FALTAN

PARA LA JORNADA ELECTORAL

Son propuestas de carácter político, económico y social, presentadas por los partidos políticos y candidaturas independientes, en sus declaraciones de principios y programas de acción.

Plataformas político electorales de las candidaturas independientes

 

DISTRITO

NOMBRE

PLATAFORMA

4

SÁNCHEZ DÍAZ FERNANDO

4

HERNÁNDEZ AMEZCUA GERARDO

4

MARTÍNEZ ESPARZA JOSÉ DE JESÚS

5

VELASCO GONZÁLEZ SUSANA GABRIELA

6

GONZÁLEZ GONZÁLEZ ANA GABRIELA

6

VARGAS OCHOA ALEJANDRA

7

MORALES HERNÁNDEZ LUIS ÁNGEL

8

DE LA ROSA HERNÁNDEZ SUSANA

8

RAMÍREZ CASTELLÓN HIRAM

10

OCHOA CHAVIRA SUSANA

10

LÓPEZ GONZÁLEZ AQUILES

11

CORTES SERRANO JOEL

12

CHÁVEZ GARCÍA JOSÉ

13

GLEASON ESPÍNDOLA JOSÉ ARTURO

13

FLORES TRUJILLO PAOLA

14

MACINI AGUILERA JOSÉ BERNARDO

14

VARAZ DE VALDEZ GONZÁLEZ OTONIEL

19

RAMOS LÓPEZ OSWALDO

MUNICIPIO

NOMBRE

PLATAFORMA

ACATLÁN DE JUÁREZ

JOSÉ ARTURO ORTIZ RODRÍGUEZ

ACATLÁN DE JUÁREZ

SIERRA CABRERA RAMÓN

ARANDAS

ÁNGEL MARIO SIX GARCÍA SÁNCHEZ

ARANDAS

ROBLES MEDINA RAÚL JESÚS

ATOTONILCO EL ALTO

CARLOS ALBERTO ROMO HERNÁNDEZ

AUTLÁN DE NAVARRO

PÉREZ CABRERA VÍCTOR MANUEL

CHAPALA

JUAN DIEGO CASTRO MORALES

CIHUATLAN

BECERRA BARRAGÁN MARÍA GUADALUPE

COCULA

ARNULFO TRUJILLO LÓPEZ

COLOTLAN

FRANCISCO GÁNDARA CÁRDENAS

ETZATLAN

IGNACIO TÉLLEZ GONZÁLEZ

LA BARCA

JOSÉ NICOLÁS CERDA PACHECO

LAGOS DE MORENO

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ

LAGOS DE MORENO

RAZURA PRECIADO JOEL

MAGDALENA

RUIZ RUBIO MA. DE LA LUZ –

OCOTLÁN

OCHOA REGALADO ROSA MARÍA

PONCITLAN

VALDEZ OCEGUEDA MA DEL SOCORRO

PUERTO VALLARTA

FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ GIL

PUERTO VALLARTA

FRANCISCO ROMERO GARCÍA

PUERTO VALLARTA

ALCARAZ LÓPEZ LUIS ALBERTO

PUERTO VALLARTA

MARTÍNEZ AGUIRRE MÁXIMO

SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

JOSÉ ALFREDO CASTRO RODRÍGUEZ

SAN JUAN DE LOS LAGOS

GUSTAVO REMBERTO CAMPOS HERNÁNDEZ

SAN MARTIN HIDALGO

EDGAR RENE RUELAS GIL

SAYULA

CARRIÓN CALVARIO OSCAR DANIEL

TALA

CARLOS ALBERTO BLANCO NÚÑEZ

TEPATITLÁN DE MORELOS

GALLEGOS DE LA MORA MARÍA DEL CARMEN

TEQUILA

GUSTAVO CASTAÑEDA GONZÁLEZ

TLAJOMULCO

JUAN CARLOS BUSTAMANTE BARRAGÁN

TLAQUEPAQUE

ALBERTO ALFARO GARCÍA

TLAQUEPAQUE

GUSTAVO DE LA TORRE NAVARRO

TLAQUEPAQUE

JOSÉ BÁÑALES CASTRO

TUXPAN

ANTONIO HORACIO CRUZ BALTAZAR

VILLA CORONA

RUELAS ORTEGA LUIS RENE

ZAPOTILTIC

CEBALLOS MORENO OMAR

ZAPOTLÁN EL GRANDE

JOSÉ ROMERO MERCADO

        Hoy vivimos en un mundo complejo cada vez más interconectado y lleno de desafíos a los que nuestro país no puede ni debe permanecer ajeno. La tecnología avanza a una velocidad inédita y está transformando nuestra economía y nuestra sociedad, mientras que los equilibrios geopolíticos se están modificando. Todos estos procesos representan retos importantes y eventualmente acarrean problemas, pero también se pueden aprovechar si nos preparamos adecuadamente y trabajamos con expertos.

        Desde sus orígenes, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido un partido que une y procura sumar para poder así ofrecer soluciones a los muy diversos problemas de nuestra sociedad. En primera instancia, la suma era para enfrentar y superar los retos de un país convulso, que emergía de una revolución social y debía canalizar de manera institucional las diferencias, anhelos y esperanzas de las personas sobre cómo hacer efectivos sus derechos ciudadanos y anhelo de alcanzar un mayor bienestar social.

        Desde su creación, el PRI se establece como un partido explícitamente liberal, de tendencia democrática y reformadora, que asumió el compromiso de encabezar las demandas y reivindicaciones de la nueva agenda ciudadana y derechos humanos, formado a partir del impulso colectivo de trabajadores que a través de la historia de nuestro país han aportado su capacidad y vocación a favor de la ciudadanía, las maestras y maestros de México, un partido que se ha nutrido de amplios grupos de jóvenes y mujeres con quien comparte ideales y luchas, un partido que ha sido pionero de la postulación y representación de candidaturas ciudadanas, que ha impulsado el ejercicio pleno de todos los derechos para todos los mexicanos.

        Mediante su constante transformación, nuestro instituto político ha realizado contribuciones centrales para la construcción y el desarrollo de un México mejor. Éstas dan prueba de que han sabido construir liderazgo en democracia, y de que sabe proponer y dialogar para llegar a acuerdos por el bien de México.

        A lo largo de su historia, el PRI ha respondido a los desafíos con instituciones que han marcado la historia de nuestro país, y cuando éstas han dejado de estar a la altura de los retos, también se ha sabido impulsar su renovación. Fiel a su vocación, decidió transformarse para permitir una participación más activa de la sociedad en los asuntos públicos, y se abrió a la posibilidad de que los simpatizantes y ciudadanos sin militancia partidista pero afines a sus aspiraciones pudieran ser postulados a cargos de elección popular.

        De la mano de una sociedad organizada de manera participativa, democrática y libre, nos enfilamos a obtener no sólo una victoria electoral, sino a consolidar una coalición legislativa y de gobierno que se involucre en las propuestas y en la acción, dando solución a las principales problemáticas que aquejan al país. Más importante aún, podremos hacer de México un país en donde siempre se respeten nuestras leyes, donde se respete y celebre la diversidad, en todos los rubros, en donde todos puedan participar y beneficiarse del crecimiento económico y el desarrollo, en donde la totalidad de sus ciudadanos gocen de salarios justos que les permitan una vida digna. En el siglo XXI, México accederá al lugar de potencia mundial que le corresponde.

        Como lo dijo Luis Donaldo Colosio “¡México no quiere saltos al vacío! ¡México no quiere retrocesos o esquemas que ya estuvieron en el poder t probaron ser ineficaces! ¡México quiere democracia pero rechaza su perversión: la demagogia!

        Frente a escenarios que pretenden retroceder en el tiempo, o postulan caminos sin convicciones ni rumbo, se requiere una transformación con visión de futuro sólidamente apoyada en la sociedad presente y la tradición nacional. La historia es una base sólida que de alimentarse con las mejores posibilidades del futuro. Frente a quienes no tienen más convicción que su hambre de poder, necesitamos experiencia y vocación de servicio en beneficio de los mexicanos que más lo necesitan. Como nación, hemos tenido avances muy importantes que debemos preservar pero debemos reconocer, también, que la realidad actual exige nuevas soluciones, pero sin perder de vista objetivos revolucionarios que han coadyuvado al enorme desarrollo allegado a épocas anteriores en que no se perdían de vista.       

        Hoy, México es un país más próspero. Nuestro país es resultado del esfuerzo de millones de mexicanos y de sus profundas transformaciones sociales y económicas.

        México continúa avanzado en la concepción de leyes, la construcción de instituciones y la consolidación de fundamentales derechos y libertades. Se sentaron bases para continuar consolidando nuestro Estado de Derecho con un nuevo sistema de justicia penal acusatorio, así como el andamiaje institucional creado en materia de transparencia y combate a la corrupción. Se ha hecho frente a los retos de seguridad que enfrenta nuestro país mejorando el fortalecimiento de las fuerzas del orden que había menguado por decisiones precipitadas e inmaduras de antaño.

        México es un país cada vez más incluyente y solidario. Hoy son más los mexicanos que tienen certeza de que podrán proveer a su familia de alimentación. Son más las niñas y los niños en edad escolar que estudian y asisten a clases. Son más los adultos que pueden terminar sus estudios y así mejorar sus oportunidades laborales. Son más los mexicanos que tienen médico a la mano, medicina y clínica cuando les falta la salud. Son más los mexicanos que tienen acceso a la seguridad social. Y son más los mexicanos que tienen acceso a vivienda digna y con servicios fundamentales.

        México cuenta con un renovado Modelo Educativo que permitirá a los futuros ciudadanos obtener la educación requerida para triunfar y ser mejores ciudadanos en la sociedad del siglo XXI. Hemos alcanzado una cobertura cercana al 100% en educación primaria y secundaria, y mayor a 80% en preescolar y media superior. Contamos con un servicio profesional docente y se están fortaleciendo las escuelas normales para que nuestros maestros estén mejor preparados. El arreglo de miles de escuelas representa el mayor esfuerzo en favor de la de infraestructura educativa en muchas décadas.

        México es hoy un actor responsable, respetado y escuchado a nivel mundial. Los mexicanos saben que en cualquier lugar donde ondee nuestra bandera recibirán la protección de su gobierno. En todos los diálogos de relevancia en el mundo, México tiene ya un lugar en la mesa.

        Los mexicanos velamos por preservar el medio ambiente y usar nuestros recursos naturales de manera responsable para que el desarrollo de nuestro país sea cada vez más sostenible. Asimismo, luchamos por avanzar hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Toda mujer debe poder contribuir y también ser beneficiaria del desarrollo y cada niño y joven de hoy debe tener las herramientas necesarias para que el día de mañana llegue a ser un excelente ciudadano.

        Debemos preservar, profundizar y acelerar los cambios de gran calado que se han impulsado a lo largo de nuestra historia y que han permitido estos avances. También tenemos que trabajar para que estos avances se reflejen de manera aún más tangible en las vidas de los mexicanos y de sus familias, así como aportar nuevas soluciones a los retos presentes y futuros. Si bien hay que fortalecer lo que se ha hecho bien, es el momento de iniciar un gran diálogo para el diseño y la construcción de un México mejor. Somos también autocríticos y reconocemos que hay realidades que nos duelen, que nos ofenden, que nos lastiman, que nos vulneran y que estamos comprometidos a cambiar.

        Frente a los retos que tenemos, los mexicanos anhelamos construir una nación más libre, justa, próspera, inclusiva y plural, garantías para satisfacer nuestras necesidades como personas. La nueva etapa de consolidación y transformación del país requiere de una nueva forma de hacer política. Una política de renovada empatía, que conecte con las causas sociales, las necesidades, los anhelos y los sueños de los mexicanos, y en la que el ciudadano sea factor fundamental de la transformación social. Necesitamos una nueva forma de hacer política para lograr la unidad entre ciudadanos y políticos, entre sociedad y gobierno. En palabras de Jesús Reyes Heroles, “debemos hacer énfasis en las coincidencias, en lo fundamental: la capacidad de inclusión, de construcción de acuerdos, de propuestas y su efectividad para ponerlas en práctica”.  

        Para forjar una mayoría en la sociedad, debemos establecer primero una unidad de propósitos. Debemos juntos enviar un mensaje a la sociedad de que nuestros mejores valores -el respeto, la inclusión, el acuerdo, el trabajo en equipo, etc.- serán los fundamentos de la siguiente etapa en la construcción nacional. Los militantes del PRI y sus simpatizantes están convencidos de que en el principio y el fin de toda política pública debe estar en el ciudadano y su bienestar.

        Aspiramos a ofrecer una visión de futuro clara, realista y responsable, pero también ambiciosa, para todos los mexicanos. Éste es el momento de construir consensos que fortalezcan lo que hemos hecho bien y también de reconocer en dónde necesitamos soluciones diferentes. Avancemos en este proyecto construyendo y no destruyendo; en diálogo y no en confrontación, buscando coincidencias y no diferencias, planteando nuevas propuestas y no acudiendo a viejas recetas que ya han demostrado que no funcionan. Cerremos la distancia entre el México que somos y el México que queremos ser.  

        Del rumbo que tomemos hoy dependerá que el día de mañana México sea una potencia que permita que todos vivamos mejor. Que nuestro país se encuentre entre las diez primeras economías del mundo. Que todas y todos podamos tener una vida de paz y seguridad. Que no exista más el hambre ni la pobreza entre los mexicanos. Que todos sus mexicanos tengan una educación de excelencia que los prepare para triunfar en la vida y ser más felices, sin importar dónde vivan o cuánto tengan. Que México sea respetado y admirado en el mundo entero. Que alcancemos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Que las futuras generaciones puedan disfrutar de nuestro patrimonio natural.

        Del rumbo que tracemos en estos años dependerá que nuestro país se convierta pronto, en referente de prosperidad, bienestar e innovación.

        De manera primigenia, tenemos que acortar la distancia entre nuestra realidad y nuestras aspiraciones mayormente en los ejes siguientes:

  • Una economía abierta y dinámica que beneficie a las familias. Los trabajadores deben ganar más por su trabajo y el crecimiento económico debe traducirse en mejoras para la economía familiar de todos los mexicanos.
  • Seguridad pública eficaz y justicia eficiente para todos. La seguridad y la justicia deben ser una realidad para todos los mexicanos, independientemente de su género, dónde vivan o cuánto tengan. Debemos acabar definitivamente con la corrupción y la impunidad; nada ni nadie puede estar por encima de la ley.
  • Educación de excelencia para construir una sociedad del conocimiento. La educación es el pilar de nuestro desarrollo. Tenemos que consolidar un sistema de educación que prepare a nuestros hijos para desarrollarse en el complejo mundo del siglo XXI.
  • México incluyente y solidario. Debemos abatir la pobreza extrema, para que nadie nazca con esta condición. Con un estado social y una sociedad solidaria, tenemos que garantizar el acceso efectivo a la buena alimentación, la salud, la seguridad social, la educación, la vivienda de calidad y con servicios para todos. El objetivo final de nuestro desarrollo debe ser el bienestar compartido, sin ningún tipo de discriminación.
  • México abierto al mundo. México es un país escuchado y respetado en el mundo. En el siglo XXI, debemos aprovechar nuestras múltiples pertenencias geográficas, económicas y culturales —lo que José Juan de Olloqui definió como la multigeopoliticidad— para afianzar nuestro liderazgo global y convertirnos en una potencia en beneficio de los mexicanos.

        Además de los cinco ejes que dan título a cada capítulo, la Plataforma y Programa de Gobierno del PRI en Jalisco contiene cuatro causas transversales:

  1. Desarrollo sostenible. El crecimiento económico y el desarrollo deben ser sostenibles, aprovechando, pero no abusando, ni destruyendo, de nuestro patrimonio natural ni del cultural.
  2. Igualdad de género sustantiva. Las mujeres y las niñas mexicanas deben tener un “piso parejo” en oportunidades y protección efectiva de sus derechos. Necesitamos poner un alto total a la discriminación de género.
  3. Apuesta por la juventud. México es un país de jóvenes. Debemos hacer un esfuerzo para darle a nuestros jóvenes de hoy las herramientas necesarias para el día de mañana puedan escoger su camino y avanzar bien en él.
  4. Aprovechar la experiencia. El número de adultos mayores se ha incrementado sobremanera como resultado de las grandes mejoras sociales, además de que muchos de ellos están lejos de no poder contribuir a mejorar su entorno y su propia vida personal, con especiales condiciones hay muchos jubilados que, poseyendo todos credencial de elector y el hábito de sufragar, pueden sumarse en diferentes fuente de la lucha nacional por un futuro mejor.

        Como decía Colosio “la modernización económica sólo cobra verdadero sentido, cuando se traduce en mayor bienestar para las familias mexicanas”.

        En las últimas décadas, hemos logrado consolidar una economía abierta y dinámica. Hoy, México es una potencia manufacturera de exportación con creciente valor agregado, cuya competitividad se ha fortalecido con el alto desempeño de nuestros trabajadores. Sin embargo, la transición económica enfrentó resistencias y atavismos que derivaron en un menor desempeño del esperado. La informalidad laboral persistió y, con ella, la falta de seguridad social, certidumbre en las inversiones, capacidad recaudatoria y competencia adecuada en los diferentes mercados.

        A principios del siglo XXI nuestra economía se encontraba constreñida por una serie de barreras legales e institucionales que dificultaban la inversión, inhibían la existencia de más empresas e impedían la adopción de nuevas y mejores tecnologías. Nuestro sector energético era uno de los más restrictivos del mundo y en otros sectores estratégicos, como el financiero o el de telecomunicaciones, se presentaban prácticas anticompetitivas que lastimaban el bolsillo de la ciudadanía.

        Nuestro proyecto de desarrollo económico en el siglo XXI se ha centrado en eliminar estos obstáculos al crecimiento. Partiendo de un firme compromiso con la estabilidad macroeconómica, promovimos una Nueva Política Industrial centrada en el fomento de sectores estratégicos. Con miras a convertirnos en una plataforma logística global, hemos invertido fuertemente en infraestructura carretera y portuaria, así como en proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo de nuestro país.         

        Sin comprometer la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo, emprendimos una profunda reforma energética que nos permitiera atraer capital para incrementar la producción, al tiempo que adoptamos medidas para comenzar la transición hacia una economía baja en carbono como la sustitución de insumos en la producción de electricidad, la subasta de energías limpias y la emisión de certificados de carbono.

        La reforma a las telecomunicaciones ha introducido mayor competencia al sector y se ha traducido en beneficios concretos para la población en términos de acceso a internet y a la telefonía móvil, así como una reducción sostenida de los precios de estos servicios. Con la red compartida, lograremos ampliar la cobertura de internet de alta velocidad al 92% de la población. De la misma manera, la reforma del sector financiero ha incrementado la competencia, lo cual ha aumentado el acceso al crédito a precios más bajos.       

        Para democratizar los beneficios del crecimiento económico, se impulsó la formalización del empleo, la inclusión financiera y el acceso al crédito productivo, lo mismo en el campo como entre las y los jóvenes. En atención a las disparidades regionales, se crearon las Zonas Económicas Especiales, que promoverán el desarrollo del Sur-Sureste.

        Estas reformas han permitido atraer montos históricos de inversión extranjera directa, mantener el mayor crecimiento económico en lo que va del siglo y crear casi 3.5 millones de nuevos empleos, en la economía formal y con mejores salarios, que han permitido mejorar el nivel de vida de las familias mexicanas.

        Sin embargo, necesitamos transitar hacia mayores niveles de productividad y desarrollo para todos los mexicanos. Necesitamos crear nuevas oportunidades de negocios, además de atraer e impulsar los sectores económicos del futuro. Los trabajadores deben contar con un salario que les permita acceso no sólo a lo mínimo sino a lo justo, al igual que un horizonte de seguridad y respeto en su retiro con una pensión digna.

        Para ello, debemos preservar los logros históricos alcanzados y profundizar en las transformaciones iniciadas, al mismo tiempo debemos proteger el patrimonio y el empleo de las familias con propuestas responsables que brinden certeza a los emprendedores y actores económicos para detonar más oportunidades de negocio, la actividad industrial y el crecimiento de la productividad.

        De la misma forma en que la estabilidad alcanzada a través del buen manejo de las finanzas públicas, de la independencia del Banco de México y de una regulación financiera adecuada son prerrequisitos para el crecimiento económico, la seguridad jurídica y el estado de derecho son esenciales para tener mayores niveles de ahorro, financiamiento e inversión en la economía. La certidumbre y seguridad sobre la propiedad son esenciales para que las familias estén dispuestas a ahorrar, y que ese ahorro se destine al mejoramiento de la tierra, a la adquisición de maquinaria y equipo, a la construcción de fábricas e infraestructura, a la mejora de procesos y al desarrollo de nuevos conocimientos.

        Para fortalecer la competitividad, la sana competencia sin monopolios u oligopolios, el crecimiento económico sin desigualdades y el empleo en las diversas regiones del país debemos generar un sistema de planeación que detone círculos virtuosos de medios productivos. Nuestra planta productiva, nuestros trabajadores y empresarios deben estar mejor preparados para poder competir en mundo globalizado y así no sólo conservar el mercado interno sino también conquistar más mercados en el exterior.

        El crecimiento del futuro tiene que ser sostenido pero también ser incluyente. Así, a nuestra necesidad histórica de democratizar la productividad y expandir las oportunidades laborales, se agregan los retos de la siguiente generación, de proteger nuestros recursos naturales y al mismo tiempo asegurar el desarrollo de quienes más lo necesitan.

        Un proyecto de desarrollo basado en la productividad, la inclusión y la sana competencia nos permitirá aprovechar nuestra gran diversidad en recursos naturales, la fuerza histórica de nuestras trabajadoras y trabajadores, y la inversión acumulada en capital. Sólo así podremos consolidarnos como una economía fuerte en la que las familias mexicanas cuenten con lo que necesitan y puedan desarrollar su talento en cualquier sector que les interese.

 

Líneas de acción

  1. Preservar la estabilidad macroeconómica. La economía mundial está cada vez más integrada y por tanto es fundamental conservar los avances históricos que hemos logrado. Lo que más ha afectado a las familias en situación de pobreza y a las familias trabajadoras de nuestro país ha sido la inflación, la inestabilidad cambiaria y la falta de confianza en las finanzas públicas. Es por eso que debemos de trabajar por continuar siendo un referente de estabilidad y de gasto público más equilibrado, buscando aterrizar estos logros en la economía familiar.
  2. Mantener una economía abierta y dinámica que promueva la inversión, el comercio y el empleo. Millones de familias mexicanas viven de trabajos relacionados con los bienes y servicios que se exportan al resto del mundo gracias a que nos hemos convertido en un destino competitivo para las inversiones. En ese sentido, debemos enfrentar los desafíos de un contexto internacional cambiante y proteger nuestros intereses en América del Norte, al mismo tiempo que ampliamos nuestros vínculos económicos con otros países emergentes, particularmente en Asia y América Latina. De manera más específica, debemos apoyar a nuestras empresas para identificar oportunidades de negocio en nuevos mercados.
  3. Continuar promoviendo la competencia para beneficiar la economía familiar de los mexicanos. Cuando hay pocos proveedores de un bien o servicio, es probable que los precios que se pagan sean más altos de los que podrían estar disponibles. Por lo tanto, la diversidad de alternativas para los consumidores es una de las formas como se logra que la población obtenga más por su dinero. En ese sentido, debemos seguir fomentando la competencia económica en todos los sectores, como el de las telecomunicaciones, la banca o la energía para que más mexicanos tengan acceso a mejores bienes y servicios a precios más bajos.
  4. Promover el desarrollo regional para reducir desigualdades. Hasta que no logremos la reducción de las desigualdades entre regiones, nuestro país no estará aprovechando todo su potencial. Por ello, debemos impulsar los sectores productivos con ventajas competitivas por las condiciones y recursos disponibles en cada región para detonar el crecimiento económico, el desarrollo y la creación de empleo. De manera general, todos los esfuerzos que apuntalan el desarrollo deben atender prioritariamente las regiones más rezagadas del país, como es el caso en las recién creadas Zonas Económicas Especiales. Todo esto implica necesariamente una planeación conjunta y coordinación estrecha entre sectores y órdenes de gobierno, así como una alta participación incluyente de los sectores productivo y social.
  5. Un ordenamiento territorial que promueva el desarrollo de manera sostenible. Debemos fortalecer la política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial con una óptica regional de equidad y sostenibilidad. Es necesario armonizar las necesidades habitacionales, recreativas, comerciales e industriales de cada región, con la conservación de nuestros recursos naturales y del medio ambiente. Ello requiere un gran esfuerzo de coordinación para alinear los esfuerzos de los diferentes sectores y órdenes de gobierno.
  6. Ampliar el acceso a vivienda para todos. Contar con una vivienda digna es un derecho social básico que además de brindar un resguardo fundamental, mejora la calidad de vida de las familias al cubrir sus necesidades básicas de protección. Por ello, debemos fortalecer las hipotecas de los afiliados al INFONAVIT y FOVISSSTE, mejorar esquemas de financiamiento a los no afiliados y diversificar las opciones de los esquemas de vivienda en renta y autoconstrucción social. Un desarrollo urbano ordenado nos permitirá tener ciudades competitivas y sostenibles, así como gozar de mayor riqueza patrimonial y bienestar social.
  7. Ampliar la disponibilidad de energía impulsando las fuentes limpias. Todas las industrias utilizan algún tipo de energía como insumo y, por tanto, en la medida en la que haya más energía disponible y a menor costo, quienes la utilizan podrán crecer mucho más rápido. La energía asequible y no contaminante es fundamental para construir ciudades y comunidades sostenibles en las que haya industria, innovación e infraestructura. México necesita energías limpias, y vamos a asegurar que las tenga.
  8. Mejorar la infraestructura para aumentar la productividad de nuestra economía y el bienestar de los mexicanos. El desarrollo de la infraestructura es uno de los factores más importantes para detonar la productividad, el intercambio y el acceso generalizado a productos y servicios y, de manera más general, el desarrollo de nuestro país y el bienestar de las familias mexicanas. Por ello, debemos buscar nuevos esquemas de financiamiento y presupuestación para incrementar la inversión en la infraestructura básica y de servicios en todos los sectores (hidráulico, carretero, portuario, aeroportuario, transporte, telecomunicaciones, agricultura, turismo, educación, salud etc.) garantizando transparencia absoluta y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
  9. Alcanzar el acceso universal a internet. El acceso a Internet es un factor indispensable para el desarrollo y la participación plena en el mundo globalizado y la sociedad de conocimiento del siglo XXI. Por ello es fundamental impulsar la Red Compartida que podría facilitar que más de 100 millones de mexicanos se conecten a la red. Internet al alcance de todos es nuestro objetivo, porque representa una oportunidad inédita para que la inclusión digital se traduzca en mayores oportunidades de comunicación, educación y empleo.
  10. Fomentar el desarrollo de industrias de mediana y alta tecnologías. El cambio tecnológico que estamos enfrentando representa retos importantes para las empresas y los trabajadores, pero también grandes oportunidades. De manera específica, industrias de alta tecnología tienen un potencial de crecimiento superior a otros sectores y cada vez crearán más empleos bien remunerados. Para aprovechar las oportunidades en áreas como la cibernética, biotecnología, tecnologías de la información, nanotecnología o energías alternativas, es necesario un esfuerzo coordinado del estado mexicano y de los sectores productivo y social para desarrollar nuestro capital humano, infraestructura e innovación. México tiene todo para lograrlo y debemos buscar ese liderazgo en innovación y desarrollo tecnológico de punta.
  11. Apoyar al campo y detonar nuestro potencial agroalimentario de manera sustentable. El campo ha sido motivo de orgullo para nuestro país y debe seguir siéndolo. Debemos rescatar nuestro campo, repoblar nuestros bosques, cuidar nuestros recursos pesqueros y reducir la dependencia agroalimentaria. Somos un país megadiverso con un gran potencial para aprovechar de manera responsable nuestros recursos. Por ello, debe seguir siendo prioritario el apoyo al campo, en particular de los pequeños productores que más lo necesitan, para detonar su productividad, a través de políticas como la investigación científica, la modernización tecnológica, un mayor acceso al crédito el apoyo en la comercialización y la tecnificación responsable del riego. Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta las dimensiones sociales, culturales y de género del campo para mejorar la calidad de vida de todas las personas en las zonas rurales. De manera complementaria, debemos buscar esquemas creativos para reducir el desperdicio de alimentos y garantizar la solvencia alimentaria de todas las familias mexicanas.
  12. Continuar con la expansión de nuestro sector turístico como motor del desarrollo. El turismo es uno de los sectores más dinámicos. Para apoyar su crecimiento y la generación de empleos de calidad, debemos buscar nuevas oportunidades de negocio con un enfoque regional y local, respetuoso del entorno natural y cultural, con la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno. Es necesario fortalecer la promoción turística de nuestro patrimonio cultural y natural, así como invertir en la profesionalización de sus trabajadores y la infraestructura de nuestros destinos turísticos. Al mismo tiempo, es indispensable garantizar la seguridad pública para que el sector pueda seguir creciendo.
  13. Potenciar las oportunidades de los jóvenes para aprovechar el bono demográfico. Como país, tenemos que ser capaces de aprovechar el talento de nuestros jóvenes e incorporarlos a la vida productiva. Esto requiere no sólo una educación de calidad, sino de una estrecha vinculación entre la educación y el sector productivo para mejorar la pertinencia de su formación. De la misma manera, debemos promover su capacidad creativa y de innovación mediante esquemas de apoyo, orientación y financiamiento a los emprendedores.
  14. Apoyar las pequeñas y medianas empresas y fomentar la creación de empresas. La gran mayoría de las familias mexicanas, a lo largo y ancho del país, viven del trabajo en empresas pequeñas y medianas de diversos sectores. Por ello, debe ser prioritario detonar su productividad promoviendo su formalización, mejorar su acceso al crédito, ayudar a la adopción de nuevas técnicas, modernizar sus procesos y, de manera más general, apoyar su crecimiento sostenible. En paralelo, debemos fomentar el espíritu emprendedor para incentivar la creación de nuevas empresas que, a su vez, generen empleo y sean fuente de innovación. Para ello, es necesario ofrecer asesoría, orientación y capacitación, así como apoyos económicos y materiales a emprendedores de manera incluyente para impulsar proyectos rentables.
  15. Impulsar la economía social. Las iniciativas comunitarias y sociales están conformando ya un cuarto sector de la economía formal, apoyado en herramientas innovadoras y formas de producción sustentable y comercio solidario y responsable. Debemos implementar novedosos mecanismos para apoyarlas, cuidando que éstos sean incluyentes y beneficien a los distintos sectores sociales.
  16. Mejora regulatoria y simplificación de trámites. La regulación no debe ser un obstáculo a la inversión y la creación de empleo. Por ello, debemos desplegar una política continua de simplificación de trámites y mejora de las regulaciones que incentiven la inversión, la apertura de negocios y la actividad económica en general. Al mismo tiempo, necesitamos garantizar la protección del medio ambiente y los derechos de los trabajadores, así como la protección al consumidor. Debemos tener presente que la excesiva burocracia ha contribuido mucho a entorpecer funciones de gobierno.
  17. Transitar hacia formas de producción y consumo responsables que incorporen la gestión eficiente de recursos a lo largo del tiempo. Los retos de la sostenibilidad implican no sólo cuidar el medio ambiente, sino repensar en todas las formas en que nos relacionamos con el sector productivo y con el consumo de bienes y servicios. Tenemos que aprender a producir y consumir en un entorno completamente diferente al que estamos acostumbrados, con el fin de reducir la generación de residuos, disminuir el desperdicio de productos perecederos y no perecederos y garantizar, de esa forma, que nuestros recursos duren y sigan sirviendo a la siguiente generación.

         La situación de seguridad en nuestro país se ha visto afectada de forma profunda por cambios en la dinámica del crimen organizado internacional. Cuando a mediados de la década pasada se cerraron las rutas del Caribe mediante las cuales se traficaban estupefacientes desde América del Sur a la costa este de los Estados Unidos, se detonó un proceso de infiltración del territorio nacional con objeto de establecer otros canales de entrada a ese mercado. Como parte del mismo proceso, comenzaron a ingresar armas a nuestro país, principalmente provenientes de nuestro vecino del norte.

        Más recientemente, los cambios en patrones de consumo hacia opiáceos y metanfetaminas han incrementado la demanda por estupefacientes que pueden producirse en el país o canalizarse a través de él. El fortalecimiento del crimen organizado le ha permitido su expansión por el territorio nacional y el surgimiento de nuevas actividades delictivas, como el robo de combustible, así como una mayor incidencia de crímenes de alto impacto, como el secuestro y la extorsión. La violencia resultante ha lastimado profundamente el clima de convivencia en el país y la tranquilidad de las familias mexicanas.

        En el combate frontal a la delincuencia que los mexicanos hemos dado en años recientes, se ha mejorado la coordinación entre dependencias y órdenes de gobierno, al mismo tiempo que se ha fortalecido la infraestructura para recopilar y procesar inteligencia. Esta coordinación e inteligencia renovadas permitieron neutralizar a 107 de los 122 objetivos prioritarios de la delincuencia organizada, en su mayoría sin un solo disparo. Además, para fortalecer la seguridad ciudadana, se puso en marcha el número de emergencias 911 y un programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

        A pesar de estos avances, es necesario reconocer que el país enfrenta graves problemas de violencia, corrupción, inseguridad y acceso a la justicia. Así como ha evolucionado el entorno bajo el cual opera el crimen organizado, también tienen que cambiar nuestras estrategias de combate a la criminalidad. Una de las demandas más sentidas de la ciudadanía es que el Estado garantice su integridad física y su patrimonio, y de manera más general sus derechos humanos y libertades ciudadanas. Esta demanda nos obliga y compromete a replantear las estrategias y políticas públicas en materia de seguridad y mejorar los sistemas de prevención, procuración y administración de justicia.

        Una estrategia integral en materia de seguridad y justicia debe restar recursos financieros, fuerza y presencia a las organizaciones criminales. Debemos prevenir que los recursos vinculados al crimen organizado encuentren uso y tengan cabida dentro de nuestra economía. Tenemos que incautar las armas y cerrar los canales de distribución y venta de las mismas y, de manera destacada, aquellas que son de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

        También necesitamos continuar fortaleciendo nuestras corporaciones policiacas. Es indispensable contar con policías especializadas y con autonomía técnica, que sean capaces de llevar a cabo investigaciones contextuales orientadas a combatir la violencia en contra de las personas.

        La problemática del crimen organizado tiene una dimensión internacional significativa. Para poder combatirlo de forma efectiva, además de detener el flujo de recursos y de armas, necesitamos robustecer nuestra cooperación con las autoridades de otros países.

        Por otra parte, la impartición de justicia sigue siendo un problema de seguridad pública, debido a la desconfianza de la sociedad hacia las instituciones y al aparato de justicia. Por ello deberá perfeccionarse el marco legal e institucional para construir un sistema de justicia eficiente, moderno, ágil y transparente, que otorgue certeza y seguridad jurídica plenas y garantice el resarcimiento y reparación del daño a las víctimas del delito. El nuevo sistema debe contar con jueces ocupados plenamente de su función jurisdiccional y no en funciones administrativas, así como tribunales de justicia en los que ya no exista rezago judicial, la atención al público sea de calidad y los litigios se resuelvan ágilmente. Además, el nuevo sistema de justicia debe permitirnos conocer la verdad, con todas las repercusiones para los culpables y libertad y protección para los inocentes.

        El establecimiento del Sistema de Justicia Penal Acusatoria implica un nuevo paradigma en la relación con el ciudadano y fue un avance importante en la dirección correcta. No obstante, necesitamos seguir refinando el sistema para que funcione con mayor eficacia, además de realizar una reingeniería en otros aspectos. Los juicios orales requieren una mayor preparación por parte de los investigadores, peritos y fiscales, lo cual tenemos que robustecer en todo el país. Nuestro modelo de procuración de justicia debe permitir el esclarecimiento de los hechos, pues sólo así es posible proteger al inocente, castigar al culpable y reparar los daños causados por el delito.

        Todos los mexicanos somos iguales ante la ley y el acceso a la justicia no debe depender de dónde se ubique una persona, ni de sus creencias, ni de sus condiciones socioeconómicas o su género. Con respecto al marco institucional, debemos homologar la impartición de justicia en todos los estados del país. En un contexto de bandas criminales que operan y se mueven con facilidad entre jurisdicciones, resulta fundamental contar una coordinación efectiva entre autoridades, así como una tipificación uniforme del delito, cuando menos en aquellos que más afectan la libertad y el bienestar de las personas.

        Un México con seguridad y justicia implica que no haya impunidad. Tenemos que fortalecer una cultura de la legalidad en la cual la ley sea respetada por todos, sin excepción, y quienes cometan un delito sean castigados. En este sentido, los ciudadanos exigen que se abata la corrupción y erradique la impunidad, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas. Por eso, debe haber nula tolerancia a la corrupción. Es necesario recuperar la confianza de la ciudadanía en un servicio público digno, transparente y honorable, que se cumpla con lo que la ley demanda a todos los ciudadanos, sin distinción.

        En corresponsabilidad con la sociedad civil y los tres poderes de la Unión, en los últimos años se han cimentado dos pilares para consolidar el Estado de Derecho: el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Estas instituciones permitirán promover la rendición de cuentas, evitar la impunidad y llevar a los culpables a la justicia. Esto requerirá de medidas procesales, normativas y de fiscalización orientadas primordialmente a inhibir y castigar con las mayores penas y el máximo rigor todo camino que propicie la obtención de patrimonio ilícito por parte de quien ostente cargos públicos. De igual forma, debe castigarse toda ganancia que tanto funcionarios como particulares puedan generar por vínculos que trastoquen el marco normativo a costa del erario.

        Será necesario construir, dentro de las instituciones públicas, esquemas de control interno que sistematicen la información fiscal, financiera y patrimonial de los servidores públicos, a fin de detectar conductas fuera de la ley. Como parte de los esfuerzos para inhibir la obtención ilícita de recursos en el ejercicio público, es fundamental reducir el uso del efectivo. Por ello, se promoverá la reincorporación de la banca de desarrollo o comercial en programas gubernamentales de beneficio social. De la misma manera, el uso de la tecnología puede coadyuvar a la generación de mecanismos expeditos de denuncia ciudadana, garantizando la protección de los denunciantes, ante toda pretensión de servidores públicos de exigir dádiva o cuota alguna fuera de la ley.

        En la inhibición de actos de corrupción con particulares, debemos diseñar esquemas de contrataciones públicas consolidados que respondan de manera uniforme e imparcial a las necesidades de obra, compras o servicios de gobiernos, poderes e instituciones. En todos los casos, los procesos de contratación pública tienen que someterse a criterios de gobierno abierto. Es decir que deben ser transparentes de cara a toda la ciudadanía desde la planeación, el concurso, la designación, la ejecución y la evaluación de los resultados de los contratos. Ello implicará consolidar auditorías y propiciar mejoras continuas en el uso del erario, así como en la transparencia de la información.

        De manera paralela al combate a la corrupción, debemos asegurar la dignificación y reconocimiento al servicio público. Así como tenemos que acabar con la impunidad y castigar a funcionarios corruptos, es importante reconocer a los trabajadores del estado que se desempeñan con eficiencia y honradez. Para lograrlo, necesitamos continuar en la institucionalización de mejores prácticas y la profesionalización de nuestros funcionarios públicos. Asimismo, es fundamental avanzar en la simplificación administrativa para cerrar espacios a la corrupción.

        La seguridad y la justicia son fundamental para impulsar el desarrollo sostenible que anhelamos como nación. Por eso, seguiremos impulsando el fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de seguridad, justicia y combate a la corrupción, con un enfoque garantista, inclusivo y centrado en el ciudadano.

Líneas de acción:

  1. Aplicar una estrategia integral, multidimensional e interinstitucional de seguridad y justicia para reducir la inseguridad, violencia e impunida Debemos cuidar todo el proceso, desde la prevención del delito, el procedimiento penal, la investigación, la persecución del delito y la impartición de justicia, incluyendo la atención a las víctimas y la ejecución de sanciones. Las políticas públicas de seguridad y justicia tienen que estar centradas en las necesidades de las personas y las familias mexicanas.
  2. Profesionalizar y dignificar la labor de los profesionales de seguridad y procuración de justicia. Tenemos que desarrollar esfuerzos importantes en una amplia gama de temas que van desde la capacitación en temas fundamentales como los derechos humanos y el nuevo sistema penal, hasta el equipamiento, robustecimiento de los controles de confianza y la dignificación de la labor policial. Ello implica desde luego mayores condiciones laborales y una remuneración más atractivas, mejores mecanismos de reclutamiento, promoción y permanencia, así como beneficios y prestaciones en función del desempeño y la trayectoria.
  3. Fortalecer las corporaciones policíacas locales. Debemos impulsar un modelo policial fortalecido y estandarizado en los estados, en cuanto a capacitación y recursos, para hacer frente con más eficacia a la delincuencia, que permita vigorizar la capacidad de respuesta de las autoridades ante el crimen, erradicar la violencia y abatir los índices de inseguridad.
  4. Robustecer los sistemas de inteligen Necesitamos mayor infraestructura, equipamiento y capacitación en el ámbito de la inteligencia, en todos los órdenes de gobierno. Sólo así podremos dar sustento a decisiones más efectivas en el combate a la delincuencia y el crimen organizado y limitar el uso de la fuerza de que dispone el Estado.
  5. Centrar el combate al crimen organizado en el desmantelamiento de sus estructuras financiera con medidas como la modernización integral de las áreas de Inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la aplicación y cumplimiento de las disposiciones internacionales sobre lavado de dinero y un mayor control sobre las aduanas del país y modernizar y fortalecer los cuerpos policiacos con jurisdicción en las zonas fronterizas.
  6. Articular los esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno para reducir los delitos de mayor impacto. Las diversas acciones que realizamos para combatir homicidios, secuestros y extorsiones tienen un gran potencial de sinergia si las planteamos como un plan integral. Esta coordinación debe incluir la modernización, depuración y profesionalización de los sistemas de seguridad y justicia en los tres órdenes de gobierno.
  7. Transitar de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a una política de Estado. Para lograr una seguridad pública eficaz, es indispensable que haya corresponsabilidad entre poderes, órdenes de gobierno y ciudadanía. Además de coordinación entre autoridades, es fundamental que se abran los espacios para que la sociedad civil y las comunidades aporten información sobre las problemáticas específicas que enfrentan y se vuelvan copartícipes de las decisiones y de las acciones, para mejorar la seguridad.
  8. Focalizar la prevención del delito. Sabemos que hay situaciones específicas que contribuyen activamente a que los entornos familiares y comunitarios se deterioren. Por ello, es necesario focalizar de manera coordinada todos los esfuerzos del Estado Mexicano que contribuyen a fortalecer el tejido social y a prevenir la violencia en las regiones, ciudades y comunidades que presenten altos índices delictivos, fortaleciendo los programas de desarme, así como instrumentando reformas legales y políticas encaminadas a disminuir la presencia de armas exclusivas de fuerzas de seguridad en las calles.
  9. Velar por la correcta instrumentación de los juicios orales a nivel federal y estatal. La transformación más importante que se ha realizado a la justicia en México durante los últimos cien años requiere un gran esfuerzo para su implementación exitosa. Es importante que todos los poderes, todos los ámbitos de gobierno y todos los sectores asuman un papel estratégico en este proceso que la ciudadanía ha demandado. En particular, tenemos que profundizar y acelerar la capacitación adecuada de los actores que lo harán posible, así como separar plenamente las funciones jurisdiccionales de las administrativas en el poder judicial.
  10. Impulsar la profesionalización del Ministerio Público con el fin de dotarlo de una auténtica autonomía técnica en la investigación y mayor capacidad para investigar y defender las causas públicas y propiciar certeza respecto a su función como pieza fundamental para la investigación y persecución de los delitos.
  11. Involucrar a los sectores sociales en el proceso de procuración e impartición de justicia. Para aumentar la confianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad y justicia deberemos fortalecer los mecanismos que posibilitan la participación social en la orientación y aplicación de las políticas, la rendición de cuentas, la transparencia y evaluación de resultados, internos y externos, tales como los consejos ciudadanos y la defensoría de oficio.
  12. Consolidar al juicio de amparo como el mejor medio de defensa y control constitucional de los derechos humanos. El juicio de amparo es reconocido tanto en la Constitución, como en los tratados internacionales, como una herramienta fundamental para salvaguardar los derechos de los mexicanos. Para fortalecer este mecanismo y avanzar en la protección de los derechos humanos, deberemos eliminar tecnicismos y formalismos excesivos que han dificultado su accesibilidad y, en consecuencia, su ámbito de protección.
  13. Fortalecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Es importante que el INAI cuente con las facultades necesarias para promover la transparencia y la rendición de cuentas en la actuación de del Poder Ejecutivo, tanto de la administración pública centralizada como de la paraestatal, así como el Poder Legislativo y Poder Judicial, al igual que los órganos autónomos del Estado.
  14. Promover el fortalecimiento de las áreas de información del gobierno. Para mejorar la transparencia del Poder Ejecutivo, incluyendo sus órganos desconcentrados y descentralizados, así como las empresas productivas del Estado PEMEX y CFE, los poderes Legislativo y Judicial, y los órganos autónomos constitucionales, deberemos capacitar mejor a los funcionarios responsables de las áreas correspondientes. Tienen que contar con un claro dominio en la clasificación de la información que está en manos del Estado, así como los medios legales para responder en tiempo y forma.
  15. Construir un registro integral de proveedores. Para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, es necesario crear un registro robusto y amplio de las empresas proveedoras de todos los órdenes de gobierno, en el que se incluya información sobre su naturaleza corporativa, sus propietarios, accionistas y representantes legales, así como de su situación financiera, y sus antecedentes y evolución.
  16. Promover la implementación efectiva de las políticas del Sistema Nacional Anticorrupción. Hemos iniciado la construcción de un nuevo andamiaje institucional que será clave para fortalecer el Estado de Derecho. Parte de su exitosa implementación, dependerá de que demos transparencia, pero también mayor flexibilidad a los criterios para las adquisiciones, contrataciones y licitaciones del sector público. Debemos simplificar y precisar los distintos tipos de faltas, infracciones y delitos en que pueden incurrir los servidores públicos ya sea cuando no cumplen con sus responsabilidades o cuando cometen actos de corrupción.
  17. Simplificación administrativa. La sobrecarga regulatoria representa un incentivo a la corrupción. Por ello, toda institución pública, en todos los órdenes de gobierno, debe impulsar la racionalidad administrativa y avanzar en la simplificación de sus trámites para el público en general y en particular aquellos vinculados con registros públicos o la apertura de negocios o comercios. En este esfuerzo, hay que aprovechar las enormes oportunidades que nos brinda la tecnología para responder a las necesidades de la ciudadanía.
  18. Rediseñar el Servicio Profesional de Carrera para mejorar la función pública. Es fundamental que avancemos en la profesionalización de nuestros funcionarios. En ese sentido, debemos reformar el Servicio Profesional de Carrera para otorgar mayor relevancia al conocimiento, la experiencia y los resultados en la función pública, considerando sus aportaciones a las decisiones públicas y a la especialización a favor del buen gobierno.
  19. Legislar los alcances del gobierno de coalición que ya se contempla en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de mejorar la efectividad y eficacia del gobierno en el cumplimiento de sus objetivos, mediante el fortalecimiento de mayorías legislativas y acuerdos políticos estables.

       La educación es motor del desarrollo nacional y el igualador social por excelencia. Por lo tanto, reconocemos a la educación como uno de los ejes articuladores de la política social, lo que involucra la instrumentación de políticas públicas de alto impacto social y en un proceso de transformación constante.

        Los países que han apostado por la educación son aquellos que han logrado alcanzar el desarrollo anhelado. Hoy vivimos en un mundo complejo e interconectado, cada vez más desafiante, en donde la tecnología avanza a una velocidad inédita y está transformando nuestra economía y nuestra sociedad. Para enfrentar los retos de nuestra era y triunfar como nación en el siglo XXI necesitamos un México volcado a la educación de calidad con equidad, la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico. La educación es, en suma, el arma más poderosa para cambiar a México.    

        La tarea educativa es una responsabilidad central del Estado mexicano. Con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se elevó por primera vez a rango constitucional el derecho de todo ciudadano mexicano de recibir educación. El Artículo 3º constitucional contempla una serie de principios filosóficos -laicidad, gratuidad y obligatoriedad- que convergen con el fin de garantizar el cumplimiento de esta obligación del Estado en un esquema irrestricto de derechos humanos.

        La ampliación de la cobertura educativa fue una gran hazaña del México del siglo XX. Gracias al esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno, logramos construir, articular y sostener un sistema nacional de educación pública que llevó escuelas y maestros hasta el último rincón del país. La fuerza de la educación y su presencia en todo el territorio ha contribuido a la paz social y al desarrollo. El derecho constitucional a la educación también ha evolucionado, reconfirmando su obligatoriedad, laicidad, gratuidad y confiriéndole el carácter humanista, nacional, solidario y democrático, hasta constituirse como un derecho humano progresivo.

        Como resultado de este gran esfuerzo nacional, hoy tenemos en todo el país uno de los sistemas educativos más grandes del mundo, el quinto en cuanto a matrícula se refiere, con más de 36 millones de alumnas y alumnos, dos millones de docentes y 250 mil escuelas. La cobertura alcanza prácticamente 100% en primaria y secundaria, más de ochenta por ciento en preescolar y en la educación media superior, y cerca de 40% en educación superior.

        Sin embargo, en el siglo XXI se hicieron evidentes dos nuevas prioridades. Por un lado, dejar en claro que el Estado es el responsable de conducir la política educativa; por otro, reformar un modelo educativo para hacerlo compatible con las nuevas necesidades y exigencias de la sociedad, para hacer frente a los restos del mundo globalizado del siglo XXI.        

        Reconocer en la Constitución el derecho a que la educación sea de calidad nos brinda la posibilidad de generar las condiciones necesarias para mejorar el desarrollo humano y profesional de las y los mexicanos. Debemos lograr, por lo tanto, que la educación sea con equidad e inclusiva, lo que permitirá que todas las niñas, niños y jóvenes desarrollen los aprendizajes necesarios para ser exitosos y felices.

        El Estado Mexicano ejerce plenamente su responsabilidad de planear, conducir, coordinar, orientar y evaluar la política educativa. Por primera vez en la historia del país conocemos el número exacto de maestras, maestros y escuelas, los maestros construyen su carrera a partir de su preparación, experiencia y su conocimiento y, como resultado de la colaboración entre ámbitos de gobierno, están llegando a su fin décadas de malos manejos en la nómina educativa.

        A partir de una visión de la educación como formación integral, se impulsó un Modelo Educativo en el que se reconoce la necesidad de una educación de calidad, con equidad e inclusiva, que respete la diversidad, genere mayor igualdad de oportunidades sociales entre los mexicanos y que contribuya a la justicia social. El planteamiento del nuevo Modelo Educativo representa una revolución pedagógica para que las niñas, niños y jóvenes adquieran las herramientas que requieren para ser exitosos y felices en el siglo XXI. Esto implica no solamente una sólida formación académica que incluye el inglés y las habilidades digitales, sino también una formación para tener una vida plena mediante del desarrollo de habilidades socioemocionales, educación para la salud y educación artística.

        Por tanto, es fundamental garantizar el éxito de este Modelo, lo cual implica cambios profundos en el Sistema Educativo de manera integral; es decir que no sólo conlleva la implementación de los nuevos planes y programas de estudio, sino también la generación de las condiciones de infraestructura, estructuras de gobernanza, familiares, sociales, culturales y educativas en general, y esquemas de desarrollo profesional docente que sean pertinentes y articulados para poder hacer realidad la nueva pedagogía en todas las aulas del país.       

