidencia; 

IV. Auxilio de la fuerza pública; y 

V. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 562

1. Apercibimiento, es la advertencia a una persona para que haga o deje de hacer determinada conducta, señalándole las consecuencias para el caso de incumplimiento.

Artículo 563

1. Amonestación, es el extrañamiento verbal o escrito con la exhortación de enmendar la conducta.

Artículo 564

1. Las correcciones disciplinarias a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 561 podrán ser aplicadas a las partes, sus representantes, los servidores del Tribunal Electoral y, en general, a cualquier persona que provoque desorden, no guarde el respeto y la consideración debidos o se conduzca con falta de probidad y decoro.

Artículo 565

1. Los medios de apremio podrán ser aplicados a las partes, sus representantes y, en general, a cualquier persona, con el propósito de hacer cumplir las determinaciones de los órganos jurisdiccionales.

Artículo 566

1. Si en los asuntos sometidos al conocimiento de los órganos de jurisdicción del Tribunal Electoral, se advierte que la conducta asumida o desplegada por el infractor pudiese constituir delito, el Presidente del Tribunal Electoral ordenará que se levante el acta correspondiente y que se haga del conocimiento de la autoridad competente, para que proceda conforme a derecho.

Artículo 567

1. En la determinación de los medios de apremio y las correcciones disciplinarias, el Pleno del Tribunal Electoral o la Sala Permanente tomará en consideración las circunstancias particulares del caso, las personales del responsable y la gravedad de la conducta.

Artículo 568

1. Por cuanto hace al apercibimiento al Instituto Electoral o a sus órganos, así como a las autoridades estatales y municipales y los notarios públicos, éste podrá consistir en aplicar el medio de apremio o la corrección disciplinaría, sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad que pudiera derivarse.

Artículo 569

1. El responsable podrá solicitar, dentro de las veinticuatro horas siguientes, audiencia ante el órgano jurisdiccional que determinó el medio de apremio o corrección disciplinaria, para solicitar sea reconsiderada la determinación.

Artículo 570

1. Las multas que fije el Tribunal Electoral se harán efectivas ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas de la Entidad, en un plazo improrrogable de quince días contados a partir de la notificación a la persona sancionada, aquella deberá informar del debido cumplimiento, para efectos de ordenar el archivo del asunto.

Artículo 571

1. Los medios de apremio y las correcciones disciplinarias a que se refiere el artículo 561, serán aplicados de conformidad con las reglas previstas en este capítulo.

2. Para hacer cumplir las disposiciones del presente ordenamiento y las resoluciones que dicten los órganos del Instituto Electoral, el Consejo General podrá aplicar discrecionalmente las sanciones a que le faculta este Código.

Título Tercero

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

Capítulo Único

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 572

1. Durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales, para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones electorales, en los términos señalados en este Título, podrán interponerse los medios de impugnación siguientes:

I. El recurso de aclaración;

II. El recurso de revisión; y

III. El recurso de apelación.

Artículo 573

1. Durante el proceso electoral, para garantizar la legalidad y certeza de los actos, resoluciones y resultados electorales, además de los medios de impugnación señalados en el artículo anterior, se podrá interponer el juicio de inconformidad, en los términos previstos en este Código.

Artículo 574

1. Durante los procesos electorales extraordinarios, serán procedentes los medios de impugnación a que se refiere el artículo anterior, debiendo sujetarse a las reglas señaladas en el presente ordenamiento y a las leyes aplicables.

Artículo 575

1. En cualquier tiempo, serán procedentes los procedimientos especiales para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y sus servidores.

Artículo 576

1. Durante la celebración de los procedimientos de plebiscito, referéndum e iniciativa popular son procedentes los medios de impugnación previstos en este Libro, en los términos que se precisan en el Título Décimo.

Título Cuarto

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Capítulo Único 

PROCEDENCIA Y COMPETENCIA

Artículo 577

1. Contra los actos y resoluciones dictados por los órganos del Instituto Electoral, que afecten a los ciudadanos, a los partidos políticos, coaliciones y a sus candidatos registrados para la elección respectiva, será procedente el recurso administrativo de revisión previsto en este Título.

Artículo 578

1. Durante el desarrollo de un proceso electoral o el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales, es competente para resolver el recurso de revisión el Consejo General del Instituto Electoral, o el Tribunal Electoral en los casos que prevé el artículo 580 de este ordenamiento.

Artículo 579

1. Los recursos de revisión que se interpongan en contra de actos o resoluciones del Secretario Ejecutivo, actuando como encargado del despacho de la Presidencia del Instituto Electoral, serán resueltos por el Consejo General del propio Instituto Electoral. En estos casos, se designará al funcionario que deba suplir al Secretario Ejecutivo para sustanciar el expediente y presentar el proyecto de resolución al órgano colegiado.

Título Quinto

RECURSO DE REVISIÓN 

Capítulo Primero

PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN

Artículo 580

1. El recurso de revisión procede en contra de los actos o resoluciones pronunciadas por:

I. El Instituto Electoral;

II. Los Consejos Distritales y Municipales Electorales; y

III. Las instancias calificadoras o municipales en los procesos de plebiscito y referéndum.

Artículo 581

1. En contra de la resolución que dicte el Consejo General al resolver un recurso de revisión, procede el recurso de apelación.

Artículo 582

1. Podrán interponer el recurso de revisión:

I. Los representantes de los partidos políticos o coaliciones acreditados ante el Instituto Electoral y sus órganos;

II. Quienes hubieren solicitado el registro de alguna coalición, en contra de la resolución que lo niegue; y

III. Los promoventes de los procesos de plebiscito, referéndum e iniciativa popular.

IV. Los representantes de los candidatos independientes acreditados ante el Instituto Electoral y sus órganos.

2. En todos los casos, el recurso deberá interponerse a través del representante común que hubieren designado al presentar su solicitud.

Artículo 583

1. El recurso de revisión deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a aquél en que se hubiese notificado el acto o la resolución que se recurra.

Artículo 584

1. Los órganos electorales ante quienes se presente el recurso de revisión, lo deberán remitir al Consejo General dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción, adjuntando el informe respectivo. No será aplicable esta disposición a los casos en que el recurso se hubiese interpuesto directamente ante el Instituto Electoral.

Capítulo Segundo

SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN

Artículo 585

1. Agotado el trámite a que se refieren los artículos 527 al 535 del presente ordenamiento, y que se haya recibido el recurso de revisión por el órgano del Instituto Electoral competente para resolver, se estará a lo siguiente:

I. El Presidente del Instituto Electoral, lo turnará al Secretario Ejecutivo, para que verifique el cumplimiento de lo establecido en el artículo 507 este Código;

II. El Secretario Ejecutivo propondrá al Consejo General desechar de plano el medio de impugnación, cuando se presente cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 508 o se acredite alguna de las causales de notoria improcedencia señaladas en el artículo 509, ambos de este Código;

III. Cuando el promovente incumpla los requisitos señalados en las fracciones III y IV del artículo 507, y no sea posible deducirlos de los elementos que obran en el expediente, se podrá formular requerimiento con el apercibimiento de tener por no presentado el medio de impugnación, si no se cumple con lo apercibido dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento de la notificación;

IV. El Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, en el proyecto de resolución, tendrá por no presentado el escrito del tercero interesado cuando se presente en forma extemporánea o se den los supuestos previstos en el artículo 531 de este ordenamiento;

V. Cuando el compareciente incumpla el requisito señalado en la fracción IV del artículo 530, y no sea posible deducirlo de los elementos que obran en autos, se podrá formular requerimiento con el apercibimiento de que no se tomará en cuenta el escrito al momento de resolver, si no se cumple con el requerimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento de la notificación; 

VI. En cuanto al informe circunstanciado, si la autoridad responsable no lo envía en los términos precisados en el artículo 535 de este Código, se resolverá con los elementos que obren en autos, sin perjuicio de la sanción que deberá ser impuesta de conformidad con las leyes aplicables; y

VII. Si se cumplen todos los requisitos, el Secretario Ejecutivo procederá a formular el proyecto de resolución que será sometido al órgano que corresponda, en un plazo no mayor de ocho días contados a partir de la recepción de la documentación respectiva.

Artículo 586

1. Los recursos de revisión, deberán resolverse en la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria que celebre el Consejo General posterior al acuerdo que lo tenga por debidamente integrado, siempre y cuando se hubiesen recibido con la suficiente antelación para su sustanciación.

2. La resolución del recurso de revisión deberá dictarse en la sesión en la que se presente el proyecto.

Artículo 587

1. La resolución de los recursos de revisión se aprobarán por el voto de la Mayoría de los miembros presentes; de ser necesario, el Secretario Ejecutivo engrosará la resolución en los términos que determine el propio órgano.

Artículo 588

1. Si el órgano del Instituto Electoral remitente omitió algún requisito, el Secretario Ejecutivo requerirá la complementación del o los requisitos omitidos. En todo caso, deberá resolverse, con los elementos con que se cuente, en un plazo no mayor a doce días contados a partir del acuerdo que lo tenga por debidamente integrado.

Artículo 589

1. En casos extraordinarios, el proyecto de resolución de un recurso de revisión que sea presentado en sesión, podrá ser retirado para su análisis. En este supuesto, se resolverá en un plazo no mayor de diez días contados a partir del de su diferimiento.

Artículo 590

1. Los recursos de revisión que puedan incidir en los resultados electorales o en la calificación de la elección, y que sean interpuestos dentro de los cinco días anteriores a la celebración de la jornada electoral, serán enviados al Tribunal Electoral, para que sean resueltos junto con los juicios de inconformidad con los que guarden relación. El promovente deberá señalar la conexidad de la causa al interponer el juicio de inconformidad.

Artículo 591

1. Cuando a juicio del Tribunal Electoral los recursos de revisión que le hubieran sido remitidos, no guarden relación con algún juicio de inconformidad, procederá a reenviarlos al Consejo General a efecto de que los tramite y resuelva.

Artículo 592

1. La no aportación de las pruebas ofrecidas no será causa de desechamiento del recurso de revisión o del escrito del tercero interesado. En este caso, se resolverá con los elementos que obren en autos.

Artículo 593

1. Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión tendrán como efecto la confirmación, modificación o revocación del acto o resolución impugnado.

Capítulo Tercero

NOTIFICACIONES

Artículo 594

1. Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión serán notificadas dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes:

I. A los promoventes, partidos políticos que no tengan representantes acreditados, o en caso de inasistencia de éstos a la sesión en que se dictó la resolución, se les hará personalmente en el domicilio que hubieren señalado o por estrados;

II. Al órgano del Instituto Electoral cuyo acto o resolución fue impugnado, se le hará por correo certificado o por oficio al cual se le anexará copia de la resolución; y

III. A los terceros interesados, por correo certificado.

Título Sexto

MEDIOS JUDICIALES DE IMPUGNACIÓN

Capítulo Único

COMPETENCIA

Artículo 595

1. El recurso de apelación y el juicio de inconformidad se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que determina este Código.

Artículo 596

1. Durante un proceso electoral ordinario o extraordinario es competente para conocer y resolver de los juicios de inconformidad el Pleno del Tribunal Electoral.

2. Durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales, es competente para resolver el recurso de apelación la Sala Permanente del Tribunal Electoral; dentro de un proceso electoral ordinario o extraordinario, el Pleno del Tribunal Electoral.

3. Durante la celebración de los procedimientos de plebiscito, referéndum e iniciativa popular es competente para conocer y resolver el recurso de apelación y los juicios de inconformidad el Pleno del Tribunal Electoral de no encontrarse instalado, la Sala Permanente.

Artículo 597

1. En todo caso, para cualquier controversia que surja por razón de la competencia que se establece en los supuestos descritos en el artículo que antecede, se deberá estar a lo que en esta materia disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

Artículo 598

1. Interpuesta la demanda de juicio de inconformidad o el recurso de apelación, el Pleno del Tribunal Electoral o en su caso la Sala Permanente, dictarán las resoluciones que procedan.

Título Séptimo 

RECURSO DE APELACIÓN

Capítulo Primero

PROCEDENCIA

Artículo 599

1. Durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales, y dentro de la etapa de preparación de la elección, el recurso de apelación será procedente para impugnar:

I. Las resoluciones del Consejo General que recaigan a los recursos de revisión; y

II. Los actos o resoluciones de cualquiera de los órganos del Instituto Electoral que no sean impugnables a través del recurso de revisión y que causen un perjuicio real y directo al ciudadano, candidato, partido político o agrupación política con registro, que teniendo interés jurídico lo promueva.

Artículo 600

1. En la etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones, el recurso de apelación será procedente para impugnar las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión promovidos en contra de los actos o resoluciones de los órganos del Instituto Electoral que causen un perjuicio real al interés jurídico del partido político recurrente, cuya naturaleza sea diversa a los que puedan recurrirse a través del juicio de inconformidad, y que no guarden relación con el proceso electoral y los resultados del mismo.

Artículo 601

1. En cualquier tiempo, el recurso de apelación será procedente para impugnar:

I. La resolución y en su caso, aplicación de las sanciones administrativas que se determinen con fundamento en lo dispuesto en este Código; y

II. Los actos o resoluciones del Instituto Electoral que causen un perjuicio real al interés jurídico de los participantes en los procesos de plebiscito, referéndum e iniciativa popular, en los términos que establece el Título Décimo de este Código.

Artículo 602

1. Podrán interponer el recurso de apelación:

I. Los partidos políticos, coaliciones y sus candidatos, candidatos independientes o agrupaciones políticas con registro, a través de sus representantes legítimos; y

II. En el caso de imposición de sanciones, además de los legitimados en la fracción anterior: 

a) Los ciudadanos, por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna;

b) Las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos, a través de sus representantes legítimos, de conformidad con los estatutos respectivos o en los términos de la legislación aplicable; y

c) Las personas físicas o jurídicas por su propio derecho o a través de sus representantes legítimos y de conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 603

1. Será requisito de procedencia para la apelación, el que se hubiesen agotado los recursos administrativos que señala este Código para cada caso concreto; de lo contrario se desechará de plano.

Capítulo Segundo

COMPETENCIA Y SUSTANCIACIÓN

Artículo 604

1. Para resolver el recurso de apelación será competente el Pleno del Tribunal Electoral o la Sala Permanente en su caso, lo que llevará a cabo dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se admitan las demandas, excepto cuando el actor haya anunciado pruebas y éstas no obren en el expediente, supuesto en el cual el plazo correrá a partir del día siguiente a aquel en que el Pleno el Tribunal Electoral o la Sala Permanente tengan por recibidas y desahogadas las pruebas.

2. No se recibirán pruebas que no hubieren sido ofrecidas oportunamente ante la autoridad que resolvió el recurso administrativo, salvo las de carácter superveniente. 

Artículo 605

1. Los recursos de apelación interpuestos dentro de los cinco días anteriores a la jornada electoral, serán enviados al Tribunal Electoral para que sean resueltos junto con los juicios de inconformidad con los que guarden relación. El recurrente deberá señalar la causa de conexidad con los citados juicios.

Artículo 606

1. Cuando los recursos a que se refiere el artículo anterior no guarden relación con ningún juicio de inconformidad, serán archivados como asuntos total y definitivamente concluidos.

Artículo 607

1. Al recurso de apelación que se haga valer en contra de un acto o resolución cuyos efectos no tengan relación con el proceso electoral, se le dará el trámite y resolución que en derecho corresponda.

Capítulo Tercero

SENTENCIAS Y NOTIFICACIONES

Artículo 608

1. Las sentencias de fondo que recaigan al recurso de apelación, tendrán como efecto confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnado.

Artículo 609

1. Las sentencias del Pleno del Tribunal Electoral o de la Sala Permanente recaídas a los recursos de apelación, serán notificadas dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de pronunciadas:

I. Al actor, por correo certificado, por telegrama o personalmente;

II. Al órgano del Instituto Electoral que hubiere realizado el acto o dictado la resolución impugnada, por correo certificado, por telegrama, personalmente o por oficio acompañando copia de la resolución; y

III. A los terceros interesados, por correo certificado, telegrama o personalmente.

Título Octavo

JUICIO DE INCONFORMIDAD

Capítulo Primero

PROCEDENCIA

Artículo 610

1. Durante el proceso electoral y exclusivamente en las etapas de resultados y de declaraciones de validez, el juicio de inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales relativas a las elecciones de Gobernador del Estado; Diputados por ambos principios; y de Presidente Municipal síndico y regidores éstos últimos, por ambos principios, en los términos señalados por el presente ordenamiento.

Artículo 611

1. En cualquier tiempo procederá el juicio de inconformidad para impugnar los supuestos previstos en el artículo 652 de este ordenamiento, con respecto a los procedimientos que regula el Libro Quinto de este Código. 

Artículo 612

1. El juicio de inconformidad se podrá promover por los partidos políticos o coaliciones, por conducto de sus dirigentes o representantes legales acreditados ante el órgano electoral responsable, y por los candidatos por su propio derecho sin que sea válida representación alguna, en contra de:

I. Los resultados consignados en las actas de cómputo:

a) Municipal, en la elección de Presidente Municipal, síndico y regidores de mayoría relativa;

b) Distrital, en la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa;

c) Estatal en el supuesto de la elección de Diputados electos por el principio de representación proporcional; y

d) Estatal que realice el Consejo General del Instituto Electoral en la elección de Gobernador;

II. Los resultados consignados en las actas de cómputo descritas en la fracción I, por error aritmético;

III. Las determinaciones sobre la declaración de validez de la elección;

IV. La expedición de la constancia de mayoría; o contra la negativa de expedición de la constancia de mayoría en las elecciones de Diputados o regidores; y

V. La asignación que realice el Instituto Electoral respecto de la elección:

a) De Diputados de representación proporcional; y

b) De Munícipes por el principio de representación proporcional.

Artículo 613

1. El juicio de inconformidad también procederá contra las determinaciones de las autoridades electorales locales en los procedimientos de plebiscito, y referéndum que se establecen en el artículo 652 del presente Código.

Artículo 614

1. Las causas de nulidad previstas en este Código, sólo podrán hacerse valer al promover la inconformidad en contra de los resultados que arrojen los procesos electorales, y los relativos al plebiscito y referéndum.

Artículo 615

1. Los candidatos podrán promover la inconformidad en su carácter de actores en los siguientes casos:

I. Cuando por motivos de inelegibilidad la autoridad electoral decida no otorgarles la constancia de mayoría; y

II. En los supuestos de procedencia previstos en las fracciones I, II, III y V del artículo 612, siempre y cuando el partido político o coalición que los postuló no haga valer la inconformidad.

2. Fuera de los casos previstos en el párrafo anterior, los candidatos sólo podrán intervenir como coadyuvantes.

Artículo 616

1. En el supuesto de procedencia previsto en el inciso c) de la fracción X del artículo 617, cualquiera de los candidatos que integren la planilla de Munícipes, estará facultado para promover la inconformidad en su carácter de actor siempre y cuando se demuestre la afectación a su interés jurídico, y el partido político o coalición que los postuló no haga valer la inconformidad.

Capítulo Segundo

REQUISITOS ESPECIALES DEL ESCRITO DE DEMANDA

Artículo 617

1. Además de los requisitos establecidos por el artículo 507 del presente ordenamiento, el escrito por el cual se promueva el juicio de inconformidad deberá cumplir con los siguientes:

I. Si el carácter de actor recae en un partido político o coalición, se indicará el nombre de su representante legal;

II. Señalar la elección que se impugna;

III. La fecha y la hora en que fue notificada la resolución o se tuvo conocimiento del acto combatido en los términos de este Código;

IV. Los hechos que dieron origen al acto o resolución que se impugna y la expresión de los agravios que se hayan causado;

V. La enumeración de las pruebas documentales que se ofrezcan, que serán las únicas admisibles, debiendo relacionarlas con cada uno de los hechos y los agravios formulados. Para la admisión y valoración se tendrán en cuenta, las reglas establecidas en este Código;

VI. La mención individualizada del acta de cómputo que se impugna, bien sea, Municipal; Distrital en el caso de la elección de Diputados de mayoría relativa o de cómputo estatal, en el caso de Diputados de representación proporcional y de Gobernador del Estado;

VII. La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada en cada caso y la causal que se invoque para cada una de ellas;

VIII. El señalamiento del error aritmético cuando por este motivo se impugnen los resultados consignados en las actas de cómputo Estatal, Distrital o Municipal;

IX. La relación que guarda la inconformidad con otras impugnaciones, en su caso; y

X. Manifestar expresamente si se objetan: 

a) Los resultados del cómputo;

b) La declaración de validez de la elección y por consecuencia, el otorgamiento de las constancias respectivas; o

c) La asignación de Diputados y Munícipes electos por el principio de representación proporcional.

Artículo 618

1. En ningún caso se podrá impugnar mediante un escrito de inconformidad:

I. Más de una elección; o

II. Distintos supuestos de procedencia del juicio, salvo que los actos o resoluciones susceptibles de impugnación corran a cargo de uno sólo de los órganos del Instituto Electoral y éstos sean emitidos en la misma sesión.

Artículo 619

1. Cuando se pretenda impugnar las elecciones de Diputados por ambos principios, el promovente deberá presentar dos escritos, los cuales deberán reunir los requisitos de forma dispuestos en el artículo 507, de los que se incoaran expedientes por cuerda separada y dentro de los plazos previstos en el presente Código.

Capítulo Tercero

LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA

Artículo 620

1. Al escrito de inconformidad, deberá adjuntarse el documento que acredite la personería del que promueve, o en el que conste que le fue reconocida por el Instituto Electoral o sus respectivos órganos, en los siguientes supuestos:

I. Cuando no se promueva a nombre propio; o

II. No se hubiere acreditado por otros medios de los previstos en este Código.

Artículo 621

1. Los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes podrán presentar al Tribunal Electoral una relación de sus diversos Consejeros representantes ante el Instituto Electoral y sus respectivos órganos desconcentrados, con el objeto de tener por acreditada la personería de éstos cuando comparezcan a la interposición y trámite del juicio de inconformidad.

