Edición Folios 24
Otoño del 2011
El contexto de inseguridad que atravesamos da cuenta del impacto que han tenido en México tanto las fórmulas policiaco-militares de combate a la delincuencia organizada, como el desempeño de la reforma constitucional de seguridad y justicia penal del 18 de junio de 2008, por la cual se estableció en el país un nuevo sistema penal acusatorio, oral y adversarial, a la vez que un conjunto de medidas cautelares de constitucionalidad dudosa, o al menos controvertida, como el arraigo, la prisión preventiva automática, la intervención de comunicaciones o los cateos exprés.