        Es fundamental que la formación y el desarrollo profesional docente también sean compatibles con las demandas que exige la sociedad del siglo XXI: educación de calidad con equidad, pluralidad, democracia e inclusión. Este planteamiento exige que, tanto en lo individual como en lo colectivo, los maestros cuenten con los apoyos y estímulos necesarios para facilitar su quehacer como educadores y contribuir a su desarrollo personal, laboral y profesional.

        Es vital reconocer la labor de las y los maestros que, día con día, con su esfuerzo, compromiso y vocación, dan muestra del amor por México y por sus estudiantes. El docente debe ocupar el sitio de la más alta significación en la sociedad y en cada una de las comunidades en donde labora. Dar prioridad a la educación implica contribuir a la revaloración social de las maestras y los maestros, como agentes de cambio. Por lo tanto, es necesario brindar a cada maestra y cada maestro oportunidades de desarrollo profesional incluyentes y de calidad, que posibiliten la mejora de su práctica pedagógica y los logros con sus estudiantes, así como promover la mejora permanente de sus condiciones de vida, con estricto apego a sus derechos laborales, económicos y profesionales.

        Debemos seguir ampliado el número de Escuelas de Tiempo Completo y mantener la inversión sin precedentes en infraestructura para mejorar las condiciones de los planteles que más lo necesitan; tales instituciones reportan beneficios que trasciende el ámbito estrictamente educativo: seguridad social y mejoría de la salud pública, así como facilitar las relaciones intrafamiliares.

        También tenemos que continuar en la ruta de mejorar la organización de las comunidades escolares, con mayor autonomía de gestión y plantillas completas de maestros y directores. Los docentes deben ser seleccionados y promovidos exclusivamente por su vocación y logro profesional, a partir de una formación inicial y continua de calidad con equidad.

        Es vital proteger el derecho a la educación pública y, con base en los principios filosóficos del artículo tercero constitucional, todos los niños y los jóvenes -sin importar su género, origen o condición- deben tener acceso a una educación de calidad con equidad e inclusiva. Por eso, seguiremos trabajando para promover el respeto a la diversidad y romper así los nudos de desigualdad en el sistema educativo, especialmente en la atención a la primera infancia, el respeto a la diversidad de las personas hablantes de lenguas indígenas, la inclusión de personas con discapacidad, la promoción de la igualdad de género y el combate al rezago educativo.

        México es un país de jóvenes. La edad promedio es de 31 años. Lo anterior, exige una educación media superior y superior pertinente, de calidad e incluyente que sea la base para que los jóvenes tengan la oportunidad de alcanzar sus sueños. Por ello, seguiremos estrechando la vinculación de la educación y el sector productivo mediante modelos como la formación dual o los subsistemas de educación tecnológica y politécnica. Asimismo, seguiremos impulsando las becas para reducir el abandono escolar, ampliaremos las oportunidades para realizar intercambios en el extranjero y fomentaremos el deporte como una herramienta de desarrollo para nuestros jóvenes.

        La educación ya no se puede limitar a lo que se aprende en las aulas y tiene que empezar antes del preescolar, desde la primera infancia, con un desarrollo infantil temprano impulsado desde el Estado en coordinación con las familias mexicanas. De la misma manera, la educación tampoco debe terminar con la Universidad, sino que debe seguir a lo largo de la vida productiva con un sistema de formación continua para el trabajo. Sólo así lograremos construir una sociedad dinámica y creativa, en la que el mérito y el esfuerzo sean los determinantes principales del logro de vida, y una democracia plena y solidaria, con una ciudadanía crítica, responsable y participativa en las decisiones de su comunidad.

        La educación debe ir de la mano de un proyecto científico nacional, apoyado en la innovación e investigación tanto básica como aplicada. En ese sentido, necesitamos desarrollar un sistema nacional de investigación y desarrollo tecnológico que nos permita convertirnos en una potencia generadora de conocimiento. Para ello, tenemos que favorecer no sólo el uso, sino también la gestión del conocimiento, con el fin de estimular la creatividad científica y por ende el desarrollo de nuestro país. Al hacerlo, fortaleceremos la ciencia mexicana para generar más talento mexicano y recuperar el talento que se ha fugado, pero también atraer más talento del exterior.

        La educación debe llevar a nuestros hijos a apreciar las artes y todas sus manifestaciones desde pequeños. Desde la educación, debemos reconocer el valor de nuestra nación y su carácter pluriétnico y pluricultural para preservar, potenciar y proyectar nuestra cultura en el mundo entero. A partir de la educación, la ciencia, la cultura y el deporte, podremos reafirmar nuestra identidad como nación y contribuir de manera más decisiva al progreso de la humanidad.

        Transformar la educación es un proceso de largo plazo, pero tenemos una ruta clara y hemos sentado las bases para dar un nuevo rumbo al país a partir de una visión de las mexicanas y mexicanos que queremos formar. Estamos convencidos de que en la educación reside la fuerza para impulsar el desarrollo y la prosperidad de México en el siglo XXI.

Líneas de acción

  1. Mantener a la educación como prioridad central del gobierno. Seguiremos impulsando el modelo educativo, a fin de consolidar la educación pública como fuente de movilidad y justicia social y como principal motor del desarrollo la competitividad del país.
  2. Garantizar el derecho a la educación de calidad con equidad e inclusión para todas las niñas, niños y jóvenes, que responda a la diversidad de nuestros ciudadanos sin distingo alguno. Para lograrlo, es preciso apoyar decididamente, con intervenciones que atiendan sus necesidades específicas y estableciendo cuotas de ejercicio presupuestal en los principales programas educativos, a grupos vulnerables como las personas hablantes de lenguas indígenas, las personas con discapacidad, hijos de familias más pobres, especialmente durante la primera infancia, y personas con analfabetismo y rezago educativo.
  3. Avanzar progresivamente hacia un modelo de educación inclusiva que responda a la diversidad y a las necesidades de los alumnos. Alumnos con discapacidad o con capacidades sobresalientes deben tener la oportunidad de asistir a escuelas regulares y recibir una educación de calidad que tome en cuenta sus necesidades, con materiales adecuados y docentes capacitados para darles la atención que requieren.
  4. Consolidar el papel de los docentes como profesionales de la educación, enfocados en el aprendizaje de sus alumnas y alumnos con estricto respeto a la diversidad. Para lograr una educación de calidad con equidad e inclusiva es fundamental asegurarnos de que los maestros fortalezcan su quehacer docente con un sistema de desarrollo profesional articulado, eficiente y pertinente, que parta de la formación inicial y continua a lo largo de su carrera profesional. Nuestros docentes deben tener acceso a las herramientas pedagógicas, didácticas, emocionales e innovadoras que requieren para su crecimiento personal y profesional, así como recibir el justo reconocimiento de la sociedad a la importante labor que desempeñan.
  5. Consolidar el Servicio Profesional Docente con estricto apego a los derechos laborales y profesionales. El fortalecimiento de la profesionalización docente incluye la formación inicial y, por ende, la mejora y transformación de las Escuelas Normales, así como una evaluación formativa y contextualizada que dé pauta a una formación continua y al desarrollo profesional a partir del conocimiento, la experiencia y el esfuerzo. También se impulsarán estrategias innovadoras como la conformación de trayectos formativos de los docentes.
  6. Continuar ampliando el número de Escuelas de Tiempo Completo. Hoy sabemos que en las escuelas de educación básica con jornadas ampliadas los estudiantes aprenden más. Además de reforzar sus conocimientos académicos, tienen más oportunidades para desarrollar actividades artísticas, culturales y deportivas, y se benefician de una alimentación saludable. Las Escuelas de Tiempo Completo responden de manera significativa a nuestra diversidad como país y generan condiciones reales de equidad y justicia social.
  7. Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. Nadie conoce mejor las necesidades de cada escuela que su propia comunidad educativa, integrada por padres y madres de familia, estudiantes, maestras y maestros, así como sus directivos. Por eso, debemos seguir impulsando un modelo de organización escolar que ponga a la escuela al centro y dote a las comunidades escolares de mayores márgenes para que tomen sus propias decisiones, tanto en los contenidos que se imparten como en la forma de distribuir el tiempo y los recursos, en favor del aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes.
  8. Establecer un mecanismo permanente de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de planteles educativos. Debemos continuar invirtiendo en el mejoramiento de la infraestructura escolar para lograr que todas las escuelas del país sean entornos de aprendizaje seguros, accesibles e inclusivos, e incidan en el aprendizaje de todos los estudiantes.
  9. Más escuelas de tiempo completo. Además de que las escuelas de tiempo completo fortalecen la educación integral dando opción a que se incorpore el aprendizaje de la cultura artística y se realice la práctica deportiva, también es un recurso de primer importancia para que, proporcionando una alimentación adecuada, combatan problemas tan graves como la obesidad y la consecuente diabetes que tanto daño causa y tan cara cuesta. Pero además, dado que las jornadas laborales no corresponden a los horarios de las escuelas convencionales, una permanencia más prolongada en el ámbito escolar la niñez y la juventud temprana hará que no queden expuestas a la delincuencia en horarios en los que generalmente quedan a la deriva hasta la llegada de la autoridad familiar al hogar.
  10. Impulsar desde la educación el conocimiento, la preservación y el cuidado del medio ambiente. Convencidos de que el desarrollo debe ser sustentable y sostenible, además de estar anclado en el conocimiento del potencial de cada región, debemos impulsar un mayor conocimiento del medio ambiente en las escuelas, a través de espacios como la autonomía curricular. La educación es fundamental para fomentar conductas ambientalmente responsables en nuestros alumnos, así como conciencia sobre la dotación y potencial de los recursos de su comunidad.
  11. Promover el estudio de las ciencias y las ingenierías en la niñez y la juventud. Para aprovechar las oportunidades que representa el cambio tecnológico para México, debemos incentivar el desarrollo de nuestro capital humano desde temprana edad. Ello implica un esfuerzo particular para fomentar el gusto por las matemáticas y la ciencia entre niñas y jóvenes, empleando diversas metodologías que promuevan un desarrollo integral y acorde a una sociedad diversa e incluyente.
  12. Universalizar la enseñanza del inglés. El inglés ya no debe ser un privilegio de un número limitado de estudiantes, sino una herramienta para que todos los mexicanos puedan abrirse y conectarse con el mundo. Por eso, continuaremos con la Estrategia Nacional de Inglés para que, en 20 años, todos los niños y jóvenes cuenten con maestras y maestros con una certificación adecuada.
  13. Impulsar el desarrollo de habilidades digitales. Las habilidades digitales son fundamentales para poder participar y competir en el mundo del siglo XXI. Por ello, debemos continuar con la incorporación de la tecnología en la educación a través de esquemas diversos con metodologías innovadoras y acordes al siglo XXI, que incluyan no sólo el equipamiento adecuado y la conectividad necesaria de los planteles escolares, sino también la capacitación docente y el planteamiento pedagógico que permita cerrar la brecha digital y hacer así efectivo el derecho a las comunicaciones.
  14. Elevar la escolaridad y años de permanencia en todos los niveles del sistema educativo. Si bien hemos avanzado de manera importante en los niveles de acceso a la educación media superior, debemos seguir ampliando los espacios para cumplir la obligación constitucional de alcanzar la cobertura universal para el año 2021. Al mismo tiempo, tenemos que mejorar las oportunidades de acceso de los jóvenes a la educación superior.
  15. Fomentar la vinculación entre las instituciones educativas y el sector productivo. Tanto en la educación media superior como en la superior, es fundamental estrechar el vínculo con el sector productivo. De manera específica, debemos impulsar esquemas como las universidades tecnológicas y politécnicas bilingües que ofrecen una formación de excelencia en español e inglés, y el Modelo Mexicano de Formación Dual que permite a alumnos de bachillerato combinar su formación académica con un empleo productivo.
  16. Mejorar la coordinación entre órdenes de gobierno. Las responsabilidades del Estado Mexicano en materia educativa se distribuyen entre los diferentes órdenes de gobierno. Por ello, es clave preservar los mecanismos ágiles de coordinación entre ámbitos de gobierno que hemos construido para asegurar que la educación tome en cuenta las particularidades regionales, abatir progresivamente las disparidades en el logro educativo e incorporar la lengua materna como factor de integración en la enseñanza en las comunidades indígenas.
  17. Impulsar la decidida participación social en la educación. La educación es tarea de todos. Por ello, debemos seguir trabajando de la mano –gobiernos, maestros, padres de familia, sociedad en general y desde luego los propios alumnos- para consolidar el nuevo Modelo Educativo y una educación de calidad como aspiración principal de la sociedad. Para lograrlo, necesitamos fortalecer la participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos, así como facilitar su asistencia a reuniones escolares sin que afecte su jornada laboral y mediante programas para que asuman una mayor responsabilidad en el proceso formativo de sus hijos
  18. Mejorar la coordinación intersectorial para hacer de las escuelas verdaderos centros del desarrollo comunitario. Las escuelas juegan un papel fundamental en la vida de sus comunidades y debemos fortalecer la coordinación intersecretarial para aprovechar esa realidad y ampliar la oferta de servicios sociales que se atienden en las escuelas, mediante esfuerzos como Salud en tu Escuela o Cultura en tu Escuela.
  19. Promover una cultura de la paz. Es importante que, desde la infancia, los mexicanos fortalezcan los valores de la convivencia democrática, la tolerancia y el respeto a la diversidad y a la legalidad, como sostén del desarrollo comunitario y la cohesión social. Por ello, es indispensable continuar con la plena implementación del nuevo Modelo Educativo que incorpora todos estos elementos en su planteamiento pedagógico. Además, debemos trabajar con las autoridades educativas locales para garantizar la seguridad de los planteles, velar por los derechos de las niñas y los niños y garantizar la protección infantil ante cualquier forma de maltrato o de violencia, en particular el acoso escolar, la violencia de género y la violencia intrafamiliar.
  20. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. A partir de una aproximación centrada en el desarrollo de vocaciones regionales, debemos adaptar el sistema para que premie las aportaciones de los investigadores a los procesos productivos. También hay que estimular la inversión de los sectores público, privado y social en ciencia, tecnología e innovación para superar el 1% del PIB. Asimismo conviene reducir su excesiva burocracia.
  21. Ampliar las oportunidades de intercambio académico y científico. Debemos brindar más oportunidades para que estudiantes, investigadoras e investigadores tengan contacto con otros países como fuente de innovación, crecimiento personal y descubrimiento de otras culturas, así como fuente de solidaridad internacional y promoción del valor de México ante el mundo.
  22. Impulsar el reconocimiento, disfrute y preservación del patrimonio cultural. México es una potencia cultural indiscutible a nivel mundial y nos sentimos muy orgullosos de nuestra historia y de nuestro patrimonio que nos dan identidad como nación. En ese sentido, debemos promover que todos los mexicanos tengan acceso a nuestra riqueza y diversidad cultural como fuente de orgullo nacional, desarrollo productivo, cohesión y paz social.
  23. Promover la activación física de la ciudadanía y su participación en la cultura física y el deporte. La educación y la cultura físicas son parte del desarrollo integral del ser humano y fuente de habilidades y capacidades de sana competitividad y trabajo en equipo. Por eso, promoveremos la participación de toda la ciudadanía en estas actividades e impulsaremos el talento de las y los deportistas mexicanos amateur y de alto rendimiento para que alcancen su máximo potencial.

     Quien tiene una alimentación adecuada a lo largo de su vida tiene mayor capacidad de aprendizaje y de realizar su potencial. Quien tiene acceso a salud preventiva reduce significativamente las probabilidades de enfermedades crónicas y mortales. Quien acaba la preparatoria vive, en promedio, cuatro años más que quien no lo hace; quien tiene un título de educación superior gana más del doble que quién tiene un título de educación media superior. Por ello, el ejercicio de derechos sociales es indispensable para tener un acceso efectivo a oportunidades que permiten desarrollar a cada uno su pleno potencial.

        Como herederos de la Revolución Mexicana, que fue la primera gran transformación del siglo XX, los mexicanos siempre hemos tenido la aspiración de construir un estado social y una sociedad solidaria, que garanticen el acceso efectivo a la alimentación, la salud, la educación y la vivienda, promueva el mejoramiento constante de las condiciones de vida de los que menos tienen y genere igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos. En consecuencia, el objetivo final de nuestro desarrollo debe ser el bienestar compartido, pleno, incluyente y equitativo, con pleno respeto a la diversidad y sin ningún tipo de discriminación.

        Es innegable que en México hemos logrado grandes avances en materia de inclusión. A lo largo del siglo XX logramos el reconocimiento y la ampliación de los derechos de los trabajadores, con la creación de instituciones de seguridad social que protegen su vida, salud y patrimonio. El combate a la pobreza multidimensional ha rendido frutos en todas sus dimensiones: alimentación, rezago educativo, vivienda y servicios básicos, acceso a servicios de salud y a la seguridad social. A pesar de que todas estas carencias sociales hoy se encuentran en sus mínimos históricos, no descansaremos hasta erradicar cada una de ellas.

        Sin embargo, en pleno siglo XXI persisten exclusiones e inequidades en la sociedad mexicana. Cuarenta y cuatro de cada cien personas mexicanas vive en situación de pobreza y cinco millones aún viven en pobreza extrema y carencia alimentaria. Por lo tanto, necesitamos una política social que no se conforme con contener el aumento de la pobreza, sino que empodere a los ciudadanos con herramientas para incorporarse al sector productivo y dejar atrás la dependencia de los programas sociales.

        Junto con otros 192 países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hemos establecido el compromiso de un país para todas y todos. Queremos un México en el que haya un piso mínimo de seguridad social y cada persona tenga acceso efectivo a la alimentación, la salud y una educación de calidad, así como agua limpia y saneamiento, servicios públicos dignos, vivienda y un trabajo decente. Nuestra visión de desarrollo incluye a todas y todos los mexicanos. Por eso, seguiremos impulsando la erradicación de la pobreza extrema con intervenciones directas y focalizadas para avanzar en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU.

        La mejor forma de combatir la pobreza es con la actividad productiva. En ese sentido, la fortaleza y pertinencia de los programas sociales debe medirse por la capacidad que tengan para vincular a los beneficiarios con mejores condiciones de inclusión productiva. Este ha sido el paradigma con el que se ha transformado la política social para que los beneficiarios tengan una vida productiva y plena. Por lo que seguiremos fortaleciendo el Programa Prospera para que las familias tengan mejores oportunidades de vida a través de un mejor acceso a educación superior, créditos para impulsar proyectos productivos, facilidades de inclusión financiera y apoyo para su inserción al mercado laboral. Asimismo, continuaremos protegiendo las finanzas familiares a través de la pensión para personas adultas mayores desde los 65 años y el Seguro de Vida para Jefas de Familia.

        Pero no basta con combatir la pobreza. Es fundamental impulsar políticas concretas para romper los nudos de desigualdad en todos los ámbitos, desde el acceso a la educación, a la salud y bienestar, hasta los niveles de ingreso y el acceso a la justicia. Solamente así se podrá construir un verdadero estado social y una sociedad solidaria que sea fiel a las aspiraciones de los mexicanos. Es momento de alcanzar el fin de la pobreza, pero también garantizar el acceso a una educación de calidad y a la salud y bienestar.

        Es indispensable que todos —absolutamente todos— los mexicanos tengan acceso efectivo a servicios de salud de calidad a lo largo de su vida. Por eficacia y eficiencia, el sistema debe ser orientado por un enfoque predominantemente preventivo. La certeza alimentaria debe ser compatible con una adecuada nutrición. Debemos dar grandes pasos del empleo informal al formal, a fin de asegurar una cobertura más amplia de la seguridad social, pero también se hace necesario que quienes cuentan con los distintos elementos que conforman la seguridad social (salud, seguros y ahorro para el retiro), conozcan sus derechos y puedan ejercerlos. Las personas deben tener acceso a una vivienda digna, pero es necesario ir al siguiente nivel: las viviendas deben estar en un entorno accesible, seguro, sano y sostenible.    

        Debemos ampliar la infraestructura y las herramientas financieras para dinamizar el campo mexicano, fomentar la construcción de ciudades y comunidades sostenibles, generar una política integral de producción y consumo responsable, e integrar las políticas de inclusión laboral y productiva, así como de economía social y de banca de desarrollo, en un esfuerzo cohesionado por ampliar las capacidades de los mexicanos para construir sus propias fuentes sostenibles de ingreso. También debemos fortalecer el bienestar de los mexicanos en su retiro con pensiones dignas, independientemente de su historial laboral.

        Queremos un México en el que los privilegios no se reproduzcan inercialmente, sino que el mérito y el esfuerzo sea lo que determina el éxito de las personas. Convencidos de que la educación es el mayor igualador social, seguiremos impulsando el acceso a una educación pública gratuita, laica y de calidad, en particular entre las poblaciones que más lo necesitan. Al mismo tiempo, aseguraremos el acceso efectivo, equitativo, incluyente y oportuno a servicios de salud de calidad, que respondan adecuadamente a las necesidades de las personas a lo largo de su vida, y con mecanismos apropiados de protección financiera para que las familias mexicanas no caigan en situación de pobreza por un problema de salud de alguno de sus integrantes.

        Queremos un México incluyente donde todas las personas, independientemente de sus circunstancias de origen o las diferencias por su origen étnico, género, edad, cultura, religión o condición, puedan desarrollarse de manera plena y sostenible. Por eso, continuaremos impulsando esfuerzos de focalización y acción afirmativa en beneficio de las poblaciones más vulnerables, con atención a sus necesidades de desarrollo a lo largo del ciclo de vida.

        De manera específica debemos fortalecer nuestros esfuerzos para mejorar el acceso a los servicios de educación, salud y trabajo de las personas con alguna discapacidad. Asimismo, debemos mejorar la accesibilidad en los espacios públicos y también privados, en particular en el transporte público. Por su parte, las comunidades indígenas de nuestro país deben tener la certeza que podrán ejercer sus derechos y participar en el proceso de desarrollo social y económico de México y que, en todo momento, serán respetados su identidad y su cultura.

        Tenemos que hacernos cargo, como objetivo central de toda política pública y reconociendo que todo nuestro actuar tiene al centro a la persona, que en México el desarrollo y las oportunidades sean una realidad para todas y todos. Mexicanas y mexicanos, por igual, deben poder ejercer cada uno de sus derechos sociales: trabajo, salud, alimentación, educación, seguridad social y vivienda. Nadie debe ser excluido de las oportunidades.

 

Líneas de acción

  1. Eliminar las carencias en la primera infancia. Elaboraremos una política nacional para la protección integral de la primera infancia que contribuya a eliminar todas las formas de malnutrición infantil, promueva el ejercicio libre de la lactancia materna y garantice la atención de la salud de las y los niños, así como de sus madres. Asimismo, impulsaremos el desarrollo infantil temprano para maximizar las oportunidades de nuestros niños, con énfasis en la atención de niñas y niños en condición de pobreza, comunidades indígenas y personas con discapacidad.
  2. Hacer efectivo el derecho a la alimentación en todo el territorio nacional. Especialmente en los municipios de alta y muy alta marginación, debemos desarrollar una estrategia que aborde la carencia alimentaria en su problemática integral, incluyendo la demanda potencial insatisfecha efectiva. Parte de ello implica ampliar el abasto popular en las mejores condiciones posibles, impulsar la creación de bancos de alimentos para apoyar el consumo de la población de menores recursos y mejorar sustancialmente la cultura alimentaria y nutricional.
  3. Ampliar y estandarizar los subsidios focalizados y las transferencias directas para combatir la pobreza. Debemos incrementar progresivamente las intervenciones para garantizar el acceso de las poblaciones más vulnerables a la alimentación, a la salud, a la vivienda digna y a una educación de calidad. En paralelo se tienen que eliminar los subsidios generalizados al consumo para mejorar la progresividad y eficiencia del gasto público.
  4. Promover la plena inclusión de los beneficiarios de programas sociales en el sector productivo. Fortaleceremos Prospera, el Programa de Inclusión Social, concentrando los esfuerzos en acercar herramientas a la población que más lo necesita para que quienes lo deseen tengan acceso al sistema financiero formal y la oportunidad de participar plenamente en la vida productiva y laboral para dejar atrás la dependencia de los programas sociales.
  5. Priorizar la atención a los derechos sociales, mejorar el gasto social y evitar duplicidades y burocratización excesiva. Se deben robustecer las facultades de coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social para consolidar la Estrategia Nacional de Inclusión, que ha permitido alinear los esfuerzos de las diferentes dependencias y niveles de gobierno, compactar programas, evitar duplicidades y asegurar que los recursos se usen de forma eficiente y lleguen a quienes más los necesitan. De manera específica, tenemos que atender con carácter prioritario a las comunidades más pobres, particularmente donde se concentra la población indígena, y promover la incorporación de las personas con discapacidad en situación de pobreza a los programas.
  6. Combatir frontalmente a las desigualdades en todas sus manifestaciones. Debemos abatir la discriminación y las desigualdades económicas, educativas, sociales, étnicas y de género, así como aquellas que enfrentan las personas con alguna discapacidad y los habitantes de las regiones más rezagadas. Para lograrlo debemos utilizar todos los instrumentos de los que dispone el Estado, incluyendo la política social, económica y fiscal.
  7. Promover una atención integral a las personas con discapacidad. Tenemos la obligación de buscar la inclusión, movilidad y empoderamiento plenos de las personas con alguna discapacidad. Para ello, debemos recurrir a las mejores prácticas y políticas públicas.
  8. Elevar la calidad de los servicios de salud. Tenemos que desarrollar la capacidad para garantizar una atención de calidad y centrada en las personas en todos los niveles de atención, pero de manera especial la Atención Primaria de Salud, con un enfoque que fomente la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Para ello, debemos asegurar un financiamiento equitativo y una asignación de recursos que responda a nuestra realidad epidemiológica y demográfica, poniendo especial atención en la diabetes, la obesidad, así como en enfermedades cardiovasculares y oncológicas, desde la niñez hasta la edad adulta.
  9. Transitar hacia un Sistema Único de Salud con cobertura universal. Si queremos que todos los mexicanos tengan acceso a la salud bajo las mismas condiciones, necesitamos un solo sistema de salud. No es aceptable que cada subsistema tenga diferencias en cobertura, calidad y objetivos. De hecho, la fragmentación actual del sistema es uno de los factores que han dificultado el tránsito a una cobertura universal. Por ello, debemos reestructurar el sistema de salud hasta alcanzar progresivamente un sistema único que reduzca las brechas en el ejercicio del derecho a la salud, garantice una cartera común de servicios, y promueva la acción intersectorial de alta calidad para combatir factores de riesgo y promover estilos de vida saludable.
  10. Consolidar un piso de seguridad social universal. De la misma manera, tenemos que ampliar paulatinamente la cobertura de la protección social a sectores aún desprotegidos, como las y los trabajadores domésticos. Para ello, es necesario consolidar un sistema de Seguridad Social Integral de acceso universal que incluya los seguros de riesgos laborales, salud, invalidez y cesantía, el sistema de pensiones y otros servicios sociales, como guarderías y mecanismos de acceso a una vivienda digna.
  11. Fomentar viviendas firmes con espacios dignos y servicios. Debemos mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas desde sus hogares. Piso, techo y muros firmes, así como espacios dignos y servicios eficientes, son indispensables para su salud y pleno desarrollo. En las zonas afectadas por desastres naturales, la reconstrucción de los espacios y servicios en las viviendas resulta prioritario. México es nuestro hogar y aquí caben casas dignas para todos.
  12. Promover una política pública de desarrollo en zonas rurales. Respetando la cultura y la identidad de cada comunidad, debemos encontrar la manera de reducir la dispersión y el aislamiento poblacional. Ello representa un paso clave para mejorar la conectividad, facilitar el acceso a los servicios básicos e indispensables, abatir la pobreza y mejorar las condiciones de vivienda. Parte de este esfuerzo debe implicar apoyo al desarrollo comunitario a través de sectores como el ecoturismo, la silvicultura, la artesanía o el cuidado del medio ambiente.
  13. Mejorar la calidad de vida en las ciudades. Hoy en día la mayoría de los mexicanos viven en zonas urbanas y es urgente tomar acción para mejorar su calidad de vida. Esto implica esfuerzos en materia de cultura, la modernización del transporte público y la infraestructura de movilidad urbana sustentable, seguridad pública para todos, una recolección de basura eficiente y la accesibilidad para las personas con discapacidad.
  14. Atender las necesidades de los mexicanos a lo largo del ciclo de vida. Debemos concebir un sistema de cuidados para atender las necesidades de las personas a lo largo de su vida, con particular atención a poblaciones vulnerables como niñas y niños, personas mayores, comunidades indígenas y afromexicanas, así como a personas con discapacidad.
  15. Priorizar la atención a las comunidades indígenas. Una priorización radical es indispensable si queremos cerrar la brecha en los niveles de bienestar. Tenemos que reconocer la gran diversidad existente y procurar la equidad de las poblaciones indígenas de todas las etnias con resto de los mexicanos. Es prioritario lograr la plena inclusión social de las poblaciones originarias, respetando y engrandeciendo su cultura y reconociendo sus aportaciones a la historia de nuestro país.
  16. Impulsar la igualdad de género en todos los ámbitos. Buscaremos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, privilegiando la igualdad en el acceso a las oportunidades, que empieza desde luego por la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. Al mismo tiempo, debemos promover acciones con un enfoque de equidad como la universalización del seguro de vida para jefas de familia y el acceso preferencial a créditos productivos.
  17. Invertir en nuestra juventud. Es importante ampliar la oferta de becas para que las y los jóvenes no deserten y puedan concluir su formación con el fin incorporarse al mercado laboral con un trabajo decente y bien remunerado. De la misma manera, debemos ofrecer créditos en condiciones preferenciales que puedan desarrollar proyectos productivos y estimular el emprendedurismo entre los jóvenes.
  18. Retribuir la contribución de las personas adultas mayores a la sociedad. Debemos generar las condiciones para el desarrollo y la participación activa de las personas adultas mayores en un entorno social incluyente. Esto implica esfuerzos como universalizar las pensiones a partir de los 65 años, establecer un sistema de cuidados a largo plazo para garantizar su bienestar y eliminar cualquier forma de violencia o discriminación.
  19. Asegurar el acceso de los migrantes a sus derechos sociales. Tenemos que promover las condiciones para la regularización de su situación migratoria a nivel individual y acercarlos a programas sociales que permitan su inserción exitosa en las comunidades de residencia y su empleabilidad, y de manera más general mejorar su calidad de vida.
  20. Sumar capacidades en favor del desarrollo. Para lograr estas metas ambiciosas, debemos promover un nuevo pacto social entre actores políticos, sociales y económicos que movilice recursos y capacidades de todos los sectores en la responsabilidad compartida de lograr un desarrollo con equidad y la solución de problemas sociales.

        México es un país escuchado y respetado en el mundo. Tenemos un cuerpo diplomático profesional y una política exterior con visión de Estado. Defendemos principios de validez universal como la igualdad jurídica de las naciones y la autodeterminación de los pueblos, hemos promovido instituciones multilaterales fuertes y lideramos causas como el desarme nuclear, la cooperación para el desarrollo y el combate al cambio climático.

        Hoy, México participa activamente en la definición de la agenda internacional y es uno de los principales polos de atracción para los intercambios económicos, turísticos y culturales. En los foros internacionales, encabezamos nuevos esfuerzos para superar los principales desafíos globales. Asumimos la responsabilidad de participar en las Organizaciones de Mantenimiento de la Paz, contribuimos a la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y adoptamos la Agenda 2030 como política de Estado.

        Con América Latina y el Caribe impulsamos la Alianza del Pacífico para traducir nuestras afinidades en oportunidades de crecimiento. Con Europa, profundizamos sustantivamente nuestras relaciones políticas, culturales, académicas y económicas. En Asia Pacífico, la prioridad ha sido intensificar los flujos de comercio, inversión y turismo. Hemos consolidado alianzas estratégicas con países clave del Medio Oriente e intensificamos la cooperación con países de África.

        Sin embargo, en la última década hemos vivido en un mundo repentinamente cambiante, complejo, caracterizado por una redefinición de paradigmas y de las aspiraciones universalmente aceptadas con anterioridad. La sociedad mundial se ha transformado, sus metas han cambiado e incluso sus principios se están modificando. Esto ha propiciado un mundo más volátil e impredecible.

        En este contexto, durante los próximos años nuestro país debe aprovechar sus múltiples pertenencias, su posición geopolítica única, sus características económicas, sociales y culturales, y su estatus como referente en diversos temas torales del multilateralismo, para afianzar su liderazgo y continuar promoviendo los valores, principios e intereses del país, así como los derechos de nuestros ciudadanos, dondequiera que se encuentren.

        Estamos comprometidos a hacer de nuestra política exterior una auténtica palanca de desarrollo, que nos permita consolidar nuestra posición como potencia media en el mundo. Ante un sistema internacional incierto y en transformación, queremos consolidar a México como un país abierto al mundo.

        Fortaleceremos los procesos de integración en curso con América del Norte y América Latina, actualizando la infraestructura física y jurídica que da sustento a nuestra competitividad. Al mismo tiempo, promoveremos la diversificación de nuestras relaciones comerciales mediante la consolidación de relaciones estratégicas con Europa, Medio Oriente y Asia Pacífico. En nuestras relaciones bilaterales fortaleceremos la cooperación educativa, científica, cultural y tecnológica. No cejaremos en la defensa y protección de las y los connacionales, dondequiera que se encuentren.

        En América del Norte, aseguraremos los espacios para potenciar la competitividad compartida y cerraremos las brechas entre los derechos de quienes viven en el país, y quienes viven fuera y que aportan de manera significativa a sus sociedades receptoras. Con Estados Unidos, la relación tiene que ser de pleno respeto y beneficio para los mexicanos.

        Con Centroamérica, debemos profundizar la integración comercial y energética, mejorando así la matriz de desarrollo y competitividad del Sur-Sureste de México y la de los países vecinos. Haremos de nuestra Frontera Sur un espacio de prosperidad y seguridad compartida. Con el Caribe, tenemos que propiciar una mejor interconexión marítima y comercial, así como cooperación técnica y mayor coordinación en el combate a la delincuencia organizada.

        Con América del Sur, tenemos la oportunidad de encontrar mayores espacios de coincidencia para promover conjuntamente la productividad, el comercio y el diálogo para el desarrollo. Con Europa, fortaleceremos nuestros vínculos históricos y encontraremos nuevos espacios de cooperación, en particular, en materia de ciencia y tecnología, educación y cultura.

        Debemos propiciar una relación más amplia con los países de Medio Oriente, buscando mayor comercio e inversión. Intercambiaremos experiencias con los principales países de África en materia de desarrollo e inclusión financiera. Finalmente, buscaremos acercamientos con las economías más grandes y dinámicas de Asia, a fin de diversificar nuestras relaciones políticas, comerciales, culturales y de cooperación.

        En la protección de los mexicanos en el exterior, el eje rector seguirá siendo acercar sus derechos a los de los ciudadanos de los países en los que residen. Que nuestra bandera se mantenga para el migrante como el mejor emblema de apoyo y protección, y de que somos una misma comunidad. Debemos buscar mecanismos que les aseguren acceso a educación, salud y servicios financieros.

        En los espacios multilaterales, México seguirá siendo punto de referencia y una voz poderosa en defensa de las mejores causas políticas, económicas y sociales. Sin dejar de respetar nuestros principios constitucionales, debemos ejecutar la política exterior con la flexibilidad que los tiempos actuales ameritan. Seguiremos promoviendo la fortaleza de las instituciones multilaterales para hacer frente a desafíos globales como el cambio climático, el crimen organizado y la tentación del proteccionismo comercial.

 

Líneas de acción

  1. Defender la soberanía y promover el interés nacional en el exterior. En tiempos de inestabilidad política o de alternativas poco democráticas de gobierno, se vuelve más importante que nunca refrendar nuestros principios como país. Tenemos que defender posturas congruentes con nuestro interés nacional, como por ejemplo una estrategia eficaz que inhiba y sancione el lavado de dinero.
  2. Alinear la política exterior a los objetivos de la política interna. Nuestra acción como país en el mundo tiene que estar alineada con nuestras prioridades nacionales para convertir a México en un protagonista mundial en beneficio de las y los mexicanos. Esto incluye el fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad pública y la procuración de justicia, así como un crecimiento económico sustentable, la preservación del medio ambiente, y una mayor inversión en investigación y desarrollo. Esto implica utilizar la red diplomática y consular para identificar oportunidades de cooperación y desarrollo en el exterior.
  3. Contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de México. A través de relaciones cercanas, mutuamente benéficas y productivas con otros países, sustentadas en una política exterior vigorosa, sustantiva y activa, debemos asumir nuestra responsabilidad en el cumplimiento de las metas de desarrollo que nos hemos fijado. Nuestra relación abierta con el mundo ha venido acompañada de una mayor inversión extranjera generadora de empleos.
  4. Fortalecer y mejorar la imagen de México en el exterior. Es clave que los distintos actores globales tengan claro cuáles son los beneficios de nuestro país como destino de inversiones o de turismo, dado que esas actividades se traducen directamente en mejores condiciones para las familias de nuestro país. La estabilidad macroeconómica, la diversidad de recursos y el medio ambiente, y la amplia variedad de destinos en México hacen que la población de otros países nos visite o bien invierta en nuestro país. Por ello, debemos mejorar nuestra imagen a nivel mundial en los ámbitos político, económico, turístico, de desarrollo social y seguridad.
  5. Defender a las personas migrantes dentro y fuera de nuestras fronteras. En el caso de la comunidad mexicana en el exterior, en particular en las grandes concentraciones de mexicanos en Estados Unidos, debemos continuar reforzando los instrumentos de protección jurídica para asegurar el respeto a sus derechos humanos y los de sus familias. Asimismo, tenemos que promover condiciones para la regularización de su situación migratoria a nivel individual, la organización comunitaria para la defensa local de sus intereses y su acercamiento a programas sociales.
  6. Construir una relación respetuosa con Estados Unidos. México es una nación soberana e independiente, por eso privilegiará el diálogo constructivo y la promoción del interés nacional para atender, de forma corresponsable y nunca subordinada, las amenazas comunes como el narcotráfico (siendo que hoy por hoy, Estados Unidos es el principal consumidor de droga en el mundo), el terrorismo, el tráfico y la trata de personas, la piratería y el lavado de dinero, entre otros. Debemos promover programas de movilidad laboral temporal, mejores prácticas comerciales y aduaneras, impulso a la investigación, la capacitación y el desarrollo, transferencia de tecnología e inversión extranjera directa, mediante mayores garantías de seguridad jurídica, así como participación en proyectos públicos, privados y mixtos de infraestructura.
  7. Incrementar la participación ante los organismos de carácter político y financiero como fuerza geopolítica, económica y demográfica. México necesita ser parte activa de las decisiones en el ámbito multilateral, pues es ahí donde pueden balancearse las posiciones más radicales en contra de la integración. Algunos espacios en donde se podrían impulsar los intereses nacionales son: la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la instrumentación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, la participación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el impulso a un nuevo paradigma en el combate al Problema Mundial de las Drogas, el establecimiento de una gobernanza de la migración internacional a través del Pacto Global sobre Migración, la participación activa en las decisiones del G-20.
  8. Participar en esfuerzos globales de conciencia ambiental y sustentabilidad. La protección del medio ambiente es una responsabilidad compartida entre naciones y, en esa medida, sólo puede ser atendida de manera efectiva a nivel global. México es uno de los países más afectados por el cambio climático y sus consecuencias. Por ello, debemos abanderar de manera muy destacada esta causa a nivel internacional.
  9. Promover una política exterior proactiva e incluyente. Como parte de nuestra nueva manera de hacer política, también debemos tomar iniciativas y buscar los consensos necesarios con las fuerzas políticas y los sectores sociales, así como nutrirlas del diálogo con centros académicos. Queremos ser proactivos en las causas estratégicas y construir mecanismos transparentes y participativos para la toma de decisiones de política exterior.
  10. Proyectar en el exterior la importancia del “poder suave”. Debemos proyectar el papel y la posición democrática de México, nuestros valores culturales, así como la imagen de un país decidido a enfrentar sus retos y construir un gran futuro. En consonancia, tenemos que impulsar formas de diplomacia más allá de la tradicional, tales como la cultural, la científica, la académica y la parlamentaria.
  11. Profundizar relaciones bilaterales y diálogo político con actores clave. México ha expandido su relación política a todos los rincones del mundo. En esa medida, en cuanto más diversificadas sean nuestras relaciones, mejor será para todos los países involucrados. Entre las oportunidades estratégicas con países selectos se cuentan: profundizar y diversificar la relación con Argentina, Chile y Brasil; incrementar el comercio bilateral y la inversión en infraestructura, industria automotriz y tecnologías limpias con Japón; promover el intercambio comercial, la inversión y el turismo con Canadá; buscar acceso de más productos mexicanos al mercado chino; impulsar el intercambio económico tecnológico y comercial con Corea del Sur; crear vínculos fuertes con India e Indonesia, potencias regionales con peso económico creciente.
  12. Diversificar las relaciones estratégicas con todas las regiones del mundo. De esa manera podremos reducir los riesgos de las relaciones tradicionalmente importantes para nuestro país. Algunas alternativas son: diversificar el destino de las exportaciones y fuentes de inversión; más comercio, inversión y cooperación con América Latina y el Caribe; consolidar la Alianza del Pacífico e impulsarla como plataforma de integración con países en otras regiones; modernizar el Acuerdo Global con la Unión Europea; reforzar la integración comercial y el diálogo político con Asia Pacífico; atraer inversiones de los países del Golfo Pérsico y negociar un TLC con Jordania y Turquía; aumentar los proyectos de cooperación con África; vigorizar la relación con las naciones anglo y francoparlantes del Caribe; impulsar acuerdos con Centroamérica en temas como la Estrategia de Seguridad en Centroamérica.
  13. Potenciar las actividades de cooperación internacional para el desarrollo. Debemos fortalecer nuestra Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y buscar cumplir gradualmente el compromiso de destinar, por lo menos, 0.7% del PIB a la cooperación internacional para el desarrollo. En particular, debemos promover la cooperación Sur-Sur en temas como educación, cultura, tecnología, salud, recursos hídricos, gobernabilidad global, derechos humanos, seguridad y justicia, y la democracia de las instituciones y organizaciones internacionales.

       El desarrollo del país no puede ser entendido al margen del cuidado al medio ambiente. En México, el medio ambiente ha tenido grandes afectaciones a consecuencia de las diversas actividades humanas que generan contaminación, así como del cambio climático, lo cual ha puesto en riesgo los recursos naturales y la biodiversidad. Hemos sufrido fenómenos meteorológicos como consecuencia del cambio climático, tales como ciclones tropicales, huracanes de mayor intensidad, aumento del nivel del mar, al igual que daños en el suelo por su desertificación.

        Entre los principales factores que repercuten en el deterioro ambiental, se encuentra la generación de residuos, afectando la calidad del aire, agua y suelo, lo cual a su vez provoca severos problemas de salud y afectaciones en los ecosistemas naturales. Somos uno de los principales consumidores de agua a nivel mundial, por lo cual la gestión integral y sustentable del agua debe ser una prioridad nacional, un asunto de seguridad nacional. Adicionalmente, la generación de energía eléctrica a partir de las fuentes tradicionales como carbón, petróleo y gas es muy costosa y contaminante. Deberemos centrarnos en la producción y el uso de energías limpias.

        Tan necesario y urgente es profundizar el crecimiento económico, como lograrlo con una perspectiva de sustentabilidad y largo plazo. Necesitamos adoptar una agenda medioambiental y de sustentabilidad transversal para aprovechar el potencial de desarrollo que tenemos. Debe ser un criterio que oriente todas nuestras políticas, desde la económica y la exterior, hasta la social y la educativa.

        Somos un país único que se distingue internacionalmente por su patrimonio ambiental y la abundancia de recursos naturales que poseemos, reconocido y admirado como un país megadiverso. Todos tenemos el derecho de vivir en un entorno sano y que los recursos naturales que tenemos a nuestro alcance puedan ser aprovechados, en igualdad de condiciones, para promover tanto el bienestar familiar y comunitario de los mexicanos hoy como también el de las futuras generaciones.

        El derecho es compartido, al igual que la responsabilidad: el cuidado del ambiente no es una política pública específica que pueda ser asignada a una sola dependencia gubernamental o si quiera al Estado mexicano o incluso a nuestro país en su conjunto. Se trata de un desafío global que tiene que ser enfrentado a nivel global. En ese sentido, planteamos las siguientes propuestas específicas en materia ambiental.

 

Líneas de acción

  1. Promover la adopción de políticas con enfoque de sustentabilidad y sostenibilidad en todos los sectores. Por la naturaleza transversal del reto que enfrentamos, debemos incorporar el enfoque de sustentabilidad y sostenibilidad en todos nuestros esfuerzos como gobierno.
  2. Promover la concertación entre los sectores público, social y privado. Para enfrentar el enorme reto que representa la preservación del medio ambiente, requerimos una mejor planeación y coordinación entre los diferentes sectores y órdenes de gobierno, así como el sector público y social.
  3. Promover la adaptación ante el cambio climático. Al tiempo que nos esforzamos para mitigar los efectos del cambio climático, debemos aceptar la realidad de que la humanidad ha hecho daños irreversibles al medio ambiente. En ese sentido, necesitamos desarrollar medidas de adaptación, como por ejemplo fortalecer nuestros sistemas de protección civil o invertir en infraestructura clave para proteger a la población y sus bienes de desastres naturales inevitables, priorizando las poblaciones ubicadas en zonas de riesgo.
  4. Impulsar el combate al cambio climático a nivel internacional. Si queremos abanderar la causa del cambio climático a nivel global, debemos en primer lugar cumplir los compromisos que adquirimos en el Acuerdo de París. Al mismo tiempo, debemos aprovechar las oportunidades de cooperación y asistencia técnica para impulsar medidas de adaptación y mitigación, así como la participación de México en mercados de bonos de carbono internacionales.
  5. Promover la producción y el uso de energías limpias, al igual que la eficiencia energética. Debemos incentivar la producción de energías limpias, así como el desarrollo y la adopción de tecnologías que aumenten la eficiencia energética por parte de instituciones públicas, empresas y particulares. Podemos aprovechar el potencial de las energías limpias como la solar, eólica e hidroeléctrica, entre otras. Por ello debemos incentivar la instalación de tecnologías que permitan el uso de radiación solar en edificios e infraestructura pública y privada, así como promover el uso de biocombustibles de segunda y tercera generación en procesos productivos y en el sector de transporte. Por otra parte, tenemos que hacer más eficiente y limpia la producción de energía en el sector hidrocarburos como por ejemplo promoviendo la recuperación de gas natural en la producción petrolera.
  6. Promover la transformación productiva de la basura en energía. En México se generan 117 mil toneladas de basura al día, de las cuales el 70% llegan a océanos, ríos, barrancas, bosques y tiraderos clandestinos. Se requiere adoptar una visión con responsabilidad ambiental en la materia, que aproveche los residuos mediante la biodigestión y la termovalorización para generar energía eléctrica y mitigar la degradación ambiental y los daños a la salud. Para ello impulsaremos la reducción progresiva de disposición final de residuos que son aprovechables.
  7. Promover el cuidado del medio ambiente desde la educación. En el marco del nuevo Modelo Educativo y a través de espacios como la autonomía curricular, debemos impulsar la educación ambiental para fomentar la conciencia de los retos que enfrentamos. La educación es fundamental para promover conductas ambientalmente responsables en nuestros alumnos
  8. Desarrollar nuestro talento especializado y promover la investigación e innovación en temas ambientales. Debemos promover la formación de especialistas altamente calificados en materia ambiental, al mismo tiempo que fomentemos la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el sector.
  9. Mejorar la gestión de la calidad del aire y protección de la atmósfera. Debemos fortalecer las medidas para reducir las emisiones de contaminantes priorizando los sectores que más contaminan como por ejemplo el transporte comercial y de pasajeros. Es fundamental establecer un sistema de cuencas atmosféricas que nos permitan atender la problemática de manera puntual.
  10. Mejorar la gestión de residuos sólidos. Debemos desarrollar políticas e instrumentos específicos para minimizar la generación de residuos sólidos, al mismo tiempo que fomentemos el aprovechamiento de los mismos en minimización, reutilización y reciclaje, así como para la elaboración de compostas y producción de energía cuando esto es sea posible.
  11. Mejorar la gestión integral y sustentable del agua. Debemos desarrollar e instrumentar una política hídrica nacional que promueva el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos con la participación conjunta de sociedad y autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, usuarios y organismos operadores. Asimismo, tenemos que mejorar la coordinación entre sectores productivos, en particular con el sector agrícola. Al mismo tiempo tenemos que promover el consumo racional de agua. Es indispensable evitar la sobreexplotación de cuencas y acuíferos a través de la reutilización forzosa de aguas tratadas en actividades agrícolas, industriales y riego de áreas verdes, así como de incentivar el desarrollo de infraestructura para captación de agua pluvial. Todo esto nos permitirá tener un mejor y mayor abastecimiento de recursos hídricos para la población que hoy sufre de escasez. Finalmente, debemos continuar invirtiendo en la construcción y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país, y desarrollar mecanismos de captación y potabilización.
  12. Combatir la deforestación y promover la reforestación. Como parte de la estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático, es crucial que frenemos la deforestación y la degradación del suelo, protegiendo los ecosistemas naturales mediante áreas naturales protegidas y prácticas sustentables de manejo forestal y vida silvestre. Asimismo, tenemos que crear condiciones e instrumentos para ampliar la cobertura forestal.
  13. Expandir las áreas naturales protegidas en el territorio nacional. Es necesario continuar fortaleciendo el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
  14. Protección de animales. Tenemos que regular de manera adecuada la comercialización y el manejo de las especies silvestres, así como de aquellas que se poseen como mascotas o animales de compañía, prohibiendo de manera definitiva su venta en vía pública para evitar su maltrato. Por su parte, las especies domésticas deben estar resguardadas, previo a su comercialización, en lugares que cuenten con la infraestructura necesaria y el personal capacitado para su manejo.
  15. Protección a mamíferos marinos. La celebración de espectáculos públicos o privados, incluyendo los espectáculos a domicilio, fijos o itinerantes con cualquier especie de mamíferos marinos, así como el uso de mamíferos marinos con fines económicos de manejo, adiestramiento, entrenamiento y terapia, ocasiona reiteradamente situaciones de maltrato físico y psicológico que atentan en contra de su naturaleza y no existe evidencia científica alguna de los beneficios que aporta al ser humano la convivencia con dichas especies, por lo que este tipo de eventos no tiene justificación.
  16. Corresponsabilidad en la protección y conservación de los recursos naturales. Se requiere una mayor corresponsabilidad de todos los niveles de gobierno en el financiamiento de las políticas encaminadas a la protección y conservación de los recursos naturales, por lo que será necesario asegurar que en los tres niveles de gobierno se contemplen partidas presupuestales para este fin.

        En los últimos años hemos dado pasos importantes en la ruta hacia la igualdad de género. Como país hemos logrado la paridad en la matrícula educativa en todos los niveles, de preescolar hasta la educación superior, y las niñas y jóvenes tienden a obtener mejores resultados que sus pares varones. En materia política, la reforma político-electoral hizo posible que hoy el 42% de los integrantes de la Cámara de Diputados y el 38% en el Senado de la República sean mujeres. Tan sólo en los últimos cuatro años, se ha reducido la brecha salarial entre el hombre y la mujer en un 40%.

        No obstante, la igualdad entre mujeres y hombres sigue siendo, sin lugar a duda, uno de los pendientes más significativos que tenemos como sociedad. De manera específica, la violencia de género -una pandemia global que no reconoce fronteras- afecta a la mayoría de las mujeres mexicanas: dos de cada tres mexicanas han sufrido al menos un incidente de violencia de género a lo largo de su vida. Esta situación es inaceptable y debemos combatirla de manera urgente.