2. En el caso de que los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes se acojan a lo prescrito en el párrafo anterior, la relación se deberá presentar ante el Tribunal Electoral con antelación a la interposición de los juicios de inconformidad, y podrá ser actualizada en la medida que se vayan substituyendo los Consejeros representantes ante el Instituto Electoral y sus respectivos órganos.

3. Con la relación descrita en los párrafos anteriores, deberá adjuntarse el documento o constancia que acredite el reconocimiento del carácter de dichos representantes.

4. De presentarse discrepancia entre el representante o representantes reconocidos por el Instituto Electoral y sus órganos con los relacionados ante el Tribunal Electoral, prevalecerán los que como tales reconozca el organismo electoral.

Capítulo Cuarto

PARTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDa

Artículo 622

1. Serán considerados como partes en el juicio:

I. El actor que será quien, estando legitimado en los términos de este Código, promueva la inconformidad;

II. La autoridad responsable, que será el órgano electoral que realice el acto o dicte la resolución que se impugna; y

III. El tercero interesado, que serán los candidatos, el partido político o coalición que tenga interés legítimo en la causa, derivado de un derecho incompatible con el que pretenda el actor.

Artículo 623

1. La demanda del juicio de inconformidad deberá presentarse dentro del plazo que establece el artículo 506 de este Código.

Artículo 624

1. La demanda de inconformidad se presentará por escrito ante el Instituto Electoral o ante cualquiera de sus órganos, siempre que sea el que haya dictado la resolución o el acto impugnado;

2. La autoridad electoral deberá remitir la demanda al Tribunal Electoral en un plazo máximo de veinticuatro horas, conjuntamente con la documentación enlistada en el artículo 534 del presente Código.

Artículo 625

1. Recibido el medio de impugnación, se hará del conocimiento de los partidos, coaliciones, candidatos y el público en general mediante cédula que se fijará en los estrados del Tribunal Electoral.

Artículo 626

1. En el caso de que comparezcan terceros interesados, los escritos que presenten deberán satisfacer los requisitos señalados en el artículo 530, y ser presentados dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a partir del momento que se fije en los estrados la cédula correspondiente.

Artículo 627

1. En el caso de que al escrito de demanda no se haya acompañado el documento que acredite la personería del promovente, no se requerirá por su exhibición, cuando aparezca legalmente acreditada la personería en las constancias o informes que obren en la documentación anexa al medio de impugnación que remita la autoridad responsable.

Capítulo Quinto

SENTENCIAS Y SUS EFECTOS

Artículo 628

1. Las sentencias que resuelvan el fondo de los juicios de inconformidad podrán tener los efectos siguientes:

I. Confirmar, modificar o revocar las resoluciones emitidas por:

a) El Instituto Electoral, al calificar las elecciones de Munícipes; y 

b) Los Consejos Distritales Electorales, al calificar las elecciones de Diputados de mayoría relativa;

II. Confirmar, modificar o revocar los resultados consignados en las actas de:

a) Cómputo Municipal en la elección de Munícipes; y 

b) Cómputo Distrital para la elección de Diputados de mayoría relativa;

III. Confirmar los resultados, ordenar corrección del cómputo estatal de la circunscripción plurinominal de la elección de Diputados por el principio de representación proporcional, o del cómputo estatal de la elección de Gobernador del Estado, sólo en el caso de que, los resultados consignados en el acta respectiva hubieran sido impugnados por error aritmético y estos fueren determinantes para el resultado de la elección;

IV. Declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas:

a) En los casos que se actualicen las causales de nulidad previstas en este Código, y, modificar en consecuencia, el Acta de Cómputo Municipal para la elección de Presidente, síndico y Munícipes;

b) Cuando se hayan acreditado en el juicio respectivo las causales de nulidad que previene este Código, y, modificar en consecuencia, el Acta de Cómputo Distrital para la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa;

c) Cuando se hayan acreditado en el juicio respectivo las causales de nulidad que previene el presente Código, y, modificar en consecuencia, el Acta de Cómputo Estatal para la elección de Diputados por el principio de representación proporcional; y

d) Cuando se hayan actualizado las causales de nulidad establecidas en este Código, y, modificar en consecuencia, el Acta de Cómputo Estatal, respecto de la elección de Gobernador del Estado;

V. Revocar la Constancia de mayoría expedida por el Consejo General del Instituto Electoral, en favor de quien obtuvo la mayoría en la elección de:

a) Gobernador; y

b) Una planilla de candidatos a Munícipes;

VI. Revocar la Constancia de Mayoría expedida por los Consejos Distritales respectivos, en favor de quien obtuvo la mayoría en la elección de candidatos a Diputados por mayoría relativa;

VII. Revocar la Constancia de Asignación expedida por el Instituto Electoral, en favor de quienes obtuvieron diputaciones en la elección de Diputados por el principio de representación proporcional;

VIII. Declarar la nulidad de la elección y revocar la constancia de mayoría expedida por los Consejos Distritales correspondientes o por el Instituto Electoral, cuando se den los supuestos previstos en este Código;

IX. Confirmar, modificar o revocar la asignación de:

a) Diputados por el principio de representación proporcional, que realice el Consejo General del Instituto Electoral; y

b) Munícipes por el principio de representación proporcional, que realice el Consejo General del Instituto Electoral; y

X. Confirmar, modificar o revocar la Constancia de Mayoría de votos de la elección de Gobernador.

Artículo 629

1. Serán aplicables en lo conducente los efectos previstos en el artículo anterior a las sentencias que recaigan a los medios de impugnación incoados con motivo de los procedimientos de plebiscito y referéndum.

Artículo 630

1. Las sentencias que recaigan a los juicios de inconformidad, serán definitivas e inatacables. 

Capítulo Séptimo

TÉRMINOS PARA RESOLVER EL JUICIO DE INCONFORMIDAD

Artículo 633

1. El Tribunal Electoral deberá resolver las inconformidades y en su caso, los recursos que se relacionen con éstas, a más tardar dentro de los siguientes términos:

I. El día 10 de septiembre del año en que se celebre la elección, en el caso de los Munícipes;

II. El día último del mes septiembre del año en que se celebren las elecciones, en los casos de Diputados por ambos principios; y

III. El día último del mes de octubre del año en que se celebre la elección, para el caso de Gobernador del Estado.

Capítulo Octavo

NOTIFICACIÓN DE LAS SENTENCIAS

Artículo 634

1. Las sentencias recaídas a los juicios de inconformidad serán notificadas dentro de las veinticuatro horas siguientes de pronunciadas y se asentará la razón respectiva:

I. A las autoridades electorales por oficio; por correo certificado, o por cualquier otro medio de comunicación que se considere idóneo, siempre que exista la posibilidad de recabar constancias indubitables de la notificación; y

II. A las demás partes por lista que se fijará en los estrados del Tribunal Electoral.

2. En ambos casos, deberán acompañarse o fijarse la cédula respectiva.

Artículo 635

1. Concluido el proceso electoral ordinario o extraordinario, el Instituto Electoral, por conducto de su Presidente, podrá solicitar copia certificada de la documentación que integre los expedientes formados con motivo de los juicios de inconformidad.

Título Noveno

NULIDADES Y SUS DECLARATORIAS

Capítulo Único

NULIDADES

Artículo 636

1. La votación recibida en una casilla electoral será nula cuando:

I. La casilla se instale, sin causa justificada, en distinto lugar al señalado por los Consejos Distritales Electorales;

II. Se ejerza violencia física, exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o de los electores, de tal manera, que afecte la libertad o el secreto del voto y estos actos tengan relevancia en los resultados de la votación de la casilla;

III. Hubiese mediado error grave o dolo manifiesto en el cómputo de votos que altere sustancialmente el resultado de la votación;

IV. El paquete electoral, sea entregado fuera de los plazos establecidos por este Código, sin causa justificada, a los Consejos Distritales y Municipales electorales;

V. Se hubiese permitido sufragar sin credencial para votar con fotografía, o, a quienes teniendo credencial no aparezcan en el listado nominal de electores, siempre que ello sea determinante para el resultado de la elección, se exceptúan de lo anterior los casos que así determine mediante resolución el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, indicando cuáles ciudadanos pueden sufragar sin aparecer en la lista nominal de electores o sin contar con credencial para votar, o en ambos casos;

VI. Se hubiera impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o se les hubiese expulsado sin causa justificada;

VII. Se compruebe que se impidió, sin causa justificada, ejercer el derecho de voto de los ciudadanos facultados para hacerlo, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación en la casilla correspondiente;

VIII. Se haya recibido la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de las elecciones;

IX. Se haya realizado, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el órgano electoral correspondiente.

X. Hubieran existido irregularidades graves y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente y a juicio del Pleno o de la Sala competente del Tribunal Electoral, pongan en duda la certeza de la votación;

XI. Se hubieren instalado en lugar oculto las urnas electorales durante la jornada electoral;

XII. Los funcionarios de casilla hayan negado a los representantes de los partidos políticos el ejercicio de los derechos que en su favor establece este Código; y

XIII. Cuando alguna persona ajena a la mesa directiva de casilla haya usurpado las funciones del Presidente, Secretario o Escrutadores.

Artículo 637

1. Recuentos totales o parciales: 

I. Recuento total: El procedimiento de apertura de la totalidad de los paquetes electorales relativos a: la elección de Gobernador, Diputados por el principio de mayoría relativa o Munícipes, con el objeto de realizar el escrutinio y cómputo de los votos en ellos contenidos y la elaboración de las respectivas actas; y

II. Recuento parcial Distrital: El procedimiento de apertura de la totalidad de los paquetes electorales relativos a la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa o de Gobernador cuyo cómputo incide en el resultado de la elección de Diputados de representación proporcional o de Gobernador. 

2. Recuentos de la competencia de los Consejos Distritales Electorales:

I. El recuento total de la votación recibida en el distrito, de la elección de Gobernador, cuando así lo acuerde el Consejo General;

II. El recuento total de la votación recibida en el distrito de la elección de Diputados de mayoría Relativa, cuando así lo acuerde el Consejo Distrital; y

III. El recuento total de la votación recibida en alguno de los municipios de la elección de Munícipes, cuando así lo acuerde el Consejo Municipal. Sólo en los distritos cuya geografía abarque dos o más municipios.

3. Recuentos de la competencia de los Consejos Municipales:

I. El recuento total de la votación recibida en el municipio de la elección de Munícipes, cuando así lo acuerde el Consejo Electoral Municipal. Sólo en los municipios cuya geografía abarque dos o más distritos.

4. Recuentos de la Competencia del Consejo General:

I. El Consejo General realizará el cómputo de las actas de recuentos parciales en los casos de recuento de las elecciones de Diputados de Mayoría Relativa para efectos de la incidencia en el resultado de la elección de Diputados por el principio de representación proporcional; y

II. El Consejo General realizara el cómputo de las actas de recuentos parciales en los casos de recuento de la elección de Gobernador.

