Posición del IEPC Jalisco ante la Reforma Electoral
POSICIÓN DEL IEPC-JALISCO ANTE LA REFORMA ELECTORAL
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco cree indispensable manifestar en estos momentos, su preocupación ante las propuestas de cambio político electoral que se discuten el Congreso de la Unión.
Junto con los otros 31 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) del país, el IEPC Jalisco ha sostenido que las reformas presentadas por el Ejecutivo Federal van en contra de los principios fundacionales de nuestra República, consagrados en el artículo 40 de la Constitución, que categóricamente dice: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior…”
No obstante, lo que está a discusión del Congreso es una iniciativa que intenta que los estados dejen de administrar y organizar sus propias elecciones, que carezcan de autoridades administrativas y jurisdiccionales, que cedan sus facultades para emitir sus leyes electorales y que renuncien a su libertad y soberanía constitucional para determinar la dimensión de sus Congresos y la composición de sus ayuntamientos.
Las y los consejeros del IEPC Jalisco consideramos que es nuestro deber mostrar con claridad las consecuencias que traería la reforma electoral presentada por el Ejecutivo Federal:
• Con la extinción de los institutos y tribunales electorales locales de las 32 entidades del país, no desaparecen las funciones que actualmente desempeñamos los OPLE; éstas tendrían que ser asumidas por el nuevo Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), que de todas maneras incurriría en el gasto que suponen las tareas que los OPLE realizamos para garantizar derechos políticos en las entidades. Los OPLE somos responsables de la organización y arbitraje de las elecciones para gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos. Nuestras funciones dentro y fuera de proceso electoral son amplias, plenas y exclusivas y van desde la integración, instalación y coordinación de consejos ciudadanos vigilantes de las contiendas locales; el registro de decenas de miles de candidaturas, además de coaliciones, partidos y agrupaciones políticas locales; la atención de cientos de quejas; el diseño, impresión y custodia de la documentación electoral (la protección del voto); el desarrollo de los programas de resultados preliminares; hasta la formación cívica; la organización de los debates, las consultas indígenas, de los mecanismos de participación, entre otras decenas de funciones propiamente locales que nunca ha sido realizadas por una autoridad central nacional. Sostener que todas esas funciones pueden ser administradas por una institución centralizada es una falacia, humana y materialmente imposible.
• Por lo tanto, desde el IEPC planteamos que, el “ahorro” que se lograría con la desaparición de las autoridades electorales locales es irreal, dado que alguien deberá asumir costos y funciones que hoy realizamos los OPLE para garantizar derechos políticos electorales en las entidades; salvo que, en realidad, la iniciativa pretenda no sólo suprimir décadas de construcción institucional local, sino también la vida política y democrática de las entidades ¿dejarían de existir los consejos ciudadanos que vigilan las elecciones para gobernadores o alcaldes, por ejemplo? ¿Cómo no invertir en documentación electoral para las votaciones de legisladores locales, ayuntamientos o gubernatura? Ahora bien, el presupuesto del IEPC Jalisco, por ejemplo, este año representa apenas 0.07% del presupuesto estatal; eso es lo que Jalisco invierte para tener una autoridad profesional e independiente. ¿Cuánto le costaría al país no tener elecciones legales y legítimas?, ¿cuánto costaría dejar de garantizar derechos políticos en México?, ¿cuánto nos costaría sacrificar nuestra democracia?
• Desde su creación en 2014, los OPLE hemos sido responsables de administrar el proceso de acceso al poder político (organizar y arbitrar elecciones) de 55 mil 336 cargos de elección popular, entre ellos 55 gubernaturas, 93 congresos locales y 5 mil 932 ayuntamientos, en un periodo que ha producido la mayor alternancia política registrada en la historia mexicana: desde 2014 la alternancia en la elección a gubernatura ha ocurrido en el 70% de los casos. ¿Hay un síntoma más claro de independencia y profesionalismo de las autoridades electorales, demostrado consistentemente durante varios lustros?
• Los OPLE somos los árbitros de las elecciones locales, encargados de atender las quejas entre partidos y de la ciudadanía, que es el principal instrumento de arbitraje electoral, para que la contienda se desarrolle dentro de los estrictos parámetros que exigen nuestras leyes electorales.
• Entre las propuestas de la iniciativa, también se plantea la existencia de una ley única para regular la vida político-electoral de toda la nación. Esa propuesta ignora que las leyes locales electorales han posibilitado el ensanchamiento de derechos político-electorales de comunidades históricamente vulneradas; avanzar en la paridad de género, en la representación de las personas mexicanas residentes en el extranjero, de los pueblos originarios y el respeto a sus usos y costumbres, de las personas con discapacidad, las juventudes y de la diversidad sexual. Estas leyes también han posibilitado el desarrollo de la urna electrónica e innovar en la regulación de mecanismos de participación ciudadana. Como botón de muestra, resultado de esas normas locales (legales y reglamentarias), el Congreso de Jalisco cuenta con 24 de 38 curules ocupadas por diputadas, lo que lo convierte en el órgano parlamentario mexicano con más proporción de mujeres ocupando espacios en la legislatura. También en materia de participación ciudadana, Jalisco destaca a nivel nacional, pues es el estado que tiene regulado la mayor cantidad de fórmulas participación en todo el país. Por último, también en innovación tecnológica electoral, Jalisco ha sido pionero, pues junto con el OPLE de Coahuila somos las
únicas autoridades electorales que hemos desarrollado y mejorado urnas electrónicas que se usan cotidianamente en comicios constitucionales y en todo tipo de mecanismos de participación, desde hace 20 años.