        La igualdad de género no sólo es un acto de justicia, sino también una gran oportunidad de crecimiento económico y desarrollo. Empoderar a la mujer es empoderar a nuestra sociedad y darle mejores herramientas para crecer y desarrollarse. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirma que, si el índice de participación laboral y económica de las mujeres se igualara al de los hombres, para 2030 el PIB mundial se incrementaría en 12%.

        A fin de cerrar las brechas de acceso e inclusión económica, laboral, educativa, patrimonial y de salud de las mujeres y las niñas, así como erradicar la violencia de género, debemos emprender acciones contundentes que involucren a todos los sectores de la sociedad, donde todos los ciudadanos y de manera destacada los hombres tienen un papel clave que desempeñar.

        Ello implica en primer lugar incrementar la capacidad institucional para conducir una política integral de igualdad y no discriminación a nivel nacional. Ésta no se puede limitar a una dependencia o un sector, sino que, al igual que el cuidado del medio ambiente, debe incorporarse como un enfoque de género en todos nuestros esfuerzos.

        Tenemos que alcanzar la equidad salarial y erradicar la brecha que aún persiste entre hombres y mujeres. Las diferencias de género se perciben no sólo en los puestos de trabajo que ocupan, sino que en ocasiones la discriminación salarial en las empresas tiene que ver con el salario que perciben. Igualmente, hay que implementar esquemas innovadores para impulsar un mayor equilibrio entre la vida familiar y la laboral, lo cual implica una participación más equitativa de hombres y mujeres en las tareas de cuidado y mantenimiento del hogar. También incluye ampliar los esfuerzos de inclusión financiera y apoyo al emprendedurismo.

 

Líneas de acción

  1. Combatir la violencia de género. Tenemos que impulsar procesos de tratamiento integral que vayan desde la prevención educativa hasta la sanción de los culpables y refugios para las víctimas, con el fin de reducir significativamente los índices de violencia contra las mujeres. De manera muy particular, el feminicidio es una barbarie que no puede ser tolerada bajo ninguna circunstancia.
  2. Establecer el principio de equidad salarial. Para erradicar la brecha de género en los ingresos, debemos establecer mecanismos para asegurar que los patrones paguen los mismos salarios a sus trabajadores, sin discriminación de género. A trabajo igual, salario igual.
  3. Promover el empoderamiento económico de las mujeres. Más allá de la equidad salarial, tenemos que facilitar la incorporación de las mujeres a la vida laboral, particularmente de aquellas que son madres. Capacitar a las mujeres con el debido asesoramiento para la elaboración de proyectos productivos viables, como parte de la estrategia de apoyo a su economía en el marco de los programas que desempeña el gobierno para las jóvenes emprendedoras. Ello pasa necesariamente por el involucramiento de los hombres, pero también implica medidas que permitan conciliar la vida laboral y familiar como programas de apoyo a la lactancia sin discriminación.
  4. Incrementar los espacios en guarderías. De la misma manera, es fundamental aumentar la oferta en guarderías y estancias infantiles con preescolar que, además de educar y promover el desarrollo de los niños, garanticen el cuidado infantil y permiten una mayor flexibilidad a las familias.
  5. Educar para la igualdad. Debemos implementar plenamente el nuevo Modelo Educativo para promover la educación para la igualdad y que desde temprana edad, niños y niñas aprendan a tratarse como iguales y combatir la discriminación.
  6. Promover la salud para la mujer. Tenemos que reforzar campañas y programas de salud, así como esfuerzos de prevención para disminuir los embarazos de adolescentes y los indicadores de mortalidad materno-infantil. Asimismo, hay que fortalecer las campañas para la detección oportuna y el tratamiento del cáncer de mama y cervicouterino.

        México es un país de jóvenes. Los jóvenes son el corazón y el impulso innovador de nuestro país por lo que deberemos incentivar su participación a través del respeto a su diversidad, la formación de su propio liderazgo y desarrollo de capacidades. El país debe aprovechar el bono demográfico que significa contar con 38 millones de mexicanos de 12 a 29 años. En particular, tenemos que estimular a la juventud para que se involucre más activamente en la vida política del país, impulsando su empoderamiento y abriendo espacios para su participación en la toma de decisiones sobre las políticas de gobierno y el desarrollo de sus comunidades.

        Debemos asegurarnos de que los jóvenes tengan las oportunidades que necesitan a partir de una comprensión de sus necesidades y su momento de vida. No se trata de encasillar a los jóvenes mediante la provisión de opciones restrictivas, sino de generar nuevas alternativas para aprovechar su energía y detonar su crecimiento personal. Por eso, las políticas enfocadas a los jóvenes son una causa transversal de esta Plataforma Electoral y Programa de Gobierno.

        Sólo recuperando la confianza y credibilidad de los jóvenes podrá restablecerse la confianza entre gobierno y ciudadanía. Por eso, promoveremos la participación individual y organizada de la juventud para canalizar las demandas y expectativas que contribuyan con su desarrollo. En este sentido, promoveremos oportunidades para que los jóvenes participen en los tres órdenes de gobierno y se harán valer los mecanismos para postular el mayor número de jóvenes a cargos de elección popular.

Líneas de acción

  1. Educación de calidad y pertinente con equidad e inclusión. La educación es la herramienta más poderosa para que un joven pueda forjar su propio destino. Por ello, es clave avanzar en la transformación que plantea el nuevo Modelo Educativo para elevar la calidad y la pertinencia de la educación obligatoria. De manera más específica, debemos dar un mayor impulso a esquemas que vinculan la educación con el sector productivo a partir de la vocación productiva de cada región, como lo son el Modelo Mexicano de Formación Dual en el bachillerato o la Formación en Alternancia en la educación superior. De manera más general, debemos ampliar las oportunidades laborales de los jóvenes mientras estudien.
  2. Fortalecer la orientación vocacional y difundir programas de becas. En el nivel superior, debemos promover el uso de las tecnologías de la información para identificar la oferta y demanda de competencias en los principales sectores del país, promoviendo la especialización y participación de los jóvenes en los sectores más dinámicos de la economía. Por otra parte, es importante informar a los jóvenes de los programas de becas que existen tanto para estudiar en México como en el extranjero.
  3. Combatir la deserción y mejorar el ambiente escolar. Además de la pertinencia de su formación, la segunda gran estrategia para fomentar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo son las becas. Por ello, debemos ampliar la oferta de becas para que ningún joven abandone sus estudios por falta de recursos. Al mismo tiempo, tenemos que hacer partícipes a los jóvenes en el diseño de propuestas para una mejor convivencia en los ambientes escolares, de manera que éstos no se conviertan en espacios de represión, sino de libertad para la adquisición y el goce del conocimiento.
  4. Estimular la creatividad artística de los jóvenes. Debemos ampliar los espacios para su formación artística e impulsar políticas de estímulos a quienes muestren mayores aptitudes y talento. Por otra parte, podemos involucrar a colectivos juveniles junto con los gobiernos estatales y municipales en proyectos de rehabilitación, remodelación y equipamiento de espacios culturales específicos para jóvenes.
  5. Facilitar el empleo y promover el emprendedurismo de los jóvenes. Debemos fomentar el impulso al empleo digno para los jóvenes con esquemas como el servicio social remunerado, tomando en cuenta en todo momento la diversidad regional y étnica de los jóvenes. Al mismo tiempo, es necesario promover el espíritu emprendedor de los jóvenes mediante apoyos y asesoría técnica, la disponibilidad de créditos blandos e insumos productivos para impulsar su potencial productivo, innovador y creativo.
  6. Fomentar el ahorro. De manera complementaria, es importante fomentar el ahorro y la responsabilidad financiera en las nuevas generaciones a fin de facilitar la construcción de su patrimonio y que tengan certeza económica en el momento del retiro laboral.
  7. Promover la salud y la activación física de los jóvenes. Un aspecto clave de la política de jóvenes debe ser el acceso a servicios de salud y programas de seguridad social flexibles y adecuados a las nuevas realidades del mercado laboral y contextos específicos que enfrentan los jóvenes en situación de calle, con problemas de farmacodependencia, trastornos psicológicos o de nutrición, de ITS y VIH-SIDA. Asimismo, debemos impulsar campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos adolescentes, así como sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol tabaco y drogas.
  8. Asegurar el acceso a la justicia. Tenemos que impulsar la creación de órganos especializados en el sistema de procuración e impartición para ofrecer orientación y asesoría jurídica a los jóvenes, así como simplificar los procedimientos para denunciar el atropello de los derechos juveniles e incrementar el número de centros donde éste se realiza. Asimismo, hay que incorporar criterios de interpretación que consideren la madurez psicosocial y otras características derivadas de la condición juvenil de presuntos infractores y de quienes se encuentren responsables de alguna infracción, con el objeto de garantizar la pertinencia de los procedimientos que les son aplicables. Por otra parte, se debe separar a los primodelincuentes de los reclusos que por su pasado criminal ejercerían una influencia nociva sobre ellos y replantear las penas que se aplican a los jóvenes sentenciados para dirigirlas a la reparación del daño, la readaptación social y el trabajo en beneficio de la comunidad. Debemos restablecer el tejido social involucrando a los jóvenes en su propio desarrollo.

       En Jalisco solamente hay casi un millón de adultos mayores con credencial de elector y el hábito de sufragar regularmente, pero solamente alrededor de unos doscientos mil están pensionados debidamente, aunque no siempre el monto de sus ingresos resulta suficiente.

        Vale señalar que las mejoras sociales logradas por nuestro país han dado lugar a que la vida se alargue y la mayoría llegue a la edad del retiro en condiciones mucho mejores que antaño.

        Se calcula también que más de un 50% está en condiciones de desarrollar alguna actividad productiva aunque con horarios y de una naturaleza adecuada a su condición, pero su experiencia puede ser aprovechada en muchas actividades idóneas que reportaran o no algunos ingresos que no les caen mal, además de que los hacen sentir útiles y contrarrestan la alienante monotonía de una existencia excesivamente pasiva y favorece también el diálogo intergeneracional no solamente en el seno familiar, sino también en el ámbito laboral.

        Asimismo, también resultan programas educativos específicos, siguiendo el precepto clásico de que los seres humanos tienen el derecho de seguir aprendiendo toda su vida.

        Desde otro punto de vista, bien puede decirse que la pasividad y la marginación constituyen peligrosos enemigos de la gente mayor y causa primigenia de la depresión que predomina en este sector de la población.

        Hablamos mucho de los jóvenes que, por cierto votan menos y con frecuencia carecen de credencial para hacerlo. Es correcto hacerlo, pero vale la pena tener presente, por otro lado el precepto de que “el voto no se jubila”.

        Finalmente, cabe tener en cuenta de que esta población tiende a crecer. Según CONAPO, en 2050, habrá 32 millones de personas con más de 60 años. Vale la pena tomarlo en cuenta desde ahora y prepararnos para ello.

Líneas de acción:

  1. Fomentar oportunidades de trabajo. Estas deberán ser adecuadas en tiempo y forma a la condición del adulto mayor. Hay muchas actividades en las que la experiencia tiene un valor excepcional, lo mismo que otras que por su sencillez pueden ser desarrolladas por gente sin entrenamiento
  2. Educación continuada. Abrir programas de enseñanza de diversas actividades tanto manuales como teóricas que pueden resultar altamente satisfactorias para adultos mayores.

 

Siguientes pasos: Mecanismos de participación.

La nueva etapa de transformación del país tendrá que articularse no por el designio de una sola persona, con arbitrariedad, ni desandando el camino. Por el contrario, será garantizando el imperio de la ley, perfeccionando la democracia y abriendo canales de diálogo y cooperación entre la sociedad y el gobierno.

        En ese sentido, la Plataforma Electoral y Programa de Gobierno que aquí se presenta no pretende ser exhaustiva; es apenas el punto de partida. Es indispensable que, además de las propuestas mencionadas anteriormente, recojamos las expresiones y demandas de la sociedad para construir un proyecto de gobierno representativo. En el desarrollo de México todas las opiniones cuentan y tienen que ser escuchadas.

        En este contexto, los sectores, las organizaciones, las diversas estructuras, liderazgos, movimientos y organizaciones adherentes de los institutos políticos que integramos esta Coalición también permiten generar un vínculo de participación importante para enriquecer con su experiencia y representatividad la Plataforma Electoral y Programa de Gobierno, y reflejar en ellos las diversas demandas sociales de Jalisco.. Aprovecharemos la experiencia y la vitalidad de nuestros dirigentes, cuadros, representantes populares y precandidatos a distintos cargos de elección popular, para construir las mejores estrategias de diálogo plural y acercamiento con la ciudadanía.

        Construiremos respuestas a las demandas de quienes viven del campo, de quienes laboran en nuestras industrias y de los que desarrollan su actividad en el mundo del comercio y de los servicios. Recogeremos las inquietudes específicas de todas las regiones y comunidades del estado. Acudiremos al mayor número posible de espacios de reflexión para fortalecer la profundidad y visión de futuro de nuestra Plataforma Electoral y Programa de Gobierno.

        La participación ciudadana se robustecerá con la voz de los grupos específicos de la sociedad reflejada en las organizaciones de nuestros partidos, es decir de mujeres, jóvenes, comunidades indígenas, migrantes, personas con discapacidad y adultos mayores, así como quienes se desarrollan en las Fuerzas Armadas, en el sector empresarial, académicos e investigadores, en la cultura, el deporte y el arte. Con todos ellos nos comprometemos a defender sus derechos y buscar su participación permanente en la vida nacional.

        La Plataforma Electoral y Programa de Gobierno que presentamos será puesta a consideración de la sociedad por medio de encuentros temáticos, sectorizados o focalizados en las regiones de Jalisco, lo que nos permitirá fortalecerla y hacerla parte de la sociedad.

        En este sentido, el desarrollo de redes digitales, efectivas y propositivas será fundamental para conocer, analizar y discutir las propuestas, en un ánimo positivo y creativo. Mostraremos en todo momento el sentido del gobierno bajo una colaboración abierta y ágil que nos acerque a los mexicanos dentro y fuera del país y nadie quede fuera de la construcción de nuestro proyecto de gobierno para la transformación de México.

       La Plataforma Electoral y Programa de Gobierno será enriquecida por las y los militantes y simpatizantes de nuestros tres partidos durante el proceso de precampaña. A lo largo de las próximas semanas recorreremos el país para escuchar y, a través del diálogo, juntos construir un programa que garantice a los mexicanos un futuro de bienestar.

        Ésta será una campaña de propuestas, para encabezar un gobierno centrado en el compromiso de cerrar la distancia entre nuestra realidad y nuestras aspiraciones. Con seguridad y justicia sin impunidad, con crecimiento que se traduzca en la mejora del ingreso familiar. Con un gobierno que ejerza sus recursos con absoluta legalidad, transparencia y compromiso con la ciudadanía a la que sirve. Con mujeres que tengan un verdadero piso parejo en oportunidades y la protección de sus derechos. Con una niñez que no conozca la pobreza y tenga pleno acceso a educación, salud y cultura.

        Éste es el momento de las certezas. El país no puede dar un salto al vacío. México es un país con un gran pasado, un presente vigoroso y está en posibilidad de consolidar un futuro promisorio.

       El PRI, que tiene fuerza notable a través de sus sectores, legisladores, gobernadores, funcionarios municipales y —sobre todo— militantes y simpatizantes, puede influir poderosamente en el rumbo de México. Puede evitar desviaciones cuyo precio sería gigantesco. Puede resistir la avalancha y enderezar la marcha. Para ello se necesita, es evidente, que haya conciencia clara del punto en el que nos hallamos; de la tierra que pisamos, del destino que podemos y del riesgo que afrontamos. Todo, en un haz de preocupaciones, que pronto se conviertan en ocupaciones políticas, lúcidas, enérgicas, comprometidas.

        Muchos correligionarios consideran esencial asumir definiciones sobre la dirigencia del partido. Para ello, elevan voces en algún sentido. Vuelvo a decir: la lucha por el partido no debe agotar las fuerzas ni ocupar el horizonte que reclama la lucha por la nación. A veces me parece que quisiéramos contar con un mesías que sustituyera al conductor perdido: un dirigente para relevar a un Presidente de la República. A mi juicio, esto es imposible e indeseable. Tenemos que erigir nuestra autonomía y liberar nuestras batallas a partir de una estructura democrática —una democracia con demócratas genuinos—, más que buscar un conductor y restaurar la “cultura de la línea”. Es impracticable y sería ineficiente y decepcionante el providencialismo que operó en muchos lustros iniciales de la vida del partido y entró en crisis —hasta determinar la crisis misma de nuestra organización política— en estos últimos años. Hoy debe prevalecer la generosidad previsora y patriótica sobre la pretensión personal. Aquélla contribuirá a la unidad; ésta podría activar la dispersión, con enorme perjuicio para el partido y para el país.

        Estimo indispensable que el PRI concentre sus mayores esfuerzos en el hallazgo de una posición propia, natural y atractiva a propósito de la agenda nacional que antes mencioné y, sobre todo, de los temas críticos que referí en párrafos anteriores. Es esto lo que nos permitiría alcanzar un pacto social interno y conjurar las tentaciones centrifugas. Esto también nos permitiría restablecer los puentes que comuniquen al partido con el conjunto de la sociedad, en cada uno de sus sectores significativos, y contribuyan, de tal suerte, a fincar el pacto social externo que fortalecerá al partido en la medida en que se recupere su prestigio ante quienes no sufragaron o votaron en contra y retenga la confianza y la esperanza de quienes lo hicieron a favor de nuestro partido.

El Estado de Jalisco es una región diversa tanto en oportunidades como en retos por atender. La variedad geográfica, cultural y económica nos sitúa en un territorio de alta valoración por las condiciones que la misma naturaleza nos ofrece, por las aportaciones con las que los jaliscienses han contribuido a la ciencia y las artes, así como por la creatividad de los habitantes de esta región, quienes con sus iniciativas y clara visión de desarrollo, nos ponen a la vanguardia nacional para impulsar el desarrollo económico con justicia en pro del bienestar de todas las familias de nuestro estado.

Habitamos un estado potencialmente privilegiado para vivir con armonía, igualdad, seguridad y justicia, pero lamentablemente, hemos tenido que enfrentar obstáculos, con posibilidad de ser revertidos mediante las propuestas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), un partido político que surge de un compromiso plenamente democrático en tanto que considera que es la voz de los ciudadanos el punto de partida para impulsar las acciones de gobierno; un gobierno que tiene como meta trabajar para que el bienestar de los pobladores sea más que un discurso, una realidad que materialice los afanes más dignos, nobles y justos de quienes orgullosamente habitamos el Estado de Jalisco.

Resulta lamentable que a pesar del gran potencial y oportunidades que nos ofrece nuestro estado, tengamos que afrontar un  sinnúmero de problemas que nos mantienen en la parálisis, muchos de ellos a causa de la falta de compromiso de los gobiernos municipales ante las principales exigencias de los ciudadanos. Por lo anterior, una motivación central de las propuestas perredistas para estar al frente de los gobiernos municipales es ser sensibles a los problemas de la población y juntos impulsar alternativas para atender y resolver las inquietudes de los jaliscienses, cifrados en la búsqueda de mayor seguridad para todos, igualdad de oportunidades para las familias en educación, salud y cultura; mejorar las condiciones económicas a partir de un mejor salario y apoyar en la creación de la micro y mediana empresa; fomentar el cuidado del medio ambiente e impulsar el desarrollo económicamente sustentable del campo, la industria y las costas. Todo ello, sólo es posible, a partir de la conformación de gobiernos municipales con una clara vocación democrática, que ejerzan los recursos con transparencia, que desempeñen las funciones gubernamentales del lado de la ciudadanía, que sean sensibles ante los sectores más vulnerables de la sociedad,  que valoren, reconozcan e integren a la mujer en sus proyectos gubernamentales y sientan como propias, las grandes demandas ciudadanas de justicia, seguridad, igualdad de oportunidades, así como el pleno ejercicio de las libertades, lo cual es garantía de que los habitantes de nuestra región puedan configurar sus proyectos de vida con las condiciones propicias para ello.

Con este documento presentamos las propuestas del Partido de la Revolución Democrática sobre las acciones a materializar a partir del reconocimiento de los grandes retos que afrontamos quienes habitamos los municipios del Estado de Jalisco.

  • Impulsar la recuperación e incremento de los salarios, de tal manera que sean posibles las condiciones de bienestar de los jaliscienses.
  • Garantizar una renta mínima vital.
  • Revisar la política laboral para que los trabajadores tengan la garantía de una auténtica protección sindical y colectiva y además, cuenten con estabilidad laboral.
  • Estimular la creación de empresas comprometidas con el propósito de alcanzar un pleno bienestar de los trabajadores.
  • Procurar estrategias de desarrollo empresarial y de las cooperativas, en equilibrio con el bienestar de los trabajadores, el fomento del empleo y la paulatina erradicación de la informalidad, con el respaldo municipal para el logro de sus propósitos.
  • Promover que los espacios de trabajo sean concebidos como lugares garantes de oportunidades, de respeto de libertades, de igualdad, de protección, seguridad social y bienestar.
  • Impulsar las aportaciones de la mujer en los ámbitos laborales, erradicando los factores de discriminación e inseguridad; motivando, así mismo, las condiciones para el pleno desarrollo y realización de sus expectativas. 

  • Garantizar los derechos laborales de todos aquellos trabajadores que no gozan de ellos, tales como las trabajadoras domésticas, los jornaleros o los trabajadores eventuales y artistas.
  • Impulsar la creatividad científica y tecnológica de los jaliscienses de tal manera que nos permita una mayor autonomía en consonancia con la pretensión de atender las necesidades propias del crecimiento económico de los municipios de Jalisco y, al mismo tiempo, impulse la apertura y participación de la industria en los mercados nacionales e internacionales.
  • Promover la inclusión laboral de los sectores más vulnerables, promoviendo la participación de la comunidad, el impulso a las cooperativas y apoyando la creación de pequeñas y medianas empresas.
  • Trabajar para que la seguridad, derecho inalienable de todos los mexicanos, sea garantizada por los gobiernos municipales en sus vidas, sus propiedades, en el libre tránsito, y en el ejercicio de cualquier actividad lícita.
  • Esclarecer la situación de aquellas personas que se encuentran encarceladas o han sido víctimas de violencia por su participación en la promoción de derechos sociales.
  • Combatir la desaparición forzada, los secuestros, los feminicidios, la trata de personas y el cobro de piso.
  • Promover que se lleve a la justicia a los autores materiales e intelectuales de los delitos, así como la promoción de la reparación del daño.
  • Que los mandos civiles asuman de manera plena y responsable sus funciones de protección de la ciudadanía.
  • Fortalecer el sistema de justicia igualitario con profesionalización y capacitación, sin distinción de rango o poder económico.
  • Promover instancias de conciliación para la resolución de conflictos.
  • Tratar el consumo de drogas como un asunto de salud pública regulando el uso de los derivados del cannabidiol para fines médicos y la despenalización de la marihuana para uso lúdico.
  • Integrar a la ciudadanía en la planeación de modelos para garantizar la seguridad pública.
  • Profesionalización y certificación de policías, agentes del ministerio público, peritos y funcionarios de seguridad pública, dotarla de equipo y tecnología para el combate a la delincuencia, mejorar condiciones laborales y salariales, establecer controles de confianza, lograr que se recupere la certidumbre ciudadana para contar con su apoyo y un eficaz control ciudadano.
  • Impulsar una cultura incluyente de protección y pleno respeto a los derechos humanos.
  • Fomentar medidas afirmativas que permitan combatir desigualdades y fincar las bases para un trato igualitario entre hombres y mujeres.
  • Recuperar los espacios públicos en favor de la población. Apoyar mediante políticas públicas a los grupos en condiciones de vulnerabilidad de la sociedad.
  • Consolidar la fiscalía anticorrupción y en su caso establecer sanciones, para aquellos servidores públicos, particulares, partidos políticos o sus integrantes que incurran en actos de corrupción.
  • Evitar la impunidad de todo aquel funcionario público que participe en actos ilícitos.
  • Eliminar los gastos superfluos y onerosos que existen en el sector público. Este ahorro debe servir para incrementar los recursos destinados a actividades prioritarias.
  • Obligatoriedad de presentar declaración patrimonial, de presentar la declaración de interés, (conflicto de intereses por litigar, representar y ser parte de un asunto o negocio) que se relacionen con la responsabilidad de servidor público.
  • Rendición de cuentas periódicas.
  • Participar para elevar la calidad en la educación, abatir el analfabetismo, consolidar la educación preescolar, básica, media, media superior y superior.
  • Detener la deserción de los estudiantes por motivos económicos, elevando a rango de ley la gestión de becas, útiles escolares y uniformes.
  • Transporte público gratuito a los estudiantes, especialmente a las zonas marginadas.
  • Incrementar la inversión municipal para el desarrollo y la innovación de la ciencia y la tecnología.
  • Promover una educación incluyente especialmente para los niños y las niñas, jóvenes, mujeres, indígenas, discapacitados y la población más vulnerable.
  • Invertir en infraestructura escolar.
  • Participar en la incorporación de tecnologías de información y comunicación en los diferentes niveles educativos.
  • Subsidiar, apoyar e incentivar la creación artística y cultural en niños y jóvenes.
  • Impulsar el desarrollo de la juventud mediante políticas públicas que garanticen: becas salario, empleo, vivienda, salud y desarrollo social a través de la educación, tecnologías de la información e innovar la creatividad.
  • Erradicar la discriminación por edad, género, orientación o preferencia sexual.
  • Promover una cultura de tolerancia, respeto e inclusión de las diferencias; así como, continuar profundizando las acciones para impulsar condiciones efectivas para garantizar la equidad entre los géneros.
  • Incorporar a los jóvenes para que participen en labores de: apoyo a adultos mayores, grupos vulnerables, reconstrucción de espacios urbanos, regeneración del medio ambiente, educación cívica, protección civil y prevención de desastres naturales.
  • La lucha contra la homofobia debe ser nuestro compromiso permanente, promoviendo políticas públicas encaminadas a reconocer los derechos de la diversidad sexual. 

  • Impulsar programas de prevención del cáncer cérvico-uterino y de mama así como el de próstata.
  • Promover políticas públicas con perspectiva de género.
  • Apoyar el derecho a decidir sobre la reproducción y la vida.
  • Promover la información sobre salud sexual y reproductiva para disminuir embarazos de adolescentes.
  • Prevenir de la violencia física, psicológica, sexual y las conductas discriminatorias, así como de la violación y el hostigamiento sexual.
  • Promover políticas ambientales en planeación, considerando los grandes retos ambientales tales como el cambio climático, el cuidado de la biodiversidad, la gestión sustentable del agua y la preservación de bosques y áreas verdes.
  • Promover un desarrollo productivo regional que evite el daño ecológico y tenga por objetivo el bienestar humano y la equidad social.
  • Implementar las recomendaciones y políticas de los órganos internacionales de la ONU en materia ambiental y cambio climático.
  • Impulsar prioritariamente, en las áreas de alta conflictividad ambiental, económica y social, el ordenamiento del territorio con un enfoque preferentemente de cuencas que busque integrar los ordenamientos ecológicos territoriales, los planes directores de desarrollo urbano, y otros instrumentos sectoriales para ordenar de manera preventiva los usos de los ecosistemas de acuerdo con su vocación ecológica y productiva.
  • Garantizar la protección y restauración de áreas naturales en forma integrada y armónica con los ordenamientos territoriales, con el fin de conservar la biodiversidad presente en los municipios, se deben impulsar acciones para que las comunidades y ciudadanos que habitan en las áreas naturales protegidas sean compatibles con el desarrollo económico y social.
  • Propiciar una mayor responsabilidad ciudadana para articular el máximo consenso social para garantizar su participación responsable en la conservación de los recursos naturales.
  • Reconocer el agua como bien público escaso, cuya preservación sea asunto de interés público y promover la reutilización del agua en los procesos productivos, garantizando los recursos hídricos para consumo de la entidad.
  • Evitar la contaminación ambiental e impulsar una cultura de preservación integral del medio ambiente.
  • Impulsar el uso de biocombustibles.
  • Incentivar la tecnificación, producción, mecanización y capacitación, y la investigación científica, que ayude a proteger y mejorar las cadenas productivas en todos sus ámbitos.
  • Contribuir en la planificación alimentaria, definiendo las metas de producción agroalimentaria en función de las necesidades alimentarias y nutricionales de la población y de un desarrollo sustentable.
  • Impulsar un desarrollo con equidad que genere empleos de calidad, para no verse forzados a dejar su lugar de origen.

Contexto internacional

El sistema capitalista mundial sigue transitando por la crisis más prolongada que se conozca desde la “Gran Depresión” de los años 1929-1933. Esta crisis estalló en el centro del capitalismo mundial: los Estados Unidos de América (EUA), inmediatamente se extendió a casi todo el mundo y ha seguido su curso sin que se visualice claramente su salida.

Ha sido una crisis inédita por su amplitud global, profundidad, múltiples dimensiones (financiera, comercial, productiva, alimentaria, energética, ecológica, social, ideológica, política y geopolítica), y carácter prolongado (de 2008 a los días que corren, y es probable que por algunos años más). Los más renombrados economistas, estadistas y empresarios a nivel mundial han reconocido explícitamente la magnitud y duración de esta crisis, y la necesidad de tomar medidas trascendentes ante ella. En rigor, esto no ha sido así. Sólo se asumieron decisiones drásticas para contener los efectos más devastadores sobre los sistemas financieros y un amplio grupo de corporaciones transnacionales, y propiciar la estabilidad de las quince economías más grandes del mundo. En los años subsiguientes este proceso ha sido una cadena de altibajos que no acaba de concluir.  

Como quiera que sea, la crisis no ha sido superada. Pasados los más difíciles momentos, todo parece volver a la dinámica y las formas previas a la misma como si no hubiera pasado nada. Pero es evidente que no se han recuperado los niveles anteriores al estallido de la crisis en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de las economías más desarrolladas, de los países llamados “emergentes” y mucho menos de los de mayor atraso. Tampoco se han recuperados los niveles previos de empleo (varios países de la Unión Europea son el ejemplo más conspicuo), de inversión, de comercio y de ingresos de los trabajadores, así como los niveles de vida en numerosas sociedades del planeta.

A casi diez años de que estallara la crisis económica mundial, apenas en los dos años resientes se empieza a observar una muy moderada recuperación en el crecimiento del PIB de los EUA, la Unión Europea (UE) -en particular la Zona Euro-, Japón, China y varios países de América Latina. Pero llevará varios años superar definitivamente la crisis y el inicio de una nueva etapa de auge de la economía mundial y de las veinte o treinta economías más importantes.

En estas circunstancias, el avanzado proceso de globalización fue frenado y ha resentido importantes daños y presiones en los años recientes. Ante los efectos de la crisis prolongada numerosos países fueron adoptando en diverso grado políticas proteccionistas en cuanto a intercambio comercial, flujos de inversión, tipos de cambio, deuda, etc., etc.; en tanto que otros adoptaban simultáneamente políticas más agresivas en estos rubros. Destaca en este sentido que el gobierno del país más poderoso del mundo, los EUA, quiera imponer su “agenda nacional” de carácter preminentemente proteccionista (e incluso aislacionista) no sólo a Canadá y sobre todo a México, sino también a otras zonas y diversos países del mundo.

Esta orientación económica que le está imprimiendo el gobierno de Donald Trump a los EUA está siendo acompañada de una postura brabucona e incluso provocadoramente belicosa, que estaría buscando restituirle la hegemonía absoluta de que gozó la mayor potencia imperialista desde el derrumbe del llamado “bloque socialista” y la URSS hasta la primera administración de Barak Obama. Es decir, estaría buscando recuperar por estas vías la supremacía de los EUA, en condiciones donde la geopolítica ha cambiado notablemente. El mundo unipolar de aquellos años devino multipolar. También en este sentido la “agenda nacional” del gobierno de Trump se está traduciendo en un mayor desgaste del poderío imperialista de los EUA y su inexplicable aislacionismo en términos geopolíticos y geoestratégicos.

El objetivo de Trump en la Casa Blanca de “Hacer a América grande otra vez” está llevando a los EUA a deteriorar e incluso destruir: a) su liderazgo mundial (hegemonista) con respecto a la UE, Asia oriental y Medio Oriente, en beneficio de Alemania, Rusia y sobre todo China; b) sus relaciones con sus socios comerciales, como es el caso Canadá y sobre todo México, a través de la eventual disolución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 2018; c) la imagen de los EUA ante el mundo de ser el país más desarrollado económica, social y culturalmente, y con una de las democracias más consolidadas, como resultado de las políticas trumpistas xenófobas, racistas y supremacistas que se han observado; d) la dinámica interna de las relaciones sociales, llevando a una polarización en la propia sociedad estadunidense; y e) los avances e incluso las bases de la globalización neoliberal. Este es el escenario que se ha venido configurando con la destacada contribución de Donald John Trump. Un escenario desfavorable para México.   

Situación del Estado de Jalisco

En el estado de Jalisco existe la zonificación por usos, al generarse extensas zonas de habitación, industria o comercio, en lugar de sectores con mezclas de usos. La falta o inexacta aplicación, generara malas condiciones de habitabilidad y que conllevan al crecimiento irregular, sin que existiera capacidades suficientes para ordenarlo o cuando menos encauzarlo, la privatización de forma tácita del espacio que tradicionalmente es público: calles, plazas, parques, la multiplicación de acciones aisladas de extensa urbanización suburbana.

De políticas públicas: la inversión

Las inversiones moldean el espacio de las ciudades y orientan el desarrollo. Las inversiones públicas, en el desarrollo de Guadalajara y su zona conurbada, han seguido tendencias nacionales y de atención a situaciones de corto plazo y coyunturales, derivadas de la falta de estabilidad institucional en la administración pública. Las obras realizadas están estrechamente ligadas a los periodos políticos y por lo tanto, carecen de una visión de largo plazo y de continuidad, en mayor grado y por lo corto de los periodos, en el nivel municipal. Asimismo, al no incorporar los análisis de costo-beneficio,   efectos y no las causas.

Guadalajara y la Zona Metropolitana, necesitan mayor inversión en infraestructura, una excepción es el proyecto de  la línea 3 del Tren Ligero, pero no se escapa del antecedente anterior.

La visión parcial de progreso promueve una movilidad ineficiente, por un aumento desproporcionado en el número de vehículos particulares y al no atender los viajes, que son mayoría, en modos peatonal, ciclista y de transporte colectivo.

Las zonas incomunicadas por el desarrollo urbano sin control o por topografía representan otro aspecto que puede suscitar la aparición de diversas formas de violencia urbana. Como lo mencionamos con anterioridad con respecto al espacio público, en la medida en que existen vacíos de infraestructura social, los mismos pueden ser llenados por diversas formas de imposición de voluntades, basadas en la violencia y el abuso. El aislamiento provocado por la configuración física, hace difícil las labores de vigilancia y prevención de riesgos, y sitúa a los desarrollos de forma desarticulada de la ciudad. La inaccesibilidad urbana genera dependencias en materia de transporte, y distancias a los servicios de salud, educación, de emergencia, etc., con el resultante malestar y frustración.

En la mayoría de los casos, estos sectores aislados se encuentran en situaciones de pobreza, bajos niveles educativos y marginación, sin capacidades de autogestión.

 Los problemas de accesibilidad pueden aliviarse mediante programas de pavimentación y el diseño de redes viales y para el transporte público. En este sentido es importante la definición de las calles que se requiere mejorar prioritariamente, así como la gestión para lograr una conexión adecuada con la trama urbana más próxima.

La distribución es desigual en el ámbito metropolitano, del equipamiento deportivo y recreativo.

Otro ejemplo muy conocido por los tapatíos lo presenta el sector de ―las segundas, con la venta de partes robadas. Muy frecuentemente los propietarios de los vehículos afectados acuden a comprar las partes que fueron sustraídas de sus automóviles.

La población de la zona metropolitana sigue padeciendo de pobreza alimentaria (insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y además efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares sólo a estos fines)  y pobreza patrimonial  (insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, los gastos necesarios en salud y educación, además de satisfacer las necesidades de vestido, vivienda, transporte, aun cuando la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios), los municipios con niveles de marginación más acentuados. Los habitantes con mayor porcentaje de servicios de salud viven en Zapopan, mientras que en Tonalá, cerca de la mitad de los habitantes se encuentran sin posibilidades de acudir al IMSS, ISSSTE o Pensiones Civiles del Estado.

Existen riesgos ligados a la infraestructura deficiente en materia pluvial, los relacionados con las inundaciones que cada año tienen lugar en la zona metropolitana y afectan el patrimonio de numerosas familias y vidas humanas. El SIAPA, Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, tiene ubicados 73 puntos de inundación dentro de la mancha urbana, sin tomar en cuenta micro-zonas susceptibles a deslaves y escurrimientos ocupados por asentamientos humanos.

El Estado de Jalisco ha generado arquetipos en torno al tema de la migración, como son:

Asentamientos de la población dentro de una región, los niveles socioeconómicos de estas poblaciones, flujos de mercancías y servicios entre ellos, creciente dependencia generada en torno a la migración temporal hacia el país del norte como fuente única de ingresos, los cuales no han sido capaces de crear nuevas formas de ingresos, diferencia social en la concentración de la riqueza entre algunas familias y el impacto que pueda tener en la calidad de vida, va a depender del grado de urbanización de las comunidades.

En el caso de la agricultura, los efectos han variado; en primera instancia, las estrategias de cultivo han cambiado a favor de la eliminación de algunos procesos que han llevado a una pérdida de eficiencia en ésta actividad; en segundo lugar, en algunos casos se ha sustituido la mano de obra por maquinaria, con consecuencias en la reestructuración de la actividad; y por último, el tipo de cultivos que se sigue sembrando no inhibe la migración, empero, puede existir una relación directa entre hectáreas cultivadas y una política de puertas cerradas a la inmigración en Estados Unidos.

La política anti inmigratoria del actual gobierno de los Estados Unidos puede generar un efecto negativo en nuestro estado, puesto que el potencial migratorio en el medio rural de Jalisco y el occidente de México, se reflejá en que el potencial más joven es el que emigra, y es así como el índice reproductivo de la población que permanece se reduce; existiendo una gran disminución de la tasa de fecundidad a partir de la aplicación de programas de planificación familiar.

Se suma la problemática social del estado de Jalisco, el aumento en la inseguridad, particularmente en caso de feminicidos o conocidos como consecuencia de la violencia de Género, debemos darles seguridad a nuestras mujeres, por ello ¡Ni una más!

Con base en lo que se ha expuesto anteriormente, el Partido del Trabajo está listo para enfrentar el presente Proceso Electoral Federal y Local 2017-2018. Convocamos a todos los actores sociales, económicos, partidistas y gubernamentales a construir, acordar y respetar la aplicación de un Nuevo Pacto Social, un Proyecto Alternativo de Nación, para la reorientación de Jalisco y de  México.

 

Economía:

  • Sustituir el actual modelo económico neoliberal por un nuevo modelo para el crecimiento económico sustentable y el desarrollo nacional incluyente, con una distribución más igualitaria de la riqueza.
  • Incremento progresivo y significativo del salario real, para incrementar la demanda efectiva y ampliar el mercado interno, lo que se traducirá en aumentos en la inversión privada y la generación de muchos más empleos.
  • Defensa de la exclusividad de PEMEX sobre la exploración, la explotación, refinación y venta de los hidrocarburos. Los ingresos y ganancias que se obtienen por la extracción del petróleo pertenecen al pueblo de México, y no deben ser compartidos con el capital privado extranjero. Deben ser utilizados como palanca fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación.
  • Aplicación de políticas monetaria, crediticia, fiscal, comercial y cambiaria indispensables para reactivar la economía, incrementar el empleo productivo bien remunerado, erradicar la pobreza y las grandes desigualdades productivas, sectoriales y regionales.
  • Dejar de favorecer aquellos sectores nacionales y extranjeros que han lucrado y se han enriquecido a costa de la descapitalización de la esfera productiva y del deterioro del nivel de vida de la mayoría de los mexicanos.
  • Restablecer la rectoría económica del Estado para garantizar el desarrollo nacional y el bienestar social.
  • Recuperar el control estatal de sectores estratégicos y de la infraestructura básica, y asegurar su desarrollo.
  • Recuperar la soberanía alimentaria y energética.
  • Colocar al mercado interno como motor del crecimiento sustentado en la producción de bienes de consumo generalizado, con altos efectos multiplicadores internos.
  • Retomar la política industrial para reconstruir y desarrollar las cadenas productivas.
  • Capitalizar y desarrollar el agro mexicano.
  • Generar y mantener una política fiscal anticíclica. Incrementar el gasto público para defender la economía popular, resguardar el aparato productivo y estimular la economía nacional en esta etapa de crisis mundial.

 

Seguridad y Justicia:

  • Revisión exhaustiva de los ordenamientos legales que regulan las actividades del gobierno y los servidores públicos en el combate a la delincuencia, particularmente en estos aspectos:
  1. Prevención de la Delincuencia
  2. Procuración de Justicia en las fases de averiguación previa y proceso penal
  3. Actuación de los órganos jurisdiccionales
  • Generar e instrumentar políticas públicas encaminadas a la prevención del delito y al desarrollo de una cultura de respeto a los Derechos Humanos.
  • Combate absoluto y efectivo a la corrupción y la impunidad en todo el conjunto de la vida, y especialmente en la procuración y administración de justicia.
  • Ampliar, profundizar y fortalecer la participación de la ciudadanía en cuanto a la seguridad pública y la procuración y administración de justicia.

 

Plano Social:

  • Combate a la pobreza y a la desigualdad social.
  • Garantizar el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos.
  • Ampliar, mejorar y fortalecer las políticas e instituciones de atención a las y los jóvenes, desde una perspectiva integral y transversal, incluido el desarrollo de su participación política.
  • Garantizar los derechos universales de las niñas y los niños y promover su desarrollo humano e integral, comenzando con la nutrición y la educación inicial.
  • Ampliar y fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones en la familia, el trabajo, las organizaciones sociales y el gobierno.
  • Erradicar cualquier forma de discriminación y violencia contra la
  • Garantizar el pleno ejercicio del derecho constitucional a la salud de todas las y los mexicanos, en todos sus aspectos: preventiva, reproductiva, curativa, mental, etc.
  • Ampliar, mejorar y fortalecer la educación pública y su carácter laico, gratuito, creativo y de calidad, con una cobertura del 100% en todos sus niveles.
  • Con respecto a la problemática generada por los sismos, e vuelve imprescindible y urgente para las fuerzas democráticas y de izquierdas vincularse los más amplia y estrechamente posible a la ciudadanía y al pueblo en su conjunto, y hacerle sentir a todas las y los mexicanos la certidumbre de que saldremos adelante de esta etapa de pesar y adversidad. Impulsar la organización de toda la población damnificada y la solidaridad para las tareas de mediano y largo plazo: la reconstrucción de las viviendas, empresas, comercios y demás inmuebles afectados, la reactivación de las actividades económicas, la generación de empleos, etc.  Es indispensable que toda la población afectada por los sismos se asuma como damnificada de un desastre natural de dimensiones macrosociales, y no sólo individuos o familias que perdieron familiares y patrimonio.
  • El objetivo fundamental es promover la creación de una Coordinadora General Estatal de Damnificados en cada entidad afectada por algún desatre natural. Cada Coordinadora General Estatal estaría integrada por representantes de las zonas dañadas en cada entidad. Este lineamiento de acción sociopolítica será la garantía para que, a través de la lucha organizada, las demandas de toda la población afectada, de todos los damnificados, serán verdaderamente atendidas por las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Ámbito Político e Institucional:

  • Democratizar el actual sistema político e institucional.
  • Erradicar las principales y persistentes prácticas del viejo régimen autoritario y represivo: el presidencialismo metaconstitucional, el corporativismo gremial, el régimen de partidos de Estado, y la corrupción e impunidad generalizadas en los tres Poderes y los tres niveles de gobierno.
  • Crear una nueva relación entre gobernantes y gobernados, así como entre Federación, Estados y Municipios.
  • Una reforma política democrática que amplíe y fortalezca la participación y el desarrollo de la ciudadana en todos los ámbitos de la vida pública. Que incluya los procedimientos e instrumentos de democracia participativa o directa.
  • Una nueva reforma laboral que restituya las conquistas y derechos ganados por los trabajadores.
  • Limitar en términos reales el poder presidencial, descentralizar sus funciones y someter su actuación al control de los otros poderes, de la opinión pública y de la participación popular.
  • Hacer efectiva la división e independencia entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
  • Construir un Federalismo efectivo, que incluya la redistribución de las atribuciones tributarias y la descentralización de los programas de combate a la pobreza y asistencia al campo.
  • Reforma del sistema electoral para hacerlo realmente equitativo y trasparente.

 

Una de las prioridades del Partido del Trabajo radica en la democratización del actual sistema político e institucional. Luchamos por erradicar sus principales lastres y vicios: la corrupción y la impunidad, el presidencialismo autoritario y represivo, el corporativismo social, el régimen de partido de Estado, la simulación de la división de poderes en los tres niveles de gobierno, la subordinación de los organismos “autónomos” al Ejecutivo y los cacicazgos políticos y gremiales. La democratización de México debe abarcar la estructura y funcionamiento del Estado, de la sociedad civil y las relaciones entre ambos. Lograr una nueva relación entre gobernantes y gobernados, así como entre Federación, Estados y Municipios, y el manejo de la política exterior, requiere llevar a cabo cambios constitucionales, legales, administrativos, sociales y de estilos de gobernar y de hacer política. Para alcanzar estos objetivos el Partido del Trabajo se propone llevar a cabo las siguientes acciones:

1.   Reforma democrática

Impulsamos una profunda reforma democrática del Estado, sobre todo en cuanto a: combate a la corrupción y la impunidad, seguridad pública y justicia, división y equilibrio entre los Poderes del Estado, fortalecimiento del Poder Legislativo, nuevo y efectivo federalismo, planeación democrática para el desarrollo, derechos indígenas y regiones étnicas, medios de comunicación y nueva relación del gobierno con la sociedad.

Esta reforma democrática se debe traducir en: a) el desarrollo, fortalecimiento y mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos; b) la delegación de funciones administrativas y de gestión en órganos representativos de la comunidad organizada; c) un nuevo estilo de gobierno que establezca prácticas transparentes, sencillas y austeras en el ejercicio del poder; y d) la limitación del poder presidencial y el sometimiento de su actuación al control de los otros poderes, de la opinión pública y de la participación popular.

La reforma política que proponemos incorporará a nuestra Carta Magna y a las leyes que de ella emanan mecanismos de democracia participativa, entre ellos: plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocación de mandato, voz ciudadana en el cabildo, afirmativa ficta, rendición de cuentas, presupuesto  participativo, afirmativa ficta parlamentaria, contraloría y auditoría social, gobierno comunitario como cuarto nivel de gobierno, derecho a la audiencia pública obligatoria, consulta ciudadana y licitación abierta de las obras y adquisiciones públicas.

Es indispensable llevar a cabo la reforma del Poder Legislativo y su profesionalización, con el fin de fortalecerlo y convertirlo en la genuina representación de los intereses del pueblo. En lo referente al Poder Judicial, se requiere una reforma integral centrada en cuatro ejes: a) verdadera autonomía del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo; b) impartición de justicia pronta, expedita y democrática; c) plena vigencia y garantía en el ejercicio de los derechos humanos y sociales; y d) dotar de fuerza legal abrogatoria a la jurisprudencia relativa a las declaratorias de leyes inconstitucionales.

Impulsamos una profunda reforma democrática del Estado, sobre todo en cuanto a: combate a la corrupción y la impunidad, seguridad pública y justicia, división y equilibrio entre los Poderes del Estado, fortalecimiento del Poder Legislativo, nuevo y efectivo federalismo, planeación democrática para el desarrollo, derechos indígenas y regiones étnicas, medios de comunicación y nueva relación del gobierno con la sociedad.

Esta reforma democrática se debe traducir en: a) el desarrollo, fortalecimiento y mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos; b) la delegación de funciones administrativas y de gestión en órganos representativos de la comunidad organizada; c) un nuevo estilo de gobierno que establezca prácticas transparentes, sencillas y austeras en el ejercicio del poder; y d) la limitación del poder presidencial y el sometimiento de su actuación al control de los otros poderes, de la opinión pública y de la participación popular.

La reforma política que proponemos incorporará a nuestra Carta Magna y a las leyes que de ella emanan mecanismos de democracia participativa, entre ellos: plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocación de mandato, voz ciudadana en el cabildo, afirmativa ficta, rendición de cuentas, presupuesto  participativo, afirmativa ficta parlamentaria, contraloría y auditoría social, gobierno comunitario como cuarto nivel de gobierno, derecho a la audiencia pública obligatoria, consulta ciudadana y licitación abierta de las obras y adquisiciones públicas.

Es indispensable llevar a cabo la reforma del Poder Legislativo y su profesionalización, con el fin de fortalecerlo y convertirlo en la genuina representación de los intereses del pueblo. En lo referente al Poder Judicial, se requiere una reforma integral centrada en cuatro ejes: a) verdadera autonomía del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo; b) impartición de justicia pronta, expedita y democrática; c) plena vigencia y garantía en el ejercicio de los derechos humanos y sociales; y d) dotar de fuerza legal abrogatoria a la jurisprudencia relativa a las declaratorias de leyes inconstitucionales.

2.   Reformas al régimen de las instituciones sociales y civiles

La propuesta del Partido del Trabajo extiende la reforma democrática al plano social y las instituciones civiles, para que se eliminen los cacicazgos de todo tipo, el charrismo sindical, las estructuras y prácticas patriarcales, el clientelismo electoral y el exceso de formas y relaciones burocráticas, todo lo cual inhibe y limita el buen funcionamiento de la vida social. La reforma democrática que impulsamos debe abarcar a los sindicatos y demás organizaciones gremiales y profesionales, los ejidos y comunidades agrarias, las asociaciones civiles y deportivas, e incluso -respetando su autonomía- a las propias universidades, y desde luego a la familia en tanto que célula básica de la sociedad. Para llevar a cabo lo anterior, promoveremos un conjunto de modificaciones a los ordenamientos constitucionales y legales correspondientes.

En la actualidad, la información es fundamental para el quehacer político, económico, social y cultural. Quien la tiene y controla puede ejercer un dominio inmenso sobre la sociedad. En nuestro país, son el Estado y los grandes monopolios privados los que ejercen este control. El Partido del Trabajo considera que debe garantizarse de manera irrestricta los derechos humanos a la información y a la libre expresión de las ideas por todos los medios de comunicación. Es indispensable para la construcción y el fortalecimiento de la democracia, que en los medios masivos de información y comunicación se abran espacios equitativos a todas las opiniones e ideas. También reivindicamos el derecho de las organizaciones sociales, laborales, educativas, políticas, etc., cuenten con sus propios medios de información y comunicación masiva.

3.   Federalismo efectivo y participativo

A este respecto emprenderemos las siguientes acciones tendientes a establecer una nueva relación entre Federación, Estados y Municipios:

  • Descentralización hacia las entidades federativas y los municipios de la mayor parte de las funciones políticas, administrativas y los servicios públicos realizados innecesariamente por el gobierno federal. 
  • Redistribución de los ingresos fiscales entre los tres niveles de gobierno, de modo que se dupliquen y cuadrupliquen, respectivamente, los montos asignados actualmente a las entidades y los municipios.
  • Distribución equitativa de la capacidad recaudatoria y del ejercicio directo de los recursos captados, a efecto de hacer económicamente efectivo el federalismo, sin romper la armonía y coordinación entre los tres niveles de gobierno.
  • Descentralización total de los programas de combate a la pobreza y asistencia al campo, estableciendo criterios de manejo transparente de los recursos, para dejarlos en manos de instancias estatales y municipales con la participación de las organizaciones sociales.
  • Modificación de los criterios de la Ley de Planeación para que todos los actores participantes de la planeación intervengan en la supervisión y control de los planes y programas gubernamentales.
  • Generación de mecanismos legislativos federales como contrapeso a los Ejecutivos locales, que pretenden restaurar feudos y hacer uso discrecional de los recursos públicos.