5. El procedimiento comprenderá las etapas siguientes:

I. Declaración de procedencia por el órgano competente. Solo podrá declararse la procedencia del recuento de una elección, cuando se reúnan las siguientes condiciones:

a) La diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección y el que haya obtenido el segundo lugar sea menor a un punto porcentual, tomando como referencia la votación total emitida y así lo solicite el representante del candidato que haya obtenido el segundo lugar al momento de firmar el acta de cómputo Municipal o Distrital; o

b) La diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección y el que haya obtenido el segundo lugar sea igual o menor a los votos nulos y así lo solicite el representante del candidato que haya obtenido el segundo lugar al momento de firmar el acta de cómputo Municipal o Distrital;

II. Designación del personal que intervendrá en la apertura de los paquetes y operaciones de escrutinio y cómputo, el acuerdo relativo deberá ser aprobado por el Consejo General, o en su defecto, por el Consejo respectivo. De la misma forma, debe aprobarse a los representantes de los partidos políticos que acrediten ante las mesas de recuento que en su caso se instalen;

III. Escrutinio y cómputo de cada uno de los paquetes electorales, atendiendo a las disposiciones que resulten aplicables del Libro Cuarto, Título Sexto, Capítulo Sexto de este ordenamiento; y

IV. Elaboración de acta circunstanciada, así como de las actas de recuento de votación. 

Artículo 638

1. Una elección será nula, cuando:

I. Las causas a que se refiere el artículo 636 se acrediten en por lo menos un veinte por ciento de las casillas electorales de un distrito electoral o de un municipio y sean determinantes en el resultado de la elección;

II. Exista violencia generalizada en un distrito electoral o en un municipio;

III. Se hubiesen cometido violaciones sustanciales en la jornada electoral y las causas hayan sido plenamente acreditadas y determinantes para el resultado de la elección;

IV. En por lo menos, un veinte por ciento de las casillas electorales de un distrito electoral o municipio:

a) Se haya impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o se hubiesen expulsado de la casilla sin causa justificada; o

b) No se hubiesen instalado éstas y, consecuentemente, la votación no se haya efectuado;

V. En el caso de la elección de Diputados, cuando los dos integrantes de la fórmula electa sean inelegibles; 

VI. En el caso de elecciones de planillas de Presidente, Síndico y regidores, se requerirá que la inelegibilidad afecte, cuando menos a la mitad más uno de los candidatos propietarios; y

VII. Se hubiesen cometido violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en la Base VI, del artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

2. En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada. 

3. Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados.

4. Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral.

5. Para efectos de lo dispuesto en la Base VI del artículo 41 de a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presumirá que se está en presencia de cobertura informativa indebida cuando, tratándose de programación y de espacios informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y no de un ejercicio periodístico.

6. A fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y a fin de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni censura, las entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin importar el formato sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien las emite.

Artículo 639

1. Se entienden por violaciones sustanciales:

I. La realización de los escrutinios y cómputos en lugares distintos a los determinados previamente por el Instituto Electoral y sus órganos, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor;

II. La recepción de la votación en fecha distinta a la señalada por el presente Código para la celebración de las elecciones ordinarias o señalada en la convocatoria respectiva, en el caso de elecciones extraordinarias; y

III. La recepción de la votación por personas u organismos distintos a los facultados por este Código.

Artículo 640

1. Ningún partido político o coalición podrá invocar, como causa de nulidad, hechos o circunstancias que el propio partido dolosamente hubiese provocado.

Artículo 641

1. En el caso de la nulidad de la votación de una o más casillas, se descontará la votación anulada de la votación Distrital para la elección de Diputados por ambos principios, para Gobernador del Estado, así como para la elección de Presidente, Síndico y Regidores de los ayuntamientos de la entidad, para obtener los resultados de la votación válida.

Artículo 642

1. Los efectos de las nulidades declaradas por el Tribunal, respecto de la votación emitida en una casilla o de una elección en un distrito electoral uninominal, municipio o en la circunscripción plurinominal en todo caso, se contraen exclusivamente a la votación o elección para la que, expresamente así se haya declarado. 

Artículo 643

1. Tratándose de la inelegibilidad de candidatos a Diputados o regidores de representación proporcional, que deban asignarse a un partido político o coalición, el lugar del declarado no elegible, se asignará al que siga:

I. En la lista única que elabore el Instituto Electoral; o

II. En la planilla correspondiente al mismo partido político o coalición. Para tal efecto se considerará, en primer lugar, la lista de regidores propietarios y en segundo, la lista de regidores suplentes.

Artículo 644

1. El Tribunal podrá declarar la nulidad de una elección de Gobernador, Diputados o Munícipes, cuando:

I. A su juicio, esté demostrada plenamente la vulneración a los principios fundamentales o rectores de la materia, que se prevén en la Constitución General de la República y la Política del Estado de Jalisco, en cualquiera de las etapas del proceso electoral, bien sea por autoridades o personas físicas o jurídicas ajenas a la función, que por su gravedad no le permitan al Tribunal Electoral tener la certeza de que se respetó la libertad de sufragio, o la garantía de la celebración de una elección libre y auténtica;

II. Se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral en la circunscripción, distrito o municipio de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos; y

III. Cuando se presente alguna de las causas señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 12, fracción XV, de la Constitución Política del Estado y conforme a las prevenciones de la Ley General.

2. Las elecciones cuyos cómputos, constancias de mayoría y validez o de asignación no sean impugnadas en tiempo y forma, se considerarán válidas, definitivas e inatacables.

Título Décimo 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PARA DIRIMIR CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Capítulo Primero

DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 645

1. Para dirimir las diferencias o conflictos que surjan con motivo de los procedimientos relativos a los procesos de plebiscito, referéndum e iniciativa popular, son procedentes los medios de impugnación previstos en este Código.

Capítulo Segundo

PERSONERÍA Y LEGITIMACIÓN

Artículo 646

1. La presentación de los medios de impugnación en los procesos de plebiscito y referéndum corresponde a:

I. Los solicitantes por conducto de sus representantes designados o acreditados;

II. Los poderes públicos que participen en el procedimiento; y

III. El representante común en los casos de interposición de una iniciativa popular.

Artículo 647

1. Ningún funcionario público podrá fungir como representante común de los promoventes de una iniciativa popular.

Capítulo Tercero

ACTOS Y RESOLUCIONES IMPUGNABLES

Artículo 648

1. Son impugnables a través del recurso de revisión los actos y resoluciones que dicten las instancias calificadoras o Municipales a que se refiere el Libro Quinto, con excepción de las relativas a los resultados y calificación de las elecciones.

Artículo 649

1. Para los casos de recursos de revisión interpuestos dentro de los cinco días anteriores al día de la jornada electoral, se procederá en los términos que establece el Capítulo Segundo del Título Quinto de este Libro.

Artículo 650

1. Son impugnables a través del recurso de apelación las controversias que surjan por:

I. La declaración de improcedencia de la solicitud de plebiscito, referéndum e iniciativa popular, que realice el Consejo General del Instituto Electoral;

II. Los actos y resoluciones dictados por el Consejo General del Instituto Electoral relativos a la preparación de los procesos de plebiscito, referéndum y la incoación de una iniciativa popular, que causen un perjuicio real y directo a los solicitantes;

III. La determinación del Consejo General del Instituto Electoral que acuerde la suspensión de la realización de la consulta; y

IV. Los demás actos, omisiones o resoluciones que dicte el Consejo General del Instituto Electoral cuyo contenido se relacione estrictamente con el proceso electoral de consulta, y que sean posteriores a la etapa de resultados y calificación de los mismos, que no permitan la iniciación o conclusión de los procesos de plebiscito o referéndum, salvo el caso de inejecución de sentencias recaídas a los juicios de inconformidad.

2. Para los recursos de apelación previstos en este precepto legal, será requisito de procedibilidad el previsto en el artículo 603 de este Código.

Artículo 651

1. En los casos de recursos de apelación interpuestos dentro de los cinco días anteriores a la jornada electoral de consulta, en los que se combatan los actos o resoluciones dictados por las autoridades electorales en los procesos de plebiscito y referéndum se aplicarán las reglas establecidas en los artículos 595, 596 y 597 de este Código.

Artículo 652

1. Son impugnables a través del juicio de inconformidad:

I. Los resultados del cómputo de los votos emitidos en los procedimientos de participación ciudadana, que practiquen las instancias calificadoras, Municipales, o el Consejo General del Instituto Electoral;

II. La calificación del procedimiento de referéndum y de plebiscito, que realicen las autoridades electorales competentes; y

III. La determinación que dicte el Presidente del Instituto Electoral por medio de la cual declare oficiales los resultados del referéndum o plebiscito, según sea el caso.

2. Las causas de nulidad previstas en este Código y que en lo conducente resulten aplicables, sólo podrán hacerse valer al promover el juicio de inconformidad en contra de los resultados señalados en la fracción I de este artículo.

Capítulo Cuarto

TRÁMITE, SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN

Artículo 653

1. Los medios de impugnación previstos en este Título serán interpuestos, tramitados, sustanciados y resueltos conforme a las disposiciones especiales que para cada uno de ellos se establecen en el presente Código, y que en lo conducente sean aplicables.

2. Tratándose de los procesos de plebiscito y referéndum, se estará a los plazos y términos que establezcan las convocatorias respectivas.

3. Es aplicable lo previsto para las pruebas; suplencia en la deficiencia de expresión de agravios; y lo relativo a las notificaciones y a las reglas comunes para los medios de impugnación que se establecen en el Título Segundo del presente Libro.

Título Décimo Primero 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES  ENTRE EL INSTITUTO ELECTORAL Y SUS SERVIDORES

Capítulo Primero

REGLAS ESPECIALES

Artículo 654

1. Las diferencias o conflictos entre el Instituto Electoral y sus servidores serán resueltas por el Pleno del Tribunal Electoral o la Sala Permanente, y conforme a lo dispuesto en el presente Título.

Artículo 655

1. Para lo no previsto en el presente ordenamiento, se aplicará supletoriamente y en forma jerárquica:

a) Los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

b) La Ley de Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus Municipios;

c) La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional;

d) La Ley Federal del Trabajo; 

e) La jurisprudencia; 

f) La costumbre; y

g) La equidad.

Capítulo Segundo

TRÁMITE, SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN

Artículo 656

1. El servidor del Instituto Electoral que hubiese sido sancionado o destituido de su cargo, o que considere haber sido afectado en sus derechos y prestaciones laborales, podrá inconformarse mediante demanda que presentará directamente ante el Tribunal Electoral, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se le notifique la determinación del Instituto Electoral o de alguno de sus órganos.

Artículo 657

1. En su escrito de demanda, el servidor público deberá señalar si opta por que se le indemnice con el importe de tres meses de salario mas doce días por cada año laborado, o por la reinstalación en el cargo o puesto que desempeñaba con las prestaciones inherentes a su nombramiento. 

Artículo 658

1. Será optativo para el servidor público involucrado agotar las instancias previas que establezca el presente Código o el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Artículo 659

1. Para la promoción, sustanciación y resolución del procedimiento previsto en este Título, se considerarán hábiles, todos los días del año, con exclusión de los sábados, domingos y días de descanso obligatorio. Asimismo, se considerarán horas hábiles las que medien entre las siete y diecinueve horas. 