• La iniciativa de reforma no sólo platea desaparecer a los OPLE, sino que propone eliminar la estructura desconcentrada, profesional y permanente que el INE tiene en todo el territorio nacional. El servicio profesional electoral nacional (SPEN), del cual también forman parte los OPLE, es el funcionariado experto y responsable de organizar, conducir y arbirar los comicios para gubernatura, congresos locales y ayuntamientos. En los órganos desconcentrados del INE y los OPLE, distritales y municipales, integrados por la ciudadanía y partidos políticos y conducidos por quienes forman parte del SPEN, se da a conocer y delibera cada paso y decisión del proceso electoral, posibilitando así la vigilancia de cada uno de los eslabones de la contienda.
• Al no contar con estructura profesional en las entidades, se pierden los órganos ciudadanos locales que vigilan el desarrollo de los comicios y que han producido la necesaria confianza en las elecciones mexicanas en los últimos 30 años. Por ello, sostenemos, la desaparición de los OPL tendría la consecuencia de desarticular, desciudadanizar y desprofesionalizar la función electoral en las entidades. Para la iniciativa de reforma, la vida política de los estados no merece una institucionalidad electoral propia, profesional y permanente.
• La propuesta de la iniciativa que fija una fórmula única y restrictiva para determinar el número de diputaciones locales y de regidurías, no sólo va en contra de nuestro federalismo, sino que disminuye arbitrariamente y desde el centro, la representación de la pluralidad política de los estados y de las distintas regiones de nuestra nación. Si, como plantea la reforma, los municipios con población menor a 60 mil habitantes tendrán sólo una regiduría, en Jalisco 105 de los 125 municipios estarán integrados por una sola persona, cancelando pluralidad, contrapeso y todo equilibrio político en los ayuntamientos. Según datos del INEGI, 84.5% de los 2,469 municipios del país, tienen menos de 60 mil habitantes. El retroceso de nuestro sistema representativo, plural y diverso es así, evidente.
• Por último, las elecciones locales nunca han producido estallido social o violencia en ninguna parte del territorio nacional. Sus resultados han sido reconocidos por los partidos políticos y la sociedad mexicana en general. De prosperar la iniciativa en los términos presentados, habremos desmantelado el sistema que ha producido gobiernos legítimos en los últimos 30 años y ha posibilitado la trasmisión pacífica de los poderes públicos electos por voto popular en todo el país y a todo nivel. Lo que está en juego es pues, la paz y la estabilidad política y social de la Nación.
Hay otros planteamientos en la iniciativa de reforma que suponen un alto riesgo para la democracia mexicana, como la idea de que las consejeras y consejeros del INEC, así como las y los magistrados del tribunal electoral hagan campaña y sean electos por voto popular, convirtiendo a los jueces y árbitros en parte de las contiendas mismas. O la propuesta de
quitarle al INE la facultad de conformar, actualizar y custodiar el padrón electoral nacional, que es la base de datos ciudadana más abarcadora y confiable del país.
La función electoral no es un trabajo que pueda improvisarse, que pueda ser aprendido en semanas, ni en unos cuantos meses. Las autoridades responsables requieren de especialización legal, experiencia técnica, calificación, vigilancia y una vocación especial, para resistir presiones, a favor de la imparcialidad, frente al partido que sea. El profesionalismo, la autonomía y el rigor legal, no la popularidad, son los atributos que garantizan un desempeño apegado a los principios constitucionales en materia electoral: certeza, objetividad, independencia, imparcialidad y máxima publicidad.
Las autoridades electorales estamos obligadas a señalar públicamente, ante las y los legisladores federales y locales, y ante la sociedad mexicana en general, las condiciones mínimas y exigibles para la protección de la limpieza y confianza electoral; y a defender los principios constitucionales que garantizan nuestro régimen democrático. Por eso, estamos obligados a llamar la atención sobre la necesidad de analizar cuidadosamente el contenido y los efectos reales de los cambios que se propongan a la Constitución y a las leyes.
Queremos insistir: nuestro régimen federal constitucional ha hecho posible que, atendiendo a las particularidades y realidades propias de cada región, las entidades desarrollen capacidades técnicas e impulsen avances para el ensanchamiento de los derechos políticos de las y los mexicanos. Pero, sobre todo, ha garantizado su principal tarea: la renovación periódica, legal y pacífica de los gobiernos y las representaciones locales, y con ello, la estabilidad política y social de toda la nación.