4.   Reforma a la administración pública

Entre los objetivos fundamentales que persigue el Partido del Trabajo está lograr que los llamados servidores públicos sean realmente eso, y que actúen coadyuvando al desarrollo de la reforma democrática en lugar de entorpecerla. Para alcanzar lo anterior proponemos llevar a cabo las siguientes acciones:

  • Reducir al mínimo suficiente los aparatos burocráticos de administración e intermediación, convirtiéndolos en cuerpos profesionales, apartidistas y austeros, dignamente remunerados y controlados institucionalmente por la sociedad.
  • Vigilar que los funcionarios públicos de todos los Poderes y niveles se apeguen estrictamente al cumplimiento de la Ley.
  • Combate directo y permanente a la corrupción y a los abusos de las autoridades sobre los ciudadanos y las organizaciones sociales.
  • Eliminación del secreto burocrático y de las partidas de gastos excluidas del control parlamentario y social, para hacer transparente el funcionamiento de la administración pública.
  • Establecer y hacer efectivo el servicio civil de carrera en toda la administración pública.

5.   Nueva reforma político-electoral

La reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión en febrero de 2014 y las leyes secundarias de la misma aprobadas en mayo del mismo año, genera y mantiene condiciones de inequidad en los procesos electorales y deja fuera derechos ciudadanos y figuras electorales fundamentales. Representa un grave retroceso de más de 30 años, con un sistema político integrado por un partido de Estado, una oposición de derecha “leal” y una oposición de izquierdas meramente testimonial. Por ello, el Partido del Trabajo propone una nueva reforma electoral destinada a establecer una democracia representativa, participativa y transparente, a garantizar la libre asociación ciudadana sin cortapisas y una mayor participación política de la sociedad civil. Para conseguir este fin impulsamos los siguientes cambios:

  • Modificar las leyes electorales para establecer proporciones equitativas de participación de los pueblos indígenas y de las y los jóvenes, conforme al perfil sociodemográfico de nuestra sociedad, a nivel nacional, de cada entidad y de cada municipio.
  • Constituir un sistema de competencia igualitario para todos los partidos en cuanto a recursos financieros y asignación de tiempos en los medios de comunicación electrónicos.
  • Adoptar disposiciones legales para sancionar y erradicar las campañas facciosas de los medios de comunicación, que hacen eco de los grupos de interés económico para denostar a algún partido o candidato.
  • Establecer y aplicar mecanismos claros, transparentes y expeditos sobre el ejercicio del financiamiento público o privado para evitar que el origen sea ilegal.
  • Simplificar los mecanismos de constitución e inscripción de partidos políticos.
  • Establecer el derecho a la libre coalición entre organizaciones con y sin registro.
  • Disponer que todo delito electoral sea castigado con cárcel sin derecho a libertad bajo fianza.

6.   Nueva reforma laboral

Promovemos y luchamos para hacer realidad el equilibrio armónico y equitativo entre los distintos factores de la producción. Trabajamos día a día para que el Gobierno Federal cumpla y satisfaga las demandas sociales. Como parte inherente al proceso de globalización, el desarrollo económico y el avance tecnológico a nivel internacional han determinado en gran medida el curso de las relaciones obrero-patronales. Sin embargo, cada país, dependiendo del nivel alcanzado en estos campos, debe proveer las condiciones laborales a favor de los trabajadores, con la finalidad de equilibrar las relaciones entre el trabajo y el capital. Esto no está ocurriendo en México. Por ello, proponemos una nueva y necesaria reforma laboral conforme a las siguientes líneas de acción:

  • Una nueva reforma laboral que restituya las conquistas y derechos ganados por los trabajadores, los cuales han quedado restringidos o anulados con la reforma laboral aprobada en 2012.
  • Construcción de una nueva cultura democrática de relaciones laborales-empresariales.
  • Adecuación y fortalecimiento del marco legal en materia de procedimientos laborales para la exacta aplicación de la ley.
  • Modernización y eficientización de las instancias federales y locales encargadas de la impartición de justicia laboral.
  • Promover y garantizar la libertad, independencia y democracia sindical.
  • Fortalecimiento de las relaciones laborales con otras naciones.

La nueva cultura laboral democrática debe contribuir a erradicar las prácticas autoritarias y corporativas que siempre se han instrumentado sobre los trabajadores. Se debe buscar una nueva relación entre los factores de la producción que distribuya equitativamente los frutos del trabajo como única fuente de riqueza. La nueva cultura laboral debe tomar en cuenta la importancia que tiene el desarrollo social del trabajador, para encontrar los mecanismos suficientes de motivación, y dotar a la clase trabajadora de sistemas funcionales de capacitación y adiestramiento.

Por otra parte, el Partido del Trabajo propone que la reforma laboral que se convenga en México se base en la participación de todos los sectores involucrados, buscando indeclinablemente que los acuerdos sean por consenso, porque sólo por esta vía se puede procesar un tema que atraviesa a toda la sociedad y que corresponde al propósito de construir un país verdaderamente equitativo, justo y democrático.

Para el Partido del Trabajo lo más importante es el mejoramiento de la calidad de vida de las y los trabajadores, en el presente y el porvenir. Es preciso enfocar nuestros esfuerzos a que la impartición de justicia en materia laboral sea pronta y expedita, que acabe el rezago de juicios laborales que principalmente se dan por dilación de las autoridades responsables, como ha sido el caso de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Es necesario democratizar y transparentar las organizaciones sindicales. Debe garantizarse que estas organizaciones cumplan su principal objetivo, que es mejorar las condiciones de trabajo y conseguir el bienestar colectivo de sus agremiados y sus familias.

7.   Derechos laborales y políticos de los migrantes

Defensa permanente, irrestricta y eficiente de los derechos de las y los trabajadores migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Pero también garantía plena de los derechos de los migrantes centroamericanos que están en tránsito o vienen a nuestro país.

Las y los mexicanos que masivamente salen de su patria, lo han estado haciendo por una razón muy poderosa: la falta de oportunidades de desarrollo y de contar con un empleo digno que les permita solventar sus necesidades y las de sus familias.

Las y los mexicanos que han buscado un mejor nivel de vida fuera de nuestro país se han insertado en la dinámica económica, social y política de los Estados Unidos. Con su trabajo contribuyen a la creación de riqueza de la nación vecina y, más allá de su calidad migratoria, deben tener garantizados sus derechos humanos y contar con la protección de la ley.

Sin embargo, los derechos laborales de los trabajadores indocumentados son prácticamente inexistentes. Adicionalmente, sufren la persecución de las autoridades estadounidenses y de grupos antimigrantes que ven en la presencia y el trabajo de los migrantes una supuesta amenaza a sus trabajos, intereses, posibilidades de desarrollo y soberanía de su país.

El Partido del Trabajo propone que se establezca un acuerdo entre México y los Estados Unidos, y la legislación correspondiente, que garantice la integridad física y moral y la defensa y salvaguarda de los derechos laborales, humanos y sociales de las y los trabajadores migrantes. Trabajamos para crear un esquema de seguridad jurídica equitativo para los millones de mexicanos y latinoamericanos que arriesgan su vida en busca de mejorar su situación.

La inserción de México en la globalización neoliberal se instrumentó a costa del manejo soberano de la política económica. A lo largo de tres y media décadas se nos ha impuesto políticas de liberalización y desregulación comercial y financiera, y políticas monetarias y fiscales contraccionistas. Hemos perdido soberanía para determinar el rumbo económico que más nos conviene como nación, lo que a su vez ha comprometido la democracia en nuestra vida política. Esto ha profundizado los problemas estructurales del subdesarrollo de nuestro país. Nuestra economía se encuentra hoy en una situación de alta vulnerabilidad en el contexto de la crisis mundial que sigue en curso.

México ha sido perdedor en los cambios estructurales promovidos por el neoliberalismo desde la década de los ochenta. La gran mayoría de los productores industriales y agrícolas se han visto gravemente afectados por la apertura comercial indiscriminada. Esto ha llevado a millones de mexicanos a emigrar hacia Estados Unidos, y a otros los ha condenado a la economía informal.

Actualmente contamos con menos capacidad productiva y financiera que la que se tenía antes de establecerse las políticas neoliberales. Los niveles de vida de los trabajadores y desempleados han empeorado, acentuándose el número de pobres en el país. Los sectores vinculados a las empresas transnacionales y al capital financiero ven incrementarse sus ingresos y riqueza, mientras la gran mayoría se ha empobrecido. El país cuenta con recursos productivos y financieros, pero en gran medida han dejado de ser controlados por nacionales.

El Partido del Trabajo sostiene que no podemos continuar con una política económica neoliberal que privilegia al capital financiero internacional y que descuida y desatiende las demandas nacionales de los productores del sector industrial y agrícola, así como las demandas de empleo, salarios mejor remunerados y de bienestar social. Menos aún ahora que nos encontramos en plena crisis económica mundial. No se puede dejar la economía a las fuerzas del libre mercado. No se puede seguir dependiendo del contexto internacional ni de los mercados de capitales. No se puede seguir con políticas que están profundizando los rezagos productivos y postergando las bases materiales para el crecimiento sostenido. No se puede seguir vendiendo el país para promover la entrada de capitales y así financiar los desequilibrios externos y alcanzar baja inflación.

Tenemos que iniciar ya la construcción e instrumentación de un Nuevo Proyecto de Nación, y la aplicación de políticas monetaria, crediticia, fiscal, comercial y cambiaria indispensables para reactivar la economía, incrementar el empleo productivo bien remunerado, erradicar la pobreza y las grandes desigualdades productivas, sectoriales, regionales y de ingreso. Con base en lo anterior, el Partido del Trabajo propone una política económica orientada a conseguir estos objetivos fundamentales:

1. Reorientar el rumbo económico nacional. El país demanda una estrategia de desarrollo económico sostenido y autosustentable. El rumbo de la economía nacional debe ser determinado por la mayoría de las y los mexicanos, en un contexto de decisiones democráticas orientadas a satisfacer nuestras necesidades y no las del capital Planteamos rescatar la soberanía nacional. Que la política económica sirva a la gran mayoría y no esté en beneficio de unos cuantos. Planteamos recuperar el uso de los diferentes instrumentos de la política económica para garantizar las condiciones productivas, financieras y macroeconómicas que garanticen los objetivos nacionales, y que éstas políticas a su vez redistribuyan y transfieran el ingreso de donde se encuentra disponible hacia los sectores que carecen de él y lo necesitan para impulsar dinámicas económicas más equilibradas regional, sectorial y socialmente. Esto es más urgente hoy en día.

2. Atención prioritaria a los sectores más afectados o excluidos por las políticas neoliberales. El compromiso irrenunciable del Partido del Trabajo es con los más pobres, pero también con quienes han sido excluidos o han visto deteriorado su ingreso y su patrimonio como consecuencia de la apertura comercial indiscriminada y falta de políticas de fomento económico.

Para reorientar e impulsar el desarrollo económico y social en favor de las grandes mayorías es indispensable desechar el modelo y las políticas económica y social neoliberales. En lugar de seguir favoreciendo al capital financiero y especulativo, debemos enfocarnos en el crecimiento de la economía y del empleo productivos y en la distribución más equitativa del ingreso. En esa dirección, proponemos redefinir nuestra inserción en la globalización para establecer con el exterior tratados y acuerdos comerciales, productivos, financieros y tecnológicos más favorables para nuestro país. Para renegociar nuestras relaciones económicas con el exterior debemos partir de posiciones de fuerza que sólo se alcanzan a través de la participación democrática de toda la sociedad, sustentados en grandes acuerdos y consensos nacionales que antepongan los intereses nacionales a los del gran capital nacional e internacional.

3. Estado democrático en favor de las demandas nacionales. El Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial, y demás instituciones públicas deben responder a las necesidades nacionales y no a las presiones y demandas del gran capital nacional e internacional. La política económica no debe ser determinada ni aprobada por los organismos financieros internacionales, sino debe encaminarse a superar los problemas del país, a impulsar el desarrollo nacional, a erradicar la pobreza y disminuir las diferencias existentes en relación a los países desarrollados. 

Los derechos humanos, el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la alimentación, al crédito, han sido violentados por las políticas neoliberales. Haber dejado la dinámica económica a las fuerzas del libre mercado nos ha llevado a mayores desequilibrios productivos, del sector externo, a procesos de descapitalización de la esfera productiva, a restricciones crediticias, a mayor desempleo y pobreza de más de la mitad de la población. Para satisfacer las necesidades y demandas de las grandes mayorías marginadas y excluidas del país es preciso establecer políticas de Estado de nuevo tipo, que pongan en el centro los objetivos nacionales y de las grandes mayorías frente a los intereses externos y de una elite nacional que ha actuado en perjuicio del Proyecto de Nación.

5. Restablecer la rectoría económica del Estado. El mercado es incapaz de configurar condiciones de crecimiento sostenido, equitativo y soberano. Se requiere de la intervención inteligente y firme del Estado, para enfrentar los efectos sobre México de la crisis mundial y coordinar las acciones del sector privado y público en torno a crear las condiciones productivas, financieras y macroeconómicas para el crecimiento sostenido, equitativo y soberano. El Estado debe jugar un papel importante en regular la actividad económica para que ésta responda a la satisfacción de las necesidades de bienestar de las grandes mayorías.

El Partido del Trabajo propone la adopción urgente de políticas crediticia, industrial, agrícola y comercial orientadas a resguardar y fortalecer el aparato productivo nacional en el actual contexto de crisis mundial, y que generen efectos multiplicadores sobre el empleo, el ingreso y el ahorro, y reduzcan las presiones sobre el sector externo. Es obligación indeclinable del Estado atender y satisfacer las demandas sociales de salud, educación y vivienda, así como asegurar las condiciones de crecimiento sostenido y de pleno empleo para que todos los sectores de la población sean incluidos en el Proyecto Nacional. Lo anterior sólo se puede lograr bajo la rectoría económica efectiva del Estado, y no discursiva como ocurre actualmente.

La Plataforma Económica del Partido del Trabajo propone la reorientación de la estrategia de desarrollo nacional y de la política económica, orientadas a:

A) Recuperar el control estatal de sectores estratégicos y de la infraestructura básica, y asegurar su desarrollo. El desarrollo de los sectores estratégicos (incluida la banca) y de la infraestructura básica debe ser dirigido por el Estado.

B) Priorizar la asignación de recursos a la esfera productiva y a la generación de empleo, de manera que se configuren bases sólidas para el crecimiento económico y el desarrollo nacional.

C)Fomentar el desarrollo tecnológico y de la productividad, el combate a las prácticas especulativas, el fortalecimiento de la economía formal, y con ello reducir las desigualdades en la distribución del ingreso.

D) Reducción de la inflación sin comprometer los objetivos de crecimiento, redistribución del ingreso y soberanía nacional. Proponemos sustentar sobre bases productivas y financieras internas la reducción de la inflación y el crecimiento económico, ello exige replantear la política económica neoliberal vigente.

E) Una política salarial que reajuste al alza los salarios, no en torno a la inflación prevista que siempre resulta menor a la verificada, sino en función de la inflación pasada y del crecimiento de la productividad.

F) Estabilidad del tipo de cambio con base en la reducción del déficit y el fortalecimiento del sector externo. Para ello proponemos la revisión de la apertura comercial, promover la sustitución de importaciones, el crecimiento de las exportaciones y la renegociar la deuda externa.

G) Distribución del ingreso sustentada en un modelo de desarrollo eficiente y equitativo, con un alto efecto multiplicador interno en favor del empleo y de insumos nacionales, para mejorar las condiciones de vida de la población.

5. Colocar al mercado interno como motor del crecimiento. La dinámica económica nacional no debe depender del mercado externo, el cual se encuentra contraído y además nos somete a una alta vulnerabilidad, sobre todo en el actual contexto de crisis mundial. Proponemos que sea el mercado interno el motor del crecimiento, sustentado en la producción de bienes de consumo generalizado, con altos efectos multiplicadores internos. Ello requiere la expansión del gasto público, multiplicar el empleo y aumentar los salarios reales, así como mejorar la distribución del ingreso a favor de los sectores más desposeídos de la sociedad para incentivar la demanda efectiva interna. Para que el crecimiento del mercado interno genere una dinámica sostenida en la economía se precisa que la demanda tenga un gran componente nacional, y esto se exprese en efectos multiplicadores internos.

6. Retomar la política industrial para reconstruir y desarrollar las cadenas productivas. Es importante reconstruir las cadenas productivas e impulsar el proceso de sustitución de importaciones. Esto requiere instrumentar políticas industriales, acompañadas de políticas crediticias, de subsidios, y de fortalecimiento del mercado interno.

7. Capitalizar y desarrollar el sector agropecuario mexicano. Proponemos impulsar el sector agropecuario para que abastezca el crecimiento de la demanda interna, disminuya importaciones y genere excedentes susceptibles de ser exportados para la obtención de divisas necesarias para el crecimiento sostenido de la economía. La recuperación de la dinámica agrícola requiere de financiamiento barato, del crecimiento del mercado interno, de políticas de subsidios, así como de una política proteccionista, que evite que las importaciones desplacen a la producción nacional en nuestro mercado.

8. Política fiscal contracíclica. La política fiscal no debe subordinarse a los objetivos de la política monetaria de reducir la inflación, sino que debe promover el crecimiento, la generación de empleos y el bienestar social. La política fiscal debe ser contracíclica a fin de contrarrestar la caída de las exportaciones y así frenar la contracción de la actividad económica. Para recuperar el manejo productivo de la política fiscal y anteponer el interés nacional, de los productores y de los trabajadores al del capital extranjero, es preciso renegociar la deuda pública con los acreedores internos y El incremento del gasto público es indispensable para dinamizar el mercado interno y desempeñar así un papel contracíclico frente a los efectos sobre nuestro país de la crisis mundial que sigue en curso. Por ello, en nuestra Plataforma Electoral proponemos que el gobierno incremente el gasto público para defender la economía popular, resguardar el aparato productivo nacional y estimular la economía nacional.

9. Política fiscal y la redistribución del ingreso. La mejor distribución del ingreso debe ir acompañada de una política fiscal que grave a los sectores de más altos ingresos y a aquellos que se han favorecido de la política neoliberal, como el sector financiero y especulativo y los vinculados al comercio exterior. Proponemos, asimismo, la adopción e instrumentación del impuesto patrimonial, que es un impuesto que grava a quien más tiene sin afectar la inversión y el crecimiento. Dicho impuesto es redistributivo y favorece el crecimiento, pues permitiría aumentar el gasto público en favor de los más desprotegidos para incrementar la demanda de éstos, y así reactivar la economía.

10. Política monetaria en favor del crecimiento. La política monetaria debe orientarse a promover el crecimiento sostenido y generalizado de la economía, en una perspectiva de reducir la inflación con base en la productividad. La política monetaria debe satisfacer los requerimientos de liquidez y financiamiento que demanda la reconstrucción productiva del país. La estabilidad monetaria debe contribuir a crear las condiciones productivas, financieras y macroeconómicas que compatibilicen una baja inflación con el crecimiento económico sostenido, la redistribución equitativa del ingreso y la soberanía nacional.

11. Reestructuración, regulación y coordinación del sector bancario y financiero. La Plataforma del Partido del Trabajo propone que el Estado retome su papel rector de la actividad económica y, por lo tanto, recupere el manejo de la política monetaria y crediticia, y refuncionalice las instituciones públicas de financiamiento para el desarrollo. Proponemos, además, la reestructuración del sector financiero. El gobierno debe impulsar no sólo la banca de desarrollo, sino también debe tener banca comercial para que la banca extranjera no monopolice el sistema de pagos en el país, pues ello le da un control absoluto sobre la política crediticia y sobre los rumbos de la vida económica nacional.

12. Revisión de la política de liberalización económica. La revisión de la apertura comercial es imprescindible para proteger y preservar la planta productiva nacional y el empleo. El movimiento externo de mercancías debe ser regulado y controlado por el Estado para evitar prácticas de competencia desleal en detrimento de la producción nacional y de la balanza comercial. Lo mismo debe ocurrir con el movimiento externo de capitales para impedir prácticas especulativas que desquician el funcionamiento del mercado de capitales y el sector bancario, y presionan sobre la tasa de interés y el tipo de cambio.

La inversión extranjera directa debe ser regulada y canalizada a favor de sectores productivos de alto componente nacional y efecto multiplicador interno, que favorezcan el desarrollo tecnológico y la sustitución de importaciones, sobre todo de bienes de capital, y el aumento de las exportaciones con alto valor agregado nacional. Ello es indispensable para reconstruir nuestro desarrollo industrial en una perspectiva de mayor integración interna y menor vulnerabilidad externa de la economía.

Los criterios expuestos en este punto deben considerarse fundamentales en la revisión del TLCAN para mejorar las condiciones y los efectos de éste sobre la economía mexicana.

13. Replantear las relaciones económicas con Estados Unidos y vincularnos más con países de características económicas similares. El Partido del Trabajo propone que nuestro país vea más hacia América Latina y el Caribe y hacia los países asiáticos, y no seguir profundizando los vínculos con Estados Unidos como se ha venido haciendo en las últimas décadas. Debemos buscar una mayor integración latinoamericana y caribeña para negociar en bloque con Estados Unidos, para anteponer los intereses nacionales y latinoamericanos en toda negociación comercial y financiera frente a dicho país.

14. Configurar una correlación de fuerzas favorable para la construcción de un Nuevo Proyecto de Nación. Construir e instrumentar un Nuevo Proyecto de Nación en el actual proceso de globalización y de crisis mundial exige cambiar la actual correlación de fuerzas nacional e internacional. Para realizar los cambios estructurales, sectoriales y de políticas públicas antes expuestos, se requiere que los productores y trabajadores industriales, agrícolas y de servicios se movilicen y tengan una participación activa, porque sólo así se logrará la adopción e instrumentación de las medidas que favorezcan el desarrollo nacional y el bienestar social. Se requiere de la unidad nacional, sobre todo de los sectores excluidos por el modelo y las políticas neoliberales, que son la gran mayoría, para cambiar la correlación de fuerzas predominante en el país.

La propuesta del Partido del Trabajo está encaminada a configurar acuerdos nacionales con otros partidos y fuerzas políticas y con los más amplios sectores de la sociedad para que juntos cambiemos la correlación de fuerzas, y así podamos establecer un Nuevo Proyecto Nacional democrático y con equidad económica y social.

15. Democratización de la toma de decisiones y supervisión y transparencia del cumplimiento de los objetivos nacionales. El Partido del Trabajo se pronuncia por la participación de la ciudadanía y de organizaciones sociales en el control y supervisión de las actividades de las instituciones públicas y de las grandes empresas y sectores estratégicos, sean públicos o privados, con el fin de combatir la corrupción, garantizar la transparencia de sus acciones y funciones, y asegurar el cumplimiento de los objetivos nacionales.

La premisa de la cual partimos es el avance de la democracia en todos los planos de la vida nacional, lo que demanda la apertura de los medios de comunicación al debate de las ideas y proyectos, cuestión indispensable para la información y deliberación de las y los ciudadanos. Sólo así las grandes mayorías podrán anteponer un Nuevo Proyecto de Nación a quienes hoy detentan el poder económico y político, y frenar y revertir la inercia desnacionalizadora, de descapitalización productiva y de extensión y profundización de la pobreza en que se encuentra México.

 

Una de las demandas más sentidas de la población es la que se refiere a la seguridad pública. La delincuencia, inseguridad y violencia son problemas que han crecido exponencialmente y afectan prácticamente a toda la población del país. Desde hace varios años las sucesivas encuestas en relación a los principales problemas nacionales sitúan la seguridad pública, junto con la economía, en los dos primeros lugares. No debe sorprender a nadie, porque una mala economía inevitablemente genera delincuencia; y ésta inhibe el funcionamiento normal de la economía. Se trata de un creciente círculo vicioso. Inclusive, comparativamente hablando, estamos dentro de los países con los índices más altos de delincuencia a nivel mundial.

A esos dos graves problemas se han agregado en los años recientes otro par de problemas que resurgieron con la restauración del viejo “régimen de partido casi único de Estado”: la corrupción y la impunidad. Esto ha ampliado y recrudecido a lo largo y ancho del país la debilidad de la seguridad pública. La imposibilidad de resolver estos problemas en el corto plazo, además de la falta de voluntad política gubernamental y la ausencia de estrategias para hacerlo, condenan a la mayoría de la población a la perspectiva de un crecimiento incesante de la inseguridad, delincuencia, narcotráfico, crimen organizado, violencia, desapariciones forzadas, homicidios dolosos, descomposición del tejido social y la desesperanza.

La sociedad mexicana se ve agraviada por la constante comisión de delitos de todo tipo, sin importar que estos sean del Fuero Federal o del Fuero Común. La respuesta de la autoridad ha sido ineficaz e ineficiente. Según datos oficiales, del cien por ciento de delitos cometidos al menos el noventa por ciento no son perseguidos y del restante diez por ciento sólo un cuatro por ciento concluye con sentencias condenatorias en primera instancia, que posteriormente pueden ser modificadas vía apelación o amparo que benefician a los delincuentes y que los deja en libertad. La cruda realidad asume la forma de un “Estado fallido”, que en innumerables y sucesivas veces se transfigura en “Estado delincuencial” por acción u omisión.

En nuestro país se ha configurado una tipología delictiva que sustenta y alimenta el grave deterioro que tenemos en la seguridad pública:

  • Los delitos que derivan directamente de la crisis económica y social que hemos vivido en las décadas recientes, que se cometen por hambre e ignorancia.
  • Los delitos que comete el delincuente individual como oficio o modus vivendi.
  • Los delitos realizados por las diferentes modalidades del crimen organizado.
  • Los delitos cometidos por funcionarios públicos.

Es pertinente destacar que la seguridad pública es una función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. En consecuencia, la obligación del Estado es la de salvaguardar la integridad de los gobernados y de mantener sus libertades. Sin embargo, es evidente que esta obligación no ha sido cumplida debidamente por el Poder Público.

Con base en las consideraciones anteriores, el Partido del Trabajo propone revisar ampliamente y a fondo el sistema, las estructuras, el marco legislativo y los instrumentos de la seguridad pública y de la procuración e impartición de justicia.

Para poder atender de manera eficaz el problema de la seguridad pública, el Partido del Trabajo propone una revisión exhaustiva de la actividad del gobierno en el combate a la delincuencia, particularmente en estos aspectos:

  • Prevención del delito
  • Procuración de Justicia en las fases de averiguación previa y proceso penal
  • Garantía a víctimas de la reparación del daño
  • Actuación de los órganos jurisdiccionales
  • Revisión de las etapas del sistema penal acusatorio

Entre las distintas leyes que nos proponemos revisar se encuentran la  Ley Federal de Readaptación Social, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  Ley de la Policía Federal Preventiva, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Código Nacional de Procedimientos Penales entre otras de carácter penal.

El Partido del Trabajo propone que el Procurador General de la República sea designado por la Cámara de Diputados. Esto, para garantizar la total independencia de quien tiene la responsabilidad de perseguir los delitos del fuero federal, respecto del Presidente de la República.

Proponemos un cambio de paradigma en la cultura de la legalidad en este país; que la gente tenga confianza en denunciar porque sepa que se aplicará la justicia. En el mismo sentido, combatir con firmeza los abusos de autoridad.

Es alarmante la situación que prevalece en el campo mexicano. Con una larga historia de abandono, rezago, marginación y decadencia, que se han agudizado bajo los gobiernos neoliberales de los pasados treinta y cinco años, la crisis estructural del campo mexicano sigue adelante. Se carece de una estrategia integral para hacer frente a esta situación que afecta a casi la quinta parte de la población total, pero especialmente a las familias campesinas pobres y los pueblos y comunidades indígenas. Las políticas públicas de fomento al crecimiento y desarrollo del actual gobierno muestran poco interés en potenciar al sector e incrementar su participación en la economía nacional.

Desde la imposición del modelo neoliberal en los primeros años ochenta del siglo pasado, se buscó desaparecer la economía campesina en México. Las formas de propiedad social en el agro mexicano debían dar lugar a regímenes mixtos de propiedad privada y social o exclusivamente privados que supuestamente permitieran impulsar la productividad del campo.

En el fondo, la contrarreforma neoliberal al Artículo 27 Constitucional, lo único que pretendía era privatizar la tierra en México. La esperada inversión de capitales en la agricultura como resultado de dicha contrarreforma, así como la elevación de la eficiencia y el incremento a la producción de alimentos y materias primas se convirtió en realidad sólo para unos cuantos productores agropecuarios, y en una amarga quimera para la mayoría de la población campesina e indígena. La modernización y el mejoramiento de la vida en el agro nunca llegó.

La realidad ha sido absolutamente diferente. Perdimos la autosuficiencia alimentaria. La producción agropecuaria pasó a representar sólo entre el 5 y 7 por ciento del PIB. Con excepción de la producción de exportación, la competitividad en la mayor parte del sector está por los suelos. Se observan dos panoramas contrastantes: por un lado, grandes agricultores, exportadores de hortalizas y de frutas, con sistemas de riego, riego por goteo y crédito preferencial; por el otro, una enorme población de campesinos e indígenas con tierras ejidales y comunales, empobrecidos y abandonados a su suerte.

La legalización del arrendamiento de tierras, y el permitir la asociación de la propiedad social con grandes agricultores capitalistas, no ha beneficiado en nada a los campesinos. Aunado a lo anterior se han venido presentando una alarmante pérdida de biodiversidad, desertificación y degradación de la tierra, sin que se haga lo necesario para contener y revertir estos problemas.

El Partido del Trabajo propone como solución a esta problemática una Reforma Agraria Integral que modernice y haga altamente productiva la economía campesina. Es necesario establecer programas de capacitación y asesoría; destinar al agro recursos financieros a tasas preferenciales; instituir canales sólidos de distribución y comercialización de los productos del campo; abatir el rezago agrario y dar seguridad jurídica a los verdaderos dueños de la tierra; y establecer medidas de protección a los productores nacionales ante la desleal competencia externa. En suma, una reforma del Artículo 27 Constitucional que genere una nueva vía de desarrollo para el campo mexicano incorporando los contenidos antes enunciados, y sustentada en los siguientes principios:

  • Democratización de la vida rural, desterrando el caciquismo, la corrupción y la apropiación ilegal del poder político y del excedente económico.
  • Dotar a los campesinos de tierras, ellos deben gozar nuevamente de la tenencia de la tierra porque se han convertido en simples jornaleros agrícolas, han pasado de ser sujetos a ser objetos dentro del proceso productivo en el campo mexicano.
  • Restituir y fortalecer la propiedad ejidal y comunal. Es indispensable garantizar el derecho a la tierra a los campesinos ejidatarios y comunidades y pueblos indígenas, así como a los pequeños propietarios, dentro de los preceptos constitucionales.
  • Promover la revisión del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para ajustarlo a condiciones de verdadera equidad y competitividad.
  • Alentar el desarrollo agropecuario integral, articulando el fomento productivo con la inversión pública en infraestructura, incorporación de tecnología, servicios básicos, educación y salud, con la apertura de instancias y mecanismos para la participación comunitaria.
  • Establecer barreras arancelarias para proteger a los productores nacionales de la desleal competencia extranjera.
  • Establecer programas eficientes de recuperación y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales explotables, para lograr el desarrollo sustentable a largo plazo.
  • Impulsar programas ejidales y comunales a través de un programa nacional de protección y apoyo al desarrollo de las zonas ejidales y turísticas de nuestro país.
  • Establecer y fomentar canales internos de distribución y comercialización de los productos agropecuarios mexicanos, garantizando intercambios justos que favorezcan el sector y la economía nacional.
  • Establecer un Acuerdo Nacional para lograr una Reforma Agraria Social Productiva que tenga como directriz la seguridad y soberanía alimentaria.
  • Canalizar créditos con tasas preferenciales y condiciones favorables a los ejidatarios y medianos y pequeños productores, a través de instituciones financieras creadas para tal fin.
  • Establecer políticas y programas productivos que inhiban el éxodo masivo de los campesinos hacia las ciudades y hacia el extranjero.
  • Recuperar una adecuada participación de las instancias gubernamentales en el fomento productivo, evitando incurrir en prácticas burocráticas, de corrupción y de clientelismo político electoral.
  • Fortalecer el subsidio a los productores para hacer frente a la competencia externa, y adoptar una política permanente de concertación entre el gobierno y los productores del campo.
  • Promover la modernización del agro mexicano, haciendo funcionales las formas de propiedad social existentes.
  • Mejorar los precios de los combustibles para reducir costos de transporte de insumos y productos del campo.

Lograremos la modernización, el progreso y el desarrollo de nuestro país en la medida que resolvamos el atraso, la pobreza, la marginación y la desigualdad social que existe. En México más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, y más de 20 millones de mexicanos viven en extrema pobreza. El neoliberalismo ha mantenido y recrudecido esta situación. Como efecto de ello, desde hace varios años se viene generando el rompimiento del tejido social, la alteración persistente y creciente de la paz y la imposibilidad cada día mayor del bienestar que tanto necesita México para su desarrollo.

En el ámbito y la dinámica social es donde han repercutido con mayor agudeza los efectos negativos de la crisis económica mundial y del prolongado estancamiento económico que padece nuestro país desde hace más de tres décadas, bajo el dominio del neoliberalismo. Es necesario y urgente cambiar esta situación. Con este propósito, el Partido del Trabajo propone las siguientes directrices estratégicas.

1. Combate a la pobreza y a la desigualdad social
La desigualdad en México es peor que hace cincuenta años y el poder adquisitivo de los salarios actuales es menor al de hace más de tres décadas. Asimismo, especialistas de reconocido prestigio muestran estudios en los que se reconoce la existencia de más de 70 millones de mexicanos que viven en situación de pobreza, mientras que en pobreza extrema viven más de 40 millones.

Ante esta problemática, el Partido del Trabajo propone dar un cambio radical al modelo económico vigente; adoptar una política económica cuyo eje fundamental sea la redistribución más equitativa del ingreso; y realizar una reforma hacendaria integral progresiva que cobre más impuestos a los que más tienen y más ganan., y garantice su carácter redistributivo de la riqueza. La sociedad está harta de que los sucesivos gobiernos neoliberales siempre socializan las pérdidas y privatizan las ganancias en las manos de unos cuantos.

Los programas de combate a la pobreza en nuestro país han estado orientados a fines puramente asistencialistas y en muchas ocasiones electoreros. Para nuestro instituto político no se trata de paliar la miseria sino de desterrarla. Nuestra propuesta en este sentido va enfocada siempre a que los recursos públicos que se destinen a estos programas sean, en lo fundamental, para proyectos productivos que tengan un impacto directo en la generación de ingresos propios para los más pobres de México, de tal suerte que su efecto no solo se manifieste en la producción sino también en la ampliación de la demanda interna.

2.   Redistribución del ingreso

La modernización y democratización de México debe sustentarse en una redistribución equitativa del ingreso. El combate a la pobreza y los rezagos sociales constituye una premisa necesaria para ello, pero no la garantizan. La redistribución del ingreso que impulsa el Partido del Trabajo apunta no sólo a la erradicación de las mayores desigualdades heredadas, sino a una nueva manera de distribuir los frutos de la modernización económica, de manera que aliente el trabajo productivo, establezca relaciones sociales más equilibradas y genere ciudadanos libres.

Para lograr este objetivo el Partido del Trabajo propone aumentar la participación de la población de menores ingresos y reducir la de la población más rica dentro de la renta nacional, mediante políticas públicas que alienten la modernización incluyente y la reactivación de la economía; la recuperación salarial directa y por productividad; políticas crediticias preferenciales para el fomento a la micro, pequeña y mediana empresa; así como políticas que graven más a los que más tienen y exenten a los trabajadores de bajos ingresos.

3.   Redistribución del Poder Social

La desigualdad social no sólo depende de las diferencias de clase o ingreso, sino también de la distribución desigual del poder social y del acceso al empleo, mejoramiento personal y participación social, cultural y política. La mayor parte de la población mexicana sufre discriminaciones de diverso tipo, las cuales se apoyan tanto en las instituciones vigentes como en tradiciones culturales profundamente arraigadas como el machismo y el racismo. El resultado de esto es que las mujeres (51.2% de la población nacional) y los indígenas (14%) son víctimas de discriminación, exclusión y marginación, lo que los convierte en ciudadanos de segunda.

Para combatir esta situación el Partido del Trabajo impulsa acciones concretas de apoyo a la acción autónoma de los distintos sectores discriminados y oprimidos, y promueve la apertura de espacios específicos de integración y participación en la vida laboral, social, política y cultural del país.

4.   Mujeres y democracia

El Partido del Trabajo reconoce la importancia de la lucha de las mujeres por la igualdad de género. Sus demandas exigen un cambio en las relaciones sociales, de género, en la pareja, la familia, en la sociedad civil y sus organizaciones, así como en las instituciones públicas y el acceso a cargos de elección popular. A fin de avanzar hacia la igualdad social, económica y política de las mujeres, el Partido del Trabajo se compromete a impulsar las siguientes líneas de acción.

  • Construir medidas legales y culturales que coadyuven a terminar con la violencia hacia las mujeres, en todas su manifestaciones y en todos los ámbitos de la vida social.
  • Garantizar su seguridad pública y establecer leyes estrictas que impidan el acoso sexual en los centros de trabajo.
  • Promover reformas legislativas que otorguen el derecho a la maternidad libre y voluntaria, acompañándolas de programas de educación sexual, paternidad responsable y métodos anticonceptivos.
  • Sancionar toda discriminación sexual, garantizando igualdad de condiciones y oportunidad laborales, sociales, políticas y culturales.
  • Promover programas de capacitación para mujeres en oficios no tradicionales y para el desarrollo de aquellas que habitan en el medio rural.
  • Introducir el derecho de las mujeres a la tenencia de la tierra en la propiedad ejidal, igual que los varones, derecho a asesoría, capacitación técnica y acceso a insumos y créditos.
  • Crear una legislación que proteja los derechos laborales de las jornaleras agrícolas.
  • Impulsar políticas de acción afirmativa del género femenino, que eliminen la marginación y la discriminación de las mujeres en los ámbitos más relevantes de la vida social y política.
  • Combatir la discriminación y la desigualdad en los centros trabajo por motivos de embarazo o de atención materna.

5.   Problemática infantil y juvenil

México es un país joven, integrado en su mayoría por niños y jóvenes. Sin embargo, estos grupos de población no ha contado con adecuadas leyes, políticas públicas e instituciones que propicien su desarrollo efectivo en los principales aspectos de la vida social -nutrición, salud, educación, recreación, laboral y político y recreativo-, de cara a forjar con cada nueva generación un México mejor.

El ciclo de crisis económicas recurrentes y la poca importancia que para los sucesivos gobiernos de derechas tiene estos sectores, han recrudecido los problemas que los afectan. Por ello, no es casualidad que el abandono, la delincuencia, la vagancia, la drogadicción y el alcoholismo hayan crecido sensiblemente entre los jóvenes en las últimas tres décadas.

Ante ello, el Partido del Trabajo propone crear las políticas, leyes e instituciones necesarias y convenientes para su desarrollo integral, lo cual contribuirá en gran medida a la edificación de un México más justo, igualitario y democrático. En este sentido proponemos impulsar las siguientes medidas:

Con relación a la niñez:

  • Garantizar a la niñez mexicana vivienda, alimentación, salud, educación, esparcimiento y recreación, y un ambiente familiar afectuoso.
  • Promover la ampliación de la cobertura de la educación temprana y de primera infancia, especialmente la modalidad de CENDIS, hasta alcanzar el 100% de la población correspondiente.
  • Establecer programas específicos para los niños en situación de calle, con el objeto de proveerles de servicios y atención básica necesarios, que permitan su reinserción paulatina a la sociedad y su desarrollo como seres humanos dignos.
  • Ampliar las medidas y disposiciones de orden legal que combaten y sancionan el tráfico, pornografía y prostitución infantil, así como la pedofilia y la pederastia.

Con relación a los jóvenes:

  • Incrementar sustancialmente el acceso de los jóvenes a la educación en todos los niveles del sistema nacional.
  • Vincular sólidamente el sistema educativo con el aparato productivo, sobre todo en los niveles técnico y profesional, de modo que los jóvenes adquieran los medios necesarios para integrarse adecuadamente al mundo laboral.
  • Incrementar y diversificar las fuentes de empleo productivo y bien remunerado para los jóvenes, de manera que puedan mejorar efectivamente sus condiciones de vida.
  • Fomentar la participación social y política independiente entre los jóvenes, a fin de que vayan incidiendo de manera creciente en los ámbitos de decisión de la vida pública.
  • Promover todas las formas de expresión cultural de la juventud, sin prejuicios ni manipulaciones de tipo político.
  • Garantizar el derecho al deporte y la recreación, como condiciones indispensables para el desarrollo sano y equilibrado de tod@s l@s jóvenes, a través de la habilitación de más y mejores espacios.
  • Fortalecer los esfuerzos de información y orientación de la juventud sobre el efecto pernicioso del uso y tráfico de drogas.
  • Fomentar la educación respecto a los temas de salud sexual y planificación familiar.
  • Garantizar el acceso a Internet en el mayor número de espacios públicos.

6.   La cuestión indígena

En términos generales, la exclusión histórica de la población indígena ha impedido que el desarrollo nacional se logre a cabalidad para todos los mexicanos. Durante el primer siglo de vida independiente esta situación fue evidente, aunque los letrados y gobernantes dijeran haber recuperado con orgullo lo indígena para incorporarlo en la formación y desarrollo de México. La revolución de 1910-1917 y las décadas posteriores no cambiaron mucho las cosas: mientras que por un lado se alababa la grandeza del pasado prehispánico, por el otro se negaba la capacidad de los pueblos originarios de decidir su destino.

Hoy vemos que las políticas indigenistas sólo dan cuenta de estructuras y despilfarros burocráticos y de corrupción, mientras los pueblos y comunidades siguen esperando las bondades del desarrollo comandado primero por el Estado populista y ahora por el Estado neoliberal. Este es el trato que les ha dado el Estado Mexicano desde el triunfo de la revolución. Por ello no fue casual que el 1º de enero de 1994 estallara la insurrección indígena del EZLN en Chiapas.

Ésta puso en claro que históricamente a los pueblos indios no se les ha escuchado a pesar de que demandan algo muy simple: no más despojo de tierras; no más explotación ni discriminación racial, represión y muertes injustas en su contra; no más desconocimiento ni rechazo de sus usos y costumbres, tejido sociocultural milenario y sustento de sus modos de vida. En una palabra: RESPETO.

Como consecuencia de lo antes expuesto, la población indígena y su problemática no resuelta reclaman su inclusión en el un Nuevo Proyecto Nacional que propone el Partido del Trabajo, el cual incluye a tod@s l@s mexican@s sin excepción. En este sentido, proponemos y asumimos el compromiso de impulsar de llevar a cabo lo siguiente:

  • Reformas a la Constitución y las leyes para incorporar los legítimos derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en particular su derecho a la libre determinación ejercida por medio de la autonomía en el marco del Estado nacional, como fue establecido en los “Acuerdos de San Andrés”.
  • Asignación, en los presupuestos públicos de la Federación y los estados, de recursos económicos, científicos y técnicos suficientes para el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, con el derecho legal para ser administrados por ellos de acuerdo a sus necesidades y formas propias de vida y organización.
  • Creación inmediata de instancias y mecanismos en todos los niveles de gobierno para preservar y promover el desarrollo de sus culturas, dirigidos por representantes de sus pueblos y comunidades.
  • Que el gobierno Federal cumpla cabalmente los acuerdos que suscribió con el EZLN en el Diálogo de San Andrés Larráinzar.

7.   Salud

Una sociedad sana y bien alimentada es la base para que todas y todos los mexicanos logremos mayores niveles de desempeño en cada una de las actividades que realizamos. El sistema de salud en México enfrenta dos problemas cruciales que tendrán graves incidencias y a los que habrá que hacerles frente. El primero de ellos tiene que ver con el aumento de la proporción de personas de mayor edad en la estructura poblacional, lo que supone una mayor demanda de servicios médicos más especializados; el segundo, está relacionado con la distribución espacial de la población.

El sistema de salud en México ha logrado dotar de unidades y servicios médicos elementales, y en cierta medida especializados, a la población en los núcleos urbanos de mayor concentración. Sin embargo, en las zonas rurales continúan múltiples comunidades sin la cobertura de los más elementales servicios médicos, y sin hospitales y unidades médicas necesarias. Por ello, el reto del sector salud y de la política social en esta materia será lograr una cobertura total de dichos servicios, así como una mayor especialización de los mismos ante los dos principales problemas planteados, y los que se añadirán con el paso de los años. Otro reto lo constituye la urgencia de alentar la participación de la población en la conformación de una medicina preventiva, porque estamos convencidos que es mejor prevenir que curar. Detectar y controlar desde sus primeras fases las enfermedades, y transformar la medicina curativa en preventiva dará mejores resultados a la política de salud.

En ese sentido, proponemos reformas legislativas que modifiquen el marco legal que rige el renglón de salud para que en la prevención y curación de los males que aquejan a la población, la medicina alternativa tenga el espacio formal que le debe corresponder. México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo y como consecuencia de ello la flora y la fauna han sido un recurso ancestral que la medicina tradicional ha utilizado para curar y prevenir las enfermedades. Aunado a lo anterior, la acupuntura, digitopuntura, quiropráctica, homeopatía y herbolaria, por sólo mencionar algunas, son alternativas probadas y reconocidas en el plano científico y legal y, por tanto, utilizadas en una buena parte del mundo para la recuperación de la salud. Proponemos que dentro de las leyes relativas a la salud se incorporen las propuestas de medicina alternativa señaladas.

Desterrar la corrupción al interior del sistema de salud en nuestro país, es otra tarea urgente y necesaria. Hemos visto como instituciones federales y estatales se están desmoronando como resultado de la falta de transparencia, así como por la corrupción e impunidad en el manejo de los recursos públicos destinados al sector salud. Los altos funcionarios de esas instituciones tienen altos sueldos, mientras los derechohabientes no tienen acceso a los medicamentos y tienen que comprarlos para poder enfrentar sus enfermedades y padecimientos.

Asimismo, esas instituciones ya no cuentan con dinero para cubrir las pensiones de sus trabajadores, pues el patrimonio de éstos se desvió en anteriores gobiernos a las campañas políticas, y a partir de las reformas al sistema de pensiones de 2007 el derecho a jubilación se convirtió en un sistema de ahorro individual, por lo que las aportaciones de los trabajadores están en manos de empresas privadas y ya no serán administrados por el gobierno, lo que preocupa aún más ya que como es sabido de todos, las empresas van tras la ganancia y no tras la protección del dinero de los trabajadores.

Por eso reiteramos nuestra propuesta de modificaciones legislativas sustanciales al marco jurídico de la CONAMED, que es la institución encargada del arbitraje entre la ciudadanía y las instituciones del sector, para evitar que los actos de corrupción y de negligencia en los servicios de salud sigan en la impunidad.

Las tres principales causas de muerte en México son, en orden de importancia, las enfermedades cardiovasculares; el cáncer y la diabetes mellitus. Pero no debemos olvidar que enfermedades como la obesidad, el tabaquismo y las enfermedades gastrointestinales entre la población infantil, son una fuente importante de padecimientos que cada día van en aumento, sin olvidar el grave problema de salud pública que representa el SIDA. Por lo tanto, realizar una política de amplia difusión sobre las graves consecuencias de ellas será una tarea muy importante que habrá de desarrollar el sector salud entre los habitantes de nuestro país, para impedir que sigan cobrando víctimas y reducir su incidencia entre la población.

Para enfrentar estos retos, se necesitan recursos humanos y materiales. El Partido del Trabajo propone una reforma constitucional para que se garantice canalizar cada año, al menos el 8 por ciento del producto interno bruto al sector salud. Reconocemos que esto implica un esfuerzo recaudatorio importante, pero es factible llevarlo a cabo en el corto plazo conforme lo hemos propuesto en la parte relativa al fortalecimiento de las finanzas públicas.

8.      Educación

La educación es un proceso de adquisición y transmisión de conocimientos que sirve para transformar las condiciones materiales, sociales y espirituales de los individuos en sociedad. Por ello, todo el sistema educativo debe ser regido y regulado por el gobierno en aras de la uniformidad y homogeneidad del proceso de trasmisión del conocimiento, así como de la investigación en el campo científico.

En México persisten enormes insuficiencias en la educación pública. Nuestro país tiene el enorme reto que representa atender a cerca de un tercio del total de la población en materia educativa. Pero si atendiéramos a la composición por edades de la misma, nuestro sistema educativo debería proporcionar educación a casi la mitad del total de la población. Una gran cantidad de jóvenes de entre 15 y 22 años no tienen oportunidad de acceder a la educación media superior y superior por falta de recursos económicos. Los principales problemas de la educación en México cobran especial relevancia en estos dos niveles. Sin embargo, en la educación básica (primaria y secundaria), aunque su cobertura se aproxima al cien por ciento, las recientes evaluaciones internacionales han mostrado que la calidad de la misma deja mucho que desear.

En términos generales, el sistema educativo en México padece desde hace muchos años una grave crisis que se refleja, entre otras cosas, en sus indicadores más significativos. El analfabetismo (personas de 15 años y más) representa 5.5 por ciento del total de la población (4.8 millones de personas, según la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI), un poco más del nivel aceptado por los organismos educativos internacionales, que es del 4 por ciento. La cobertura deja mucho que desear en educación media superior y superior, donde la demanda rebasa con mucho lo que ofrece el sistema educativo. La deserción escolar es muy alta desde secundaria hasta superior, principalmente por insuficientes ingresos de las familias y deficiencias de diverso tipo (financieras, de infraestructura, materiales, humanas y pedagógicas, entre otras) de los propios subsistemas.

En cuanto a la calidad, el panorama no es alentador. Las recientes mediciones internacionales colocan a nuestro país en los últimos lugares de la OCDE, organismo al que pertenece México desde 1994; e incluso muy por abajo de países con un desarrollo similar al nuestro. Por ejemplo, los datos más recientes de dicha organización indican que el 65 por ciento de la población joven (15 a 29 años) está al margen de la educación; y que el 22 por ciento representa los llamados “ninis” (ni estudian ni trabajan), mientras que el promedio de la OCDE es de 14.6 por ciento. Y si esos indicadores los referimos a los grupos marginados, en particular la población indígena, los datos son aún más dramáticos.

Con un 45 por ciento, las tasas de graduación en la educación media superior son las segundas más bajas entre los países de la OCDE. El 56 por ciento de la población en edad de entre 15 a 19 años están matriculados, mientras la media de la OCDE es de 82 por ciento. Sólo el 12 por ciento de los mexicanos de entre 20 y 29 años participan en la educación, muy por debajo del 28 por ciento de la OCDE. Como porcentaje del PIB, el gasto educativo se ha incrementado cerca de un punto porcentual en la última década al ubicarse en 5.8 por ciento, cerca de la media de la OCDE del 5.9 por ciento. No obstante, México tiene el gasto público total más bajo como porcentaje del PIB con 24 por ciento, mientras que el promedio de la OCDE es 43 por ciento.