Artículo 660

1. Son partes en el procedimiento:

I. El actor, que será el servidor público afectado por el acto o resolución impugnado, quien deberá actuar personalmente o por conducto de apoderado legalmente acreditado; y

II. El Instituto Electoral o sus órganos, que actuarán a través de sus representantes legales.

Artículo 661

1. El escrito de demanda por el que se inconforme el servidor, deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Hacer constar el nombre completo y señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones en la zona metropolitana de Guadalajara;

II. Identificar el acto o resolución que se impugna y la fecha en que tuvo conocimiento del mismo;

III. Mencionar de manera expresa los agravios que cause el acto o resolución que se impugna;

IV. Manifestar las consideraciones de hecho y de derecho en que se funda la demanda;

V. Ofrecer las pruebas en el escrito por el que se inconforme y acompañar las documentales; y

VI. Firma autógrafa del promovente.

Artículo 662

1. En el caso de que el Tribunal Electoral o la Sala Permanente notare alguna irregularidad u oscuridad en el escrito de demanda, prevendrá al actor para que las subsane dentro de un plazo de tres días.

2. La demanda será admitida, cuando satisfaga los requisitos previstos por este Código.

Artículo 663

1. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la admisión de la demanda, se ordenará emplazar al Instituto Electoral por conducto de su representante legal, corriéndole traslado con copia certificada del escrito y simple de sus anexos. 

Artículo 664

1. El Tribunal Electoral o la Sala Permanente ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del procedimiento, para el efecto de regularizarlo. 

Artículo 665

1. El Instituto Electoral deberá contestar dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se le notifique la demanda del servidor público, ofreciendo las pruebas que a su derecho correspondan y acompañando las documentales que estime pertinentes.

2. Cuando el Instituto Electoral no conteste la demanda, se tendrá por contestada en sentido afirmativo, salvo que de las constancias que obren en autos, se demuestre lo contrario. 

Artículo 666

1. Dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la contestación del Instituto Electoral, se celebrará una audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos.

2. La audiencia se celebrará aún sin la asistencia de las partes.

Artículo 667

1. Las partes de común acuerdo, y por una sola ocasión, podrán solicitar la suspensión de la audiencia, con el objeto de llegar a una conciliación.

Artículo 668

1. Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto y celebrarán convenio.

2. El convenio deberá aprobarse por el Tribunal Electoral o por la Sala Permanente, y producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo.

Artículo 669

1. De no producirse la conciliación continuará el procedimiento por sus diversas etapas hasta que el Magistrado Ponente ponga los autos en estado de resolución.

Artículo 670

1. En la audiencia a que se refiere el artículo anterior, el Pleno del Tribunal Electoral o la Sala Permanente, determinará la admisión de las pruebas que estime pertinentes, misma que se sujetará a las siguientes reglas:

I. Preservará el derecho de las partes para objetar las pruebas ofrecidas;

II. Desechará aquellas pruebas que resulten notoriamente incongruentes, impertinentes, contrarias al derecho o a la moral, o bien, cuando no tengan relación con la litis; y

III. Ordenará, en su caso, la preparación y el desahogo de las que lo requieran.

Artículo 671

1. De ofrecerse la prueba confesional a cargo del Presidente del Instituto Electoral, su ofrecimiento y desahogo se sujetará a las reglas siguientes:

I. El oferente de la prueba deberá presentar el pliego de posiciones correspondiente anexo a su demanda;

II. Una vez que el Pleno del Tribunal Electoral o la Sala Permanente, califiquen de legales las posiciones, se ordenará que a través de oficio se remita el pliego al absolvente, concediéndole un plazo de tres días para que desahogue la prueba por escrito; y

III. En caso de que el Presidente del Instituto Electoral no conteste dentro del plazo concedido, o en su contestación se conduzca de manera evasiva en las respuestas, se le tendrá por confeso.

Artículo 672

1. La autoridad jurisdiccional podrá ordenar el desahogo de pruebas por exhorto, que dirigirá a la autoridad competente del lugar donde deba efectuarse la diligencia en auxilio de las labores del Tribunal Electoral o de la Sala Permanente.

Artículo 673

1. Una vez sustanciado el expediente, que hayan sido formulados los alegatos por las partes, y previa certificación del Secretario General de Acuerdos de que ya no quedan pruebas por desahogar, se declarará cerrada la instrucción pasando el asunto a resolución.

Artículo 674

1. En el caso de que no hayan comparecido las partes a la última audiencia, se ordenará fijar copia del auto de cierre de instrucción en los estrados.

Artículo 675

1. Cerrada la instrucción, el Magistrado Electoral procederá a formular el proyecto de resolución en forma de laudo, y lo someterá a la consideración del Pleno del Tribunal o la Sala permanente, según sea el caso, dentro de los diez días siguientes.

Artículo 676

1. El Pleno del Tribunal Electoral o la Sala Permanente resolverá la controversia laboral en sesión pública, dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de que se declare cerrada la instrucción.

2. El Tribunal Electoral o la Sala Permanente podrá sesionar en privado si la índole del conflicto planteado así lo amerita.

3. El laudo tendrá el carácter de definitivo e inatacable.

Artículo 677

1. El laudo se notificará personalmente a las partes, si no hubieren señalado domicilio se hará por estrados.

Artículo 678

1. Dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del laudo, las partes podrán solicitar al Pleno del Tribunal Electoral o a la Sala Permanente, la aclaración del laudo, para precisar o corregir algún punto.

2. La autoridad jurisdiccional dentro de un plazo igual resolverá sobre la petición, sin que en ningún caso modifique el sentido del laudo.

Artículo 679

1. Los efectos del laudo que emita el Pleno del Tribunal Electoral o la Sala Permanente, se dictarán en el sentido de confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnado.

2. En el supuesto de que el laudo ordene dejar sin efectos la destitución del servidor público, el Secretario General del Acuerdos del Tribunal o el actuario que éste designe, se constituirá en el domicilio donde el servidor prestaba sus servicios, a efecto de llevar a cabo la diligencia de reinstalación.

Artículo 680

1. El Instituto Electoral podrá negarse a reinstalarlo, para tal efecto, pagará al servidor público la indemnización equivalente a tres meses de salario más doce días por cada año laborado.

Artículo 681

1. Con independencia de las prestaciones que en el laudo determine el Tribunal Electoral, además, se condenará al Instituto Electoral para que pague al servidor público los salarios caídos, de conformidad a lo establecido en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LIBRO OCTAVO

DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Título Primero

Capitulo Único

DE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 682 

1. Las disposiciones contenidas en este Libro, tienen por objeto regular las candidaturas independientes para Gobernador del Estado, Diputados por el principio de mayoría relativa y Munícipes, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Artículo 683

1. El Consejo General proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de las normas contenidas en el presente Libro, en el ámbito de su competencia.

Artículo 684

1. Son aplicables, en todo lo que no contravenga las disposiciones de este Libro, las disposiciones conducentes de este Código, los Reglamentos y Lineamientos que expida el Consejo General y las demás leyes aplicables.

Artículo 685 

1. La organización y desarrollo de la elección de candidaturas independientes será responsabilidad del Instituto Electoral, a través del Consejo General, las Direcciones Técnicas y Ejecutivas, así como los órganos desconcentrados que correspondan.

2. El Consejo General emitirá los reglamentos y lineamientos, necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por el presente Libro, apoyándose en su estructura interna existente o que apruebe crear, observando para ello las disposiciones de la Ley General, este Código y demás normatividad aplicable.

Artículo 686 

1. El derecho de los ciudadanos, de solicitar su registro como candidatos a algún cargo de elección popular de manera independiente a los partidos políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en el presente Código.

Artículo 687

1. Los ciudadanos, que cumplan con los requisitos, condiciones y términos tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como Candidatos Independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

I. Gobernador del Estado;

II. Diputados por el principio de mayoría relativa. No procederá en ningún caso, el registro de aspirantes a Candidatos Independientes por el principio de representación proporcional; y

III. Munícipes, solo mediante planillas completas.

Artículo 688 

1. Para los efectos de la integración del Congreso del Estado, en los términos de los artículos 17 y 18 de la Constitución Estatal, los Candidatos Independientes para el cargo de diputado por el principio de mayoría relativa, deberán registrar la fórmula correspondiente de propietario y suplente. 

Artículo 689 

1. Las fórmulas de candidatos para el cargo de diputado por el principio de mayoría relativa, deberá estar integrada por propietario y suplente del mismo género.

2. Para Munícipes deberán registrar una planilla de candidatos bajo las reglas establecidas para los partidos políticos. 

Artículo 690 

1. Los Candidatos Independientes que hayan participado en una elección ordinaria que haya sido anulada, tendrán derecho a participar en las elecciones extraordinarias correspondientes, siempre que no sean los causantes de la anulación.

Título Segundo

DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES

Capítulo Primero

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 691 

1. Para los efectos de este Código, el proceso de selección de los Candidatos Independientes comprende las etapas siguientes:

I. De la Convocatoria;

II. De los actos previos al registro de Candidatos Independientes;

III. De la obtención del apoyo ciudadano, y

IV. Del registro de Candidatos Independientes.

Capítulo Segundo

DE LA CONVOCATORIA

Artículo 692 

1. El Consejo General emitirá la Convocatoria dirigida a los ciudadanos jaliscienses interesados en postularse como Candidatos Independientes, señalando los cargos de elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los formatos para ello, en los siguientes plazos: en la primera semana de noviembre del año previo al de la elección cuando se elija Gobernador, y en la segunda semana de diciembre del año previo al de la elección cuando solo se elijan diputados y munícipes.

2. El Instituto Electoral dará amplia difusión a la Convocatoria.

Capítulo Tercero

DE LOS ACTOS PREVIOS AL REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES

Artículo 693 

1. Los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto Electoral por escrito en el formato que éste determine.

2. Durante los procesos electorales, la manifestación de la intención se realizará en los siguientes plazos: en la segunda semana de noviembre del año previo al de la elección cuando se elija Gobernador, y en la tercera semana de diciembre del año previo de la elección cuando sólo se elijan diputados y munícipes. 

3. Una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo 1 de este artículo y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad de aspirantes. Quienes obtengan esta calidad, no podrán ser postulados como candidatos por algún partido político o coalición en el mismo proceso electoral, independientemente de que obtengan o no su registro como candidato independiente.

4. Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral constituida en Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido político en el régimen fiscal. El Instituto Electoral establecerá el modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera deberá acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona jurídica para recibir el financiamiento público y privado correspondiente.

5. La persona jurídica a la que se refiere el párrafo anterior deberá estar constituida por lo menos con el aspirante a candidato independiente, su representante legal y el encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente.

6. El Consejo General emitirá un dictamen que determine sobre la calidad de aspirantes a candidatos independientes de aquellos ciudadanos que hayan manifestado su intención de serlo y entregado la documentación correspondiente, en tiempo y forma, dentro de los tres días siguientes al cierre del periodo de registro.