La desigualdad social, y por consecuencia el incremento de la pobreza en México, se refleja también en la educación. Los programas emergentes y los regulares u ordinarios para combatir el rezago educativo no han podido cubrir de manera eficiente el propósito para el cual fueron creados. Como resultado, en nuestro México coexisten “dos países”: uno minoritario, que tiene educación de primer mundo, que cuenta con instituciones perfectamente acondicionadas para proporcionar este servicio con altos niveles de eficiencia y cuyos recursos provienen de los sectores empresariales y de los grupos sociales de altos ingresos; el otro mayoritario, que a duras penas puede enviar a sus hijos a las escuelas públicas, las cuales carecen de la infraestructura necesaria tanto en términos de recursos materiales y humanos y que, en consecuencia, reciben una educación de baja calidad. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que las instituciones públicas como la UNAM, el IPN, la UAM, entre otras, son la vanguardia en materia de investigación y de formación de profesionistas de alto nivel. Asimismo, la tradición de una escuela con características netamente populares y que ha hecho tradición en Latinoamérica sigue subsistiendo.

Por otra parte, necesitamos transitar de un modelo que pone énfasis en el exceso de información, a un esquema que desde los primeros años se base en el desarrollo de las habilidades ligadas a la lectura, la comprensión, el razonamiento, la asociación de ideas, la interpretación y el análisis de los datos y los hechos de nuestra realidad cotidiana; así como en el razonamiento lógico. Debemos desarrollar una educación enfocada a la creatividad y la construcción de conocimientos. Pero también necesitamos pasar a construir un sistema de educación superior e investigación tecnológica para garantizar la formación de cuadros altamente calificados en el contexto de un mundo globalizado, para responder al desafío que representa la competencia mundial.

En suma, nuestro país necesita una transformación amplia, profunda e integral del sistema educativo. En este sentido, especial atención requieren los niveles básico y medio superior. Se debe completar la cobertura del nivel preescolar, que actualmente ronda el 65 por ciento; y crear con alcance nacional el nivel de educación temprana o inicial. Para atender estas necesidades el Partido del Trabajo propone una nueva reforma educativa democrática, con la imperiosa participación de las y los maestros, especialistas en los diversos aspectos y materias, y los padres y madres de familia. El objetivo esencial consiste en actualizar, mejorar y fortalecer: a) la articulación vertical y horizontal del sistema en todos sus niveles; b) los contenidos de planes y programas de estudio; c) los aspectos e instrumentos pedagógicos; d) las estructura y flujos financieros que lo sustenten en el corto, mediano y largo plazos; y e) la incorporación y adaptación de las nuevas tecnologías de la información.

Por ello, para atender y revertir los rezagos educativos más importantes, el Partido del Trabajo propone que se alcance y garantice, al menos el equivalente al 8 por ciento del PIB a la educación pública.

Asimismo, proponemos que se incorpore a nivel constitucional el derecho a la educación universal, entendiendo por éste, el derecho que tiene todo ciudadano a estudiar y concluir sus estudios sin pretexto de que no hay espacios en las escuelas públicas o que por razones económicas tenga que abandonar los mismos. También proponemos la incorporación al artículo tercero constitucional, la obligatoriedad por parte del Estado de la impartición de la educación temprana o inicial.

9.      Educación inicial

Los organismos multilaterales enfocados a la alimentación, salud y educación reconocen ya que es fundamental la atención de las y los niños desde que se encuentra en el vientre materno. A partir de una adecuada nutrición y estimulación de la madre, así como su procuración emocional y social, comienza el pleno desarrollo del infante, de todo su organismo y particularmente del cerebro. De este modo, la estimulación temprana contribuye crucialmente al desarrollo de las capacidades psicomotrices, de los sentidos, de la atención y la percepción de su entorno.

La UNICEF ha reconocido, que desde el nacimiento hasta los tres años de edad germinan en las y los niños las semillas de la individualidad humana y de la racionalidad. En ese período se multiplican vertiginosamente las sinapsis, y se establecen las pautas de la vida. En esos 36 meses asombrosos se produce el desarrollo del cerebro. Los educandos adquieren la capacidad de pensar, hablar, aprender y razonar. Esas son las bases y las conductas sociales que tendrán cuando se conviertan en adultos. Por lo anterior, la UNICEF sostiene que se debe prestar atención a este buen principio de vida. En México apenas se está reconociendo la importancia de lo que representa esta etapa en el proceso de formación del educando y, por lo tanto, consideramos que esta es una materia que debe tener prioridad en la política educativa actual de nuestro país.

Por ello proponemos, con especial interés y de carácter estratégico para nuestro país, crear el sistema nacional de centros de educación temprana o inicial, a través de los cuales las madres y sus hijos puedan recibir una alimentación adecuada, así como programas de capacitación para la integración de la familia, que garanticen el mejor desarrollo y crecimiento de las y los niños; contemplando también que las condiciones que lo rodean sean idóneas para su equilibrio emocional dentro una sana convivencia social, que redundará en una mayor seguridad a lo largo de su vida.

La educación temprana o inicial debe ser incorporada como mandato constitucional, y debe recibir los recursos económicos, materiales y humanos que se requieran para el cumplimiento de su cometido. Nuestra propuesta es una apuesta por un futuro mejor. Contribuye a garantizar que tod@s l@s niñ@s y l@s jóvenes mexican@s tengan acceso de forma gratuita a la educación pública en todos sus niveles. Nuestra lucha es por lograr que en nuestro país se superen el analfabetismo y la ignorancia. Pugnamos por una educación laica, gratuita, científica y creativa.

10.           Ciencia y Tecnología

Un país que no desarrolla sus sistemas de educación y de investigación científica y tecnológica, no puede aspirar a elevar su desempeño en el marco de la globalización y la competencia mundial. La formación de los recursos humanos para insertarlos al conjunto de las actividades económicas, y la formación de los cuadros científicos para la ampliación de los conocimientos y su aplicación a la producción, son dos pilares fundamentales para el desarrollo de los países modernos. El éxito reciente de naciones como Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Taiwán, Chile y Brasil, entre otros, no podría explicarse sin el papel que ha jugado el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y la aplicación de éstas en sus sistemas productivos.

Lamentablemente México destina apenas el equivalente del 0.4 por ciento del PIB a ciencia y tecnología, mientras las naciones desarrolladas destinan entre 2 y 3 por ciento al desarrollo de esas áreas. En América Latina, Brasil destina más del 1 por ciento. El Partido del Trabajo propone dar mayor importancia a la creación de un verdadero y eficiente sistema de educación e investigación científica y tecnológica. Éste debe elevar el número de cuadros altamente especializados, ampliar el número de investigadores en todas las disciplinas científicas y vincularse mediante convenios con otros sistemas y organismos nacionales e internacionales de ciencia y tecnología. Todo ello, para garantizar que nuestra nación eleve su desempeño productivo, económico, social y cultural en los próximos años.

En esta dirección, proponemos la canalización de mayores recursos públicos a ciencia y tecnología, hasta alcanzar el nivel de inversión que destinan las naciones desarrolladas a ese objetivo. Nuestra meta en el corto plazo debe ser que estos recursos alcancen en los próximos seis años el equivalente al 1.5 por ciento del PIB, para superar el rezago que se tiene en esta materia.

11.           Problemática urbana

Cuatro quintas partes de la población de nuestro país vive en localidades urbanas. La gran mayoría radica en ciudades medias, grandes y zonas metropolitanas, que ya tienen o comienzan a tener los problemas propios de las urbes modernas. La vida urbana está marcada por los problemas de insuficiencia de vivienda, abasto de agua y alimentos, movilidad, espacios verdes, instalaciones deportivas, empleo, inseguridad, proliferación de la delincuencia, narcotráfico, drogadicción y delincuencia organizada, contaminación ambiental, acceso a las diversas expresiones de la cultura y la diversión. Todo ello adquiere particular relevancia en las zonas habitadas por la clase media baja, las clases y sectores populares, y los grupos marginados, que representan más del 60 por ciento de los habitantes de las ciudades.

A lo anterior se suma la permanencia de formas arcaicas de dominación política y de gobierno, la ausencia de políticas integrales y sustentables de desarrollo urbano, y los abusos sobre la ciudadanía de los cuerpos policíacos. Adicionalmente, se han venido incrementando los problemas de salud física y mental provocados por la concentración de población en espacios reducidos.

Para enfrentar adecuadamente estos problemas y crear condiciones sanas de convivencia entre la población urbana, el Partido del Trabajo propone instrumentar las siguientes acciones:

  • Descentralización y desconcentración urbana.
  • Apoyar el desarrollo de las ciudades medias y pequeñas, mediante el incremento sustancial de los recursos de que participan los municipios, con la asignación de recursos en proporción a su tamaño y necesidades.
  • Aplicación de políticas públicas y disposiciones legales para la reorganización de la vida municipal, que pongan fin a los cacicazgos y negocios ilícitos que se realizan al amparo del poder.
  • Asignar más recursos para mejorar, ampliar y profesionalizar la seguridad pública.
  • Promover la organización autónoma de la sociedad en sus diversas demarcaciones territoriales y formas de expresión, para que asuma tareas de gestión de servicios, representación vecinal y formación de organismos de cooperación y consulta con las autoridades municipales.
  • Ampliar, multiplicar y fortalecer los programas gubernamentales para extender los servicios públicos básicos a toda la población.
  • Fortalecimiento y aplicación de políticas de desarrollo regional y urbano, acordes con los problemas de las ciudades y las demandas de sus habitantes.
  • Mejorar y fortalecer las políticas y programas gubernamentales enfocados a la movilidad de la población.
  • Garantizar la ampliación y diversificación del acceso a la cultura, el deporte, el esparcimiento y la diversión de las clases populares, medias y sectores marginados.

12.        Vivienda

Nuestro país padece un déficit de vivienda considerable que oscila entre 6 y 7 millones de casas-habitación, sin considerar las limitaciones en materia de mantenimiento y reparación del parque habitacional existente. El problema que enfrentan más de 7 millones de familias mexicanas que no cuentan con una vivienda digna no es principalmente un problema de espacio, porque nuestro territorio es muy grande y no tiene ninguna clase de limitación en ese sentido, sino la falta de recursos económicos suficientes.

Las instituciones públicas encargadas de proveer vivienda a las y los trabajadores, desde el sexenio 1988–1994 dejaron de construirlas. Se transformaron en simples intermediarias entre los demandantes de vivienda y las instituciones financieras y constructoras privadas. Hoy las y los trabajadores deben tener un ahorro previo para ser sujetos de crédito. El Gobierno Federal se olvidó de ellos dejando que el mercado se convirtiera en el principal instrumento de asignación de recursos para la inversión en desarrollo inmobiliario. En consecuencia, las constructoras y bancos privados enfocaron sus proyectos hacia los sectores sociales de medianos y altos ingresos, bajo el criterio de rentabilidad económica por encima del de interés social.

El Partido del Trabajo considera que la única forma de garantizar una vivienda digna a las familias trabajadoras, como lo dice nuestra Constitución, es mediante el compromiso directo del Gobierno Federal de construir esas viviendas. Por esa razón proponemos la creación de la Secretaría de la Vivienda, para que coordine el esfuerzo de todas las instituciones públicas de vivienda. Asimismo, destinar los recursos financieros necesarios para atender y revertir en el corto plazo el grave déficit habitacional. Se debe disponer de áreas públicas para destinarlas a la construcción de viviendas de interés social. Sólo el Gobierno Federal tiene la capacidad para solucionar el problema de la vivienda de las y los trabajadores. De continuar insistiendo en las políticas que privilegian al mercado, estaremos condenando a millones de familias a vivir hacinadas y destinando más del cincuenta por ciento de sus ingresos en el pago de renta.

13.        Infraestructura básica

México se encuentra en los últimos lugares en materia de creación de infraestructura física y equipamiento urbano entre las naciones miembros de la OCDE. La inversión en infraestructura constituye un componente básico de la competitividad de una nación. Sin embargo, nuestro país ha tenido un importante rezago en esta materia.

En telecomunicaciones aún tenemos grandes carencias. Todavía muchas familias mexicanas no logran acceder a la telefonía, televisión e internet. La política de las empresas telefónicas consiste en invertir principalmente en aquellos lugares donde existe una alta concentración de la población y de demanda del servicio. Muchas comunidades rurales todavía no tienen acceso al servicio telefónico.

En ese mismo tenor debe ubicarse la necesidad de ampliar la infraestructura y productividad en materia de energía eléctrica y en la producción de petróleo y gas. Sin embargo, la contrarreforma energética neoliberal de 2013-2014 no tuvo como propósito atender los rezagos en infraestructura, sino la privatización y extranjerización del sector energético (especialmente de la exploración y extracción de petróleo y gas, aunque lo mismo se hizo con la producción y distribución de electricidad) mediante el llamado “Pacto por México”. Desde nuestra perspectiva, en realidad fue un “Pacto contra México”, suscrito por el PRI, el PAN, el PRD y el Ejecutivo Federal, al que se adhirieron después otros partidos, y respaldado por la oligarquía y el bloque de derechas en general. 

De todos los que integran el sistema de partidos en nuestro país, el Partido del Trabajo fue el único que se opuso a dicho “Pacto”, denunciándolo y combatiéndolo en las dos Cámaras del Congreso de la Unión, como expresión de la continuidad y profundización del modelo neoliberal. Simultáneamente, a lo largo y ancho del país, en las capitales y ciudades principales de las entidades federativas, desplegamos una enérgica y prolongada campaña en la que explicamos que sus principales efectos consistían en la transferencia a manos del capital privado nacional y sobre todo extranjero, de lo que quedaba -de enorme valor estratégico- del patrimonio de tod@s l@s mexican@s: el petróleo, el gas, el sector eléctrico, una parte mayor del espectro radioeléctrico y los derechos históricos de las y los trabajadores, entre lo más relevante.

Subrayamos que todo ello pondría en grave riesgo la propia viabilidad de México como Nación independiente y soberana. Y esto es lo que ha venido ocurriendo en los años recientes. Por estas razones, el Partido del Trabajo propone una reforma a la contrarreforma neoliberal en materia energética: a) que recupere los recursos energéticos -petróleo, gas y electricidad- que son y deben seguir siendo patrimonio de tod@s l@s mexican@s; b) que restituya el control y aprovechamiento de los mismos por parte del Estado mexicano, como expresión del interés nacional; c) que restablezca su carácter de palancas estratégicas para el desarrollo de nuestro país; y d) que garantice su explotación en beneficio de tod@s l@s mexican@s, y no sólo de unos cuantos como ocurre actualmente con la contrarreforma neoliberal.

La carencia de inversión en el área de saneamiento, distribución y abasto agua potable, constituye otra asignatura pendiente en nuestro país. Actualmente diversas ciudades y numerosos pueblos y comunidades rurales del territorio nacional, padecen la carencia de agua entubada para el consumo humano, de animales y para la producción. El Partido del Trabajo propone incrementar la inversión pública para garantizar el abasto suficiente de agua, tanto para las ciudades como para el campo.

Por otra parte, según el Censo Nacional de Población una de cada diez personas no dispone del servicio de agua, una de cada veinte no tiene energía eléctrica y una de cada cinco no tiene drenaje en su vivienda. Históricamente esta problemática todavía no se ha resuelto en su totalidad y, aún más, se ha agudizado como producto del crecimiento de la pobreza. Consideramos como prioridad abatir el rezago que tenemos en estas materias. Es un reto que debemos afrontar cuanto antes para lograr la equidad y la igualdad social en nuestro país. Es necesario aumentar la infraestructura en materia de agua entubada, electricidad, drenaje y pavimentación, para garantizar que los habitantes de las ciudades, los pueblos y comunidades, cuenten con los servicios básicos que demanda el desarrollo social en nuestro país.

14.        Medio ambiente y calidad de vida

Las condiciones medio ambientales en que vivimos actualmente son alarmantes. La contaminación de ríos y mares por descargas de aguas negras y desechos industriales, la sobre explotación de mares, el empobrecimiento y contaminación de los suelos, la polución del aire, la constante devastación de bosques y selvas, la escasez de recursos acuíferos especialmente en regiones de mayor concentración poblacional, así como el deterioro de las condiciones de vida en los pueblos y las grandes zonas metropolitanas (como la Ciudad de México,  Monterrey, Guadalajara y Puebla), se debe a la carencia de políticas y estrategias públicas adecuadas y sustentables.

La problemática antes enunciada tiene amplios y graves impactos en materia de salud, educación, movilidad, desarrollo social y crecimiento económico. Para lograr un mejoramiento efectivo del país en estos rubros se requiere un enfoque integral de sustentabilidad. En esta dirección, el Partido del Trabajo propone las siguientes medidas:

  • Elaborar un Plan Nacional de Protección, Mejoramiento y Sustentabilidad Ambiental, con la participación de los mejores especialistas, las universidades y las organizaciones sociales y civiles del país, con la aportación de científicos extranjeros del más alto nivel.
  • Incorporar más ampliamente a la población y a las organizaciones sociales y civiles en la lucha por la protección, mejoramiento y sustentabilidad del medio ambiente y la calidad de vida, a través de los instrumentos de la democracia participativa.
  • Crear la Defensoría para la Sustentabilidad del Medio Ambiente y la Calidad de Vida, cuyas funciones serán recibir, analizar y dictaminar las demandas que se hagan al respecto, para gestionar ante el gobierno con carácter vinculante las acciones pertinentes.
  • Fortalecer los aspectos culturales y educativos de la lucha a favor de la salud y la recuperación de la ecología.
  • Modificar la legislación vigente para reforzar el combate penal y administrativo contra las prácticas destructivas y contaminantes del medio ambiente.
  • Fortalecer la participación y cooperación internacional en las cumbres y conferencias sobre cambio climático y medio ambiente, para contribuir a resolver los problemas medio ambientales del mundo, de América Latina y de México en particular.

1.   Proceso de globalización y la crisis mundial

La mundialización o globalización avanzó a pasos acelerados hasta el 2001, merced a la difusión y abaratamiento de los componentes de la tecnología de la información que constituyó el fundamento de la integración económica mundial. Sin embargo, los excesos bursátiles y la sobreproducción de capital, unidos a la degeneración ética y moral del capitalismo corporativo, profundizaron lo que parecía ser una recesión transitoria, convirtiéndola en el primer gran desafío a la capacidad del capitalismo por dominar todos los circuitos mundiales. El reloj de la globalización parece haber comenzado a caminar al revés. Desde 2008 está en curso una crisis económica mundial de mayor amplitud, profundidad, duración y de múltiples dimensiones (financiera, comercial, productiva, social, ideológica y política) que la “Gran Depresión” de 1929-1933, la cual posiblemente se prolongue más allá del 2020.

Las economías en desarrollo, como es el caso de México, participan en estos procesos de manera subordinada y precaria, lo que las obliga y condiciona a enfrentar costos y retos mayores conforme han seguido avanzando estas circunstancias y sus efectos.

La construcción de un orden internacional basado en la cooperación, la regulación estatal, pero sobre todo el control del capital financiero especulativo es una necesidad urgente. Pero como sucedió a partir de los años treinta, la emergencia de un orden institucional superior depende de una correlación de fuerzas a nivel nacional y mundial que parece haber empezado a dibujarse en el horizonte de los próximos años. En este marco, el papel de las fuerzas, partidos y gobiernos de izquierdas es fundamental, ya que representa la única vertiente capaz de articular los elementos políticos, ideológicos y culturales que requiere la construcción de un mundo mejor. El Partido del Trabajo propone y enfoca sus esfuerzos para la transformación de nuestro país y del mundo en esta dirección.

2.   México en el nuevo contexto internacional

México está transitando desde muchos años por un proceso de estancamiento económico prolongado, ausencia de desarrollo y deterioro del tejido social, y desgaste y crisis de las instituciones. Precisamente, un rasgo distintivo de esta crisis es la parálisis institucional resultado de haber confiado ciegamente en un proyecto neoliberal basado en la integración económica y financiera con Estados Unidos, país que desde la era Bush (2000-2008) se fue distanciado crecientemente de México. Las acciones de Barack Obama no lograron cambios trascendentales a nuestro favor. Y la llegada de Donald Trump al gobierno de los EUA ha traído consigo un panorama significativamente adverso para México en las relaciones bilaterales.

La irresponsable incomprensión de los riesgos financieros, económicos, sociales y políticos de la crisis, por parte de los recientes gobiernos de los EUA y México, han agudizado los efectos negativos del modelo neoliberal. De hecho, desde que estalló la crisis mundial en 2008 se puso en evidencia el agotamiento del mismo, y sin embargo sigue prevaleciendo en la dinámica mundial.

En este contexto, se ha venido configurando un escenario de transformaciones geopolíticas y geoeconómicas, y de redefiniciones geoestratégicas, entre las principales potencias imperialistas, los llamados países emergentes, los bloques regionales y los “países en vías de desarrollo”. México ha perdido presencia en este escenario como resultado, sobre todo, del errático manejo de la política exterior por los tres recientes gobiernos neoliberales.

El Partido del Trabajo considera que la recuperación del importante papel que tuvo México en el concierto internacional el periodo 1934-2000, sólo puede provenir de la adopción de un Nuevo Proyecto Nacional, para establecer un nuevo rumbo económico, enfrentar la crisis, la defensa de la economía popular, el desarrollo social sustentable, y la recuperación de la soberanía nacional; todo ello respaldado en el más amplio apoyo de las clases trabajadoras, las masas populares y los pequeños, medianos y grandes empresarios nacionalistas.

Desde luego, lo anterior acompañado de una nueva política exterior sustentada en la “Doctrina Estrada”, pero adaptada a las circunstancias del mundo actual. La recuperación de la política exterior mexicana exige un cambio de ejes, que implica trasladar el énfasis de la política nacional al fortalecimiento interno para negociar con éxito en la arena internacional. Negando esta fórmula elemental, los gobiernos de Salinas en adelante hicieron lo contrario, es decir, trataron de crear condiciones favorables a partir de acuerdos externos para de allí mejorar la situación interna. Esta estrategia rindió algunos frutos, pero vista en perspectiva y ante los retos que se avecinan puede evaluarse como fallida.

Solamente con fortaleza interna México podría llevar adelante una política exterior que consolide su búsqueda de mejores espacios internacionales como lo han hecho China, Corea del Sur, Brasil, India y en cierta medida Chile. El reconocimiento del liderazgo internacional de México exige también un nuevo acercamiento con sus vecinos latinoamericanos para de allí derivar acuerdos diplomáticos, comerciales, productivos, financieros y culturales, que sirvan de contrapeso a las tendencias más negativas que generó la globalización neoliberal y para enfrentar en mejores condiciones los graves y prolongados efectos que ha provocado la crisis económica mundial y los que está generando el gobierno estadunidense de Donald Trump.

3.   México y Estados Unidos de Norteamérica

Tras una sucesión de cambios dramáticos en los Estados Unidos como fueron los escándalos corporativos, el terrorismo, la crisis económico-financiera que devino mundial, y actualmente las contradicciones y desencuentros generados por la administración de D. Trump, se ha producido un alejamiento entre ambos países que se vio también alimentado por conflictos de largo plazo que permanecieron encubiertos por la prosperidad de los años noventa del siglo pasado.

El racismo antimexicano en Estados Unidos había venido creciendo desde fines de los ochenta a medida que los inmigrantes mexicanos se convertían en la primera minoría en ese país. La crisis en el agro -que alimentó la migración- y el tráfico de drogas se conjuntaron para dar la impresión entre los grupos conservadores de los EUA de que México es la principal amenaza social y a la seguridad de ese país, postura retomada y propalada insistentemente por Trump. Por un tiempo pareció que el TLCAN podría haber revertido la situación anterior, generando beneficios para los grupos mayoritarios de la población de nuestro país, pero el tratado comercial sólo produjo ganancias que capitalizaron la oligarquía nacional y sus aliados transnacionales.

En síntesis, las relaciones entre México y Estados Unidos de Norteamérica se han enfriado y deteriorado considerablemente. Esto se ha expresado especialmente en los temas de la migración y del TLCAN. Sobre ambas cuestiones se ha expresado con excesiva beligerancia el gobierno de Trump, y su propósito expreso es someter a México.

El Partido del Trabajo propone que nuestro país aproveche la situación para sacudirse la dependencia y subordinación a que ha estado sometido a los EUA desde la época de Porfirio Díaz hasta nuestros días. Adoptar una postura firme de defensa a la dignidad y los derechos de los migrantes mexicanos en ese país. Proponer una agenda común para elaborar una reforma migratoria que beneficie a ambos países. Una renegociación firme, apegada a la defensa de los intereses comerciales, económicos, financieros y laborales, entre otros, de México por parte de nuestro gobierno; y apoyada en el marco jurídico-económico internacional. Y de no ser posible llegar a acuerdos en estos términos, iniciar la disolución ordenada del TLCAN. En tal circunstancia, llevar la relación bilateral de manera urgente pero inteligente a un nuevo terreno de negociación. En dicha renegociación el restablecimiento de la vocación latinoamericanista de México sería una carta que jugaría a nuestro favor y, por lo tanto, proponemos que el gobierno la retome inmediatamente.

4.    Acuerdos y tratados en los principales ámbitos de las relaciones exteriores: economía, ambiente, ciencia y tecnología y derecho internacional

La tradición de los gobiernos neoliberales priístas, retomada en su momento por los gobiernos subsiguientes de Fox y Calderón, y también por el de Peña Nieto, ha consistido en privilegiar las relaciones económicas y comerciales con los EUA. No obstante, a lo largo de esos mismos gobiernos México suscribió acuerdos y tratados con otros países, batiendo el record mundial por el número de ellos. Pero a pesar de lo anterior, aún permanece el rezago de México en términos de ciencia y tecnología, derecho internacional, combate al crimen organizado y medio ambiente. Inexplicablemente, en muchos sentidos seguimos cerrados a influencias del exterior, que podrían usarse para enriquecer, desarrollar y fortalecer a nuestro país en todos esos ámbitos y algunos otros.

El Partido del Trabajo considera que la diversidad enriquece. Proponemos que los acuerdos y tratados internacionales celebrados por México tengan un contenido no sólo económico-comercial, sino también científico y cultural, para nivelar las materias en que se han concentrado nuestros tratos con los países latinoamericanos y caribeños.

El principio motor que mejor contribuye a que los países avancen en el desarrollo y consolidación de sus vínculos es el de la solidaridad. Por esa razón, insistimos que los tratados y acuerdos en que México sea parte, sean analizados y discutidos desde la perspectiva solidaria y no sólo desde la perspectiva unilateral del costo-beneficio. Consideramos que no es solamente cambiando de contenido los tratados y acuerdos lo que nos acercará más a nuestros países hermanos sino, sobre todo, la perspectiva de solidaridad desde la cual se aborden las negociaciones y los acuerdos.

5.   México y América Latina

Con la creciente integración que se fue llevando a cabo con la economía de Norteamérica, México experimentó un fuerte alejamiento con sus vecinos de América Latina y el Caribe que sólo se vio parcialmente compensado por algunas iniciativas en materia comercial bilateral. Muchos gobiernos resintieron ese alejamiento, principalmente las naciones centroamericanas. La rivalidad con Brasil llegó a su máximo histórico hacia mediados de la primera década del siglo XXI, debido al choque político en torno a los espacios de integración comercial del TLCAN y ALCA vs el MERCOSUR. La relación con Cuba se fue deteriorando con altibajos desde mediados de la década de 1990 hasta ahora, dejando un sordo resentimiento que no acaba de superarse.

En todo caso, México permanece como el vecino distante y no podrá recomponer esas relaciones con facilidad porque afronta problemas muy serios en muchos ámbitos de su política exterior, que exigen respuestas casi simultáneas. Si después de la firma del TLCAN México pareció gozar de una situación privilegiada que le permitía actuar como bisagra uniendo a las dos Américas, después se convirtió en un factor de desunión que ha complicado su reposicionamiento en el mundo. Y ante el interés del gobierno de los EUA de renegociar el TLCAN en términos de absoluto beneficio para ese país y de sometimiento de México, se hace evidente el error estratégico y el aislamiento en que se incurrió, y debe corregirse retomando el sentido latinoamericanista que siempre nos caracterizó antes de adoptar el neoliberalismo. Proponemos corregir el rumbo en este sentido. 

6.   Bilateralidad y multilateralidad en el nuevo contexto

México debe rectificar su política exterior hacia la multilateralidad, apoyado en una recomposición interna que le de la fuerza que requiere. La clave está en buscar una aproximación con todos los países de América Latina y el Caribe y que sirva como plataforma para abrir nuevas negociaciones con EUA, la UE y los países del oriente asiático, en particular China, Japón y Corea del Sur.

El futuro de la política exterior de México depende por lo tanto de un giro dramático en el que se trastoquen y reubiquen los elementos que la componen que ya no garantizan ganancias estratégicas. No hay posibilidades de renegociación con Estados Unidos en tanto prive la debilidad interna y la nueva relación con América Latina y el Caribe no podrá avanzar si México sigue siendo visto como un país subordinado a los EUA.

El giro que debe dar México en cuanto a su política exterior debe combinar los mejores elementos de su tradición diplomática como la Doctrina Estrada, con un nuevo activismo basado en su tradición latinoamericanista. La voz exterior de México debe alzarse para demandar un orden internacional más justo, el control y regulación efectiva del capital financiero especulativo, privilegiar el combate a la pobreza, derrotar al militarismo y reclamar mayor espacio para el desarrollo nacional, que es la única vía para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías.

El Partido Verde Ecologista de México se ha comprometido con la protección del medio ambiente y la contención del deterioro ecológico; por lo que su acción política se ha orientado a la promoción de un desarrollo sustentable que permita a los seres humanos vivir en una sociedad justa y libre, pero sobre todo, en armonía con la naturaleza.

México es un país que cuenta con diversidad cultural, que concibe una mezcla de tradiciones y costumbres extraordinarias, que nos hace ser un país excepcional, con una geografía inigualable. Jalisco es un Estado lleno de riquezas naturales, las cuales pueden permitir generar un desarrollo económico y social equitativo para todos. Hoy atravesamos por desafíos que  obstaculizan el crecimiento y desarrollo adecuado de la sociedad. Ante un horizonte de violencia, violaciones de derechos, desigualdad e injusticia, es más urgente que nunca recuperar la confianza en nuestro estado para reconstruir el revestimiento social y lograr un país más armonioso.

Como nación y estado, contamos con fortalezas que pueden hacerle frente a los desafíos existentes como desastres naturales y sismos de gran intensidad. La empatía generada entre los mexicanos a causa de acontecimientos recientes se puede aprovechar para que de manera responsable, esas oportunidades se puedan convertir en logros, con el fin de construir un México más próspero, más libre y más justo.

El Partido Verde Ecologista de México busca construir soluciones mediante el desarrollo e implementación de políticas públicas que tengan como objetivo principal el desarrollo sostenible del país y del estado. Mediante la responsabilidad y el compromiso se podrán  ejecutar las propuestas que contribuyan a mejorar el rumbo.

Atravesamos dificultades sociales, políticas, económicas y culturales que se reflejan en diferentes ámbitos como son la pobreza, la corrupción, la deficiente oferta educativa y de salud, así como la inseguridad que ha derivado en una ola de violencia,  principalmente hacia las mujeres, que se ha ido incrementando con el paso del tiempo. Aunado a esto existe un problema grave de desempleo y falta de oportunidades que afecta a la sociedad en general, pero sobre todo a los jóvenes, quienes enfrentan grandes barreras que les impiden desarrollarse profesionalmente.

Desde sus orígenes, el Partido Verde Ecologista de México ha luchado por convertirse en un instrumento político de representación social de las causas que aquejan a nuestro país. No cabe duda que el esfuerzo, pasión y trabajo del partido se han visto reflejados en las urnas; esto ha sido posible gracias a la confianza depositada por los ciudadanos en la plataforma electoral del Partido Verde.

En este tenor, el Partido Verde propone políticas públicas encaminadas a una mejora en términos de  seguridad,  justicia, crecimiento económico sustentable,  empoderamiento de las mujeres, al desarrollo económico para los jóvenes, una  mejora en la educación,  inclusión social,  seguridad, una oferta de salud dirigida al público infantil y el equilibrio ambiental respetando todas la manifestaciones de la vida, protegiendo al  medio ambiente y la contención del deterioro ecológico. Estas acciones políticas se orientan a la promoción de un desarrollo sustentable que permita a los seres humanos vivir en una sociedad justa, libre y en armonía con la naturaleza.

Con esa convicción, el Partido Verde Ecologista de México presenta esta plataforma electoral, en la cual se toman en cuenta las problemáticas que se tienen en diversos sectores sociales de todas las regiones del Estado. Siempre actuando con responsabilidad y generando una relación de empatía entre la institución política y la sociedad, sin olvidar nuestros principios rectores como lo son el cuidado al medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Es importante resaltar que el Partido Verde Ecologista trabajará en conjunto con la sociedad organizada de manera participativa, democrática y libre, a fin de tomar las decisiones fundamentales de su interés, que favorezcan la protección de los recursos naturales y la protección de cada persona; impulsando también el desarrollo económico, político, social e individual en una sociedad más justa, que respeta la vida y la naturaleza.

No obstante, proteger el medio ambiente es solo una parte, ya que las condiciones sociales y políticas que enfrenta el país, ha propiciado que sea necesario también proteger  la seguridad, la economía, la educación, y la salud de los mexicanos; porque proteger es la naturaleza del Partido Verde Ecologista de México.

Durante las anteriores legislaturas federales y locales, así como con el trabajo en conjunto con las diferentes instancias de gobierno, logramos la implementación y reformas de leyes; con lo cual hemos creado avances reales y significativos en la construcción de un Estado moderno, cercano a la gente y apegado a los principios rectores del Partido Verde, mediante las siguientes acciones nacionales concretas:

  • En 2013 aprobamos la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en la cual se establece un sistema de responsabilidad ambiental en el que se hace realidad el principio que el que contamine pague y repare el daño.
  • Modificamos la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, con lo cual se lograron duplicar las penas actuales, quedando como sanción máxima 140 años de prisión, de esta manera los delincuentes no volverán a obtener su libertad durante toda su vida.
  • Logramos se modificara el artículo 6° de la Ley General de Educación, con el objetivo de que a ningún estudiante se le condicionen los servicios educativos por el pago de alguna cuota escolar.
  • Reformamos la Ley General de Educación, con el objetivo de que la educación que imparta el Estado, contemple en sus contenidos la educación ambiental y el Cambio Climático.
  • Comprometidos con la protección y el trato digno a los animales, impulsamos una ley que prohíbe el uso de cualquier tipo de animal, en espectáculos circenses. Algunas de las entidades que ya modificaron sus leyes para prohibir la presentación de circos con animales son: Colima, Guerrero, Morelos, Querétaro, Chihuahua, Chiapas, Puebla, Zacatecas, Coahuila, Veracruz y el Distrito Federal.
  • Reformamos la Ley de Vida Silvestre con el objeto de prohibir el aprovechamiento extractivo de mamíferos marinos y primates con fines comerciales.
  • Logramos incluir en el artículo 4 constitucional, el derecho a un medio ambiente sano para todos los mexicanos.
  • Logramos incluir el interés legítimo en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con el que se faculta a las personas físicas y morales a impugnar los actos administrativos de los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de ANP’s o los reglamentos y normas en la materia.
  • Protegimos a los bosques de manglar restringiendo las actividades que se pueden desarrollar sobre estos ecosistemas, prohibiendo el aprovechamiento de cualquier tipo de manglar.
  • Fortalecimos la figura de “Certificación voluntaria de predios destinados a la conservación” con el objetivo de ampliar las áreas naturales protegidas (ANP).
  • Propusimos y aprobamos la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Por primera vez nuestro país cuenta con un marco regulatorio que promueve el financiamiento para la producción de energías alternativas.
  • Impulsamos un Fondo Especial en el presupuesto público anual para la generación de electricidad a través de fuentes renovables de energía como la solar, eólica, mareomotriz, biocombustibles y minihidráulica.
  • Garantizamos el derecho al agua al conseguir una reforma constitucional que especifica el derecho que toda persona tiene al agua para consumo personal y doméstico además de su saneamiento.
  • Propusimos la iniciativa de Ley General de la Calidad del Aire y la Protección a la Atmósfera, que tiene el objetivo de homologar los criterios y políticas públicas para la prevención.

En nuestro Estado de Jalisco se lograron las siguientes acciones:

  • En Jalisco, ésta legislatura se propuso el inhibir conductas que dañaran el medio ambiente, para ello se propuso el promulgar la Ley de Responsabilidad Ambiental del estado de Jalisco, así como el aumentar las sanciones previstas en el Código Penal del Estado así como en la Ley de Justicia Administrativa del estado de Jalisco.
  • Se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Jalisco para implementar medidas que fomenten el desarrollo sustentable y el aprovechamiento de los recursos naturales.
  • Se implementó por primera vez en el presupuesto una partida presupuestal para el saneamiento del Lago de Chapala.
  • Logramos reformar diversos artículos de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios que garantizan la protección y el saneamiento del agua en el Estado.
  • Generamos una reforma sustancial a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios para regular el Silencio Administrativo con la finalidad de que ésta figura deje de poner en riesgo nuestras áreas naturales por intereses mobiliarios.
  • Logramos el que las empresas ambientalmente responsables, tengan benéficos fiscales por acreditar su certificación que emite el Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario.
  • Incluimos en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente en el Estado de Jalisco, el fomento a la investigación científica para la regulación de actividades tecnológicas que pretendan modificar artificialmente el clima.
  • Aprobamos en el 2017 la Ley de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas del estado de Jalisco y sus Municipios con la finalidad de establecer estándares generales para la protección de árboles plantados o nacidos en áreas urbanas del Estado de Jalisco.
  • Modificamos la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo con la finalidad de impedir el que se hagan cambios de uso de suelo cuando se afecten áreas por incendios intencionales.
  • Logramos generar incentivos fiscales para quienes implementen jardines verticales y techos verdes en sus viviendas.
  • Con la aprobación de nuestra propuesta de reforma a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, apoyamos a 1484 choferes de taxi para que se les otorgara su permiso.
  • Logramos reformas a la Constitución local así como a la Ley de Educación del Estado de Jalisco, para que en Jalisco la Educación sea incluyente, en donde se atienda de manera integral a las personas con alguna discapacidad.
  • Propusimos el incrementar las becas hasta en un 10% así como eliminar el cobro por conceptos de reinscripción.
  • Nos sumamos en el combate a la corrupción del Estado, por ello propusimos diversas reformas que hoy fortalecen nuestro Sistema Estatal Anticorrupción.
  • Tipificamos como delito, cuando aprovechándose de una relación sentimental, se difundan fotos y videos de contenido erótico.
  • Se logró eliminar el impuesto en materia de negocios jurídicos e instrumentos notariales, incentivando a la ciudadanía a formalizar actos legales.
  • Reformamos la Ley para Fomentar la Donación Altruista de Alimentos del Estado de Jalisco, con la finalidad de fomentar la donación de alimentos que no puedan solventar sus necesidades alimentarias.
  • Fomentamos el que se les brinden trabajo a los jóvenes recién egresados en empresas a cambio incentivos fiscales.

Estaremos trabajando sin descanso para que se implementen soluciones, en todos los espacios políticos a los que el voto de los mexicanos nos permitan acceder, para construir: un Jalisco seguro, un Jalisco prospero, un Jalisco en el que los jaliscienses tengan acceso a la salud, un Jalisco en el que las mujeres vivan sin miedo, un Jalisco sin hambre, un Jalisco que brinde oportunidades para todos. Con estos objetivos claros y nuestra confianza depositada en la nación y sus instituciones, todos nuestros partidarios, candidatos y simpatizantes, llevaremos a cada espacio del gobierno la siguiente plataforma electoral.

 

En el 2016, según el Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) para América Latina y el Caribe, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentado en el Senado de la República, se informó que la principal amenaza para el progreso, es la recaída de millones de hogares en la pobreza, aunque la ralentización económica no es la única culpable de tal regresión. Asimismo, el Informe sostuvo recomendaciones para que México, en particular, impida retrocesos y siga avanzando en lo social, económico y ambiental, con políticas públicas de nueva generación, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con la finalidad de no tener retrocesos y avanzar en lo social, económico, ambiental y en seguridad, el Partido Verde Ecologista de México propone en esta plataforma, fortalecer estos temas mediante una agenda de trabajo a corto y mediano plazo, para mejorar la calidad del entorno natural y urbano, garantizando mejores mecanismos de acceso a la justicia, a la salud, a un medio ambiente sano y a los derechos humanos.

Para los jaliscienses un tema importante es el de la alimentación, así que en el 2011 con la reforma constitucional en el artículo cuarto sobre los derechos humanos, incorporó la garantía para todas las personas del derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Con este cambio, se establecieron los fines del desarrollo social para el abasto suficiente y oportuno a la población de los alimentos básicos.

Alimentación y pobreza

En 2008 la población en México presentaba condiciones de pobreza extrema de alimentación se ubicaba en alrededor de 6.6 millones, es decir 5.9% de la población total del país, mientras que en 2010 este número ascendió a 7.8 millones (6.9% del total de la población), para de ahí disminuir a 7.0 millones (6.0%) en 2012. Además de la relevancia que la carencia de acceso a una alimentación adecuada reviste por sí misma, entre la población en pobreza extrema de alimentación se presentan mayores porcentajes de personas que carecen de acceso a los derechos sociales que les corresponden por ley, en comparación con las cifras correspondientes al ámbito nacional.

De acuerdo con la FAO, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tengan en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.

A nivel teórico, el análisis del derecho a la alimentación ha tenido un desarrollo prolífico gracias a diversos estudios elaborados por la FAO; y a nivel práctico, ha sido un compromiso asumido por la comunidad internacional a raíz de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación realizada en 1996, de la cual México es parte y a través de la cual asumió su compromiso de adecuar su política a fin de combatir y erradicar los problemas de acceso a la alimentación.

Juventud y empleo

Otro tema social es la población de jóvenes, el principal problema de la juventud es su incorporación al desarrollo del estado y en el país en condiciones desfavorables, debido a dificultades para la inserción en el mercado laboral, la desvinculación entre los jóvenes y el entorno que los rodea, la deficiente formación y desarrollo de habilidades que permitan el desarrollo personal y la escasa educación sexual y reproductiva que conduce a una mayor incidencia de embarazos en adolescentes.

Mientras que los efectos más importantes de esta situación son la alta incidencia de pobreza entre la población joven, desaprovechamiento del bono demográfico que actualmente goza el país y elevada victimización de los jóvenes.

Entre los principales factores que dificultan la inserción laboral de los jóvenes destacan la carencia de programas de práctica laboral, una escasa generación de empleo, una desarticulación entre la relación educación – trabajo (demanda y oferta desvinculadas), así como una baja innovación y emprendedurismo.

Economía

Con respecto a lo económico, en el tercer trimestre de 2017 la economía mexicana registró una contracción, la cual reflejó tanto una desaceleración más acentuada de algunos componentes de la demanda agregada, como los efectos adversos aunque temporales, ocasionados por los sismos y por la importante reducción de la producción petrolera que tuvieron lugar en septiembre.

A pesar de lo anterior, las previsiones de crecimiento económico del Banco de México no han cambiado para 2018 donde se pronostica que se ubique entre 2.0 y 3.0 por ciento, en tanto que para 2019 se prevé una tasa de expansión de entre 2.2 y 3.2 por ciento.

En este escenario, se anticipa que continúe la tendencia a la baja de la inflación general anual y que esta trayectoria se acentúe durante el próximo año, conduciendo a la convergencia al objetivo de 3.0 por ciento hacia finales de 2018. Es hasta en 2019, cuando se espera que la inflación fluctúe alrededor de dicho objetivo.

No obstante, es importante destacar que el balance de riesgos para el crecimiento se ha deteriorado, y se encuentra con mayores probabilidades de ir a la baja, principalmente debido a que la incertidumbre asociada a la renegociación del TLCAN ha mantenido en niveles deprimidos la inversión y posiblemente es una de las causas de la desaceleración del consumo.

Por otra parte, el débil desempeño en el empleo refleja la disminución en la participación laboral de los jóvenes y trabajadores de más edad. Las proyecciones de la OCDE indican que el empleo y la participación en México seguirán siendo débiles hasta finales de 2018, un dato interesante es el que da a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al segundo trimestre de 2017, donde se menciona que en el país existen poco más de 770 mil jóvenes entre 20 y 29 años de edad sin empleo.

De ahí la necesidad de construir un planteamiento hacendario y social, que tome en cuenta la necesidad de establecer una red de protección social básica de alcance universal. Hoy en día existen las condiciones dadas para establecer una red de salud universal, prueba de ello, es el Paquete Económico para 2018 aprobado recientemente por el Congreso de la Unión que refuerza el compromiso del Gobierno Federal de continuar con la consolidación fiscal. Destaca que las finanzas públicas alcanzarían por segundo año consecutivo un superávit primario en 2018 y la deuda pública continuaría con una trayectoria a la baja.

Dado que las condiciones en el mercado laboral se han venido estrechando, de modo que parecería no haber holgura en dicho mercado, la situación de los jóvenes constituye un desafío que puede ser muy delicado en el futuro y que debe ser atendido sin aplazamiento, ante esta situación y el contexto económico adverso que pasa la economía mexicana, la facilitación de recursos para jóvenes para emprender sus propios proyectos de negocio y de vida es indispensable, junto con medidas que permitan incidir en un aumento de la productividad y de la competitividad del estado, así como de un crecimiento económico equilibrado, donde la creación de las Zonas Económicas Especiales vienen a tener un papel fundamental, en el cual se le debe de otorgar a los inversionistas mayores incentivos económicos para contratar y capacitar a los trabajadores originarios de las zonas de influencia, y así lograr un crecimiento económico balanceado a nivel regional.

Medio ambiente

En México y en especial Jalisco, el medio ambiente ha tenido grandes afectaciones, a consecuencia de las diversas actividades humanas que generan contaminación, así como del cambio climático, lo cual ha puesto en riesgo los recursos naturales y la biodiversidad.

El cambio climático, es la variación de temperatura en el planeta, debido a causas naturales y también por la acción del hombre. Uno de los impactos ambientales que ha generado el cambio climático es el aumento de la temperatura, esto ha producidoel aumento del número e intensidad de los ciclones tropicales, ya que existe evidencia que la intensidad de los huracanes ha sido influenciada directamente por el incremento de la temperatura de los océanos. En México diferentes fenómenos meteorológicos de este tipo han sucedido, mientras que en 27 años, de 1970 a 1997 ocurrieron 12 huracanes con categorías H3, H4 y H5, en tan solo 13 años, del 2002 al 2015 hubo 10 ciclones con las mismas categorías.

Otro efecto del cambio climático, es el aumento en el nivel del mar, causado por el deshielo de los glaciares, esto es visible en las costas del Golfo de México, como en Veracruz, donde el incremento anual fue de 1.9 milímetros y el de Ciudad Madero, Tamaulipas llego a los 9.16 milímetros. En el pacífico sobresalieron anualmente Guaymas, Sonora con 4.23 milímetros y Manzanillo, Colima con incrementos de 3.28 milímetros.

Asimismo, el cambio de temperatura y las acciones realizadas por el humano ha repercutido en el suelo. Dentro de los principales factores que repercuten en el deterioro ambiental, es la generación de residuos, la afectación a la calidad del aire, agua y suelo, problemas que provocan severos problemas de salud y afectaciones en los ecosistemas naturales. Un claro ejemplo de ello en nuestro Estado es  la contaminación atmosférica que hoy en día representa, por sus efectos en la salud humana, uno de los problemas ambientales más importantes de las ciudades tanto en los países desarrollados y en vías de hacerlo.

Tan sólo en nuestro Estado, el crecimiento acelerado de los centros de población, de las actividades industriales, así como del parque vehicular, han propiciado el aumento de la concentración de contaminantes en la atmósfera generando una destacada problemática ambiental para los habitantes de en Jalisco, tal es el caso del Área Metropolitana de Guadalajara en donde los niveles de contaminantes nocivos del aire están excediendo en muchos casos los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, afectando directamente el desarrollo económico y social.

Así, en la Área Metropolitana de Guadalajara, por sus características y población, existen problemas relacionados con la emisión y generación de aerosoles atmosféricos, así como episodios de elevadas concentraciones de ozono troposférico, el cual es generado por emisiones primarias de óxidos de nitrógeno (NOX) y compuestos orgánicos volátiles (COVs).

Además, los efectos se manifiestan también a nivel regional como lo es la afectación de los bosques y ecosistemas acuáticos debido a la lluvia ácida o, incluso, a nivel mundial, en el proceso de calentamiento global y en la reducción del espesor de la capa de ozono estratosférico.

Estas afectaciones han incitado el que se tomen medidas que abonen en el combate al Cambio climático, como la implementación de un nuevo Programa de verificación vehicular en el Estado, la creación de una Agencia de Energía así como la creación del Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco (PED 2013-2033)[1], cuyo fin es el de enfocar esfuerzos para mitigar los efectos del cambio climático y la huella ecológica del desarrollo.

No obstante aún con las medidas antes mencionadas,  la problemática ambiental hoy en día afecta severamente a esta mega diversidad así como a los ecosistemas a causa de la producción de sustancias contaminantes producidas por las actividades del hombre, de ahí la necesidad de seguir abonando en éstos temas que repercutan positivamente en nuestro entorno, aprovechando responsablemente el potencial de los recursos renovables que tenemos en el Estado y desde luego maximizando la eficiencia energética eléctrica en todos los sectores productivos, que nos permita el desarrollo e implementación de la política pública, estrategia, proyectos y programas estatales con una Estrategia Estatal en coordinación con los municipios, en total apego a las competencias de los tres órdenes de Gobierno.

Un ejemplo de contaminante, es el bióxido de carbono que se concentra en el aire, generado por las altas emisiones vehiculares provocadas en los congestionamientos que se generan en los horarios pico, entrada y salida de los trabajos y el traslado largo al trabajo origina estrés en las personas y desgaste físico por el tiempo que se pierde en intentar llegar al trabajo. Estos acontecimientos afectan principalmente la calidad del aire y la productividad en los centros de trabajo.

Otra problemática es la gestión integral de los residuos, como es la acumulación en los rellenos sanitarios sin cumplir con la aplicación de la legislación vigente o sin aprovechar los gases de efecto invernadero para generar energía, afectando de forma directa las propiedades físicas y químicas del suelo, también se contamina el aire y el manto freático, ya que al dejar la basura al aire libre se genera mal olor y gases tóxicos que afectan al medio ambiente.

Por otro lado, actualmente la generación de energía eléctrica a partir de las fuentes tradicionales como carbón, petróleo y gas es muy costosa y contaminante, ya que tienen un impacto ecológico negativo. Ante esto, una de las ventajas de los avances tecnológicos es la generación de energía limpia, una opción sencilla es la colocación de paneles solares para aprovechar la radiación solar.

Por otro lado, el consumo de agua es un tema que siempre está en la agenda pública. México es el quinto país en consumo de agua, con un promedio de 380 litros al día, este promedio refleja la falta de conciencia en la población, lo que ocasiona la sobreexplotación del acuífero para satisfacer la demanda del vital líquido.

Otro problema, es el maltrato animal, como es la captura de animales silvestres y la venta en malas condiciones de estas especies, como de los animales de compañía que no reciben un trato digno cuando se ponen a la venta o a la exhibición.

México forma parte de un selecto grupo de naciones a los que se les considera Mega diverso, ya que concentran el 70% de la biodiversidad a nivel mundial y Jalisco cuenta con  el lago más grande de la República Mexicana, el tercero en tamaño en América Latina y el segundo en altura de América. La falta de interés de la población en la preservación del medio ambiente y de su potencial, es una consecuencia de falta de cultura para entender la importancia del cuidado del planeta Tierra. Sin olvidar la falta de la aplicación de la normatividad por parte de la autoridad.

Seguridad

Finalmente, los retos que enfrenta México en materia de seguridad estriban principalmente en erradicar la disparidad institucional existente entre los niveles federal y local. Instituciones como el Ejército, la Marina y la Policía Federal, se caracterizan por su profesionalismo notable, mientras que las instituciones de seguridad local adolecen de elementos tanto humanos como estructurales para cumplir su cometido.

A manera de ejemplo, es preciso destacar que aunque en el Estado de Jalisco  los 125 municipios cuentan con corporaciones de seguridad pública propias, a partir de 2015 se desarmaron a 6 corporaciones municipales, con la finalidad de impulsar e implementar eficazmente el mando único, lo anterior derivado de la aprobación del Consejo Estatal de Seguridad Pública a principio del actual sexenio, para la inversión de 129 millones de pesos en programas encaminados a la prevención social de violencia y delincuencia.

Por otro lado, las condiciones laborales tampoco son las mejores para nuestros policías. Desde hace cinco años se han buscado generar condiciones de uniformidad en los sueldos, mayores y mejores prestaciones para los elementos de seguridad,  pues con la creación de la fuerza única, según datos del Gobierno del Estado se comenzó a consolidar esta visión, al garantizar que los policías en nuestra entidad fueran los mejores pagados del país con un sueldo de 22,400 pesos menos impuestos.

Acerca de la incidencia delictiva la situación en Jalisco es preocupante, pues se ha informado de manera oficial que diversos delitos van al alza. De manera particular debe destacarse que en nuestra entidad, durante el último año se registraron de manera oficial  más de 108,388 denuncias por la comisión de diversos delitos,  además de un incremento alarmante en el número de homicidios alcanzado la preocupante cifra de 1922  durante el pasado 2017, lo que nos coloca como una de las entidades federativas más violentas del país. 

Otro de los aspectos que forma parte de la problemática en materia de seguridad lo encontramos en los niveles de confianza y la percepción de la ciudadanía de las instituciones encargadas de procurarles seguridad y perseguir los delitos. Acerca de las cifras de personas que identifican a las instituciones de seguridad pública según la percepción de corrupción, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017, muestra que en Jalisco el 60 % de la población de 18 años y más, considera a la inseguridad como el problema más grave de la entidad federativa, y considerando como los más corruptos a los policías de tránsito,  jueces y a las policías preventivas municipales con un 77% 76 y 62% respectivamente.

En materia de evaluación, encontramos que las pruebas de control de confianza son un requisito de ingreso y permanencia en las instituciones de seguridad, acerca de las cuales encontramos que la mayoría de los policías fueron evaluados hace menos de un año en las siguientes pruebas: Psicológica (64%), entorno socioeconómico (58%), poligráfica (57%), toxicológica (74%) y médica (72%); De los 20 mil 536 elementos en nuestra entidad que han realizado el examen de control y confianza, 17 mil 277 lo aprobaron; es decir, 84.14%, pero tres mil 259 reprobaron (15.86%).

Por último, acerca de la percepción de seguridad por parte de los policías tenemos que 4 de cada 10 policías consideran que la situación a nivel estatal y nacional sigue igual y 1 de cada 10 considera que la situación en el país ha empeorado (respecto a años anteriores), y 8 de cada 10 policías entrevistados consideran que el número de policías en sus corporaciones es insuficiente.

En tal virtud, es imperativa la revisión profunda de los esquemas de seguridad tanto a nivel federal, como a nivel local, a fin de unificar el andamiaje legal, administrativo y presupuestal en esa materia, para lograr policías con capacidad de respuesta, capacitación, infraestructura y equipamiento, y con ello revertir las alarmantes cifras de incidencia delictiva en nuestro país y en nuestro estado.

Por otro lado, es necesario atender la problemática de la portación de armas, la cual ha derivado en la generación de un ambiente de violencia en distintas zonas del país y que va en crecimiento.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal, tan solo en el año 2016 y a octubre de 2017, se han cometido un total de 13,596 lesiones con arma de fuego, y un total de 26,746 homicidios con arma de fuego; de las cuales tan sólo en el Estado de Jalisco, entre el 1 de enero de 2012 y el 20 de febrero de 2017, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) practicó seis mil 591 autopsias a personas que murieron por causas violentas, como heridas de arma de fuego, complementariamente la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017, muestra que una tasa del 43.1% de la ciudadanía fue víctima de un delito que implicó la portación de armas, lo cual magnifica lo informado de manera oficial por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues en esos conteos falta la cifra negra que a nivel general supera el 90%. Por lo tanto, es vital garantizar, por medio de controles efectivos que la portación de armas en el país sea específicamente para dar seguridad y permitir la legítima defensa de los ciudadanos, pero con políticas y sanciones precisas para evitar la comisión de delitos con ese tipo de artefactos que únicamente influyen a empeorar el clima de violencia en México.

Cabe mencionar que Jalisco, ocupa el onceavo lugar de desarme voluntario según los registros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Entre 2008 y 2015, los jaliscienses regresaron voluntariamente tres mil 769 armas cortas y largas. Con la base de datos de la SEDENA se destaca que entre los 36 municipios de Jalisco que participaron en el programa, el que más armamento entregó fue Zapopan (858 unidades), San Cristóbal de la Barranca (678), Ameca (603), Guadalajara (414) y Sayula (409), entre otros, que intercambiaron sus armas por despensas, medicinas, materiales de construcción, herramientas, dinero en efectivo y artículos electrodomésticos, por citar algunos.

[1] Véase: http://sepaf.jalisco.gob.mx/sites/sepaf.jalisco.gob.mx/files/ped-2013-2033_0.pdf

TÍTULO: JUECES JUZGANDO Y NO ADMINISTRANDO

VISIÓN: Contar con tribunales de justicia eficientes y eficaces, en los que ya no exista rezago judicial, la atención al público sea de calidad, los litigios se resuelvan ágilmente y que los mismos sean debidamente fundados y motivados, que los recursos que se asignen del presupuesto se destinen hábilmente al mejor funcionamiento de los mismos, no exista corrupción, deje de imperar el principio de nepotismo al interior de los mismos, que el Consejo de la Judicatura Estatal se integre de forma imparcial respecto de los otros cargos del Poder Judicial, se garantice el debido proceso en las audiencias y los procesos penales duren máximo un año.

RESUMEN EJECUTIVO:

El tema de impartición de justicia es un tema de relevancia pública, es por ello, que se busca mejorar los procesos y métodos de organización y control de la administración del Poder Judicial en  el Estado con objeto de garantizar la seguridad de los ciudadanos, salvaguardar las garantías constitucionales de las víctimas y de todo proceso penal.

Aún con los diversos cambios recientes de reforma constitucionales y legales en el Estado, en materia de justicia penal y seguridad pública, que buscaron reemplazar el sistema de juicios tradicionales, caracterizado por depositar la revisión del proceso en un solo juzgado, por un modelo de corte acusatorio oral en el cual se encuentran separadas las funciones de investigación, acusación y resolución del hecho ilícito.[1] Actualmente la impartición de justicia sigue siendo un problema de seguridad pública, debido a la desconfianza de la sociedad hacia las instituciones y al aparato de justicia.

Para ello, se propone establecer sanciones a los funcionarios públicos que no cumplan con los términos legales establecidos en las leyes, con la finalidad de salvaguardar el debido proceso.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 93.7% del total de delitos ocurridos en el país en 2015 no fueron denunciados o no derivaron en una investigación por parte de la autoridad; entre los principales motivos que mencionaron las víctimas para no denunciar fueron la desconfianza en las autoridades y por considerar una pérdida de tiempo acudir con el Ministerio Público; en Jalisco en el 2014 el 50.9% no fueron denunciados, por las causas anteriores, además que no se cuenta con la confianza, teniendo un porcentaje de confianza de 43%  en el ministerio público  y un 46%  jueces.

La sociedad, en constante y permanente cambio, enfrenta problemas cada vez más diversos y de rápida ocurrencia[2]. Si bien el desarrollo tecnológico ha permitido una mayor eficiencia en el desempeño de las actividades humanas a nivel global[3], el acceso a la justicia aún puede y debe mejorar, así como la atención al público, la calidad en la atención brindada, el rezago judicial que se experimenta en los tribunales, la tardanza en la solución de los litigios, la opacidad en la transparencia y rendición de cuentas en el desempeño del encargo de los servidores públicos.

 La integración parcial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y el funcionamiento integral de los tribunales; son problemas que podrán ser resueltos con las técnicas de organización y control modernas.

Un ejemplo de países que han modificado su marco en materia de sistema de justicia penal son: Argentina, Chile y El Salvador, en los cuales, se ha empleado el principio de división del trabajo para modernizar y volver más eficiente el Poder Judicial, mediante el establecimiento de un administrador por tribunal, que organiza y controla la gestión administrativa para que los jueces se aboquen por entero a la impartición de justicia.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS A NIVEL FEDERAL:

  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial De la Federación, para mejorar el funcionamiento y la impartición de Justicia Con esta reforma se mejorará el funcionamiento de los tribunales, permitiéndole a los jueces encargarse enteramente de sus tareas, lo que modernizará el servicio y mejorará su calidad; se agilizarán los litigios y se utilizará el recurso público de la forma más eficiente. Además, se dotará de autonomía al Consejo de la Judicatura Estatal, pues sus integrantes serán imparciales respecto de otros cargos del Poder Judicial.
  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para modificar el artículo 97, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito cuenten con administradores, los cuales nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial.
  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para reformar el artículo 100, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal sean imparciales y se limite el principio de nepotismo al dejar la contratación del personal en manos del personal de contratación del tribunal, bajo la siguiente propuesta de reforma:

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, cuatro Consejeros serán designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, quienes no podrán seguir siendo jueces al aceptar el cargo, para garantizar su imparcialidad respecto de otros cargos del Poder Judicial; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República.

  • Establecer en el artículo 211, fracción III, tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que el proceso comenzará con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme; bajo ninguna circunstancia podrá durar más de un año contado a partir de la fecha en la cual se admitió el procedimiento.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS A NIVEL  LOCAL:

  • Reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial Del Estado de Jalisco, para mejorar el funcionamiento y la impartición de Justicia Con esta reforma se mejorará el funcionamiento de los tribunales, permitiéndole a los jueces encargarse enteramente de sus tareas, lo que modernizará el servicio y mejorará su calidad; se agilizarán los litigios y se utilizará el recurso público de la forma más eficiente. Además, se dotará de autonomía al Consejo de la Judicatura Estatal, pues sus integrantes serán imparciales respecto de otros cargos del Poder Judicial.
  • Se propone establecer sanciones a los funcionarios públicos que no cumplan con los términos legales establecidos en las leyes, con la finalidad de salvaguardar el debido proceso.
  • Reforzar al consejo de la judicatura del estado como un ente administrador del Poder Judicial, para garantizar una plena impartición de justicia por parte de jueces y magistrados.

TÍTULO: MÉXICO SIN ARMAS.

VISIÓN: Sanciones estrictas por la portación de armas de fuego.

RESUMEN EJECUTIVO:

Se deben endurecer las penas por el delito de portación ilícita de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, derivado de su potencial, en virtud de ello el Partido Verde Ecologista de México propone reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, adicionar al artículo 82 a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y modificar los artículos 81 y 83 de la misma Ley, ello con la finalidad de proteger a la colectividad de la inseguridad y de los abusos de quienes usan armas con el ilícito propósito de atentar contra la vida o el patrimonio de las personas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Las armas están intrínsecamente ligadas a los delitos, en particular el robo y el homicidio, en este rubro las armas de fuego son las que más se usan, dado su alto nivel de letalidad y dan cuenta de 4 de cada 10 homicidios a nivel global[4].

Asimismo, el mercado negro ha aumentado el flujo de armas en México, por ello se ha incrementado la posibilidad de morir incluso en hechos delictivos cuyo propósito no era en principio privar de la vida a una persona, como las riñas y robos.[5]

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó en 2016, que de los 23,953 homicidios ocurridos en ese año, 15,581(65%) fueron perpetrados con un arma de fuego[6].

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS PARA QUE A NIVEL FEDERAL SE REFORME LAS SIGUIENTES DISPOSCIONES:

  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la prisión preventiva oficiosa al delito de portación de armas de fuego para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que el delito de portación ilícita de armas de fuego para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea amerite prisión preventiva oficiosa, con la finalidad de contribuir a la seguridad pública de los estados de la República.
  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para adicionar un artículo 82 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego, con el objetivo de que el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea amerite prisión preventiva oficiosa.
  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para los artículos 81 y 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con la finalidad de aumentar la pena mínima a 5 años de prisión para el delito de portación ilícita de armas de fuego previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la citada Ley. Sin duda, este refuerzo a la regulación constituirá un incentivo mayor para no portar armas de fuego sin el permiso correspondiente.

De acuerdo a que este tema es de propiamente Federal  se realizara lo acuerdos señalados en concordancia a las propuestas Federales, todo ello para dar apoyo y reforzar la seguridad de los Jaliscienses y como miembros del Partido Verde Ecologista de México, en el Estado consideramos que los ciudadanos verán favorable y necesario las propuestas para nuestra seguridad.

TÍTULO: MODELO ÚNICO DE POLICÍA

VISIÓN: Un México y un Jalisco más seguro, sin impunidad, en el que la población pueda confiar en la policía, por su efectividad en la prevención de los delitos.

RESUMEN EJECUTIVO:

En México y en nuestro Estado  enfrenta un grave problema de inseguridad que no ha podido resolverse con la actual heterogeneidad de cuerpos policiacos. Por ello, se proponen distintas reformas a la Constitución y a las leyes correspondientes para crear un modelo único de formación policial, a efecto de que todas las corporaciones del país sigan el mismo cúmulo de requisitos para la formación y profesionalización de sus elementos, con los máximos estándares de control de confianza y capacitación; de esta forma la policía será efectiva y el ejército podrá volver a sus funciones ordinarias. La operación de modelos únicos de formación policial ya ha funcionado en países como Chile; que encabezó los índices de confianza ciudadana en la policía nacional en 2011[7], fue segundo lugar en menos corrupción en 2016[8]de América Latina y está veinticuatro lugares delante de México en el Índice Global de Impunidad del 2016[9].

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

México es el cuarto país con más impunidad en el mundo[10], el sexto con más corrupción en América Latina[11] y el noveno en el que los ciudadanos menos confianza le tienen a los cuerpos policiales[12]. Esta situación refleja las dificultades que genera la existencia de modelos dispares de preparación y requisitos para las policías en los tres niveles: Federal, Estatal y Municipal. Algunas de esas dificultades son: la falta de coordinación entre mandos, la desconfianza entre los distintos cuerpos policiacos; y, la deficiencia en adoptar un mismo modelo de selección y capacitación. El incorrecto funcionamiento de la policía en tres niveles ha causado que el ejército se encargue de lo que no le corresponde para suplir sus deficiencias.

En contraste con México, Chile figura entre los países con menor corrupción e impunidad; y mayor confianza de la ciudadanía en su policía. Los logros de Chile en materia de seguridad se deben a sus políticas de prevención y persecución de los delitos, que operan a través de una policía con jurisdicción nacional altamente preparada con un mejor sueldo que la policía en México[13].

En Chile la policía se unificó en un cuerpo nacional llamado los Carabineros en el año 1927. Antes de eso, en 1881, había dos policías municipales en las ciudades de Santiago y Valparaíso, y una policía rural para las zonas rurales.[14] “El principal problema de estos servicios policiales era su dependencia en las decisiones del alcalde que la usaba para sus fines políticos”.[15]En este sentido, aunque no existen estadísticas de la impunidad y corrupción de aquellos años, el funcionamiento de las policías que respondía a la arbitrariedad del alcalde, y del cual sí se tiene documentación; demuestra un progreso en comparación con los alentadores resultados que ahora consigue la Policía Chilena, que está en las mejores posiciones de confianza ciudadana en América Latina.

Un oficial de Carabineros gana un sueldo bruto de $17,664.60[16], y para que una persona pueda ocupar este puesto de trabajo requiere acreditar haber cursado satisfactoriamente un plan de estudios que abarca las áreas: institucional, profesional, jurídica, de formación general, profesional aplicada y educación física; además que se les incorpora el inglés como segunda lengua. Una vez terminada su capacitación básica se les sigue instruyendo a opción en cursos de especialización, ingenierías y postgrados[17], con ello se demuestra que la unificación de salarios y modelos de preparación dan mejores resultados. En Jalisco los oficiales de policía estatal y municipal en muchas ocasiones solo cuentan con estudios de secundaria o preparatoria y sus salarios varían según el municipio a en la que ejercen sus funciones, siendo el mínimo de un policía municipal $2,983.00 pesos brutos.[18]

Policía bien remunerada:

Según datos de la SEGOB [19], la PGR [20]y la página de transparencia de los Carabineros de Chile [21]se elaboró la siguiente tabla comparativa de los salarios brutos en pesos mexicanos de las policías en México y los Carabineros en Chile:

En Jalisco varían los salariaos de la policía Estatal y aun mas entre los Municipios, ya que un policía del estado su salario es de $7,163 y de un policía investigador B su salario es de $17,012, asimismo existe en el estado la policía de la fuerza Única el cual su salario es de $22,400. En cuanto a los municipal el ayuntamiento peor pagado es Atengo con $2,983, en cambio el Municipio de Zapopan $17,012 que corresponde al mejor pagado en nuestro Estado,

Cuerpo policiaco

Carabineros

Policía

Federal

Policía

Estatal

 

Policía

Municipal

Policía

Única Metropolitana

Sueldo bruto mexicanos

$17,664.60

$29,965.79

Entre

$7,163

$17,012

a

Entre

$2,983 a

$17,012

$22,400

Como se observa la diferencia de salarios tanto en policías Estatales como Municipales es abrumadora. Los bajos sueldos que pueden percibir policías Estatales y Municipales son un incentivo para que participen de la corrupción y colaboren en el crimen organizado. Si en Chile los índices de corrupción y confianza en la policía se han mantenido positivos es recomendable seguir este ejemplo para evitar que el salario sea un incentivo para corromperse.

Policía altamente capacitada

Se propone seguir el ejemplo chileno y que los elementos de las corporaciones policiacas del país acrediten satisfactoriamente un plan de estudios que abarque las áreas: institucional, profesional, jurídica, de formación general, profesional aplicada y educación física. Así, la policía estará debidamente instruida para desarrollar las actividades propias de su cargo.

Las reformas no impactarán a las autoridades administrativas de los centros penitenciarios.

Un informe de Salvador Moreno, para el CESOP de la Cámara de Diputados, menciona que en México hay 17 penitenciarías federales, 278 estatales y 17 locales[22], la pregunta pertinente al respecto es si surtiría algún cambio la administración de estas prisiones con la creación del Código Penal Nacional y de un modelo único de formación policial. Al respecto, debemos señalar que el artículo 124 constitucional establece que todas las facultades que no le son asignadas expresamente a la Federación en el texto fundamental se entienden reservadas a los Estados. El artículo 73 constitucional enumera las facultades expresas de la federación y en virtud de que sólo se reforma la relativa a expedir las leyes en materia penal, no se alteraría el ámbito competencial de estados ni municipios en cuanto a los reclusorios. Concluimos entonces que las autoridades administrativas de las cárceles Federales, Estatales y locales no se verían impactados por tal reforma.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS PARA QUE A NIVEL FEDERAL SE REALICE LO SIGUIENTE:

  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para reformar el artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para alinear su contenido con la existencia de un modelo único de formación policial.
  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para reformar el artículo 21 constitucional para que en las bases mínimas para cumplir los objetivos de la seguridad pública, exista un modelo único de formación y capacitación, con los mismos requisitos para todas aquellas personas que quieran ser policías en municipios, Estados y a nivel federal, y con una mejor remuneración.
  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para reformar el artículo 115 constitucional para alinear las responsabilidades de los gobiernos locales con la implementación de un modelo único de formación y capacitación policial, para todas las corporaciones del país.
  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para modificar la Ley de la Policía Federal, para establecer el modelo único de formación y capacitación policial, para todas las corporaciones del país.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS PARA QUE A NIVEL LOCAL SE REALICE LO SIGUIENTE:

Como parte del sistema de seguridad publica los miembros del partido verde ecologista de México a nivel local estimamos loable y  necesario el que todos los elementos seguridad pública  se dirijan a la población  Jalisciense de manera digna. si bien es  cierto la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) brinda capacitaciones sobre la formación básica indispensable para ser policía, así como aquella específica para desempeñar adecuadamente las funciones y responsabilidades. No podemos dejar de lado la participación del ejecutivo, por lo que además será necesario para poder laborar en cualquier dependencia de seguridad publica ya sea municipal o estatal, buscar y garantizar un sistema de seguridad pública que pueda brindar el trato correcto a la población basada en los derechos humanos.  Por lo que nuestra propuesta a nivel estatal en materia de seguridad es:

  • Reformar la Ley de Seguridad Pública y reglamentos en la materia para establecer la obligatoriedad de la implementación de formación especializada para los elementos de seguridad, cursos que deberán de tener un enfoque en derechos humanos, garantías constitucionales y conocimiento del marco jurídico que les permita realizar sus funciones de manera correcta y legal.
  • Reformar las legislaciones legales aplicables con la finalidad que los reclutados de las áreas de reacción, cuenten mínimo con el bachillerato terminado.

[1] INEGI.  Estadísticas judiciales en el marco del nuevo sistema de justicia penal en México. 2017

[2] Luz María Palma, Modernización judicial, gestión y administración en América Latina, Acta Sociológica núm. 72, enero-abril de 2017, p. 152.

[3]Ídem.

[4] Estudio Mundial sobre el Homicidio. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 2013

[5]González, Guillermo. El incremento de la mortalidad por armas de fuego y su relación con el estancamiento de la esperanza de vida en México. Ciência & Saúde Colectiva. Brasil. 2016

[6]. Datos Preliminares revelan que en 2016 se registraron 23 mil 953 homicidios. Comunicado de prensa núm. 298/17. INEGI. 2017

[7] Darío Mizrahi, Los 10 países de América en los que la policía responde más rápido a las emergencias, infobae,2015. Consultado en http://www.infobae.com/2015/03/13/1715701los10paisesamericalosquelapoliciarespondemasrapidolasemergencias, el 30 de septiembre de 2017. [Se omiten las referencias internas]

[8] Según un análisis detallado de los datos de Transparency International, Corruption preceptions index 2016.

Consultado en https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016, el 30 de septiembre de 2017.

[9] Índice Global de Impunidad, Dimensiones de la impunidad global, UDLAP, México, 2017, p 34.

[10] Idem.

[11] Transparency International, op. cit

[12] Darío Mizrahi, op. cit.

[13] Juan Carlos, Ruiz, Colombian police policy: pólice and urban policing, 1991-2006, Doctoral thesis in politics, University of Oxford, 2009.

[14] América S.A., Aniversario Carabineros de Chile, 89 años al servicios del país, 2016.

[15] Idem.

[16] Según la conversión a pesos mexicanos del salario de los Carabineros en Chile, consultado en http://www.carabineros.cl/transparencia/sueldo/pni.html,el 25 de octubre del 2017.

[17] Escuela de Carabineros de Chile, Formación del oficial de carabineros, s.f. Consultado en: http://www.escuelacarabineros.cl/index.php/pagina/id/1, el 24 de octubre del 2017.

[18]http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/transparencia/Resultados_diagnostico_sueldos_prestaciones%20Policiales_SESNSP.pdf

[19] SEGOB, Resultados del diagnóstico de salarios y prestaciones de policías estatales y municipales del país, Mayo 2016, pp. 14, 19, 22 y 26.

[20] Según la suma del sueldo base bruto y la compensación por riesgo y mercado bruta mensual. Consultado en: http://www.pgr.gob.mx/administracionrecursos/Documents/PERSONAL/TABULADORES.pdf, el 25 de octubre de 2017.

[21] Según la conversión a pesos mexicanos del salario de los Carabineros en Chile, consultado en http://www.carabineros.cl/transparencia/sueldo/pni.html, el 25 de octubre del 2017.

[22] Salvador Moreno, Los centros penitenciarios en México. ¿Centros de rehabilitación o escuelas del crimen?, Centro de estudios sociales y de opinión pública, Cámara de Diputados LXIII legislatura, 2017.

TÍTULO: INGRESO DIGNO[1]

VISIÓN: El trabajo está dejando de funcionar como medio para la distribución de la riqueza. Ésta se acumula cada vez más en el capital, y, como cada vez hay más capital y menos trabajo, uno de los temas sobre los cuales versa la discusión de la renta universal básica es sobre la posibilidad de gravar más al capital (anteriormente había más trabajo que capital, por lo que se justificaba un mayor gravamen al trabajo).

El trabajo es un mal y se acepta sólo como un medio para obtener ingresos. En la medida en que el trabajo ya no es suficiente para obtener una vida digna (las remuneraciones están, cuando mucho, estancadas en comparación con el crecimiento de las ganancias del capital), es necesario implementar mecanismos para asegurársela a todas las personas, independientemente de su relación con el trabajo.

En el caso de México, no sólo sucede que las personas con trabajo formal no ganan, en promedio, suficiente para tener una vida digna; además, más del 27[2] por ciento de la población ocupada lo hace en el sector informal, con lo que es menos probable que reciba beneficios relacionados con el trabajo y, por consiguiente, tengan menores probabilidades de acceder a una vida digna.

Al implementar un esquema de renta mínima básica (la garantía de que toda persona cuente con un ingreso mensual mínimo), se obtendría para todas las personas un piso mínimo de ingresos, independientemente de su condición laboral, y se acabaría, en principio, con la pobreza.

Adicionalmente, la disposición libre de recursos adicionales para todas las personas fomentaría su libertad de elección y el funcionamiento de las fuerzas de mercado.

Por otro lado, existe la idea de que con ello se puede evitar el clientelismo electoral por la dependencia de lo que los candidatos dan a cambio del voto, así como el eliminarla burocracia que actualmente se ocupa de la operación de los programas sociales sobre el combate a la pobreza, además de los altos costos administrativos que conlleva la discriminación (focalización) de beneficiarios elegibles de estos programas.

La Constitución Política de la Ciudad de México establece ya el derecho a un mínimo vital a todas las personas para asegurar una vida digna (artículos 9, 10, 17).

RESUMEN EJECUTIVO:

Los ingresos generados por el trabajo no son suficientes en México para garantizar una vida digna a todas las personas. El trabajo cada vez participa menos de la riqueza del país.

El gasto en desarrollo social y, particularmente el relacionado con el combate a la pobreza, es considerable, sobre todo en relación a los magros resultados alcanzados a la fecha.

Se considera que existen recursos suficientes dentro del presupuesto de egresos para financiar una política de renta mínima, sin necesidad de aumentar los gravámenes, pero sí con adecuaciones presupuestarias fuertes (Desarrollo Social y recursos transferidos a las entidades federativas vía participaciones y aportaciones), debiendo plantearse un cambio a la Ley de Coordinación Fiscal.

Sería recomendable realizar un estudio de factibilidad y una prueba piloto rigurosa previo al cambio de política pública.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

De acuerdo con información publicada por el INEGI[3], en México la proporción que representa la remuneración de los hogares respecto de la producción total cayó del 15.7 por ciento en 2003 al 12.2 por ciento en 2015, es decir, una disminución de 3.5 puntos porcentuales en 12 años. En Jalisco el porcentaje de la población económicamente activa en el 2015  es del 53.3 por ciento, según la página oficial del INEGI[4]

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo a 7 de cada 10 jaliscienses que trabajan y que el patrón los registra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ganaron tres salarios mínimos o menos al día en el primer trimestre de 2017, es decir 7 mil 203 pesos mensuales o menos y que la cantidad aproxima que requiere un jalisciense es de 240 pesos para cumplir las necesidades básicas.

Es importante mencionar que los dos millones 671 mil 224 jaliscienses remunerados, 920 mil 260(34.4%) ganan entre dos y tres salarios mínimos; 734 mil 063 trabajadores (27.48%) perciben un sueldo de uno a dos salarios mínimos, es decir, de dos mil 400 a cuatro mil 800 pesos al mes. Finalmente, 175 mil 362 jaliscienses se las tienen que arreglar con 80 pesos diarios o menos al día.[5]

De allí que una necesidad apremiante, para los organismos oficiales de la materia laboral, sea incrementar el salario mínimo, actualmente valorado en 80.04 pesos diarios.

Por otro lado, el salario promedio disminuyó 19.1 por ciento en términos reales de 2005 a 2016, a pesar del incremento de los salarios mínimos (1.1 por ciento en términos reales) y del número de personas trabajadoras. El hecho es que cada vez hay más trabajadores, pero cada vez ganan menos.

De acuerdo con el CONEVAL[6], el costo mensual de una canasta básica alimentaria urbana (línea de bienestar mínimo) ascendió, en diciembre de 2016, a 1,370 pesos mensuales por persona, mientras que el valor de la canasta no alimentaria urbana (que incluye transporte, educación, vivienda, entre otros) ascendió a 1,395 pesos mensuales por persona. Con ello, el valor de la canasta alimentaria más no alimentaria urbana (línea de bienestar), ascendió a 2,765 pesos por persona al mes.

Si una persona generadora de ingresos promedio ganaba en 2016 cerca de 5 mil pesos al mes y, considerando que en cada hogar hay cuatro personas, dos de las cuales son generadoras de ingresos, se tiene que los 10 mil pesos no alcanzan para cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias de ese hogar (11,060 pesos al mes).

Lo anterior confirma la teoría respecto de que cada vez el trabajo es menos remunerador y que cada vez sirve menos como medio para distribuir la riqueza de un país.

Desde hace ya varios años, en México se gasta un monto considerable de recursos en programas de combate a la pobreza que son complicados y tienen altos costos de administración.

El gasto en desarrollo social (como función de gobierno) representó en 2016 el 55.3 por ciento del total de gasto programable[7] o 2.3 billones de pesos. El gasto del Ramo 20 Desarrollo Social ascendió a 106,133.3 millones de pesos (mdp), de los cuales el 98.0 por ciento se destinó a Protección Social (Prospera, INAPAM, estancias infantiles, Liconsa, empleo temporal, entre otros, destinados principalmente al combate a la pobreza).

Sin embargo, la pobreza no logra disminuir como se hubiera esperado. El número total de personas que vive en condiciones de pobreza sigue aumentando (aunque con relación al total de la población sí se ha logrado disminuir).

El número total de personas que viven en condiciones de pobreza pasó de 52.8 millones de personas en 2010 a 53.4 millones de personas en 2016[8].

Por su parte y de acuerdo con el análisis realizado por el CONEVAL[9], de los 148 programas vigentes en 2017 del Listado CONEVAL de Programas y Acciones de Desarrollo Social 2017, 111 no fueron prioritarios en cuanto a su contribución a la disminución de pobreza por ingresos. Sin embargo, de éstos, cinco fueron prioritarios para mejorar el acceso a la salud, cinco para mejorar la calidad y espacios de la vivienda, dos para combatir el rezago educativo y cuatro para mejorar el acceso a los servicios básicos de vivienda, tres de los cuales son los mismos que contribuyen a mejorar la calidad y espacios de vivienda. Así, se tiene que, de los 148 programas del listado del CONEVAL, hay en principio, 98 que no fueron prioritarios para el combate a la pobreza ni por la dimensión de ingresos, ni por la dimensión de carencias sociales[10]. Cabe señalar, que una revisión más a detalle de la documentación del propio CONEVAL hace suponer que de esos 98 no prioritarios, 45 programas sí contribuyen a la garantía de algunos de los derechos sociales, lo que hace a 53 programas de desarrollo social (no sólo operados por la Sedesol) irrelevantes para el combate a la pobreza o para la garantía de derechos sociales.

Es evidente la necesidad de revisar y, en su caso, adecuar las políticas públicas relacionadas, para que en el País y en el Estado de Jalisco contemos con un ingreso digno, que pueda contribuir a una mayor comodidad y una vida laudable para los jaliscienses, asimismo fortalecer las condiciones de inversión, seguridad, legislación laboral de nuestro Estado, para que se fortalezcan los empleos

Si se buscara que todas las personas tuvieran al menos un ingreso igual a la canasta básica alimentaria, es decir, que no hubiese personas en situación de pobreza extrema por este motivo, se tiene que debieran erogarse cerca de 154,097.1 mdp al año (personas en condición de pobreza extrema -9.3 millones- recibiendo el valor de la canasta básica alimenta- 1,369.7 pesos al mes).

Si se buscara que todas las personas tuvieran al menos un ingreso igual a la canasta básica alimentaria más la no alimentaria, es decir, que no hubiese personas en situación de pobreza por este motivo, se tiene que debieran erogarse cerca de 1,048,393.5 mdp al año (9.3 millones de personas en condición de pobreza extrema recibiendo el valor de ambas canastas – 2,764.8 pesos al mes– más 44.1 millones de personas recibiendo el valor de la canasta básica no alimentaría de -1,395.1 pesos al mes).

Ni siquiera la suma total de presupuesto del Ramo 20 Desarrollo Social alcanza para cubrir alguno de los escenarios (106 mil mdp en 2016). Podrían sustituirse algunos de los programas de desarrollo social (no sólo los del Ramo 20) que, de acuerdo con el CONEVAL no contribuyen a mejorar los ingresos o a garantizar alguno de los derechos sociales y cuyo presupuesto aprobado 2017 suma poco más de 272 mil mdp. Sin embargo, es necesario llevar a cabo una revisión a detalle de estos programas, para evitar la desaparición de aquéllos que podrían estar beneficiando a la población. Cabe resaltar, que los programas de desarrollo social generalmente no se determinan por alguna Ley, pero por Reglas de Operación o Lineamientos, los cuales pueden ser modificados por el Ejecutivo (ver artículos 10, 17, y 26 de la Ley General de Desarrollo Social.

Para modificar la política de desarrollo social en el sentido propuesto no sería estrictamente necesario modificar la Ley General de Desarrollo Social, ya que ésta se encuentra redactada en términos generales. Es posible modificar la política y los programas de desarrollo social a través de la Comisión Nacional de Desarrollo Social (ver artículo 50 de la LGDS) o del Consejo Consultivo de Desarrollo Social (ver artículo 56 de la LGDS), aunque su definición corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social (ver artículo 43 de la LGDS) y la propuesta de recursos a destinarse a la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social (ver artículo 52 de la LGDS).

Como fundamento legal de la propuesta se podrían mencionar los artículos 9; 11, fracción II; 14, fracción I; 21; 29 a 32 de la LGDS. Sin embargo, sí se podría reforzar esta propuesta de política agregando una fracción (X) al artículo 19 de la LGDS para incluir los programas de distribución del ingreso o bien agregando especificidad a la fracción III de ese mismo artículo. También agregando un numeral (5) al artículo 31 para establecer la entrega de recursos para mejorar los niveles de ingresos de las personas que habitan en las Zonas de Atención Prioritarias. Sería posible también adecuar la redacción del artículo 25 de la LGDS para que el Fondo a que se refiere el mismo se pueda establecer también con el objeto de erradicar la pobreza o la pobreza extrema (como fenómeno económico).

Para la obtención de los recursos que sirvan para financiar esta propuesta de política, se podría revisar la Ley de Coordinación Fiscal a fin de que se destinen recursos que actualmente se entregan a las entidades federativas como parte de la coordinación fiscal, con el objetivo de erradicar la pobreza o la pobreza extrema. Se podría proponer la creación del Fondo a que se refiere el artículo 25 de la LGDS (ya modificado el artículo).

Se podrían a su vez utilizar algunos de los recursos de participaciones o aportaciones previstos en la Ley de Coordinación Fiscal para reorientar el gasto, por ejemplo, del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) de 21 mil mdp y/o del Fondo General de Participaciones, con 528 mil mdp. El argumento es sencillo, se regresan recursos a las entidades federativas a través del beneficio directo de las personas que habitan en ellos y la erradicación de la pobreza extrema.

Sin embargo, sería altamente recomendable realizar una valoración de factibilidad y una prueba piloto rigurosa previo a la modificación de la política pública (como sucede ya en varios países), preferentemente en conjunto con el Consejo Consultivo.

Impacto presupuestal

  • 154,097.1 millones de pesos (mdp) al año (9.3 millones de personas en condición de pobreza extrema recibiendo el valor de la canasta básica alimentaria- 1,369.7 pesos al mes); o,
  • 1,048,393.5 mdp al año (9.3 millones de personas en condición de pobreza extrema recibiendo el valor de ambas canastas – 2,764.8 pesos al mes– más 44.1 millones de personas en condición de pobreza recibiendo el valor de la canasta básica no alimentaria -1,395.1 pesos al mes).
  • En el caso de la prueba piloto, el costo dependerá del enfoque y del tamaño de la muestra.
  • El costo operativo puede ser absorbido por la infinidad de programas en materia de desarrollo social que existen y que, en su caso, sean suprimidos o sustituidos. Recordar que para diversos programas se establece actualmente un límite, generalmente en sus reglas de operación (por ejemplo, en PROSPERA es del 4.61 por ciento de su presupuesto total asignado, ver Reglas de Operación, numeral 5.3.3, en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 2016).

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS PARA QUE A NIVEL FEDERAL SE REALICEN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

  • Revisar la política de desarrollo social, particularmente la de combate a la pobreza y valorar sus resultados.
  • Analizar la posibilidad de modificar o intercambiar ciertas políticas de desarrollo social por un esquema de renta mínima básica.
    • Llevar a cabo un estudio de factibilidad.
    • Realizar una prueba piloto rigurosa y controlada, de tal manera que se puedan valorar todos los aspectos necesarios (carencias, patrones de consumo y de inversión, por ejemplo).
  • En caso de que tengan éxito los estudios y pruebas, promover las siguientes modificaciones:
  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para reformar la Ley General de Desarrollo Social
    • Artículos 19, para incorporar los programas de distribución del ingreso o financiamiento de una vida digna;
    • Artículo 31, para establecer la entrega de recursos para mejorar los niveles de ingresos (o asegurar una vida digna) de las personas que habitan en las Zonas de Atención Prioritaria;
    • Artículo 25 para adecuar el objeto del Fondo a que se refiere el mismo (incluir el financiamiento de una vida digna).
  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para reforma la Ley de Coordinación Fiscal
      • Artículos 2 y 6 para cambiar la integración y fórmulas de distribución del Fondo General de Participaciones;
      • Artículos 25, 39 a 41 y 52 para
        • Cambiar de nombre al FAM, incrementar el monto destinado a este Fondo (los recursos provendrían del Fondo General de Participaciones modificado arriba) y ajustar su objeto y destino;
        • Incluir un nuevo Fondo, relacionado con el artículo 25 de la LGDS, destinado al combate a la pobreza y pobreza extrema a través de la entrega de recursos de manera directa a las personas que así lo requieran, ambos para el financiamiento del derecho a una vida digna de todas las personas.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS PARA QUE A NIVEL LOCAL SE REALICEN LAS SIGUIENTES:

  • Exhortar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) a efecto de impulsar el aumento salarial  de los jaliscienses, para un ingreso digno.
  • Reformar la Ley de Hacienda Estado de Jalisco, a fin de otorgar incentivos fiscales a los patrones, con el propósito de impulsar un salario digno a los trabajadores.
  • Modificar diversos artículos del Presupuesto de Egresos del Estado para otorgar apoyos a los ciudadanos y estén en condiciones de obtener un ingreso suficiente.
  • Reformar la Ley de Desarrollo social para el Estado de Jalisco

TÍTULO: GENERA TU PROPIO EMPLEO

VISIÓN: Disminuir el desempleo y mejorar las condiciones económicas y sociales de los jóvenes menores a 29 años con actitud emprendedora.

RESUMEN EJECUTIVO:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho al trabajo digno y socialmente útil, así como la promoción para la creación de empleos y la organización social del trabajo (artículo 123, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

Las personas jóvenes tienen derecho a un desarrollo integral, que incluye el desarrollo humano, social, económico, político y cultural, y a ser consideradas como sujetos prioritarios. Sin embargo, de acuerdo con el Diagnóstico de la Situación de los Jóvenes en México, el principal problema que enfrenta la juventud en México es que se incorpora al desarrollo del país en condiciones desfavorables, lo que se debe, entre otras causas, a dificultades para la inserción en el mercado laboral y a una deficiente formación y desarrollo de habilidades que permitan el desarrollo personal.

Es por esto y con la finalidad de coadyuvar a un aprovechamiento del bono demográfico a favor del crecimiento económico que en el Partido Verde proponemos reformar la Ley de Coordinación Fiscal donde se busca crear el Fondo de Fomento a las Incubadoras de Bienes y Servicios para los Jóvenes Empresarios, dando un mayor impulso a los planes y programas que permitan el desarrollo de la juventud, así como a la generación de empleos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

La falta de competitividad y las ineficiencias han limitado el crecimiento económico, haciendo que la creación de empresas y las inversiones en México sean incipientes, lo cual provoca los millones de desempleados, sin garantizar una generación de empleos suficientes para la oferta laboral.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2016) se estimó para ese año un total de 19.9 millones de jóvenes entre los 20 y 29 años de edad  y, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al segundo trimestre de 2017, en el país existen poco más de 770 mil jóvenes sin empleo abarcando el mismo rango de edad antes señalado.

De igual forma, en el país se han puesto en marcha diversos programas en apoyo a la juventud con el objetivo de impulsar el desarrollo de dicho sector de la población. Un ejemplo de ello es el Programa Crédito Joven, cuyo objetivo es fomentar la inclusión financiera de los jóvenes mediante productos y servicios financieros con tasas preferenciales. A través de dicho programa se otorgan créditos a personas físicas sin historial crediticio para proyectos emprendedores por montos que van desde los 50 mil hasta los 2.5 millones pesos. Sin embargo, a pesar de que este programa constituye un sistema de facilidades bancarias para personas jóvenes, así como una modalidad para fomentar el auto empleo, la innovación y el emprendimiento, los apoyos a los jóvenes son insuficientes, en la actualidad millones de ellos no consiguen empleo.

Es por esto que se pretende reforzar las acciones llevadas a cabo en esta materia mediante la creación de un Fondo de Fomento a las incubadoras de Bienes y Servicios.

JUSTIFICACIÓN

Se prevé la creación de un fondo que alcance un monto equivalente al 0.25% de los ingresos generados por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Esto significaría que, con datos aprobados y publicados en la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2018 , el monto sería de alrededor de 1,054.4 millones de pesos y, considerando un monto para los vales de 50 mil pesos, se tiene que se estarían beneficiando más de 21 mil jóvenes de la población objetivo cada año.

Deben para ello considerarse los montos que actualmente se destinan para los jóvenes cada año. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, aprobado por la Cámara de Diputados, (específicamente en el anexo 17), se tiene que existen erogaciones para el desarrollo de jóvenes por la cantidad de poco más de 244 mil 587 millones de pesos, dividido en diferentes ramos como Defensa Nacional, Agricultura, Educación, entre otros. Lo que se busca con esto es lograr una reasignación de los recursos que se destinan a los jóvenes y canalizarlos a este nuevo fondo que habrá de construirse (ejemplo de estos pueden ser el programa de Apoyo a Pequeños Productores y Fondo de Nacional del Emprendedor).

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS PARA QUE SE REALICEN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

  • Modificar los artículos 25 y 53 de la Ley de Coordinación Fiscal para que se incluya el Fondo de Apoyos Económicos para Jóvenes Egresados, que beneficiará a jóvenes recién egresados en un lapso no mayor a 5 años a la fecha de solicitud del recurso y que éstos sean destinados al impulso o establecimiento de actividades relacionadas o afines a la profesión determinada en la cédula profesional del solicitante y además se garantice que las actividades a realizarse con cargo al fondo se realicen en el lugar donde haya constituido su domicilio y acreditado una residencia de al menos 7 años.
  • Crear un programa de apoyo con el fondo que se propuso crear con el 25% de los ingresos generados por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). para apoyar a las empresas con incentivos fiscales a los que contraten a jóvenes recién egresados,

TÍTULO: MÁS EMPLEOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL

VISIÓN: Mayores oportunidades de empleo para los habitantes pertenecientes a las Zonas Económicas Especiales.

RESUMEN EJECUTIVO:

En 2016, la inversión extranjera directa (IED) alcanzó a nivel mundial 1.75 billones de dólares, representando una caída del 2 por ciento respecto de 2015 y un nivel muy por debajo del observado en 2007[11]. De entre las principales economías receptoras de IED, México se posicionó en el lugar 16 en 2016 (con 27 mil millones de dólares -mmdd), después de haber ocupado el lugar 13 en 2015 (con 33 mmdd).

En la búsqueda de propiciar una mejor dispersión de la inversión y de propiciar un desarrollo económico más equitativo, el 1 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, que se creó con el objeto de regular la planeación, el establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) para impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población[12].

Las ZEE se definen en la Ley como áreas geográficas del territorio nacional, sujetas a un régimen especial, en las cuales se podrán realizar diversas actividades. Las ZEE se establecen con el objeto de impulsar, a través de la inversión productiva, el crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado de las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social y que cumplan con ciertos requisitos[13].

Las ZEE se crean a partir de la emisión de una declaratoria por parte del Ejecutivo Federal, misma que se publica en el DOF una vez que se cuenta con un dictamen emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Si bien tanto en la Ley como en los decretos de creación de cada una de las ZEE de busca la promoción del empleo de calidad, es posible que las ZEE generen movimientos migratorios hacia las mismas que resulten en la contratación de personas no originarias de la zona, pero de otras zonas del país e, incluso, extranjeras.

El estado de Jalisco cuenta con zonas de pobreza extrema como lo son los municipios de Santa María del Oro, Chimaltitan, y Jilotlan de los dolores, sin embargo estos municipios cuentan con una gran variedad de recursos los cuales pueden ser aprovechados si se realiza una inversión para el aprovechamiento de estas tierras.  Por tanto, estos municipios se pueden considerar como ZEE en los cuales se podría  impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas  en las regiones del estado que tengan mayores rezagos en desarrollo social como las antes mencionas, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población. Con ello el estado buscara reducir de manera gradual el alto índice de pobreza y desempleo que se tienen actualmente en estas zonas del estado de Jalisco.

Lo que pretende el Partido Verde es que se aproveche la coyuntura de las ZEE para fomentar el empleo de las personas que habitan en las zonas que las conforman, en la idea de favorecer su empleo y no el de personas foráneas, lo que contribuirá a la generación de más y mejores oportunidades de desarrollo para las personas locales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Las ZEE se enfrentan a distintos problemas. La decisión de una empresa para invertir no sólo toma en cuenta los aspectos comunes del modelo planteado por el gobierno (facilidades fiscales y de infraestructura), pero también considera toda una serie de características como el marco regulatorio, el tipo de capital humano disponible y los requisitos burocráticos para establecerse, desarrollarse y poco a poco expandirse. Dentro de los problemas se detecta el marco regulatorio (principalmente el cumplimiento de las NOMS y NMX) y el capital humano radicado en las ZEE.

El establecimiento de las ZEE da incentivos en términos de desarrollo de capital humano. Se prevé un incentivo fiscal para la capacitación (deducción del 25 por ciento del costo de la misma[14]). Sin embargo, no se detecta en el marco normativo aplicable algún ordenamiento o incentivo específico para la contratación de personal radicado en las propias ZEE lo que permita a los habitantes de las mismas mejorar sus capacidades y oportunidades.

El Partido Verde busca aprovechar la coyuntura de las ZEE para incentivar el empleo formal de las personas que habitan las regiones en las cuales se establezcan las mismas, con ello promover su capacitación y contribuir así a un desarrollo económico y social más equitativo en el país.

IMPACTO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES ORIGINARIOS DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

Uno de los principales objetivos de la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en México es que los habitantes tengan las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que el resto del estado, con la finalidad de cerrar las brechas regionales mediante la creación de nuevos polos de desarrollo industrial que atraigan inversiones, generen empleos, eleven la presencia de actividades económicas de alta productividad y traigan beneficios a la población en las zonas de influencia.

Dentro de los estímulos en términos de desarrollo de capital humano que prevé la actual normatividad de las ZEE, está el de otorgar un incentivo fiscal que consta de una deducción del 25 por ciento del gasto que erogaránlas empresas por concepto de la capacitación su personal laboral.

Sin embargo, no se detecta en el marco normativo aplicable algún ordenamiento o incentivo específico para la contratación de personal radicado en las propias ZEE, que permita a los trabajadores de las Áreas de Influencia de las ZEE, mejorar sus capacidades técnicas y oportunidades y; establecer procesos productivos y de servicios a la altura del contexto internacional; en ese sentido, la fuerza laboral es el principal factor para que esto sea posible, con capacitación constante se logrará contar con una industria calificada en los más altos estándares técnicos y tecnológicos.

Ante tal situación, se propone que cuando se trate de la contratación de un trabajador originario del Área de Influencia de la ZEE, la capacitación que se le proporcioné por la empresa sea totalmente deducible ante la Hacienda Federal en un 100 por ciento.

Para conocer el impacto presupuestario que tendría dicha propuesta, a las Finanzas Públicas de país, se considera lo siguiente:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base a sus diagnósticos y evaluaciones internas, en enero de 2017, mediante comunicado, dio a conocer, que las Zonas Económicas Especiales generarían 280 mil empleados en 10 años[15], es decir, 28 mil empleos en promedio anual.

De acuerdo con la revista Training Industry Report, las empresas se gastan aproximadamente 1,200 dólares por empleado al año en su capacitación[16] cubriendo los estándares internacionales de calidad.

Dicho anterior, la estimación presupuestaria de la propuesta en comento sería la siguiente:

ESTIMACIÓN DEL GASTO FISCAL PARA LA CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES ORIGINARIOS DE LAS ZEE

 

Empleos generados en promedio anual en las ZEE.

 

 

28,000 empleos.

 

Costo promedio anual de la capacitación de un trabajador.

 

 

22,800 pesos.

 

Gasto anual estimado con base a la normatividad vigente de las ZEE de un 25%, para la capacitación de los trabajadores.

 

 

159.6 millones de pesos.

 

 

Gasto anual para cubrir el otro 75% de las erogaciones por la capacitación de los trabajadores.

 

 

478.8 millones de pesos.

             Fuente: Elaborado con información de la SHCP y de la Revista Training Industry Report

El gasto fiscal que representaría para la Hacienda Pública Federal cubrir por completo la capacitación de los trabajadores originarios de las Áreas de Influencias donde estén establecidas las ZEE, ascendería en su límite máximo, a un monto estimado de 478.8 millones de pesos en promedio anual.

Con este estímulo fiscal, las empresas tendrían un incentivo muy atractivo en contratar a un trabajador originario de cada una de las Zonas Económicas Especiales, pero más aún, otorgarle una capacitación con los máximos estándares internacionales de calidad, al ser ésta cubierta por el Estado Mexicano, lo cual repercutirá en un incremento significado en la productividad laboral de cada una de las regiones beneficiadas.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS PARA QUE SE REALICEN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

  • Modificar los artículos 33, fracción XIII y 35, fracción VII de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales para promover el empleo/contratación de las personas que habitan los territorios en donde se establezcan las ZEE.
  • Incluir las zonas de Santa María del Oro, Chimaltitan, y Jilotlan del estado de Jalisco como Zonas Económicas Especiales, brindando la oportunidad de promover el empleo y el crecimiento económico de las zonas en donde se realice inversión.

TÍTULO: MÉXICO SIN HAMBRE

VISIÓN: Evitar el desperdicio de alimentos mediante la generación de esquemas de recuperación, a efecto de garantizar el derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a aquellos sectores de la población que por diferentes causas no pueden satisfacer esa necesidad básica, así como aminorar las afectaciones ambientales por la producción de alimentos que no sean consumidos.

RESUMEN EJECUTIVO:

Según datos del Banco Mundial, en todo el mundo se pierde o desperdicia entre un cuarto y un tercio de la producción de alimentos para el consumo humano[17]. La Organización de las Naciones Unidas  para la Alimentación y la Agricultura (FAO) coincide con lo anterior al afirmar que en América Latina y el Caribe se desperdicia el 35% de los alimentos que se producen. La recuperación de éstos permitiría alimentar a la población en situación de hambre en México, que según cifras del CONEVAL de 2016[18], asciende a 24.6 millones de personas.

Un estudio realizado por el Banco Mundial toma una muestra de 79 alimentos desperdiciados, de cuyo análisis se concluye que se generan 36 millones de toneladas de CO2 eq., la misma cantidad de emisiones generadas por 15.7 millones de vehículos.