7. No podrá registrarse como candidato independiente a ningún cargo de elección popular, quien no tenga reconocido el carácter de aspirante en la fecha señalada en el párrafo anterior.

Capítulo Cuarto

DE LA OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO

Artículo 694 

1. Los aspirantes podrán realizar actos tendientes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios distinto a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña.

2. Los actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano se realizarán al mismo tiempo que las precampañas de los partidos políticos y se sujetarán a los siguientes plazos: 

I. Los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Gobernador, contarán con sesenta días; 

II. Los aspirantes a Candidato Independiente para el Diputado local por el principio de mayoría relativa, contarán con cuarenta días; y

III. Los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Munícipes, contarán con cuarenta días.

3. El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en este artículo a fin de garantizar los plazos de registro y que la duración de los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en las fracciones anteriores. Cualquier ajuste que el Consejo General realice deberá ser difundido ampliamente.

Artículo 695

1. Se entiende por actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de este Código. 

Artículo 696

1. Para la candidatura de Gobernador del Estado, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por electores de por lo menos sesenta y cinco municipios, que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos.

2. Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al dos por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al Distrito Electoral en cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen como mínimo el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.

3. Para fórmula de Munícipes, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al dos por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al municipio en cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen como mínimo el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.

4. Los aspirantes a candidatos independientes deben entregar las firmas de apoyo en los formatos oficiales establecidos por el Instituto, los cuales deberán ser entregados en original al secretario ejecutivo dentro de los plazos establecidos en el artículo 694 de este Código.

Artículo 697 

1. Los aspirantes no podrán realizar actos anticipados de campaña por ningún medio. La violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como Candidato Independiente.

2. Queda prohibido a los aspirantes, en todo tiempo, la contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión. La violación a esta norma se sancionará con la negativa de registro como Candidato Independiente o, en su caso, con la cancelación de dicho registro. 

3. Durante el periodo de obtención del apoyo ciudadano, está prohibido el otorgamiento de artículos promocionales utilitarios.

Artículo 698

1. La cuenta a la que se refiere el artículo 693 de este Código, servirá para el manejo de los recursos para obtener el apoyo ciudadano y para, en su caso, la campaña electoral.

2. La utilización de la cuenta será a partir del inicio de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano y hasta la conclusión de las campañas electorales y con posterioridad, exclusivamente para cubrir los pasivos contraídos y demás erogaciones. Su cancelación deberá realizarse una vez que se concluyan los procedimientos que correspondan a la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Artículo 699

1. Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de origen lícito, en los términos de la legislación aplicable, y estarán sujetos al tope de gastos que determine el Consejo General por el tipo de elección para la que pretenda ser postulado.

2. El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al diez por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate.

Artículo 700

1. Los aspirantes que rebasen el tope de gastos señalado en el artículo anterior, perderán el derecho a ser registrados como Candidato Independiente o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el mismo.

Artículo 701

1. Todo egreso deberá cubrirse con cheque nominativo o transferencia electrónica y los comprobantes que los amparen, deberán ser expedidos a nombre del aspirante y la persona encargada del manejo de recursos financieros en cuentas mancomunadas, debiendo constar en original como soporte a los informes financieros de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano.

2. Le serán aplicables a los aspirantes las disposiciones relacionadas con el financiamiento privado de los Candidatos Independientes de este Código.

3. Los aspirantes deberán nombrar una persona encargada del manejo de los recursos financieros y administración de los recursos relacionados con el apoyo ciudadano, así como de la presentación de los informes en los términos de este Código.

Artículo 702

1. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a propuesta de su unidad de fiscalización, determinará los requisitos que los aspirantes deben cubrir al presentar su informe de ingresos y egresos de actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano.

Artículo 703

1. El aspirante que no entregue el informe de ingresos y egresos, dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, le será negado el registro como Candidato Independiente.

2. Los aspirantes que sin haber obtenido el registro a la candidatura independiente no entreguen los informes antes señalados, serán sancionados en los términos de las leyes aplicables y este Código.

Capítulo Quinto

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASPIRANTES

Artículo 704

1. Son derechos de los aspirantes:

I. Solicitar a los órganos electorales, dependiendo del tipo de elección, su registro como aspirante;

II. Realizar actos para promover sus ideas y propuestas con el fin de obtener el apoyo ciudadano para el cargo al que desea aspirar;

III. Utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades, en términos de este Código;

IV. Nombrar a un representante para asistir a las sesiones del Consejo General, Consejos Distritales y Municipales Electorales, con derecho a voz y sin derecho a voto; únicamente durante el proceso electoral, según corresponda.

V. Insertar en su propaganda la leyenda “aspirante a Candidato Independiente”, y

VI. Los demás establecidos por este Código.

Artículo 705

1. Son obligaciones de los aspirantes:

I. Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Estatal, a las leyes generales de la materia, al presente Código y a sus Reglamentos y Lineamientos;

II. No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita para realizar actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano;

III. Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y piedras preciosas de cualquier persona física o jurídica;

IV. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las Entidades Federativas, y los Ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado, y las demás leyes aplicables;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;

d) Los partidos políticos, personas físicas o jurídica extranjeras;

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

f) Las personas jurídicas, y

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

V. Abstenerse de realizar por sí o por interpósita persona, actos de presión o coacción para obtener el apoyo ciudadano;

VI. Abstenerse de proferir ofensas, difamación o calumnia a otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas;

VII. Rendir el informe de ingresos y egresos;

VIII. Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo ciudadano, en los términos que establece el presente Código, y

IX. Las demás establecidas por este Código.

Capítulo Sexto

DEL REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES

Sección Primera

DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Artículo 706

1. Los ciudadanos que aspiren a participar como Candidatos Independientes, deberán satisfacer, además de los requisitos señalados por la Constitución Estatal, los establecidos en los artículos 8, 10, 11 y relativos de este Código, según la elección de que se trate.

Sección Segunda

DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

Artículo 707

1. Los plazos para el registro de las candidaturas independientes serán los mismos que se señalan en el presente Código para los candidatos de los partidos políticos en cada elección.

2. El Instituto Electoral dará amplia difusión a la apertura del registro de las candidaturas independientes y a los plazos a que se refiere el presente artículo.

Artículo 708

1. Los ciudadanos que aspiren a participar como Candidatos Independientes a un cargo de elección popular deberán:

I. Presentar su solicitud por escrito, la cual deberá contener: 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar;

b) Lugar y fecha de nacimiento;

c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;

d) Ocupación;

e) Clave de la credencial para votar;

f) Cargo para el que se pretenda postular;

g) Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir notificaciones, y

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición de informes correspondientes. 

II. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato Independiente, a que se refiere este Código;

b) Copias certificadas del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar vigente;

c) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el Candidato Independiente sostendrá en la campaña electoral;

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos de la candidatura independiente, en los términos de este Código;

e) Copia del informe de gastos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano, presentada ante el Instituto Nacional Electoral; 

f) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:

1) No haber aceptado recursos de procedencia ilícita para la obtención del apoyo ciudadano;

2) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas;

3) No haber sido presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado, candidato, precandidato o su equivalente de un partido político, cuando menos los tres años anteriores a la fecha de la elección, conforme a lo establecido en este Código, y

4) Estar al corriente de la obligación de presentar declaración patrimonial, en caso de ser servidor público con esta obligación; y

5) No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato Independiente.

2. Recibida una solicitud de registro de candidatura independiente por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral, se verificará dentro de los tres días siguientes, que se cumplió con todos los requisitos señalados en el párrafo anterior, con excepción de lo relativo al apoyo ciudadano.

Artículo 709 

1. Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al solicitante o a su representante, para que dentro de las 48 horas siguientes, subsane el o los requisitos omitidos, siempre y cuando esto pueda realizarse dentro de los plazos que señala este Código.

2. Si no se subsanan los requisitos omitidos dentro de término o se advierte que la solicitud se realizó en forma extemporánea, se tendrá por no presentada. 

Artículo 710

1. Una vez que se cumplan los requisitos establecidos en este Código, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, solicitará apoyo a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, para verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en el padrón electoral.

2. Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

a) Nombres con datos falsos o erróneos;

b) No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente;

c) En el caso de candidatos a Gobernador del Estado, los ciudadanos no tengan su domicilio en la entidad para la que se está compitiendo; 

d) En el caso de candidatos a Diputado, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se está postulando;

e) En el caso de candidatos a Munícipes, los ciudadanos no tengan su domicilio en el municipio para el que se está postulando;

f) Los ciudadanos hayan sido dados de baja del padrón electoral; y

g) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada.

Artículo 711 

1. Si la solicitud de registro no reúne el porcentaje requerido se tendrá por no presentada.

Artículo 712 

1. Ninguna persona podrá registrarse como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro de los estados, los municipios o del Distrito Federal. En este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro estatal.

2. Los Candidatos Independientes que hayan sido registrados no podrán ser postulados como candidatos por un partido político o coalición en el mismo proceso electoral, ni viceversa.

Sección Tercera

DEL REGISTRO

Artículo 713 

1. Una vez que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, haya notificado la verificación de que el candidato independiente reúne el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, el Consejo General, procederá a registrarlo dentro de los términos establecidos en este Código.

Artículo 714 

1. El Secretario Ejecutivo del Consejo General, tomará las medidas necesarias para hacer pública la conclusión del registro de candidaturas independientes, dando a conocer los nombres de los candidatos o fórmulas registradas y de aquéllos que no cumplieron con los requisitos.

Sección Cuarta

DE LA SUSTITUCIÓN Y CANCELACIÓN DEL REGISTRO

Artículo 715 

1. Los Candidatos Independientes que obtengan su registro no podrán ser sustituidos en ninguna de las etapas del proceso electoral.

Artículo 716

1. Tratándose de la fórmula de diputados, será cancelado el registro de la fórmula completa cuando falte el propietario. La ausencia del suplente no invalidará la fórmula.

Artículo 717 

1. En el caso de las listas de fórmulas de candidatos a munícipes, si por cualquier causa falta uno de los integrantes propietarios de la formula, se cancelará el registro de todos. La ausencia de más de la mitad de los suplentes invalidará la fórmula.