Además, el agua utilizada en la producción de la misma muestra, asciende a cerca de 40 billones de litros de agua que finalmente se pierden. Este volumen sería suficiente para proveer a todos los mexicanos durante 2.4 años.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

La merma, pérdida[19] y desperdicio de alimentos en México, es equivalente al 35% de los alimentos producidos. El desperdicio se puede dar en las etapas de producción, pos-cosecha y procesamiento de alimentos, así como de venta minorista y consumo final.

En nuestro país, la problemática de pérdida de alimentos es mayor en los primeros eslabones de la cadena de producción de alimentos (desde la pre-cosecha).

En la fase de producción primaria la cosecha no compensa el costo del transporte e incita a los productores a dejar los productos en el campo, debido a la volatilidad de precios del mercado. También se pierden alimentos en esta etapa porque en ocasiones no cumplen con estándares de calidad exigidos por el mercado. Lo mismo sucede con el producto cosechado, que se pierde por no alcanzar los criterios de calidad. En la industria de la transformación la pérdida se debe a envases o embalajes dañados (caja de cereal dañada), o errores de envasado (errores de impresión).

En la etapa de distribución y comercialización, se pierden alimentos por mal manejo, principalmente de los perecederos, por tener una fecha próxima de caducidad o por que exceden la misma.

Finalmente, en la fase de consumo se desperdicia gran cantidad de alimentos debido a los malos hábitos de planificación al comprar los alimentos o falta de comprensión de las etiquetas, entre otros factores. En hoteles, restaurantes, comedores escolares y hogares, se desechan alimentos ya preparados, por no ser del agrado del consumidor.

Las actividades de recuperación son realizadas mayormente por los bancos de alimentos que hoy en día son iniciativas privadas que atienden la problemática en distintas entidades federativas. A la fecha, la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos de México, de Alimentos es la segunda más grande del mundo y tiene la capacidad de recuperar alrededor de 125 mil toneladas anuales de alimentos alimentando así a 1.2 millones de personas, a través de sus 60 bancos afiliados. Sin embargo la cantidad recuperada sigue siendo mucho menor a lo que se desperdicia.

El problema de carencia alimentaria que existe en México, no es un tema de insuficiencia de alimentos, sino de aprovechamiento y distribución ineficiente de  los mismos.

La pérdida de alimentos tiene impactos sociales, económicos y ambientales. Implica la utilización de recursos naturales e insumos agrícolas que también acaban desperdiciándose y generando impactos innecesarios, reduce la disponibilidad local y mundial de alimentos, genera pérdidas de ingresos para los productores, aumenta los precios para los consumidores e impacta de manera negativa en la salud y nutrición de la población. También genera contaminación del aire (emisiones de GEI durante el proceso de producción y en la disposición final de residuos orgánicos), del suelo y agua (uso ineficiente de agroquímicos).

IMPACTO PRESUPUESTAL

Actualmente en América Latina y el Caribe se desperdicia el 35 por ciento de los alimentos, cuya recuperación permitiría alimentar a la población en situación de hambre en México (alrededor de 24.6 millones de personas).

Desde 1995 existe en México la asociación civil Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, A. C. (BAMX), que cuenta actualmente con más de 60 puntos de distribución en el país y atiende a 1.3 millones de personas que tienen carencia alimentaria. Su labor ha permitido el rescate, en 2014, de 117 millones de kilos de alimento aptos para el consumo humano[20]. Sin embargo, la cantidad recuperada sigue siendo mucho menor a lo que se desperdicia.

En el siguiente cuadro se analizan los aspectos más relevantes y su posible impacto presupuestario.

Cuadro 1. Análisis de los aspectos relevantes de la propuesta

No.

Aspecto de la propuesta

Posible impacto presupuestario

Comentarios

1

Creación de la Ley General para la Prevención y Recuperación de Alimentos en México

Costos marginales por parte de las entidades normativas y regulatorias. (Por ejemplo, el H. Congreso de la Unión).

No se estima el impacto.

2

La obligación de todas las entidades federativas de tener al menos un Banco de Alimentos

·         Gasto de operación

·         Probable gasto de inversión (en caso de no contar con instalaciones adecuadas)

·         Se estima el gasto de operación similar a DICONSA o BAMX (1).

·         No se estima el gasto de inversión. Se asume que cada entidad federativa cuenta con al menos unas oficinas suficientes para el Banco de Alimentos o, en su caso, trabajar en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil existentes o con DICONSA.

3

Recepción de donativos además de apoyos y subsidios por parte del Estado.

·         La posibilidad de recibir donativos para las organizaciones de la sociedad civil ya existe, de igual forma ya reciben apoyos y subsidios por parte de entidades públicas, al menos por parte de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)[21].

·         No se tienen elementos para estimar el posible aumento en subsidios y ayudas. No se estiman.

4

Deducción de impuestos

·         Por donación

·         Por traslado de alimentos

·         Generación de gastos fiscales adicionales (menores ingresos para el erario).

·         Se estima un incremento en las deducciones, por lo que los gastos fiscales correspondientes a la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) podrían aumentar (2).

5

Establecimiento de mecanismos y regulaciones varias.

·         Sólo generarían costos marginales.

·         No se estiman.

Fuente: elaboración propia.

 

En el estado de Jalisco no se cuenta con alguna ley que tenga alguna de las facultades que se mencionan sobre los bancos de alimentos a nivel federal, solo se cuenta con el  Código de asistencia social del estado de Jalisco. Art. 256 a 272 el cual regula a los bancos de alimentos tanto su integración, como los estímulos y sanciones que pueden tener.

  1. Gasto de operación

Se tienen los siguientes supuestos:

  • Se colaboraría con DICONSA, aprovechando su infraestructura para generar economías de escala.
  • DICONSA cuenta con la red de abasto social más grande en toda América Latina, con 300 almacenes, más de 27 mil tiendas comunitarias fijas, 295 móviles y 151 centros de atención a beneficiarios, instalados a nivel nacional. Tiene amplia presencia en los municipios que son atendidos a través de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y lleva productos que procuran una alimentación sana, variada y suficiente en los comedores comunitarios de todo el país[22].
  • Se cuenta con la posibilidad de dotar de instalaciones físicas a los bancos de alimentos en cada uno de los municipios del estado sin erogar recursos adicionales.
  • No se sustituye la labor de la red de BAMX, pero se complementa. Ello significa que los gastos que actualmente realiza el Estado y los donativos que se reciben por la Red no se desplazan hacia los bancos de alimentos de nueva creación (podría crear conflictos con la sociedad civil y el sector privado que la apoya).

Dado que no se cuenta con información a detalle sobre la operación de los bancos de alimentos, se utiliza como un aproximado el gasto anual que realiza BAMX. De acuerdo con el Informe 2015 de BAMX[23], la red cuenta con 58 bancos de alimentos, una oficina de servicio nacional y un centro nacional de acopio y distribución. La red de bancos de alimentos del Estado propuesta estaría, en principio, conformada por 32 bancos de alimentos y, posiblemente, una oficina central y un centro nacional de acopio y distribución. En caso de requerirse de un mayor número de centros de acopio, se estaría bajo el supuesto de la colaboración con DICONSA.

Actualmente los bancos que se encuentran dentro del estado de Jalisco manifiestan que  solo se recupera el uno por ciento del alimento que se desperdicia (los bancos de alimentos recabaron en 2016 más de cuatro mil 500 frutas y verduras, principalmente) dejando en evidencia que la cifra de alimentos que se desperdician es elevada y que cada vez mayor, sin embargo no se cuenta con las medidas necesarias para poder elevar el porcentaje de alimentos que se pueden recuperar en el estado.

De acuerdo con el Informe 2015[24]de la institución, en ese mismo año se erogaron 263.8 mdp por concepto de apoyos (239.8 mdp) y operación (24.0 mdp). Considerando que cuenta con 58 bancos de alimentos, se podría estimar que, si fueran sólo 32, el gasto por concepto de apoyos se reduciría de manera proporcional. Ello resultaría en un gasto equivalente a 132.3 mdp por concepto de apoyos que, sumado al gasto de operación de 24.0 mdp, equivaldría a 156.3 mdp. Actualizando esta cifra a 2018, se tiene un estimado de impacto presupuestario por la operación de los bancos de alimentos de 178.9 mdp[25].

  1. Gastos fiscales

Los gastos fiscales son estimaciones de ingresos que el erario deja de percibir por la auto aplicación por parte de los contribuyentes de los tratamientos diferenciales contenidos en los ordenamientos legales de los diversos impuestos[26], es decir, no corresponden a un egreso, pero sí a la disminución de los ingresos.

En la propuesta bajo análisis es posible que los gastos fiscales por concepto del ISR aumenten. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)[27], los donativos se incrementaron de 2010 a 2015 a una tasa promedio anual real de 3.9 por ciento. El total de donativos presentados para deducción por los contribuyentes en 2015 ascendió a 9,714 mdp de 2017. Este monto no corresponde al total de impuestos deducidos, es decir, al gasto fiscal por este concepto.

En principio, el monto de los donativos que se puede deducir asciende al 7 por ciento ya sea de la utilidad total de las empresas o de los ingresos de las personas físicas[28]. Dado que no se conocen los montos totales relacionados con la utilidad o los ingresos de los donantes, no se puede estimar el gasto fiscal relacionado de esta forma.

Se tienen entonces los siguientes supuestos para calcular la relación existente entre el monto total de los donativos y lo que se deja de pagar por concepto de ISR:

  • La tasa media de crecimiento anual real de los donativos deducidos se mantiene en 3.9 por ciento.
  • La estimación de SHCP del gasto fiscal por donativos en 2018 (4,879 mdp, ver cuadro abajo) es consistente con la estimación del monto total de los donativos que se busca deducir (crecimiento del 3.9 por ciento real anual de donativos).

Cuadro 2. Estimación de gastos fiscales relacionados con los donativos, 2017 y 2018

(Cifras en millones de pesos.)

Concepto

2017

2018 (estimado SHCP)

Total

4,577

4,879

ISR empresarial

3,868

4,123

Deducciones por donativos

2,439

2,600

Sector primario

 

24

Comercio al por mayor

 

333

Comercio al por menor

 

448

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

 

22

Otros

 

1,773

Exenciones a ISR sobre intereses de donatarias

1,429

1,523

ISR personas físicas

 

 

Deducciones por donativos

709

756

Fuente: elaboración propia con base en el Presupuesto de Gastos Fiscales 2017, de la SHCP.

Si en 2015 el total de donativos declarados ascendió a 9,714 mdp de 2017, para 2018 se estima un total de donativos declarados de 10,895.4 mdp de 2018. Si la SHCP estima que el gasto fiscal derivado de los donativos ascenderá a 4,879 mdp, ello equivaldría a que, del total de donativos declarados, se deduce el 46.6 por ciento.

Una vez que se tiene una relación entre los montos donados (o que se presentan ante la SHCP para considerar una deducción) y la cantidad de impuestos que no se paga, que equivale al 46.6 por ciento, se procede a estimar el monto de donativos que se espera recibir por parte de la red de bancos de alimentos a crearse.

En 2015 BAMX recibió por concepto de donativos la cantidad de 63.9 mdp en efectivo y 203.7 mdp en especie[29]. Considerando que hasta 2018 estos montos se hubiesen incrementado 3.9 por ciento real cada año, se tiene un total de 300.1 mdp de donativos a recibir.

Si se toma esta cifra como base de cálculo para los donativos a recibirse por la red de bancos de alimentos a crearse por la propuesta (adicionales a los que actualmente recibe BAMX), incluyendo como donativos el transporte de los alimentos (en especie) y que tanto los donativos en especie como los que son en efectivo pueden deducirse, se esperaría un gasto fiscal relacionado del 46.6 por ciento de esta cifra, es decir, de 139.8 mdp.

  1. Total

En caso de implementarse la propuesta y dados los supuestos explicados arriba, se tiene que el impacto presupuestario estimado de la propuesta asciende a cerca de 320 mdp al año.

Cuadro 3. Estimación del impacto presupuestario anual de la propuesta 2018

(Cifras en millones de pesos.)

Concepto

2017

Total

318.7

Gasto de operación

178.9

Gasto fiscal

139.8

Fuente: elaboración propia con base en diversos supuestos e información de BAMX y SHCP.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS PARA QUE A NIVEL FEDERAL SE REALICEN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

  • Creación de la Ley General para la Prevención y Recuperación de Alimentos en México que precise los objetivos y líneas de acción a implementar para garantizar el derecho constitucional a la alimentación, prevenir el desperdicio de alimentos, fomentar su rescate y recuperación, así como la reutilización de los alimentos. De manera específica se propone:
  1. Obligación de todas las entidades federativas de tener al menos un Banco de Alimentos y después tantos como requiera su población.
  2. Generar el andamiaje legal para que los bancos de alimentos puedan recibir donativos de acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta y apoyos y subsidios por parte de las entidades públicas.
  • Establecer mecanismos obligatorios para que centrales de abasto, mercados, tiendas de autoservicio, hoteles, restaurantes e industria de la transformación transporten y entreguen los alimentos que no serán comercializados o utilizados, pero que (y que por su valor nutrimental y condiciones sean susceptibles para el consumo humano) a Bancos de Alimentos, o a las organizaciones civiles o comunitarias que éstos les indiquen, a través del Comité que para tal efecto se conforme.
  1. Regular el tratamiento comercial en las tiendas de autoservicio de los alimentos perecederos, enlatados y envasados a efecto de recuperar alimentos que son susceptibles de ser consumidos y aprovechados aunque no cumplan con requisitos comerciales.
  2. Establecer mecanismos obligatorios para que los alimentos que no serán comercializados, utilizados o entregados directamente a Bancos de Alimentos o a las organizaciones civiles o comunitarias, puedan ser entregados a los municipios o localidades con un mayor índice de marginación, a través del Comité que para tal efecto se conforme.
  3. Establecer mecanismos obligatorios para que centrales de abasto, mercados y tiendas de autoservicio, permitan que personas beneficiadas por algún programa de asistencia social (migrantes, jornaleros agrícolas, comedores comunitarios, estancias infantiles, estancias infantiles, adultos mayores, madres solteras, Prospera, etcétera) puedan recibir la ayuda directamente en sus instalaciones.
  • Prohibir acciones que hagan que los alimentos ya no puedan ser consumidos o reciclados.
  • Regular el etiquetado de caducidad.
  • Reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta a fin de:
  1. Autorizar a los bancos de alimentos como donatarias.
  2. Establecer deducciones de los costos de traslado de alimentos de las instalaciones de los obligados por la Ley General para la Prevención y Recuperación de Alimentos en México a Bancos de Alimentos y organizaciones civiles o comunitarias. Hacer eficiente la entrega directa en sus instalaciones.
  • Reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a efecto de:
  1. Incluir a los Bancos de Alimentos como miembros del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.
  2. Establecer que, dentro de los objetivos del Programa Especial Concurrente, se incluya el fortalecimiento y desarrollo de los mismos.
  • Se propone que el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, sea el encargado de integrar y difundir la información sobre la existencia de mermas y pérdidas en la cadena de valor, desde la producción hasta la etapa de venta o comercialización al consumidor final.
  1. En el Capítulo XVII, denominado De la Seguridad y Soberanía Alimentaria, se adiciona una fracción al artículo 183 para que el Gobierno Federal realice la identificación de factores sociales y demográficos, en coordinación con los gobiernos locales, a efecto de promover la instalación de bancos de alimentos en las entidades federativas, y con ello garantizar el derecho a la alimentación a los sectores menos favorecidos de la población.
  • Se proponen tres esquemas de entrega de alimentos, que funcionarán mediante reglas de operación claras, con la finalidad de garantizar que los alimentos lleguen a las poblaciones en situación de pobreza alimentaria. En términos generales consistirán en lo siguiente:
  1. Esquema de entrega a Bancos de Alimentos o en las instituciones de beneficencia que éstos les indiquen.
  2. A través del portal del SAT: “Sistema de avisos de destrucción y donación de mercancías”[30], los bancos de alimentos realizarán la solicitud de la cantidad y tipo de alimentos que pueden recibir ya sea directamente o a través de organizaciones de beneficencia.
  3. Se establecerá la obligación de entregar los alimentos seleccionados en las instalaciones de los Bancos o donde éstos indiquen.
  4. Los costos que el cumplimiento de esta obligación genere serán deducibles de ISR.
  5. Entrega en municipios o localidades con un mayor índice de marginación.
  • Entrega en instalaciones del donante.
  1. Centrales de abasto, mercados, y tiendas de autoservicio deberán tener una sección de alimentos que no puedan ser comercializados pero que todavía sean aptos para consumo humano o animal.
  2. Los beneficiarios de cualquier programa social federal o estatal[31], podrán solicitar a los donantes la entrega de estos alimentos previa acreditación con credencial o tarjeta que demuestre el programa del que son beneficiarios.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS PARA QUE A NIVEL LOCAL SE REALICEN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

Reformar el código de asistencia social del estado de Jalisco para que en el articulado se establezca:

  • Establecer mecanismos obligatorios para que centrales de abasto, mercados, tiendas de autoservicio, hoteles, restaurantes e industria de la transformación transporten y entreguen los alimentos que no serán comercializados o utilizados, pero que (y que por su valor nutrimental y condiciones sean susceptibles para el consumo humano) a Bancos de Alimentos, o a las organizaciones civiles o comunitarias que éstos les indiquen, a través del Comité que para tal efecto se conforme.
  • Regular el tratamiento comercial en las tiendas de autoservicio de los alimentos perecederos, enlatados y envasados a efecto de recuperar alimentos que son susceptibles de ser consumidos y aprovechados aunque no cumplan con requisitos comerciales.
  • Establecer mecanismos obligatorios para que los alimentos que no serán comercializados, utilizados o entregados directamente a Bancos de Alimentos o a las organizaciones civiles o comunitarias, puedan ser entregados a los municipios o localidades con un mayor índice de marginación, a través del Comité que para tal efecto se conforme.
  • Prohibir acciones que hagan que los alimentos ya no puedan ser consumidos o reciclados.
  • Regular el etiquetado de caducidad.
  • Que el estado sea el encargado de comenzar con aquellas comunidades catalogadas como de alta marginación por el INEGI.
  • Se deberá conformar un Comité para la recepción de alimentos, el cual solicitará a los donantes los alimentos que de acuerdo al número de habitantes requieran.
  • El donante señalará  fecha y hora para la entrega de los alimentos.
  • Las entregas deberán hacerse, de preferencia, cada semana en el lugar que para tal efecto señale el Comité.
  • El donante podrá deducir ISR por los costos generados de esta actividad. 

TITULO: GASTA EN LO QUE QUIERES, NO EN ESTACIONAMIENTO

VISIÓN: A fin de fortalecer a la economía familiar así como de fomentar el mercado interno.Jalisco debe de contar con estacionamientos gratuitos en los Centros Comerciales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

El uso de los automóviles en recientes años ha incrementado la demanda del servicio de estacionamientos. En los últimos 40 años, los centros comerciales han surgido debido al crecimiento poblacional y buscando satisfacer las necesidades de recreación y esparcimiento de la ciudadanía, sin embargo, en su mayoría este tipo de establecimientos pertenecen a la iniciativa privada.

INEGI

1980 – 2016

Año

Vehículos registrados en Jalisco

1980

347,483

1981

386,231

1982

404,645

1983

438,343

1984

487,847

1985

508,494

1986

530,801

1987

555,905

1988

586,990

1989

627,739

1990

674,854

1991

741,520

1992

789,194

1993

1,006,337

1994

1,067,022

1995

1,020,996

1996

1,016,481

1997

1,077,616

1998

1,099,757

1999

1,114,421

2000

1,303,109

2001

1,376,637

2002

1,681,096

2003

1,814,156

2004

1,940,129

2005

2,066,373

2006

2,207,186

2007

2,381,424

2008

2,592,027

2009

2,659,712

2010

2,754,043

2011

2,861,984

2012

2,902,432

2013

2,987,875

2014

3,062,070

2015

3,136,264

2016

3,210,459

De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, “El deber impuesto en la norma de brindar de forma gratuita el servicio de estacionamiento no impide a los establecimientos mercantiles ejercer su actividad comercial, ni afecta su fin primordial que se traduce en obtener una ganancia lícita, máxime que se trata de una obligación cuyo objeto es contribuir al orden vial y que, a su vez, se traduce en beneficio para sus clientes”  

Por lo que la legislación mexicana contempla que para las edificaciones y espacios abiertos, tanto públicos como privados, se deberá establecer dentro de los reglamentos municipales las garantías mínimas de acceso, entre las que destacan el contar con espacios de estacionamiento, así como los instrumentos de control vial.

Cabe señalar que una de las razones principales de la inconformidad que deriva de estos cobros, está dada principalmente por falta de seguridad y vigilancia, las tarifas injustas, la falta de responsabilidad en caso de percance, daño, robo parcial o total del vehículo. De tal manera que es incongruente que se exija el cobro de un “servicio” que es ineficiente.    

De tal manera que es imperante la necesidad de frenar los cobros que realizan los centros comerciales por el uso de los lugares de estacionamiento que ofrecen a los visitantes.

Este tipo de pagos, lastiman a la economía de los ciudadanos que quieren disfrutar las plazas comerciales quienes, ya que de por sí, deben pagar productos y servicios caros, además de tener que erogar un excedente injusto con el cobro del estacionamiento.

En 2014, se abrieron al menos 23 centros comerciales en todo México, por lo que la cifra total de estos establecimientos llegó a 584, ocupando un total de 16.2 millones de metros cuadrados de área rentable.

En el marco de la ReCON Latin América se informó que el crecimiento en este sector continuará durante los próximos 10 años, ya que se espera que, para 2025, existan 760 centros comerciales en México, lo que representaría un crecimiento de 30 por ciento durante la década.

Beneficios

Esta medida ayudará a la economía familiar y beneficiara a los usuarios de los centros comerciales, la prioridad, es que los consumidores de los centros comerciales queden exentos del pago de estacionamiento y de esta forma se contribuya al fortalecimiento del consumo interno.

EN EL PARTIDO VERDE PROPONEMOS:

  • Crear reglamentos municipales los cuales garanticen y regulen que los estacionamientos de las plazas comerciales sean gratuitos.
  • Eliminar el cobro por el uso de estacionamiento en los centros o plazas comerciales y tiendas Departamentales, siempre y cuando se compruebe que se realizó una compra mínima dentro de las instalaciones.
  • Debido a lo anterior es fundamental que el costo por el uso de los estacionamientos comerciales debe de ser cubierto por los establecimientos, de esta manera se haría hincapié que los centros comerciales cumplan con la prestación obligatoria que tienen debido a que son espacios públicos, siendo que se les otorga licencia de giro comercial.
  • Además se incentiva que más gente acuda a las plazas, que más comerciantes puedan hacer negocios y reactivar de cierta manera la economía  que se encuentra inhibida por este tipo de gastos extras.

[1] La diferencia entre una renta universal básica y una renta mínima básica refiere a los beneficiarios. En la primera serían todas las personas, en la segunda sólo aquéllas que no cuenten al menos con esa renta mínima básica –focalizado).

[2] http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

[3] http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

[4] http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/##divFV6207019030

[5] https://www.informador.mx/Economia/Se-comprometen-a-mejorar-salario-minimo-en-Jalisco-20170629-0134.html

[6] Ver CONEVAL (2017). Contenido y valor de las líneas de bienestar 199-2017. http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx

[7] Ver Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Tomo I. Varios años. http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/

[8] Ver CONEVAL (2017). Evolución de pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades 2010-2016. http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx

[9] CONEVAL (2017). Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2018. Recuperado de: 2018http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Consideraciones_para_el_proceso_presupuestario_2018.pdf

[10] CONEVAL (2017). Resumen_Desempeño_Ficha_Monitoreo_Evaluación_2015_2016. Recuperado de http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/RDPS/Documents/Resumen_Desempeno_Ficha_Monitoreo_Evaluacion_2015_2016.zip

[11]Ver Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2017). Informe sobre las Inversiones en el Mundo. Recuperado de: http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2017_overview_es.pdf

[12]Artículo 1 de la citada Ley.

[13]Ver artículos 4, fracción XVII y 6 de la citada Ley.

[14]Ver Decretos de Creación, artículos Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto.

[15] SHCP. Comunicado de prensa de fecha 01/01/2017. 

[16]  The Costs Of Training New Employees, Including Hidden Expenses. Forbes Junio 2017

[17] Banco Mundial, La pérdida y desperdicio de alimentos en el mundo. Consulta realizada el 01 de noviembre de 2017. Disponible en: http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2014/02/27/food-loss-waste-barrier-poverty-reduction

[18] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).Resultados de pobreza en México 2016 a nivel nacional y por entidades federativas. Consulta realizada el 31 de octubre de 2017, disponible en: http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx

[19]La FAO, se refiere a la “pérdida de alimentos” como la disminución de la masa de alimentos comestibles en la parte de la cadena de suministro que conduce específicamente a los alimentos comestibles para el consumo humano. Las pérdidas de alimentos tienen lugar en las etapas de producción, poscosecha y procesamiento de la cadena de suministro de alimentos (Parfitt et al., 2010). Las pérdidas de alimentos que ocurren al final de la cadena alimentaria (venta minorista y consumo final) se conocen como «desperdicio de alimentos», más relacionado con el comportamiento de los vendedores minoristas y los consumidores (Parfitt et al., 2010).

[20]Ver https://www.gob.mx/sedesol/articulos/bancos-de-alimentos-de-mexico-para-combatir-el-hambre-y-la-desnutricion. Consulta del 25 de noviembre de 2017.

[21] Ver al efecto Banco de Alimentos de México (2016). Informe 2015. Recuperado de: https://bamx.org.mx/wp-content/uploads/2016/09/Informe-Anual-2015.pdf?v=1fda4fa5605d. Consulta del 25 de noviembre de 2017.

[22] https://www.gob.mx/sedesol/prensa/diconsa-se-consolida-como-una-de-las-redes-de-abasto-social-con-mayor-exito-en-el-mundo-meade-kuribrena. Consulta del 25 de noviembre de 2017.

[23]Óp. Cit., p. 5.

[24]Óp. Cit., p. 41.

[25]Se estima con base en un incremento del índice de precios implícitos del 14.5 por ciento de 2015 a 2018.

[26]Ver al efecto SHCP (2017). Presupuesto de Gastos Fiscales 2017, pp. 5 y 6.  Recuperado de:https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236020/PGF_2017.pdf. Consulta del 25 de noviembre de 2017.

[27]Ibid.., pp. 40 y 41.

[28]Ibid., p. 40 y https://siat.sat.gob.mx/app/destruccion/muestraPdf.jsp?File=Tutorial.pdf. Consulta del 25 de noviembre de 2017.

[29]Ver BAMEX (2016). Informe 2015, p. 41.

[30] Disponible en:

http://www.sat.gob.mx/terceros_autorizados/donatarias_donaciones/Paginas/avisos_destruc_donac_merc.aspx)

[31]De manera enunciativa, más no limitativa: Migrantes, jornaleros agrícolas, comedores comunitarios, estancias infantiles, adultos mayores, madres solteras, Prospera, etc.

TÍTULO: DÍA DE TRABAJO EN CASA

VISIÓN: Incrementar la productividad laboral y disminuir las emisiones móviles, con horarios escalonados permitiendo labora un día en casa, de aquellos empleos que se puedan realizar desde casa.

RESUMEN EJECUTIVO:

En Jalisco, el parque vehicular se ha triplicado desde el año 2000, pasó de tener un millón 300 mil vehículos automotores registrados (entre automóviles, camiones, motocicletas y camiones de pasajeros), a tener 3 millones 429 mil en 2016. En Jalisco, el parque vehicular se ha triplicado desde el año 2000, pasó de tener un millón 300 mil vehículos automotores registrados (entre automóviles, camiones, motocicletas y camiones de pasajeros), a tener 3 millones 429 mil en 2016.

En el caso de los automóviles, se tuvo un crecimiento abismal, ya que hace 17 años, Jalisco contaba apenas con 730 mil 603 unidades, y al año pasado la cifra se había elevado a 2 millones 12 mil 979 autos.

Estas cifras dejan de manifiesto que al menos para los jaliscienses el auto sigue siendo la opción prioritaria para moverse, pese a los esfuerzos por tener cada vez más opciones para dejar el auto en casa.

En los Ayuntamientos, hay vehículos destinados para la prestación de varios servicios, algunos de ellos de emergencia, igualmente los del Estado, pero en su mayoría son vehículos que prestan servicio de ocho horas diarias, con excepción de las patrullas de policía, las de bomberos y otros que prestan servicio las veinticuatro horas del día.

Por otro lado, los vehículos utilitarios de empresas particulares, que prestan servicios de telefonía, reparto de gas, televisión de paga, reparto de multiplicidad de productos y mercancías como agua, refrescos, pan, etcétera, también circulan contribuyendo con la emisión de gases contaminantes

En el Estado de Jalisco SEMADET,  a través de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente lleva cabo las siguientes funciones:

  1. Actualizar sistemas de certificación de procesos que sean compatibles ambientalmente o que preserven, mejoren o restauren el medio ambiente.
  2. Contar con un sistema de aprobación de promotores y peritos ambientales para llevar a cabo procesos de cumplimiento ambiental voluntario.
  3. Capacitar a los sectores involucrados acerca de los procesos de cumplimiento ambiental voluntario.
  4. Otorgar reconocimientos que permitan distinguir públicamente a los establecimientos que cumplan en tiempo y forma los compromisos adquiridos dentro del Programa.
  5. Promover la instrumentación de un sistema de incentivos fiscales y financieros de competencia estatal, para los establecimientos que cuenten con la certificación vigente de su proceso de cumplimiento ambiental voluntario.
  6. Promover el desarrollo de procesos productivos y tecnologías ambientalmente responsables, propuestos por instituciones de investigación científica y tecnológica para su aplicación en los establecimientos sujetos al Programa.

Impacto Presupuestal:

La aplicación de estos esquemas no generará un alto impacto en el presupuesto, pues la PROFEPA ya cuenta con un procedimiento funcional en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental que podría replicar para la implementación de los Esquemas de Reducción de Traslados Vehiculares a los centros de trabajo. En este caso, las instituciones que busquen aplicar un Esquema de manera voluntaria podrán hacerlo de manera sencilla. Además, se puede buscar apoyo de organizaciones internacionales para desarrollar algunos documentos necesarios como la guía de usuario para las entidades obligadas, como ocurrió en el Programa RENE que recibió apoyo del organismo de cooperación al desarrollo del gobierno alemán para el desarrollo de instrumentos.

Justificación:

Las principales razones de implementar esquemas de trabajo en casa, las encontramos en reducir las emisiones por congestionamiento vehicular, para disfrutar de una mejor calidad del aire, así como incrementar y mejorar la productividad laboral. Ejemplo: La Empresa Microsoft aplica esquemas de trabajo en casa que arrojan importantes beneficios, siendo uno de los principales, a consideración de los trabajadores, la posibilidad de tener mayor productividad; razón que representa un 45% de las opiniones en una encuesta que dicha empresa aplicó a 3,500 empleados de tiempo completo.

A nivel administrativo se han estipulado medidas similares, cuya implementación ha sido exitosa con resultados considerables. La SEMARNAT estableció un día a la semana de trabajo en casa y el escalonamiento de horarios distribuyendo la entrada y salida del personal adscrito a la misma, lo cual generó la reducción de emisiones generadas por el personal de dicha dependencia en un 20%, evitándose 75,000 viajes en vehículo al año, así como 185,000 viajes totales al año. Esto por la reducción de emisiones de empleados de SEMARNAT mediante la disminución de demandas de viajes en SEMARNAT.[1]

Asimismo, el 14 de agosto de 2015, el Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo mediante el cual se da a conocer la implementación de la nueva cultura laboral en la Ciudad de México por el que se estableció la organización del tiempo de trabajo, otorgamiento de licencias especiales y periodos vacacionales, para las y los trabajadores de base, confianza, estabilidad laboral, enlaces, líderes coordinadores, mandos medios y superiores de la Administración Pública del Distrito Federal.

Esta implementación local fue con el objeto principal de la efectividad de la prestación del servicio a la ciudadanía y la conciliación de la vida laboral y familiar, en el cual se establecen medidas como la duración máxima de la jornada laboral diurna de hasta 40 horas a la semana; el horario de atención para la realización de trámites y servicios de las 09:00 y hasta las 19:00 horas; el horario laboral del personal femenino con hijos en estancias maternales o cursando educación básica, no excediendo las 18:00 horas, el horario de atención para los trámites y servicios que se prestan a la ciudadanía en la Administración Pública de la Cdmx, finaliza a las 15:00 horas el segundo y último viernes de cada mes; las madres trabajadoras que tengan hijos en el período de lactancia, podrán disponer de una hora diaria para alimentar a sus hijos; y las madres trabajadoras podrán solicitar una licencia especial con goce de un porcentaje de su salario, contada a partir de su reincorporación por la conclusión de la licencia por maternidad.

Asimismo, los esquemas de reducción de traslados vehiculares hacia los centros de trabajo como obligación de ciertas empresas a combinar opciones como horarios escalonados, semanas comprimidas, trabajo en casa, provisión de apoyos para el transporte público, de taxi en caso de emergencias, entre otros, ha permitido o puede permitir mejorar el medio ambiente, la productividad y la calidad de vida.

Medidas específicas de un esquema de reducción de traslados vehiculares hacia los centros de trabajo:

  1. Trabajo en casa: Promueve que empleados seleccionados puedan trabajar desde su casa. Una buena política de teletrabajo incluye un acuerdo de responsabilidades, obligaciones y requerimientos de reporte.
  2. Horarios escalonados: Permite a los empleados transportarse a su trabajo durante las horas no pico de tráfico, haciendo su transporte más rápido, menos estresante y reduciendo la demanda de transporte público y en horarios pico.
  3. Semanas comprimidas: Permite a los empleados trabajar más horas durante sus días normales de trabajo para tener un día extra libre a la semana o cada cierto número de semanas.
  4. Autos compartidos: Promueve, mediante un convenio entre dos o más personas, compartir el viaje al trabajo diariamente. También se pueden utilizar vehículos con capacidad de asientos para grupos de 6 a 15 pasajeros y son proporcionados por alguna agencia del gobierno, una compañía privada o el mismo empleador.
  5. Apoyos para uso de transporte público: Fomenta el uso de transporte público a través de apoyos otorgados por el empleador cada semana o mes.
  6. Programa para fomentar el uso de la bicicleta: Promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte diario.
  7. Programa de estacionamiento preferencial para vehículos compartidos y/o bicicletas: Promueve la sustitución de apoyos a conductores de autos personales por apoyos a conductores de autos colectivos y/o bicicletas.
  8. Servicio de taxi gratuito para emergencias: Permite a los empleados, en una situación de emergencia, utilizar el servicio de taxi para poder llegar más rápido a su destino. Este servicio lo provee el empleador.

En el sector público ya se implementan medidas para la disminución de traslados vehiculares hacia los centros de trabajo, esto establecido en los artículos 59, 66 y 75 de las condiciones generales de Trabajo del Gobierno Federal.

Estos esquemas deben ser inicialmente de adopción voluntaria y flexible para buscar que después de un periodo de ejecución voluntaria su aplicación sea obligatoria, logrando así consciencia sobre el medio ambiente sano.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

  • Modificar el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el fin de establecer como parte de las facultades de la SEMARNAT el de diseñar e implementar esquemas de reducción de traslados hacia los centros de trabajo.
  • Reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que dentro de las condiciones generales de trabajo se considere la posibilidad de establecer un día de trabajo en casa, horarios escalonados de entrada y salida al centro de trabajo, y horarios comprimidos de trabajo. Así como la posibilidad de que los trabajadores hagan uso de los materiales de trabajo en sus domicilios.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS A NIVEL LOCAL:

  • Proponer a SEMADET que en la medida de sus atribuciones establezca un día a la semana de trabajo en casa y el escalonamiento de horarios distribuyendo la entrada y salida del personal adscrito a la misma,
  • Incentivar fiscalmente a particulares y servidores de transporte público y privado (escuelas privadas) que inviertan en motores eléctricos o híbridos evitando cualquier tipo de contaminación.
  • Establecer horarios definidos que delimiten la circulación y labor que prestan los vehículos utilitarios donde no representen un grave motivo para entorpecer la circulación, poniendo en riesgo a su vez a quienes realicen las funciones como repartidor de productos, recoger basura, podar árboles, cambiar luminarias, regar camellones, entre otros, así como sancionar a quienes incumplan los mismos.

TÍTULO: TRANSFORMANDO LA BASURA EN ENERGÍA

VISIÓN: Utilizar los residuos sólidos urbanos de los Municipios, para generar electricidad que se pueda aprovechar para el alumbrado público, contribuyendo a reducir la contaminación ocasionada por la acumulación de basura en los rellenos sanitarios y así poder regresar el porcentaje del impuesto predial que se haya ahorrado el Municipio por el pago de luz.

RESUMEN EJECUTIVO:

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi);  indican que los ciudadanos de la capital del Estado de Jalisco producen al día 1.06 kilogramos de desechos sólidos, mientras que el promedio estatal es de 0.888 kilogramos por habitante al día.

A Guadalajara le siguen en la tabla Zapopan (con 1.031 kilos por persona), Puerto Vallarta (0.907 kilos por persona), Tlaquepaque (0.740 kilos por persona), Tonalá (0.719 kilos por persona) y Tlajomulco (0.504 kilos por persona).

La información captada a través del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011 indica que, en promedio, en Jalisco se recolectan diariamente seis mil 524 toneladas de basura, lo que representa el 7% de la recolección nacional diaria.

En seis municipios, en los que reside más de la mitad de la población estatal, se recoge el 63% de todos los residuos; Guadalajara registra la mayor proporción con mil 590 toneladas (24%); le sigue Zapopan con mil 282 toneladas (20%); Tlaquepaque con 450 toneladas (7%); Tonalá con 344 toneladas (5%); Puerto Vallarta con 232 toneladas (3%) y Tlajomulco de Zúñiga con 210 toneladas (3%)”, señala el documento.

En Jalisco existen 108 sitios de disposición final para los residuos sólidos urbanos, pero de ellos el 70% son tiraderos a cielo abierto y el 30% restante son rellenos sanitarios “que reducen los riesgos ambientales; además, sólo 23 municipios, donde reside el 63% de la población, le da tratamiento al menos a una parte de sus desechos.

Por su parte, la generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles también implica un alto costo ambiental y económico para el país; siendo las fuentes energéticas de mayor impacto al ambiente, el carbón mineral y los hidrocarburos; los cuales afectan principalmente a los cuerpos de agua, suelos y vida silvestre, así como a la salud humana.

Un Jalisco sin basura, se puede lograr a través de la transformación de los residuos sólidos en energía eléctrica, reduciendo así los costos por degradación ambiental proveniente de residuos y generando energía eléctrica más económica para alrededor de 14.26 millones de usuarios, de ahí el que el Estado necesita aprovechar su potencial de recursos renovables, maximizar la eficiencia energética eléctrica en todos los sectores productivos, contar con un ente que permita el desarrollo e implementación de la política pública, estrategia, proyectos y programas estatales con una Estrategia Estatal que establezca el potencial renovable de Jalisco y para desarrollar acciones coordinadas en los municipios, en total apego a las competencias de los tres órdenes de Gobierno.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

En Jalisco existen 108 sitios de disposición final para los residuos sólidos urbanos, pero de ellos el 70% son tiraderos a cielo abierto y el 30% restante son rellenos sanitarios “que reducen los riesgos ambientales; además, sólo 23 municipios, donde reside el 63% de la población, le da tratamiento al menos a una parte de sus desechos.

Cabe destacar que mediante Decreto 25419 se expidió la Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 27 de agosto de 2015, la cual tiene entre sus objetivos definir los principios, criterios, instrumentos y órganos para la aplicación de la Política Estatal en materia de cambio climático; así como establecer la concurrencia de competencias, atribuciones y facultades del Estado y sus municipios, y con la federación, a fin de que se apliquen de manera coordinada y concertada en todas las etapas de planeación de las políticas públicas para la adaptación y mitigación ante los efectos adversos del cambio climático.

Dicha norma en su numeral 114 establece que son de interés público la investigación, desarrollo e innovación tecnológica que sirvan de base para transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable, la toma de decisiones para acciones que lleven a una mejor protección de la población, de los ecosistemas y de los sistemas de producción del estado ante los efectos negativos del cambio climático, y aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Estado y de los problemas sociales particulares que se viven en la entidad, atendiendo a las necesidades de la colectividad y a problemáticas locales o regionales asociadas al cambio climático y sus efectos.

El consumo estatal se concentra en el Área Metropolitana de Guadalajara con un total de 8.3 TWh, mientras que en el resto de los municipios del estado se consumieron 4.7 TWh. Sin embargo, en la entidad solamente se generó 1.4 TWh, lo cual representa aproximadamente un 10.8% de la electricidad que se requiere anualmente, por lo cual aproximadamente el 89.2% de la energía eléctrica es importada de centrales eléctricas externas.

En virtud de lo anterior se colige que Jalisco actualmente tiene una baja generación de electricidad con respecto a su consumo y una economía de alto consumo energético; por lo que el promover la generación de electricidad mediante el aprovechamiento del recurso renovable, como el solar, eólico y geotérmico, resultaría benéfico para la economía del Estado.

Así mismo recordemos que el año pasado se aprobó la Ley Orgánica de la Agencia de Energía, con la finalidad de crear un organismos Público autónomo denominado la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, la cual contribuye con el liderazgo innovador y competitivo en el ámbito energético; fortaleciendo las condiciones competitivas del estado a nivel nacional e internacional, para alentar y consolidar la utilización de energías limpias, para alcanzar así una transición energética sustentable.

Toda vez que existe un enorme potencial para transformar los millones de toneladas de residuos en giga watts-hora anuales de electricidad a través de biodigestión y tratamiento térmico proponemos que se inicie con la generación de electricidad a partir de la basura a través del aprovechamiento de los residuos orgánicos, los cuales producen biogás, un gas combustible que se genera por la descomposición de los residuos orgánicos.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

  • Reformar la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Jalisco así como incrementar las facultades de la Ley Orgánica de la Agencia de Energía a efecto de que el Estado de Jalisco y nuestros municipios tengan la obligación de producir electricidad utilizando los residuos sólidos urbanos que se generan en sus territorios.
  • Proponer una reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos para que el Ejecutivo Federal elabore y publique una norma oficial mexicana en la que se establezcan los requisitos para el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y los orgánicos, a través de la biodigestión o de la termo valorización.

TÍTULO: REUSANDO EL AGUA, PARA QUE NUNCA TE FALTE

VISIÓN: Que Jalisco cuente con una gestión adecuada del recurso hídrico enfocada al tratamiento de las aguas residuales y de reúso.

RESUMEN EJECUTIVO:

Tan solo en lo que ve a las cifras del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) revelan una tendencia alcista: el volumen de agua que utilizan los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara se incrementó 617 litros por segundo en lo que va de este año, mientras que el consumo per cápita de agua se disparó, entre 2016 y 2017, de 191 a 203 litros diarios.

Destaca que mientras el año pasado el volumen de agua que se consumía en la ciudad era de 9.7 metros cúbicos por segundo, hoy son 10.3 metros cúbicos. De acuerdo con el organismo del agua, el crecimiento se debe a que hay más demanda: en un año 20 mil 500 usuarios nuevos se conectaron al sistema, conformado por un millón nueve mil cuentas.

Por lo que, es necesario comprender que existe la disponibilidad de agua en todo el Estado de Jalisco la cual aparentemente es suficiente para abastecer a toda la población, sin embargo la mala distribución, el desperdicio, el escaso tratamiento de las aguas residuales y reúso, y la casi nula infraestructura verde, no permiten regularizar el  abastecimiento continuo y adecuado a toda la población,  ya que muchas veces las personas no tiene la conciencia del cuidado de la misma y permiten que la misma se desperdicie la cual regularmente se da por fugaz.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

La concentración de la población y la actividad económica han creado zonas de alta escasez, no sólo en las regiones de baja precipitación pluvial. Además de que el 68% del agua disponible se encuentra en regiones donde vive el 23% de la población por lo que factores como el crecimiento de la población y de la actividad agropecuaria; el establecimiento de nuevas fábricas, así como la sobreexplotación y contaminación de los recursos hídricos del Estado han generado grave escasez de agua y conflictos sociales en diversos Municipio, problemática que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y las autoridades locales deben resolver urgentemente.

Además, a falta de concientización de las empresas, así como la construcción de obras hidráulicas inadecuadas ha generado el agotamiento de los mantos acuíferos, por  lo que es importante el que se haga un llamado urgente a los municipos de la entidad, respetando su autonomía para que vigilen la escasez de agua potable a través de políticas públicas encaminadas a garantizar este recurso a todos los habitantes.

De ahí el que entre los mayores desafíos a los que se enfrenta el estado de Jalisco está el de lograr el manejo de sus limitados recursos hídricos con claros criterios de sustentabilidad y  con base en una gestión integral del agua, bajo la corresponsabilidad de los órdenes de  gobierno y de la sociedad organizada, que como resultado de la generación de  acuerdos se ejecuten proyectos prioritarios, que induzcan a la sustentabilidad de los  servicios y garanticen, la calidad del agua y el medio ambiente. Los criterios de  sustentabilidad incluyen la reducción de la contaminación en los ríos y cuerpos de agua, la disminución de riesgos, la atención a las causas y los efectos de inundaciones y sequías, y el manejo integrado de agua, bosques y suelo.

Aunado a lo anterior, el agua residual que se trata no se aprovecha normalmente en otros usos, sino que se descarga en cuerpos de agua nacionales.

Lo anterior, sumado a la escasa infraestructura verde como captación de agua pluvial, también nos ha llevado a la sobreexplotación de 105 acuíferos que representan el 15.6% de los 653 que hay en el país. Los acuíferos sobreexplotados se concentran en las regiones hidrológicas Lerma-Santiago-Pacífico, Cuencas Centrales del Norte, Río Bravo, Noroeste y Península de Baja California.

Un ejemplo claro de lo anterior es el Sistema Cutzamala, que es uno de los sistemas de suministro de agua potable más grandes del mundo. Aporta el 17% del abastecimiento para todos los usos de la Cuenca del Valle de México, se complementa con el Sistema Lerma (5%), con la extracción de agua subterránea (68%), con ríos y manantiales (3%) y reúso del agua (7%) (BM 2013). La cuenca Lerma-Santiago-Pacífico es la que tiene mayor presión en el país, está catalogado como presión muy alta,[2] que junto con las regiones VI Río Bravo, y X Golfo Centro, concentran el 40% de los títulos de concesión y asignación de agua.

La utilización de agua residual tratada implica menor costo en el consumo, que disminuye las presiones sobre las fuentes y satisface demandas que no exigen calidad potable.

La utilización de agua tratada implica menor costo en el consumo, que disminuye las presiones sobre las fuentes y satisface demandas que no exigen calidad potable. Del 100% que se extrae, el 63% proviene de ríos, arroyos y lagos (aguas superficiales) y el 37% restante de aguas subterráneas. 

Aunado a lo anterior, se debería invertir en más infraestructura verde la cual ayuda a evitar que el agua de lluvia llegue al sistema de drenaje. Absorbe y almacena agua, mimetizando los procesos que ocurren en la naturaleza. Algunos ejemplos de infraestructura verde son los siguientes: desconexión de canales de recolección de agua de lluvia del drenaje pluvial, recolección de agua de lluvia, canteros de infiltración, pavimentos permeables y techos verdes.

El desafío es lograr incorporar, progresivamente, elementos de infraestructura verde en proyectos de infraestructura tradicional.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

  • Propuestas de reformas y adiciones en la Ley de Aguas Nacionales, para:
  • Definir agua pluvial.
  • Utilizar agua tratada para uso industrial cuando existan fuentes disponibles propias o de terceros, a excepción de los procesos industriales que requieran agua potable, lo que deberá justificarse cabalmente. Mediante una adición en la Ley de Aguas Nacionales.
  • Exceptuar del pago de cuotas de garantía de no caducidad, a los concesionarios que utilicen agua tratada.
  • Eliminar como causante de extinción en la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, cuando el concesionario realice mejores prácticas o use agua tratada, pero no utilice el volumen de agua concesionado o asignado o solo utilice una parte.
  • Adicionar como un derecho a los concesionarios el de utilizar parcialmente los volúmenes de agua concesionada.
  • Adicionar como obligación que los asignatarios utilicen agua tratada o agua pluvial para panteones, calles, parques y jardines y demás usos que no requieran agua de primer uso, cuando existan fuentes disponibles propias o de terceros.
  • Adicionar como obligación para los asignatarios la instalación de infraestructura verde para la captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua pluvial para disminuir la sobreexplotación de aguas nacionales superficiales o del subsuelo.
  • Adicionar como obligación para los asignatarios, la utilización de tecnologías que promuevan el uso eficiente del agua, considerando invariablemente los rubros de: Doble abastecimiento para casa habitación e industria: agua de primer uso (consumo humano, baño, cocina, etc.), agua de segundo uso (descargas sanitarias, riego de áreas verdes, lavado de autos). Así como incentivar el uso de sistemas de captación de aguas pluviales en la planeación urbana de zonas metropolitanas.
  • Deducción del 100% por las inversiones para uso de aguas tratadas y captación de agua pluvial. Mediante una reforma en el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
  • Deducciones para quienes arriendan inmuebles e inviertan en infraestructura para el tratamiento y uso de aguas residuales y pluviales. Mediante una reforma en el artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
  • Deducciones para aquellos que enajenen inmuebles e inviertan en infraestructura para el tratamiento y uso de aguas tratadas y uso de agua pluvial. Mediante una reforma en el artículo 121 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
  • Programas estatales que permitan tomar las medidas necesarias para garantizar el abasto de agua potable, y cumplir así lo previsto en el Artículo 4 de la Constitución Mexicana.

TÍTULO: PROHIBICIÓN DE DELFINARIOS

VISIÓN: Garantizar que los mamíferos marinos vivan en su hábitat natural.

RESUMEN EJECUTIVO:

En la actualidad es común el uso de animales para fines de espectáculos públicos y comerciales, lo cual ocasiona situaciones de maltrato físico y psicológico, que atentan en contra de su propia naturaleza.

Es de conocimiento público que diversas especies de mamíferos marinos son utilizadas para ese tipo de actividades, las cuales únicamente satisfacen intereses ajenos e implican la privación de la libertad de ejemplares de esas especies, en especiallos delfines y los leones marinos.

Para que los animales acuáticos puedan realizar actos como saludar, dar beso y el famoso foot push, son sometidos a un duro entrenamiento, en el cual se les condiciona el alimento, incrementando su estado de estrés y provocando enfermedades gástricas.

Otra actividad que se lleva a cabo es la delfinoterapia, la cual encontramos dentro de los múltiples tipos de terapias asistidas con animales, destacada por el trabajo en el medio acuático y alude a la inteligencia de estos animales que aporta variedad de recursos para la intervención. Quienes trabajan con delfines defienden su capacidad para detectar personas con problemas físicos o psíquicos, lo cual ha sido desvirtuado desde el ámbito académico.

Toda vez que se necesita erradicar todo tipo de actividad que perjudique la salud y la vida de otras especies animales, es imperativo modificar el marco jurídico vigente, a efecto de prohibir su realización, así como imponer las sanciones respectivas para quien violente esa disposición.

Además, hay países que llevaron a cabo importantes reformas en sus políticas en esta materia, donde quedó prohibido tener cetáceos en cautiverio, con lo cual se han reducido actos ilegales y lucrativos que atentan contra la vida animal.

El primer país que logró prohibir el cautiverio de delfines y ballenas, así como el nado con delfines fue Costa Rica, continuaron Hungría, Chile e India, donde quedó prohibido a nivel nacional tener delfines en cautiverio para ser utilizados en espectáculos.