Título Tercero

DE LAS PRERROGATIVAS, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Capítulo Primero

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Sección Primera

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 718

1. Son prerrogativas y derechos de los Candidatos Independientes registrados:

I. Participar en la campaña electoral correspondiente y en la elección al cargo para el que hayan sido registrados;

II. Tener acceso a los tiempos de radio y televisión, en su conjunto como si se tratara de un partido político de nuevo registro, pero en forma proporcional al tipo de elección de que se trate, en los términos de la Ley General, únicamente en la etapa de las campañas electorales;

III. Obtener financiamiento público y privado, en los términos de este Código;

IV. Realizar actos de campaña y difundir propaganda electoral en los términos de este Código;

V. Replicar y aclarar la información que generen los medios de comunicación, cuando consideren que se deforma su imagen o que se difundan hechos falsos o sin sustento alguno; 

VI. Designar representantes ante los órganos del Consejo General, en los términos dispuestos por este Código;

VII. Solicitar a los órganos electorales copia de la documentación electoral, a través de sus representantes acreditados, y

VIII. Las demás que les otorgue este Código y los demás ordenamientos aplicables.

Artículo 719

1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados:

I. Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Estatal, a las leyes generales de la materia, al presente Código y a sus reglamentos y lineamientos;

II. Respetar y acatar los acuerdos que emita el Consejo General;

III. Respetar y acatar los topes de gastos de campaña en los términos de la Ley General y el presente Código;

IV. Proporcionar al Instituto Nacional Electoral o al Instituto Electoral la información y documentación que éstos le soliciten, en los términos de las leyes aplicables y del presente Código;

V. Ejercer las prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente para los gastos de campaña;

VI. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las Entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Código;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;

d) Los partidos políticos, personas físicas o jurídicas extranjeras;

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

f) Las personas jurídicas, y

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

VII. Depositar únicamente en la cuenta bancaria aperturada sus aportaciones y realizar todos los egresos de los actos de campaña con dicha cuenta;

VIII. Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;

IX. Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a otros candidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas;

X. Insertar en su propaganda de manera visible la leyenda: “Candidato Independiente”;

XI. Abstenerse de utilizar en su propaganda política o electoral, emblemas y colores utilizados por partidos políticos nacionales o estatales o por otros candidatos independientes;

XII. Abstenerse de realizar actos que generen presión o coacción a los electores;

XIII. Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y piedras preciosas por cualquier persona física o moral;

XIV. Presentar, en los mismos términos en que lo hagan los partidos políticos, los informes de campaña sobre el origen y monto de todos sus ingresos, así como su aplicación y empleo;

XV. Ser responsable solidario, junto con el encargado de la administración de sus recursos financieros, dentro de los procedimientos de fiscalización de los recursos correspondientes, y

XVI. Las demás que establezcan este Código y los demás ordenamientos. 

Artículo 720

1. Los Candidatos Independientes que incumplan con la normatividad electoral que les resulte aplicable, serán sancionados en términos de la Ley General y este Código.

Sección Segunda

DE LOS REPRESENTANTES ANTE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO GENERAL

Artículo 721

1. Los Candidatos Independientes, de conformidad con lo previsto por los reglamentos de sesiones del Consejo General, podrán designar representantes ante los órganos de éste, en los términos siguientes: 

I. Los Candidatos Independientes a Gobernador del Estado, ante el Consejo General del Instituto Electoral y cada uno de los Consejos Distritales de la entidad;

II. Los Candidatos Independientes a diputados por el principio de mayoría relativa, ante el Consejo Distrital correspondiente; y 

III. Los Candidatos Independientes a Munícipes ante el Consejo Municipal correspondiente a su registro.

2. La acreditación de representantes ante los órganos desconcentrados del Consejo General, se realizará dentro de los treinta días posteriores al de la aprobación de su registro como aspirante a Candidato Independiente.

3. Si la designación no se realiza en el plazo previsto en el párrafo anterior perderá este derecho.

4. Las disposiciones aplicables a los representantes de los partidos políticos, establecidas en este Código, serán aplicables a los representantes de los candidatos independientes, salvo disposición en contrario.

Sección Segunda

DE LOS REPRESENTANTES ANTE MESA DIRECTIVA DE CASILLA

Artículo 722 

1. El registro de los nombramientos de los representantes ante mesas directivas de casilla y generales, se realizará en los términos previstos en la Ley General y este Código.

2. Las disposiciones aplicables a los representantes de los partidos políticos, establecidas en este Código, serán aplicables a los representantes de los candidatos independientes, salvo disposición en contrario.

Capítulo Segundo

DE LAS PRERROGATIVAS

Sección Primera

DEL FINANCIAMIENTO

Artículo 723

1. El régimen de financiamiento de los Candidatos Independientes tendrá las siguientes modalidades:

I. Financiamiento privado, y

II. Financiamiento público.

Artículo 724 

1. El financiamiento privado se constituye por las aportaciones que realicen el Candidato Independiente y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar en ningún caso, el 10% del tope de gasto para la elección de que se trate. 

Artículo 725

1. Los Candidatos Independientes tienen prohibido recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como de metales y piedras preciosas, por cualquier persona física o moral.

Artículo 726

1. No podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras preciosas o en especie por sí o por interpósita persona, a los aspirantes o Candidatos Independientes a cargos de elección popular, bajo ninguna circunstancia:

I. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades, así como los ayuntamientos;

II. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal;

III. Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;

IV. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;

V. Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos;

VI. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

VII. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión;

VIII. Las personas que vivan o trabajen en el extranjero, y

IX. Las empresas mexicanas de carácter mercantil.

Artículo 727

1. Los Candidatos Independientes no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no identificadas.

Artículo 728

1. Para el manejo de los recursos de campaña electoral, se deberá utilizar la cuenta bancaria aperturada a que se refiere este Código; todas las aportaciones deberán realizarse exclusivamente en dicha cuenta, mediante cheque o transferencia bancaria.

Artículo 729

1. Todo egreso deberá cubrirse con cheque nominativo o transferencia electrónica. En el caso de los pagos por la prestación de bienes o servicios, adicionalmente el cheque deberá contener la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”. Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación comprobatoria junto con la copia del cheque a que se hace referencia.

2. Los comprobantes que amparen los egresos que realicen los Candidatos Independientes, deberán ser expedidos a su nombre y constar en original como soporte a los informes financieros de las campañas electorales, los cuales estarán a disposición de la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral para su revisión de conformidad con lo dispuesto en la Ley General. Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, así como las establecidas por el Reglamento de Fiscalización de la Unidad referida.

Artículo 730

1. Las aportaciones de bienes muebles, servicios o de cualquier otra en especie, deberán destinarse exclusivamente a las actividades de la candidatura independiente.

Artículo 731

1. En ningún caso, los Candidatos Independientes podrán recibir en propiedad bienes inmuebles para las actividades de su candidatura, así como adquirir bienes inmuebles con el financiamiento público o privado que reciban.

Artículo 732

1. Los Candidatos Independientes tendrán derecho a recibir financiamiento público para sus gastos de campaña. Para los efectos de la distribución del financiamiento público y prerrogativas a que tienen derecho los Candidatos Independientes, en su conjunto, serán considerados como un partido político de nuevo registro.

Artículo 733

1. El monto que le correspondería a un partido de nuevo registro, se distribuirá entre todos los Candidatos Independientes de la siguiente manera:

I. Un 33.4 % para la elección de Gobernador del Estado;

II. Un 33.3 % para las elecciones de diputados por mayoría relativa; y

III. Un 33.3 % para las elecciones de munícipes.

2. Cuando no se elija Gobernador del Estado el monto se distribuirá por partes iguales para las elecciones de diputados por mayoría relativa y para munícipes.

3. El monto para la elección de Gobernador se distribuirá de forma igualitaria entre todos los candidatos independientes registrados. Si sólo se registra un sólo candidato independiente a Gobernador, no podrá recibir financiamiento superior al 50% del total del monto para esa elección.

4. El monto para las elecciones de diputados, se dividirá por partes iguales entre los veinte distritos uninominales que conforman el Estado. El monto correspondiente a cada distrito se dividirá de forma igualitaria entre todos los candidatos independientes registrados en el distrito correspondiente. Si sólo se registra una sola fórmula de diputados de mayoría relativa en el distrito correspondiente, no podrá recibir financiamiento superior al 50 % del total del monto para ese distrito.

5. El monto para las elecciones de munícipes, se dividirá proporcionalmente entre el total de los municipios que conforman el Estado, de acuerdo a su población según el último censo oficial. El monto correspondiente a cada municipio se dividirá de forma igualitaria entre todos los candidatos independientes registrados en el municipio correspondiente. Si sólo se registra una sola planilla de munícipes en el municipio correspondiente, no podrá recibir financiamiento superior al 50% del total del monto para ese municipio.

6. El monto del financiamiento que no se distribuya conforma a las reglas anteriores, por no registrarse candidaturas independientes o sólo registrarse una en cada elección, será reintegrado al Estado.

Artículo 734 

1. Los candidatos deberán nombrar una persona encargada del manejo de los recursos financieros y administración de los recursos generales y de campaña, así como de la presentación de los informes a que se refiere este Código. 

Artículo 735

1. Los Candidatos Independientes deberán reembolsar al Instituto Electoral el monto del financiamiento público no erogado.

Sección Segunda

DEL ACCESO A RADIO Y TELEVISIÓN

Artículo 736

1. El acceso a la radio y televisión de los Candidatos Independientes se rige por lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General.

Título Cuarto

DE LA PROPAGANDA ELECTORAL DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES

Capítulo Único

Artículo 737

1. Son aplicables a los Candidatos Independientes, las normas sobre propaganda electoral de los partidos políticos contenidas en éste Código.

Artículo 738

1. La propaganda electoral de los Candidatos Independientes deberá tener el emblema y color o colores que los caractericen y diferencien de otros partidos políticos y de otros Candidatos Independientes, así como tener visible la leyenda: “Candidato Independiente”.

Título Quinto

DE LA FISCALIZACIÓN

Capítulo Único

Artículo 739 

1. La fiscalización de los recursos de los aspirantes a candidatos independientes y de los candidatos independientes, a cargos de elección popular locales se rige por lo dispuesto en el Título Quinto del Libro Séptimo de la Ley General.

2. De conformidad con el artículo 41 fracción V, apartado B, inciso a) numeral 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Instituto Nacional Electoral, a través de los órganos que establece la Ley General la fiscalización de los ingresos y egresos de los candidatos Independientes y los aspirantes a candidatos Independientes.

Título Sexto

DE LOS ACTOS DE LA JORNADA ELECTORAL

Capítulo Primero

DE LA DOCUMENTACIÓN Y EL MATERIAL ELECTORAL

Artículo 740 

1. Los Candidatos Independientes figurarán en la misma boleta que el Instituto Nacional Electoral apruebe para los candidatos de los partidos políticos o coaliciones, según la elección en la que participen, de conformidad con Ley General.

2. Se utilizará un recuadro para cada Candidato Independiente o fórmula de Candidatos Independientes, con el mismo tamaño y en un espacio de las mismas dimensiones que aquéllos que se destinen en la boleta a los partidos o coaliciones que participan. Estos recuadros serán colocados después de los destinados a los partidos políticos y si fueran varios candidatos o fórmulas, aparecerán en el orden en que hayan solicitado su registro correspondiente.

Artículo 741 

1. En la boleta, de acuerdo a la elección de que se trate, aparecerá el nombre completo del Candidato Independiente o de los integrantes de la fórmula de Candidatos Independientes.

Artículo 742

1. En la boleta no se incluirá, ni la fotografía, ni la silueta del candidato.

Artículo 743

1. Los documentos electorales serán elaborados por el Instituto Electoral, aplicando en lo conducente lo dispuesto en Ley General y este Código para la elaboración de la documentación y el material electoral.

Capítulo Segundo

DEL CÓMPUTO DE LOS VOTOS

Artículo 744

1. Se contará como voto válido la marca que haga el elector en un solo recuadro en el que se contenga el emblema o el nombre de un Candidato Independiente, en términos de lo dispuesto por este Código.

Artículo 745

1. Los votos recibidos a favor de Candidatos Independientes, no serán contabilizados para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Local, Ley General y este Código.

TRANSITORIOS

Primero 

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Segundo 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 232 del presente ordenamiento legal se tomará como referencia el proceso electoral del 2009.

Tercero

Se abroga la Ley Electoral del Estado de Jalisco.

Cuarto 

Se abroga la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Jalisco.

Quinto

Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio.

Sexto

El personal del Instituto Electoral del Estado de Jalisco que con motivo del presente decreto concluya sus funciones o deba ser objeto de cambios en su adscripción de trabajo o funciones será con estricto respeto a sus derechos laborales.

Séptimo

El titular de la Contraloría del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, será designado por el honorable Congreso del Estado a más tardar el día 30 de Agosto de 2008.

Octavo

El Consejo General del Instituto Electoral emitirá los acuerdos necesarios tendientes a hacer efectivas las disposiciones de este Código así como expedir los reglamentos que del mismo se derivan a más tardar en cien días a partir de la entrada en vigor. 

Noveno

En un plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, los partidos políticos registrados o acreditados ante el Instituto Electoral deberán retirar o suprimir la propaganda colocada en lugares públicos que contravenga disposiciones de este Código.

Décimo

Se derogan todas las disposiciones que se oponga al presente decreto.

Undécimo

Para efectos de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto número 22228/LVIII/08, publicado el cinco de julio de 2008, el Congreso del Estado nombrará una comisión especial con integración paritaria para que, una vez que no exista impedimento emanado de alguna resolución de carácter judicial, emita la convocatoria, analice las propuestas de candidatos a ocupar los cargos de Consejero Electoral y Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Asimismo, esta comisión debe presentar al pleno dictamen con los nombres de aquellos que reúnan los requisitos de elegibilidad, para que designe a los que habrán de ocupar los cargos respectivos.

Duodécimo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del decreto número 22228/LVIII/08, publicado el cinco de julio de 2008, el Titular del Poder Ejecutivo deberá realizar las gestiones y adecuaciones presupuestarias necesarias a efecto de que se aplique la fórmula de financiamiento público en las fechas indicadas, considerando que la fórmula deberá aplicarse a todos los partidos políticos que actualmente cuenten con registro o acreditación ante el Instituto Electoral.

Décimo tercero

El Congreso del Estado de Jalisco deberá iniciar el procedimiento legislativo a efecto de adecuar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para dotar de competencia a las comisiones de Responsabilidades y de Asuntos Electorales en materia de responsabilidad administrativa del Consejero Presidente y de los Consejeros Electorales.

Décimo cuarto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto número 22228/LVIII/2008, publicado el cinco de julio de 2008, el Titular del Poder Ejecutivo deberá realizar las gestiones y adecuaciones presupuestarias necesarias para efecto de que se proceda a pagar los recursos que por concepto de indemnización le corresponda a los Consejeros Electorales en funciones que opten por no participar en el proceso de integración del nuevo Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, o que participando, no resultaren electos.

Décimo quinto

Se deroga lo dispuesto por los artículos 48 al 51 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, contenida en el decreto 20544.

Salón de Sesiones del Congreso del Estado 

Guadalajara, Jalisco, 27 de julio de 2008

DIPUTADO PRESIDENTE

Enrique Alfaro Ramírez

(rúbrica)

DIPUTADO SECRETARIO

Oscar Mauricio Olivares Díaz

(rúbrica)

DIPUTADO SECRETARIO

Carlos Rodríguez Burgara

(rúbrica)

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento.

Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los 05 cinco días del mes de agosto de 2008 dos mil ocho.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Emilio González Márquez

(rúbrica)

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Lic. Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez

(rúbrica)

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 23552/LIX/11

Primero 

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Segundo 

De conformidad con el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el Congreso del Estado anuncia al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, que el término para que, en su caso, pueda hacer observaciones al presente decreto, será de tres días.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 24450/LX/13

Primero 

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Segundo

Se abroga la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Tercero 

La presidencia rotativa del Consejo de conformidad con el artículo 39 de la presente ley, entrará en vigor un año después de que sea electo el Presidente del Consejo para el periodo 2017-2021.

Cuarto

El Secretario Ejecutivo del Instituto, en su calidad de Secretario Técnico del Consejo Consultivo, deberá convocar a las instituciones integrantes del mismo dentro de un plazo de treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para la instalación del Consejo Consultivo dentro del plazo señalado.

Quinto

Los procedimientos iniciados en los términos de la ley que se abroga continuarán tramitándose hasta su conclusión con la misma.

Sexto 

Los procedimientos penales iniciados a la luz del artículo 298 fracciones II, III y IV, previo a la entrada en vigor del presente decreto, deberán sujetarse a lo previsto por el artículo 45 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano del Estado de Jalisco.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 24906/LX/14

Primero 

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Segundo 

Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. 

Tercero 

El personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado que con motivo del presente Decreto deba ser objeto de cambios en su adscripción de trabajo, conservará sus derechos laborales.

Cuarto

Cuando con motivo del presente Decreto, cualquier órgano del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado cambie de adscripción, el traspaso se hará incluyendo al personal a su servicio, las asignaciones presupuestales autorizadas, mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y demás bienes que haya utilizado para la atención de los asuntos a su cargo.

Quinto

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado dictará los acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones del presente decreto y deberá expedir los reglamentos que se deriven del mismo a más tardar en 60 días a partir de su entrada en vigor.

Sexto

Por única ocasión y de conformidad a lo establecido en el artículo Noveno Transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el proceso electoral ordinario cuya jornada electoral tendrá lugar el primer domingo de junio del año 2015, iniciará en la primera semana del mes de octubre del año 2014.

Séptimo

En tanto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral realiza la designación del Consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, los actuales Consejero Presidente y consejeros electorales continuarán en funciones y ejercerán las facultades y atribuciones que les corresponden conforme al Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por lo que los actos jurídicos en que intervengan surtirán todos sus efectos legales.

Octavo

La jornada electoral que se verifiquen en el año 2018 se llevará a cabo el primer domingo de julio.

Noveno

La organización del Servicio Profesional Electoral se hará conforme a las características y plazos que establezca el Instituto Nacional Electoral mediante el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Décimo

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en el Código que se reforma mediante este Decreto, a fin de garantizar la debida ejecución de las actividades y procedimientos electorales contenidos en el mismo.

Décimo primero 

Los procedimientos administrativos, jurisdiccionales y de fiscalización relacionados con las agrupaciones políticas y partidos políticos ante las autoridades electorales del Estado de Jalisco que hayan iniciado o se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, seguirán bajo la competencia de los mismos, en atención a las disposiciones jurídicas y administrativas que hubieran estado vigentes al momento de su inicio. 

Décimo segundo

En tanto se expida la Ley Federal en materia del derecho de réplica, los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica que establece el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución federal y las leyes respectivas, respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de la ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables.

Décimo tercero

Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente decreto en materia de delitos electorales se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen, salvo que la ley General en Materia de Delitos Electorales resulte más benéfica. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes.

Décimo cuarto

El Tribunal Electoral deberá realizar las modificaciones y adecuaciones reglamentarias, presupuestales, administrativas correspondientes para dar el debido cumplimiento al presente Decreto.

Décimo quinto

El Tribunal Electoral dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto deberá expedir su Reglamento interno. 

Décimo sexto

Todos los recursos económicos, humanos y materiales, así como los derechos, valores, fondos y obligaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial, pasarán a formar parte del organismo público autónomo Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.

Décimo séptimo 

Los asuntos que se encuentren pendientes de resolver ante el Tribunal Electoral, corresponderá su trámite o resolución al organismo público autónomo Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.

Décimo octavo

Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Décimo noveno

El Consejo General del Instituto Electoral emitirá los reglamentos y acuerdos que sean necesarios para la debida regulación de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular y las precampañas, de conformidad con lo establecido en las leyes aplicables y en este Código, a más tardar la primera semana de octubre de 2014.

Vigésimo 

La implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio para los delitos establecidos en la Ley General en materia de Delitos Electorales entrará en vigor en los municipios del Estado, conforme a lo previsto por el decreto 24864/LX/14 publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el día 11 de abril de 2014.

 Tabla de Reformas y Adiciones

Decreto número 23079/LVIII/09. Se reforma la frac. XV y se deroga la frac. XVI del art. 137 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.- Dic. 31 de 2009. Sec. V.

Decreto número 23552/LIX/11. Se reforman los artículos 6, 8, 10, 11, 32, 33, 38, 53, 54, 63, 65, 68, 86, 88, 90, 92, 93, 95, 105, 112, 118, 134, 143, 150, 158, 167, 178, 179, 180, 181, 188, 193, 239, 241, 244, 257, 259, 263, 269, 285, 290, 291, 292, 294, 296, 299, 302, 303, 306, 307, 311, 312, 319, 320, 327, 329, 332, 340, 344, 349, 350, 354, 355, 356, 368, 387, 392, 396, 397, 399, 404, 405, 408, 418, 428, 439, 441, 447, 449, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 466, 467, 470, 472, 473, 474, 476, 485, 486, 487, 494, 502, 506, 515, 540, 543, 544, 558, 570, 573, 581, 583, 584, 585, 586, 591, 599, 602, 606, 613, 636, 637 y 639, y se deroga el artículo 557, todos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.- Jul. 19 de 2011. Sec. V.

Decreto número 24450/LX/13. Reforma el art. 71 y deroga los arts. 72, 73, 74 y 75 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.- Ago. 8 de 2013. Sec. II.

Decreto número 24906/LX/14. Se reforman los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 46, 56, 57, 64, 66, 68, 71, 76, 78, 79, 86, 89, 91, 99, 102, 111, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 126, 130, 131, 134, 136, 137, 139, 140, 143, 146, 147, 148, 155, 156, 157, 158, 165, 166, 167, 169, 176, 179, 186, 191, 202, 204, 211, 214, 215, 216, 217, 219, 223, 224, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 240, 241, 242, 245, 250, 251, 256, 260, 261, 264, 265, 266, 285, 293, 301, 304, 305, 359, 362, 363, 372, 373, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 454, 455, 456, 459, 465, 472, 474, 475, 476, 483, 491, 495, 499, 500, 513, 515, 540, 570, 582, 602, 605, 621, 638, 644, 658 y 681; se adicionan los artículos 7 bis, 449 bis, 474 bis así como un libro octavo, denominado “De las Candidaturas Independientes” integrado por los artículos 682 al 745; y se derogan los artículos 13, 37, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 67, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 122, 123, 124, 125, 141, 142, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197,198, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 234, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 303, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 349, 351, 352, 364, 365, 366, 367, 477, 478, 479, 480, 481, 482, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.- Jul 8 de 2014 sec. VI.

Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

Aprobación: 27 de julio de 2008.

Publicación: 5 de agosto de 2008. Sección II.

Vigencia: 6 de agosto de 2008.