Países como Brasil, Noruega, Reino Unido establecen estrictos estándares para los delfinarios que en muchas ocasiones resulta difícil de conseguir.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

En México, desde los años 70, encontramos los primeros delfinarios en el acuario Aragón y el Parque Atlantis, ubicados en la Ciudad de México, actualmente sin servicio.

A la fecha se siguen llevando a cabo los espectáculos con mamíferos marinos por distintas empresas. Tenemos como ejemplo al Grupo Dolphin Discovery, propietario de aproximadamente el 40% del mercado en México, que hasta el momento cuenta con los siguientes 16 delfinarios:

  • Capital Mexicana: Six Flags México.
  • Caribe Mexicano: Cancún – Isla Mujeres, Costa Maya, Cozumel, Tulum – Akumal, Dolphin Palace, Dreams Puerto Aventuras, Riviera Maya – Puerto Aventuras, Dolphin Playa del Carmen.
  • Pacífico Mexicano: Los Cabos, Vallarta.
  • Islas del Caribe: Anguila-St. Maarten, Gran Caimán, Tortola, Punta Cana, Saint Kitts.
  • Costa Este (EUA): Gulf World By Dolphin Discovery.

De acuerdo con la publicación “Delfinarios” escrita por Yolanda Alaniz y Laura Rojas, existen riesgos para los humanos y para los defines en este tipo de actividades acuáticas, como conductas agresivas por los cetáceos, mala interpretación de la señalización o expectativas no cumplidas en la interacción, competencia sexual por la dominación, esfuerzos por controlar los elementos del ambiente, o bien, las zoonosis, entre otros.

Por otro lado, la delfinoterapia es otra actividad que se lleva a cabo con mamíferos marinos en cautiverio, la cual aún carece de fundamento científico y de autorización por parte de las autoridades sanitarias. A pesar de la propagación de las terapias para las personas que padecen de autismo, síndrome de down, bulimia, ansiedad, depresión, déficit de atención e hiperactividad, anorexia o inclusive trastornos de sueño, no existen datos que garanticen la eficacia de las terapias.

Cabe resaltar que la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud ha afirmado que la terapia asistida con delfines no es una terapia reconocida dentro de la Guías de Práctica Clínica avaladas por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC).

Se argumenta que los delfines curan mediante los pulsos de ultrasonido que ya en sí mismos son curativos. Estudios recientes han demostrado que para que el ultrasonido emitido por los defines tengan algún efecto sobre los tejidos debe emitirse por tiempos suficientes, lo cual no puede controlarse, además de que en los padecimientos que se describen con anterioridad y que están relacionados con trastornos cerebrales, deben de transmitirse de manera directa sobre la cabeza del paciente, lo cual no sucede, ya que la cabeza del paciente se mantiene siempre por encima de la superficie del agua. Esto hace que sea cada vez menos realista la hipótesis de que los delfines curen a través del ultrasonido.[3]

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

  • Reformar el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, para prohibir la celebración de espectáculos públicos o privados, incluyendo los espectáculos a domicilio, fijos o itinerantes, con cualquier especie de mamíferos marinos, así como el uso de mamíferos marinos con fines económicos de manejo, adiestramiento, entrenamiento y terapia.
  • Reformar el artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre para establecer en el catálogo de infracciones el incumplimiento de la prohibición de espectáculos públicos o privados, incluyendo los espectáculos a domicilio, fijos o itinerantes, con cualquier especie de mamíferos marinos, así como el uso de mamíferos marinos con fines económicos de manejo, adiestramiento, entrenamiento y terapia.
  • Reformar el Código Penal para el Estado de Jalisco, sanciones dentro de los delitos contra el ambiente, a quienes infrinjan la prohibición de realizar espectáculos o terapias que impliquen el uso de mamíferos marinos, tanto particulares como servidores públicos que lleguen a involucrarse.
  • Establecer en el artículo 9 de la Ley General de Vida Silvestre, la facultad de la autoridad ambiental federal a emitir una política preventiva para evitar la realización de esas actividades, así como amplias facultades para vigilar y verificar el cumplimiento de la prohibición.

TITULO: ESPACIOS DIGNOS PARA LOS ANIMALES EN VENTA

VISIÓN: Mejorar las condiciones de los establecimientos mercantiles de compra-venta de mascotas o animales de compañía, a fin de determinar los parámetros básicos para el bienestar animal durante el proceso de comercialización.

Al regular las actividades de comercialización de animales de compañía en establecimientos mercantiles, permitirá prevenir y reducir el maltrato físico de animales domésticos, provocado por los espacios o jaulas que no son los adecuados para su estancia.

Endurecer el marco legal que protege a los animales, para prohibir su venta en la vía pública, tianguis, puesta semifijos, puestos permanentes, temporales o ambulantes, y con ello evitar el maltrato de animales, así como su venta ilegal.

RESUMEN EJECUTIVO:

En Jalisco las prácticas de comercialización de mascotas o animales de compañía,  la mayor parte no cuentan con alguna restricción sanitaria, legal ni ética. Debido a ello, es necesario se amplié el marco legal que se contempla en la Ley de Coordinación en Materia de Sanidad Animal para el Estado de Jalisco, para garantizar que los animales no cuenten con alguna enfermedad, plaga o cualquier circunstancia que cree un contagio a los mismos así como a sus propietarios y  toda vez que algunos animales son víctimas de maltrato o tortura por parte de los comercializadores, se cree necesario reformar la Ley de Protección y Cuidado de los Animales, a fin de garantizar el bienestar y trato digno para los animales.

Asimismo, el mayor porcentaje de la venta de animales domésticos y de fauna silvestre se realiza de manera ilegal y en situaciones insalubres, en la vía pública, tianguis y puestos semifijos. A pesar de los operativos llevados a cabo por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), es bien sabido que en Jalisco existe dicha ilegalidad respecto a la venta de animales, lo cual se busca erradicar.

Ante esta situación, se debe reforzar el marco legal que protege a los animales en Jalisco, a través de la prohibición de la comercialización de animales domésticos y de fauna silvestre en la vía pública, y con ello evitar que estas especies se vean afectadas en su salud por falta de un control sanitario.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Los animales de compañía, al ser comercializados carecen de alojamientos acorde a su especie y tamaño, viven en espacios o jaulas tan reducidos que no les permiten cambiar de posición o permanecen completamente aislados, inclusive imposibilitados para expresar comportamientos que son necesarios para ellos, desarrollando como consecuencia conductas patológicas.

Los espacios en donde son exhibidos los animales, para su comercialización, les producen lesiones, caídas, luxaciones e incomodidad. Mientras que algunos encargados de estas tiendas de animales solo persiguen intereses económicos, que atentan con el trato digno y la responsabilidad del cuidado de las especies que son vendidas para ser domesticadas.

En los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco reportan que desde que se modificó la Ley de Protección a los Animales en el 2014, recibieron siete mil 221 denuncias por maltrato animal, de las cuales cinco mil 036 se documentaron a partir del 2016.

Las denuncias en cifras

 

2014 (junio a diciembre)

2015

2016

2017

Total

Guadalajara

0

52

1200

796

2048

Zapopan

843

1054

1367

593

3857

Tlaquepaque

2

8

411

423

844

Tonalá

129

97

121

113

460

Tlajomulco

sin registro

sin registro

9

3

12

Total de todos los municipios:

 

 

 

 

7221

 

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística (INEGI) existen 7,190 comercios al por menor de mascotas a escala nacional.[4]

Existen países que han buscado mejorar las condiciones de los animales domésticos, como ejemplo tenemos al Consejo Municipal de Los Ángeles (California, EE UU) ha aprobado por unanimidad una moción del concejal Paul Koretz[5] que pondría fin a los criaderos de gatos y perros, prohibiendo la crianza comercial de perros, gatos, conejos y pollos, y su venta en tiendas de animales. En su lugar, los refugios de animales trabajarán con tiendas de animales con licencia para que éstas den en adopción a los animales de los refugios.

Otro ejemplo, es España ya cuenta con un borrador de anteproyecto de Ley por el que se establece la normativa básica del comercio y la tenencia responsable de perros y gatos que incluye la no exhibición para venta de los mismos.

En el 2016, la Comunidad de Madrid, puso en vigor la Ley de Protección de los Animales de Compañía, prohibiendo la exhibición de mascotas en establecimientos, con algunas excepciones, como lo señala su artículo 18, que a la letra dice:

Artículo 18.Condiciones de la cría con fines comerciales y de la venta de animales.

  1. […]
  2. La venta de perros y gatos en los centros antes citados, se deberá realizar a través de catálogos y medios similares que no requieran la presencia física de los animales en la tienda. No obstante, la Consejería competente podrá autorizar la presencia de perros y gatos en aquellos centros de venta que cumplan las condiciones de salubridad, espacio, etc., que se determinen reglamentariamente en el plazo de seis meses desde la aprobación de esta Ley. Dichos centros tendrán un plazo máximo de adaptación de 24 meses a dichas condiciones.
  3. Los centros de venta podrán disponer para su venta de peces, reptiles, roedores, conejos, hurones y pájaros de jaula criados en cautividad, siempre que cumplan con los requisitos de espacio que se establecerán reglamentariamente. La Consejería competente revisará el listado de especies y los requisitos y condiciones para la venta de cada una de ellas en el plazo de dos años.

Debido al maltrato que padecen los animales durante el proceso de comercialización, se busca mejorar las condiciones de la compra-venta de animales domésticos, a través de un estricto control, y supervisión por parte de las autoridades. Una de las medidas a considerar durante el proceso de compra, es la propuesta de la impresión de un catálogo o de la utilización de herramientas tecnológicas, esto ayudaría a prevenir el maltrato que sufren, dado que los establecimientos comerciales no cuentan con las condiciones adecuadas, ya que muchos de los animales se encuentran en vitrinas de vidrio o jaulas muy reducidas.

Asimismo, se propone que la ley de Protección y Cuidado Animal del Estado de Jalisco regule y verifique la comercialización de los animales de compañía en los establecimientos comerciales, esto toda vez que los ayuntamientos regulan y proporcionan los permisos para este tipo de giros de igual forma, que la Ley de Coordinación en Materia de Sanidad en el Estado verifique las condiciones en las que se encuentran los animales  domésticos en los establecimientos comerciales.

Su comercialización no aplica protocolos de higiene y cuidado, derivado de esto, los animales se contaminan con parásitos que pueden derivar en enfermedades zoonóticas, es decir, infecciones que se transmiten de forma natural de los animales a humanos.

De las 174 enfermedades infecciosas transmisibles de animales a humanos, 53 las transmiten los perros[6]. Ejemplos de las infecciones que se pueden contraer son, la giardiasis, por medio del giardia lamblia, el cual es un parásito zoonótico frecuente en niños y adultos causantes de gastroenteritis; por otro lado, tenemos a el dipylidium caninum, es un parásito del intestino delgado de los animales y en ocasiones afecta al hombre, este céstodo tiene una distribución mundial y es frecuente en perros, los huéspedes intermediarios son las pulgas[7].

Debido a que los niños constituyen la población con mayor riesgo de exposición a parásitos de potencial zoonótico[8], es que la venta de mascotas en estos lugares debe ser prohibida y así evitar poner en riesgo la salud de los infantes y de los animales.

Además, en la vía pública y en los establecimientos, no se encuentran en óptimas condiciones, ya que se improvisan jaulas o cajas para ahí exhibir a las especies, sin considerar el bienestar animal.

A pesar de estas condiciones, los animales domésticos[9] han tenido un repunte en las preferencias de las personas, esto se refleja con el aumento de los productos y servicios dirigidos a este sector de consumo; como lo es alimento, medicinas, servicios veterinarios especializados, juguetes y accesorios, que alcanzan un valor entre 500 y mil millones de pesos anuales[10].

En lo que respecta a la venta ilegal de fauna silvestre, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, es la tercera actividad ilícita más redituable en el mundo[11], en México el comercio ilegal de fauna silvestre es perseguido por la PROFEPA, y en 2016 informó que derivado de sus recorridos de vigilancia y operativos, se aseguraron precautoriamente 16,744 ejemplares de fauna silvestre[12]. Esto es una muestra del tamaño del mercado ilegal de especies en el país.

En la República mexicana, resalta el caso de la Ciudad de México, donde está prohibida la venta de animales en la vía pública o vehículos, así como el de Chihuahua que establece la prohibición de venta, rifas, u obsequio de mascotas en vía pública.

Ante este contexto, en el Partido Verde Ecologista de México estamos preocupados por esta situación y por ello buscamos generar conciencia entre las personas para hacer efectiva la protección a los animales, a través de la prohibición del comercio ilegal de animales domésticos y de fauna silvestre.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

Reformar la Ley de Coordinación en Materia de Sanidad Animal Para el Estado de Jalisco y la Ley de Protección y Cuidado de los Animales en el Estado de Jalisco,  bajo las siguientes propuestas:

  • Incorporar el concepto de mascota o animal de compañía.
  • Que los Municipios regulen y verifiquen de manera eficaz y adecuada el control de establecimientos que promueven la comercialización de mascotas o animales de compañía.
  • Establecer tiempos máximos de exhibición para los establecimientos comerciales y que cumplan con las condiciones de salubridad y espacio.
  • Generar catálogos impresos o la utilización de herramientas tecnológicas para la comercialización de animales de compañía.
  • Establecer disposiciones necesarias durante los procesos de comercialización de los ejemplares de fauna doméstica, como es el trato digno, evitar el maltrato, y que las áreas donde se encuentran resguardados los animales sean en óptimas condiciones, de lo contrario se deberá sancionar por violar dichas disposiciones.
  • Definir la forma, procedimientos y requisitos para el manejo de los que posean mascotas o animales de compañía, incluidas las especies domésticas.
  • Asegurar que las especies domesticas estén resguardadas, previo a su comercialización, en lugares que cuenten con áreas e infraestructura necesaria para su manejo, así como de quienes lleven a cabo la comercialización, tengan capacidad técnica y operativa suficiente.
  • Reformar la Ley de Coordinación en Materia de Sanidad Animal Para el Estado de Jalisco y la Ley de Protección y Cuidado de los Animales en el Estado de Jalisco, para prohibir la comercialización de animales de compañía o animales silvestres en la vía pública, mercados, tianguis, puestos semifijos, puestos permanentes temporales o ambulantes.
  • Reformar la Ley de Protección y Cuidado de los Animales en el Estado de Jalisco, para que regule y verifique la comercialización de los animales de compañía en los establecimientos comerciales,
  • Reformar la Ley de Coordinación en Materia de Sanidad en el Estado verifique las condiciones en las que se encuentran los animales domésticos en los establecimientos comerciales.

TÍTULO: PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

VISIÓN: Un Jalisco con respeto hacia los animales no humanos, a su hábitat, a su bienestar y protección, así como al cumplimiento o adaptación de las obligaciones y derechos de la Declaración Universal de los Derechos del Animal.

RESUMEN EJECUTIVO: En Jalisco las prácticas de maltrato y tortura a los animales han sido notorias cada vez más, ejemplo de ello son los videos que se publican en las redes sociales, donde algunas personas graban a los animales cuando los están torturando o ciudadanos que graban hechos de maltrato animal como una llamada de atención a la población y a las autoridades de las practicas inhumanas a las que son sometidos. Ante tales hechos de maltrato animal es que se propone reformar la Constitución Política de Jalisco, a fin de facultar al Congreso para legislar en materia de protección y bienestar animal.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Actualmente, el Congreso tiene facultad para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Estado y sus Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Pero, es preciso facultar al Congreso para legislar en materia de protección y bienestar animal, a fin de evitar el maltrato animal.

Ya que ha ido en aumento el número de casos denunciados de prácticas violentas hacia los animales, de acuerdo a datos del INEGI, México ocupa el tercer lugar en maltrato animal, se estima que un millón de mascotas sufre maltrato, mala alimentación, son golpeados o abandonados en entre otros tipos de maltrato, siendo Jalisco uno de los Estados en los que existe un gran índice de denuncias recibidas, siete mil 221 por maltrato animal, de las cuales cinco mil 036 se documentaron a partir del 2016, por lo que va a dicha problemática se estima necesaria regular la protección de animales, pues a pesar de las mejoras ya realizadas para castigar el maltrato a los animales, sigue existiendo peligro para los mismos por lo que es conveniente sea por medio de la Constitución del Estado la que garantice la protección y bienestar de los animales.

Ante esta situación de maltrato animal, es fundamental trabajar el tema de protección y bienestar animal, el cual debe estar relacionado con el cuidado y el respeto de todos los animales, no obstante a la gran lucha que el Estado ha venido realizando para dar mejor calidad de vida a los animales, es necesario se sigan creando mejores condiciones pues los mismos nacen iguales ante la vida por lo que se debe el respeto a su desarrollo natural mismo que es contemplado en la Ley de Protección a los Animales.

La tortura y maltrato a los animales fomenta en las personas sentir desprecio hacia ellos, inclusive se puede tornar como algo normal y una costumbre, donde los animales son vistos como objetos de diversión y de sufrimiento. Es por ello, que la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, tiene como fin el de proteger a estos seres vivos, por ello establece la obligatoriedad de respetar a los animales.

En 1977 esta Declaración Universal de los Derechos de los Animales se aprobó por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con objeto de proveer a la humanidad de un código de ética biológica y de comportamiento moral, tendiente a concientizar al ser humano; además precisa que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia; razón por la cual, entre otros artículos, señala : “Que los animales deberán ser tratados con dignidad y respeto durante toda su vida, y no serán sujetos de diversión o entretenimiento de la sociedad”, es decir, prohíbe que cualquier animal sea sometido a malos tratos o actos crueles o que sea explotado para esparcimiento del hombre.

A pesar de contar con los instrumentos legales a nivel mundial no es suficiente, en Jalisco, la protección de los animales continúa siendo un problema, ya que falta fortalecer los instrumentos legales en materia bienestar y la protección de los animales, a fin de prohibir las prácticas donde se utiliza instrumentos punzocortantantes que causan daño a un animal o cualquier otro tipo de tortura o maltrato a los que son sometidos.

Actualmente, en países de Europa como Austria, Alemania y Suiza tienen contemplado en sus Constituciones Políticas, el tema de la naturaleza y de la protección a los animales. Asimismo en América Latina, el caso de Bolivia que estipula las competencias de los gobiernos municipales autónomos en materia de protección de la fauna silvestre y animales domésticos.

Estas conductas de maltado, tortura y de crueldad a los que son sometido los animales por parte de las personas, son originadas en muchas ocasiones por resentimientos que guardan las personas, que buscan desquitar sus frustraciones con los animales o porque crecen en un ambiente familiar donde la falta de valores y cultura no es fomentado. Lo que conduce a prácticas crueles hacia los animales privándolos de su derecho a una vida sana y digna.

También, estas conductas pueden afectar el entorno social porque al generar prácticas de maltrato en los animales, produce conductas violentas hacia las demás personas. Por otro lado la falta de valores éticos y culturales hace que las personas pierdan el respeto a la vida de los demás seres vivos. Es por ello, la necesidad de establecer en la Constitución Política del Estado las facultades del Congreso en materia de protección y bienestar animal, ya que es parte esencial contar con un marco jurídico que regule el comportamiento de las personas hacia los animales.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

  • Reformar la Constitución Política del Estado de Jalisco, para facultar al Congreso del Estado, para legislar en materia de protección, bienestar y maltrato animal.

TÍTULO: ENERGÍAS LIMPIAS ACCESIBLES

VISIÓN: Aprovechar la radiación solar, a través de tecnologías como son los paneles solares que permiten energía limpia y accesible para todos. Su aprovechamiento es para producir calor y calentar agua y producir electricidad (energía solar).

RESUMEN EJECUTIVO:

Las energías limpias, no dañan el medio ambiente, ya que no provocan la emisión de gases contaminantes a la atmósfera o, en su defecto, las emisiones son mínimas. Por tanto, no contribuyen a efectos como el cambio climático, el calentamiento global o el agujero de la capa de ozono, algunos de los principales problemas medioambientales de la actualidad.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

El cambio climático causado por el aumento en la emisión y en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, es hoy una de las amenazas más grandes a las que se enfrenta la humanidad. La emisión de dichos gases provenientes principalmente de la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad y el transporte, así como del cambio de uso de suelo, han ocasionado severos impactos en el clima causando afectaciones que van desde sequías, inundaciones, alteración del ciclo hidrológico, eventos hidrometeoro lógicos más fuertes y frecuentes, aumento del nivel del mar, derretimiento de glaciares, extinción de especies animales y vegetales, así como innumerables pérdidas humanas.

Por ello, las energías limpias se vuelven cada vez más atractivas y necesarias. Ya que los residuos forestales o biomasa sólida representan la mayor fuente de energía, alcanzando consumos de 78.8 millones de toneladas equivalentes de petróleo (MTEP) como energía primaria de la cual se generan 72.8 twh eléctricos y 64.9 MTEP térmicos.

Las reservas petroleras probadas durarán poco más de 20 años y para 2030 se proyecta que se habrá terminado el petróleo de fácil extracción y más barato. Los bajos precios del petróleo también nos han afectado, el 24 abril de 2015, el barril mexicano llegó a los 54.65 dólares, que equivale a una caída de 43 por ciento con relación a los 96 dólares que costó el mismo mes de 2014, lo que nos indica que si continúa la misma tendencia de un precio menor a los 60 dólares por barril y con una producción de 2.35 millones de barriles diarios, las contribuciones petroleras en México pasarían del 16 por ciento del presupuesto federal en 2016 al 8 por ciento en 2020, lo que debe motivar a dar el salto a la utilización de fuentes de energía renovables, limpias y accesibles.

De acuerdo al estudio “Plan integral para el desarrollo de las energías renovables en México 2013-2018” de Price Waterhouse Coopers (PwC), si en nuestro país se generaran 10 mil gigavatios por hora (GWh), a través de energías renovables, al año se daría un incremento en el Producto Interno Bruto (PIB) de 346 mil millones de pesos, se podrían crear hasta 15 mil empleos y se lograría una recaudación fiscal de 23 mil millones de pesos. Por ello, se estima que México podría generar 90 mil empleos directos en el 2024, se bajarían las emisiones de gases de efecto invernadero entre 30 y 50 millones de toneladas de bióxido de carbono y se limitaría hasta en un 65% la explotación de los hidrocarburos.

La meta de México es que el 35% de la energía que se use en el 2024 sea renovable, por lo que el crecimiento requerido es de 120 TWh por año; esta si se da mediante una generación combinada de 77.5 TWh por año con energías limpias y 42.5 TWh por año con gas natural, el costo aproximado estaría en un rango de 8.2 y 9.7 mil millones de dolores.

México cuenta con un enorme potencial en recursos renovables. En 2016, el 20.31% de la energía eléctrica fue generada con fuentes limpias. Las tecnologías que mostraron mayor crecimiento fueron: la eólica, la fotovoltaica y cogeneración eficiente. La Generación con Energías Renovables en el 2016 fue del 15.41% (49,206.20 GWh), siendo la hidroeléctrica la que contribuyo con un 9.68%, seguida de la energía eólica con un 3.28% y al final la fotovoltaica con un 0.07%; mientras que el 4.90% fue contribuido por otras energías limpias tales como la nuclear, cogeneración eficiente, frenos regenerativos y licor negro.

De acuerdo al Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. INECC/SEMARNAT, 2015, la generación de energía contribuye con un 19% de emisiones de gases de efecto invernadero mientras que el autotransporte con un 23%.

Por lo que se requiere una reducción considerable en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), un vehículo de gasolina con un consumo anual de 4.800 litros de gasolina emite 2,196 kg CO2.

El PVEM busca garantizar que, frente a las nuevas realidades en el contexto ambiental y en apego a las nuevas tecnológicas, el sector energético y Petróleos Mexicanos, minimicen las emisiones generadas por el uso hidrocarburos.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

  • Incentivar fiscalmente la instalación de tecnologías que permitan el uso de la radiación solar como son los paneles solares en edificios públicos, hospitales, escuelas, viviendas, industrias y empresas e infraestructura pública. Mediante una reforma en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
  • Promover el uso de biocombustibles de segunda y tercera generación así como otras fuentes de energía renovable en los procesos productivos, generación de electricidad y en servicios como el transporte.
  • Reducir y en algunos casos eliminar los impuestos para la importación de tecnologías de energías renovables. Mediante una reforma en el Código Fiscal de la Federación.

TÍTULO: EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TODOS LOS NIVELES ESCOLARES

VISIÓN: Implementar la materia de educación ambiental en todos los niveles escolares para crear consciencia del daño ambiental, así como de la necesidad de adoptar nuevos hábitos para contaminar menos y, generar medidas para disminuir el daño ambiental que se genera en el presente. Respetar y proteger el medio ambiente, permitirá que el propio medio ambiente se recupere, ofreciendo mejores condiciones de vida y salud a la población.

RESUMEN EJECUTIVO:

Una de las formas en las que la sociedad en general tiene la oportunidad de crear y mantener una buena relación con el entorno que nos rodea es a través del cuidado, preservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales.

En la medida en que la educación ambiental logre modificar hábitos y conductas ambientales negativas que afectan la calidad del medio ambiente, habrá un mayor bienestar para la población, así como la salud de los ecosistemas.

A pesar que en México se han tenido avances importantes en educación ambiental, ha quedado rezagado internacionalmente en la materia, dado que varios Países como Estados Unidos, Chile, Australia, de la Unión Europea y entro otros, desde la década de los noventa comenzaron con la transformación de sus planes y programas de estudio obligatorios en educación ambiental dentro de la currícula escolar.

Actualmente para el País, los costos totales a causa del agotamiento y degradación ambiental representa uno de sus grandes retos, ya que han mostrado un crecimiento notable y por ende un mayor gasto público cada año en la materia.

Por ello, es fundamental que el Estado Mexicano incorporé la educación ambiental como parte integral de la educación que imparta, para que desde una cultura de la prevención se puedan mitigar los impactos negativos de la actividad económica al medio ambiente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Los problemas asociados con el medio ambiente en México implican cada vez más, una reflexión más profunda, pues sin duda, los retos en materia ambiental se han agudizado.

Desacoplando el deterioro ambiental de la actividad económica en México, desde el 2003 hasta el 2016, se puede observar que siguen una misma tendencia hasta el año 2013, pero vuelve a retomar su pronunciamiento en el 2015. Lo hace plantear que mientras que la económica mexicana siga creciendo, repercutirá en un mayor deterioro ambiental, tal y como se pueden apreciar en la siguiente gráfica:

Fuente: Elaborado con datos del INEGI.

En términos absolutos los costos totales por agotamiento y degradación ambiental en México para el año 2016, representaron; 921 mil 814 millones de pesos, es decir, 4.6% del Producto Interno bruto para ese mismo año. Desde el 2003 hasta el 2016, éstos han tenido una tendencia positiva conforme crece la economía, tal y como se puede apreciar en la siguiente gráfica:

Fuente: Elaborado con datos del INEGI.

Con base en la metodología del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) los costos por deterioro ambiental en el 2016, se conformaron de la siguiente manera:

COSTOS POR DETERIORO AMBIENTAL EN MÉXICO 2016

Agotamiento

13.6

   Hidrocarburos

8.5

   Recursos forestales

1.3

   Agua subterránea

3.9

Degradación

86.4

   Fuentes móviles

62.2

   Fuentes de área

0.2

   Fuentes fijas

2.2

   Contaminación del agua

4.9

   Residuos sólidos

7.1

   Degradación del suelo

9.8

           Fuente: INEGI

Como se puede apreciar en el recuadro los costos por deterioro ambiental se componen por una gama de fuentes, que van desde el agotamiento de los recursos naturales como los recursos forestales y el agua, hasta la contaminación del aire, los residuos sólidos y la degradación del agua.

Política comparada en Educación ambiental

La educación ambiental es una las mayores herramientas que han utilizado diversos países en el mundo, para hacer frente al cambio climático, al agotamiento de recursos naturales y degradación ambiental. Solo por citar unos ejemplos se enlistan los siguientes:

Estados Unidos

Estados Unidos desde 1990, incluyó dentro de su legislación la Ley Nacional de Educación Ambiental, en donde se plasma el actuar del Gobierno Federal, de las instituciones educativas estatales, instituciones ambientalistas y del sector privado; para el desarrollo de planes de estudios y proyectos especiales en materia medio ambiental, en todos los niveles educativos e incentivando a los estudiantes de posgrado a seguir carreras relacionadas con el medio ambiente a través de becas y premios medioambientales[13].

Chile

En la República de Chile las reformas educativas de 1990 ya consideraban a la educación ambiental como un objetivo fundamental de forma transversal del currículum escolar[14].

España

El auge de la educación ambiental en España comienza a finales de los años sesenta, llegándose a constituir en la década de los ochenta gracias al esfuerzo de profesores y a la aportación de los movimientos de renovación pedagógica, que crearon el clima adecuado para que el medio ambiente y sus problemas se incorporaran a la escuela, con la elaboración de materiales y organizaciones de cursos, jornadas y congresos en la materia[15].

Australia

La educación ambiental empezó a desarrollarse a mediados de los años sesenta, siendo hasta 1984 cuando los departamentos de los ministerios a cargo del Medio Ambiente crearon un Grupo de Trabajo en Educación Ambiental con la finalidad de proteger la Naturaleza y el Medio Ambiente austriaco, con lo cual siguieron iniciativas como el Decreto sobre Educación Ambiental en los centros escolares publicado, por el Ministerio Federal de Educación y Arte en 1985.

Francia

Las acciones a favor de la educación ambiental han estado orientadas a su integración en la escolaridad obligatoria. Su implantación se ha ido apoyando en los diversos textos normativos del Ministerio de Educación Nacional tales como:

La Carta Constitutiva de la Educación Ambiental, publicada en 1977, la cual establece la Instrucción General sobre educación ambiental de los alumnos en materia de Medio Ambiente.

El Protocolo de 1983, firmado por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente, el cual tiene la finalidad de fomentar una mayor integración de los aspectos medioambientales en los programas de estudios y en la organización pedagógica de los centros, con el fin de facilitar las actividades interdisciplinares sobre el Medio Ambiente.

El Protocolo de 1993, en el que se integraron las aportaciones de la Conferencia de Río de Janeiro de 1992, con la intención, que al concluir la enseñanza obligatoria a los 16 años, los alumnos tengan conocimientos medioambientales básicos para desenvolverse en sociedad.

Reino Unido

Ha situado el Desarrollo Sostenible en un lugar preponderante de la política británica, creando organismos para la defensa del Medio Ambiente, tales como el Comité del Gobierno Británico en materia de Desarrollo Sostenible.

Pero es a partir de la reforma de la enseñanza de 1988, cuando se establecen una serie de objetivos para los centros escolares con respecto a la implantación de la educación ambiental, en donde los problemas medioambientales pueden abordarse desde varias disciplinas obligatorias.

Del estudio internacional descrito, no hay duda de ser difícil, y en México es necesario e inaplazable que dentro del proceso de formación de los estudiantes, se contemple una materia con visión más amplia de la problemática ambiental, que concientice a las generaciones futuras de la gravedad del deterioro del medio ambiente y del impacto que este trae a la calidad de vida y al bienestar social.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

  • Reformar mediante iniciativa de acuerdo legislativo el artículo 7 de la Ley General de Educación para incorporar la materia de educación ambiental como parte integral de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización.

Donde se contemple un artículo transitorio, en el cual se determine la obligatoriedad, para que la Secretaría de Educación Pública Federal en coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y demás autoridades competentes, hagan efectiva una materia específicamente sobre educación ambiental, en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional.

  • Reformar la Ley de Educación del Estado de Jalisco y los reglamentos respectivos de la materia con el fin de garantizar la educación ambiental en todos los niveles educativos en las escuelas públicas de la entidad, para crear conciencia a los estudiantes del cuidado y protección ambiental.

TITULO: POR UNA BUENA CALIDAD DEL AIRE

VISIÓN: Formular acciones para garantizar la calidad del aire, así como la protección y restauración de la atmosfera, bajo el principio de concurrencia. Definiendo cuenca atmosférica para así establecer los principios generales que deben privar en la gestión de la calidad del aire para promover que se asuman responsabilidades iguales, pero obligaciones diferenciadas con el fin de incentivar buenas prácticas y procesos que reduzcan las emisiones de contaminantes a la atmósfera.

RESUMEN EJECUTIVO:

La contaminación atmosférica es uno de los principales problemas ambientales de México y del mundo. Evidentemente es un fenómeno que puede relacionarse con el crecimiento poblacional, pero sobre todo con su concentración en grandes urbes, y la producción industrial en muchos sentidos, ya que esta se ha caracterizado porque en los centros poblacionales, sobre todo en los últimos 70 años se han desarrollado los procesos industriales que emiten contaminantes, alterando la calidad del aire y por ende la atmósfera.

Si bienes intangible, la atmósfera terrestre es el bien común más global en el planeta. Es una muy delgada película, constituida por una masa gaseosa de composición prácticamente homogénea que envuelve la tierra y que se mantiene unida al planeta por la fuerza de la gravedad.

Entre sus funciones más importantes es la de proveer a los seres vivos de gases imprescindibles para la vida, forma parte del ciclo hidrológico, sirve de protección a la vida terrestre  frente a los rayos cósmicos y distribuye la energía del Sol por toda la Tierra.

Tiene un espesor de aproximadamente 1000 kilómetros y a su vez se divide en varias capas concéntricas sucesivas, que se extienden desde la superficie del planeta hacia el espacio exterior. Atendiendo a una clasificación en función de la distribución de temperatura la podemos dividir en troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera.

Esta capa gaseosa y la hidrosfera constituyen el sistema de capas fluidas terrestres, cuyas dinámicas están estrechamente relacionadas, pues protegen la vida de la Tierra absorbiendo en la capa de ozono gran parte de la radiación solar ultravioleta, reduciendo las diferencias de temperatura entre el día y la noche.

Esta delgada capa de nuestro planeta que representa una millonésima parte de su masa, tiene un papel tan importante en la naturaleza, que es incluso fundamental en el sostenimiento de los procesos vitales.

De acuerdo a los estudios conducidos por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el aire está compuesto por la siguiente proporción de gases: nitrógeno en un 78%, oxígeno en un 21% y gases inertes en un 1%, que se mantienen virtualmente constantes en todo el planeta. Además de estos gases presentes en forma permanente, también están otros gases que varían en su concentración dependiendo de las características de los ecosistemas y de las condiciones climatológicas. Entre ellos, se encuentran el vapor de agua (H2O), que puede variar entre 0 a 4%; el dióxido de carbono (CO2) que tiene una concentración media global de 0.035%; y los gases llamados traza, que incluyen al metano (CH4), óxido nitroso (N2O), ozono (O3), material particulado (PM) y clorofluorocarbonos (CFC) que en conjunto poseen menos de 0.00017% por volumen de aire seco en la atmósfera.

La calidad del aire puede ser degradada por la variación significativa de las proporciones en que están presentes sus distintos componentes o por la introducción en la atmósfera de otros componentes gaseosos o de materia en forma de partículas (que es lo que suele llamarse en sentido restringido “contaminación atmosférica”).

En términos generales se reconocen tres tipos de fuentes contaminantes: las fuentes fijas dentro de las que se consideran las fuentes de emisiones que son estacionarias, es decir establecimientos, generalmente de gran tamaño, como pueden ser las plantas industriales; las fuentes móviles, donde se incluyen diversos medios de transporte, que utilizan motores de combustión; las fuentes naturales que son aquellas que pueden generar emisiones de contaminantes pero son de origen natural como volcanes, o fuentes de origen geológico, y finalmente las fuentes de área que son aquellas estacionarias que son demasiado pequeñas para ser registradas individualmente, como tintorerías o gasolineras.

La contaminación del aire genera efectos nocivos no sólo respecto de la atmósfera propiamente, sino también de la salud humana, la flora, la fauna y los bienes generales.

Respecto al impacto que tiene la calidad del aire en la salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha determinado algunas directrices que establecen los parámetros para reducir de modo significativo los riesgos sanitarios. Señalando que la contaminación, tanto en espacios interiores como al aire libre, constituye un grave problema a la salud y al medio ambiente que afecta a los países desarrollados y en desarrollo por igual.

Existen serios riesgos para la salud derivados de la exposición a las partículas en suspensión (PM) en numerosas ciudades, por lo que es posible establecer una relación cuantitativa entre los niveles de contaminación y el aumento de la mortalidad o la morbilidad.

Las PM afectan a más personas que cualquier otro contaminante y sus principales componentes son los sulfatos, los nitratos, el amoníaco, el cloruro sódico, el carbón, el polvo de minerales y el agua. Las PM consisten en una compleja mezcla de partículas líquidas y sólidas de sustancias orgánicas e inorgánicas suspendidas en el aire. Las partículas se clasifican en función de su diámetro aerodinámico en PM10 (partículas con un diámetro aerodinámico inferior a 10 µm) y PM2.5 (diámetro aerodinámico inferior a 2,5 µm). Estas últimas suponen mayor peligro porque, al inhalarlas, pueden alcanzar las zonas periféricas de los bronquiolos y alterar el intercambio pulmonar de gases.

Los efectos de las PM sobre la salud se producen a los niveles de exposición a los que está sometida actualmente la mayoría de la población urbana y rural de los países desarrollados y en desarrollo. La exposición crónica a las partículas aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como de cáncer de pulmón.

El ozono a nivel del suelo que no debe confundirse con la capa de ozono en la atmósfera superior es uno de los principales componentes de la niebla tóxica. Niveles elevados de ozono puede causar problemas respiratorios, como asma, reducir la función pulmonar y originar enfermedades pulmonares.

Por su parte, el dióxido de nitrógeno (NO2) puede correlacionarse con varias actividades. En concentraciones de corta duración superiores a 200 mg/m3, es un gas tóxico que causa una importante inflamación de las vías respiratorias.

Es la fuente principal de los aerosoles de nitrato, que constituyen una parte importante de las PM2.5 y, en presencia de luz ultravioleta, del ozono.

Las principales fuentes de emisiones antropogénicas de NO2 son los procesos de combustión (calefacción, generación de electricidad y motores de vehículos y barcos).

El dióxido de azufre (SO2) que es un gas incoloro de olor penetrante que se genera con la combustión de fósiles (carbón y petróleo) y lo produce la calefacción doméstica, la generación de electricidad y los vehículos a motor. El deterioro de la calidad del aire o bien, la contaminación atmosférica representa no solo un problema de salud pública, sino que tiene un impacto considerable en la economía de todas las naciones.

Dentro de las principales repercusiones económicas de la contaminación del aire podemos identificar las pérdidas por efectos directos o indirectos en la salud humana, en el ganado y en las plantas; pérdidas por la corrosión de materiales y de sus revestimientos de protección; pérdidas por gastos de mantenimiento de las edificaciones y la depreciación de objetos y mercancías expuestos. Este fenómeno ocasiona gastos por la aplicación de medidas técnicas para suprimir o reducir el humo y las emanaciones de las fábricas y, pérdidas indirectas por mayores gastos de transporte en tiempo de niebla contaminada, o de electricidad por la necesidad de encender el alumbrado antes del horario establecido.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Para la Gestión integral de la calidad del aire, es fundamental un esquema de delimitación, caracterización y clasificación de cuencas atmosféricas del territorio nacional a fin de implementar programas, medidas y acciones tendientes a mitigar y reducir emisiones contaminantes al aire.

Con este fin se establecen Instrumentos de política estatal en materia de calidad del aire, que promueva la reducción de emisiones a fin de mejorar la calidad el aire en nuestro Estado y con ello atender al principio de acciones locales para un efecto global en pro de la protección de la atmósfera.

Los principales Instrumentos serán generar un  Programa Estatal de Gestión de la Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera, que permitirá establecer una estrategia intermunicipal para dicha gestión y que tendrá como sustento el Diagnóstico que proporcionará información básica de las concentraciones históricas, actuales y tendencias de los contaminantes en cada municipio, a fin de identificar las necesidades en la gestión de la calidad del aire.

Adicionalmente se estructuran otros programas que permitan la adecuada Gestión de Calidad del Aire de la Verificación Vehicular, y de Contingencias Ambientales Atmosféricas, esto con la debida implementación del Fondo Estatal de Protección al ambiente que fue aprobado en el 2016.

Asimismo, es necesario establecer las bases para poder integrar un Sistema de Información de la Calidad del Aire y Emisiones, que reúna y difunda los datos principales para la gestión de la calidad del aire y la protección a la atmósfera con datos generados por los sistemas de monitoreo, así como los inventarios de emisiones a la atmósfera en cada uno de los 125 municipios del Estado, esto para mantener una coordinación que nos permita alertar a la ciudadanía de las condiciones atmosféricas.

Consideramos que es relevante tener Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire, en el Estado y desde luego mantener no sólo una coordinación en la entidad sino que conjunto con las otras Entidades Federativas, así como con la federación, por lo que buscaremos incidir para  promover el establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire en cuencas atmosféricas, zonas metropolitanas, conurbaciones con poblaciones de más de quinientos mil habitantes, o con emisiones superiores a veinte mil toneladas anuales de contaminantes criterio a la atmósfera.

La atención e intervención en el sector ladrillero en el Estado, es esencial, es por ello que desde Jalisco, trabajaremos para mitigar la contaminación que produce éste sector tan importante en nuestro Estado. Se estima que existen un aproximado de 2,500 ladrilleras artesanales, posicionándonos como  la segunda entidad del país con mayor cantidad de estos giros, y aproximadamente la mitad se encuentran dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, por lo que sus emisiones contaminantes abonan al deterioro de la calidad del aire.

Con el objetivo de atender esta problemática, haremos un análisis y diagnóstico que nos permita conocer la actividad, los retos y oportunidades que representa el intervenir a través de una propuesta para transitar a una cadena productiva de bajo carbono, lo que a su vez podría ser replicable en otros sectores productivos para establecer líneas de acción más concretas para atender la problemática asociada a la informalidad de la actividad, así como sus implicaciones ambientales y sociales al emitir contaminantes que afectan la salud de los productores y los habitantes de las comunidades aledañas.

EN EL PARTIDO VERDE PROPONEMOS:

  • Incorporar en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente la definición de “Cuenca atmosférica”, para garantizar una gestión de la calidad del aire eficiente y eficaz.
  • Incluir en las facultades de la SEMARNAT las siguientes, en materia de calidad del aire y cuencas atmosféricas.
  • Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de gestión de la calidad del aire y protección de la atmósfera, basada en un sistema de cuencas atmosféricas.
  • Elaborar el Programa Nacional de Gestión Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera.
  • Delimitar las cuencas atmosféricas, determinar su capacidad de asimilación y definir los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes al aire en una cuenca atmosférica.
  • Elaborar, aplicar y evaluar programas para la reducción de emisiones de contaminantes, con base en la calidad del aire de cada cuenca atmosférica.
  • Establecer políticas, programas y lineamientos que permitan reducir las emisiones de las fuentes móviles.
  • Desarrollar y fomentar, en coordinación con otras dependencias del Gobierno Federal programas de desarrollo rural, estrategias y programas de eficiencia energética, promoción de energías alternativas, estrategias de adopción de tecnologías limpias y de verificación vehicular para el transporte público federal, así como programas de desarrollo urbano y ordenación del territorio nacional que permitan mejorar la calidad del aire.
  • Elaborar, publicar y mantener actualizado el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire y Emisiones e integrarlo al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
  • Incorporar en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente la definición de “Cuenca atmosférica”, para garantizar una gestión de la calidad del aire eficiente y eficaz.
  • Incluir en las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial el conocer respecto de materia de calidad del aire y cuencas atmosféricas:
  • Formular, conducir y evaluar la política pública estatal de gestión de la calidad del aire y protección de la atmósfera, basada en un sistema de cuencas atmosféricas.
  • Elaborar el Programa de Gestión de Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera.
  • Delimitar las cuencas atmosféricas del Estado, para determinar su capacidad de asimilación y definir los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes al aire.
  • Elaborar, aplicar y evaluar programas para la reducción de emisiones de contaminantes, con base en la calidad del aire de cada cuenca atmosférica.
  • Establecer políticas, programas y lineamientos que permitan reducir las emisiones de las fuentes móviles.
  • Desarrollar y fomentar, en coordinación con los municipios y la Agencia de Energía del Estado programas de desarrollo rural, estrategias y programas de eficiencia energética, promoción de energías alternativas, estrategias de adopción de tecnologías limpias y de verificación vehicular para el transporte público federal, así como programas de desarrollo urbano y ordenación del territorio nacional que permitan mejorar la calidad del aire.
  • Buscar alternativas sustentables en los municipios del Estado que cuenten con ladrilleras a efecto de mitigar la contaminación que producen.
  • Eficientar la aplicación del Fondo Estatal de Protección al Ambiente para que se generen Programas Estratégicos que permitan mejorar la calidad del aire en el Estado.
  • Garantizar el que el nuevo programa de verificación vehicular se aplique en el Estado, a efecto de que las fuentes móviles cumplan los más altos estándares de calidad, disminuyendo el impacto ambiental que generen.

TÍTULO: REFORMA FISCAL EN APOYO AL RECICLAJE

VISIÓN: En Jalisco, durante los últimos años las políticas públicas implementadas han sido encaminadas a transitar a lo que comúnmente se conoce como “economía verde”, cuyo objetivo, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente[16], es contribuir a mejorar el bienestar de las personas y la equidad social, así como reducir la escasez de recursos ambientales.

El reciclaje es un eslabón primordial de la economía verde. Es una industria o sector de la economía que requiere de incentivos para su desarrollo, considerando los beneficios que puede aportar a la sociedad, desde el punto de vista económico, ambiental y social.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), si bien el número de personas empleadas en el sector se ha incrementado 44% desde 2008, las remuneraciones por persona, los ingresos generados y sus gastos erogados han disminuido desde el mismo año en 2.6; 26.1 y16.2%[17], respectivamente. Lo anterior revela el estancamiento del sector.

Por otro lado, se detectan posibles incentivos perversos en la legislación fiscal actual, particularmente en lo que se refiere al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). El hecho de que el RIF sea aplicable solamente a personas físicas puede estar generando que no se crean empresas (o personas morales).

RESUMEN EJECUTIVO:

La industria del reciclaje aporta beneficios económicos y ambientales al país. Uno de los primeros pasos para el manejo integral de residuos es su recolección selectiva para su posterior reciclaje, todo en beneficio del medio ambiente. Sin embargo, para el caso del reciclaje en Jalisco, esta práctica presenta algunas dificultades entre las que destacan los pocos u nulos incentivos fiscales para esta industria.

Asi mismo es importante el seguir apostando por la certificación voluntaria de las empresas de nuestro Estado, para ello es importante de dotar de estímulos fiscales para que más empresas se certifiquen y contribuyan al buen ejercicio de la actividad pública.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

En la actualidad, y pese a los beneficios del reciclaje, se detecta una fuerte carga fiscal para la industria, lo que desincentiva su desarrollo, principalmente en lo que refiere al acopio o recolección selectiva de residuos.

Quienes realizan esta actividad deben pagar el 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 5% del Impuesto sobre la Renta (ISR). El IVA le es trasladado al adquiriente (por primera vez), quien lo retiene junto con el ISR y luego lo declara ante el fisco. Lo anterior se hace a través de una “autofactura”, para lo cual el adquiriente debe dar de alta al recolector ante el SAT[18].

Lo anterior significa que, a pesar de que la recolección selectiva de residuos pudiera considerarse primer eslabón en una cadena de producción (como materia prima), no recibe el mismo tratamiento que otras materias primas, para las cuales la tasa de IVA es del 0%. Además de la carga administrativa que implica el esquema planteado para los adquirientes del material para reciclaje.

A partir de 2014 se reformó la LISR y se crearon nuevos regímenes fiscales, entre los que destacan el RIF y el Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. En principio, se buscó ampliar la base de contribuyentes, lo que se logró.

De acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al mes de septiembre de 2017 había un total de 65.9 millones de contribuyentes en el país, de los cuales 63 millones se encontraban activos[19]. Cabe señalar, que según el propio SAT, es posible que un contribuyente tribute en más de un régimen fiscal, por lo que el número real de contribuyentes puede ser menor.

Del total de contribuyentes, el 60.8 por ciento corresponde a asalariados (40.0 millones), el 18.5 por ciento (12.2 millones) se presenta como “sin obligaciones fiscales” y el 9.9 por ciento corresponde a la suma de los contribuyentes dentro del RIF (4.9 millones) más lo que están dentro del Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras(1.6 millones).

En diciembre de 2013, el número de contribuyentes era considerablemente menor, pero con una distribución distinta a la que se observó en diciembre de 2016[20].

Régimen

Diciembre 2013

Diciembre 2016

Diferencia

Total

44.6 millones (100.0%)

59.4 millones (100.0%)

14.8 millones (33%)

Sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios

28.2 millones (63.3%)

34.9 millones (58.8%)

6.7 millones (23%)

Sin obligaciones fiscales

3.8 millones (8.5%)

11.4 millones (19.1%)

7.6 millones (200%)

Personas físicas con actividades empresariales y profesionales1

5.1 millones (11.4%)

3.3 millones (5.6%)

-1.8 millones (35%)

Pequeños contribuyentes

3.9 millones (8.7%)

No aplica

-3.9 millones (-100%)

Incorporación fiscal (RIF)

No aplica

4.7 millones (7.9%)

4.7 millones (100%)

Actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras

No aplica

1.5 millones (2.5%)

1.5 millones (100%)

Otros

3.6 millones (8.1%)

3.6 millones (6.1%)

1/ En 2013 incluye también al régimen intermedio de las personas físicas con actividades empresariales, que desaparece para 2014.

Parece haber una tendencia a favorecer la incorporación de personas físicas en comparación con las personas morales. De septiembre de 2013 a 2017 el número de contribuyentes personas físicas creció más del 30 por ciento, mientras que el de personas morales no llegó al 14 por ciento de crecimiento. Se infiere que el RIF ha incidido en este comportamiento, pues solamente permite la incorporación de contribuyentes personas físicas.

De lo anterior, se propone promover el desarrollo de la industria del reciclaje mediante la generación de incentivos fiscales.

Estimación de impacto presupuestario

El impacto se verá reflejado en un aumento de los gastos fiscales, es decir, en una disminución de los ingresos del erario.

Para la estimación se toman como base los datos manejados por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el documento Estimación de la evasión por la venta de material para la industria de reciclaje[21].

Se estima el posible impacto presupuestario de:

Tasa 0% de IVA en venta por primera vez.

Se estima el ingreso por la venta de material reciclado (primera vez) en 8,039.6 millones de pesos (mdp) en 2013. Al traer esta información a 2017, se aplica la tasa de variación que se infiere de los datos publicados por el INEGI de 2013 a 2017. Se tiene que los ingresos del sector han crecido cerca del 4.9 por ciento, lo que significa que los ingresos estimados por estas ventas en 2017 ascenderían a 8,431.8 mdp. Al aplicarle la tasa de 0% a estas transacciones se estarían dejando de ingresar al erario 1,341.1 mdp al año.

Tasa 0% de ISR en venta por primera vez.

Considerando que actualmente se paga el 5 por ciento de ISR, se podría afirmar que al aplicar la tasa de 0% de ISR a los 8,431.8 mdp de ingresos se estaría dejando de percibir el 5% de éstos, es decir, 421.6 mdp.

En total, los gastos fiscales por la aplicación de la tasa cero al IVA y al ISR en venta por primera vez de materia prima para reciclaje ascendería a 1,771 mdp anuales.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

  • Proponer la reforma al artículo1o A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) para incluir a las personas físicas que adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización como personas obligadas a retener el impuesto que se les traslade.
  • Proponer la reformar la fracción I del artículo 2º.-A de la LIVA, para incluir la enajenación de materia prima para el reciclaje (en compra de primera vez o hasta cierto límite en valor de venta) dentro de la tasa del 0%.
  • Proponer reformar el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), para incluir dentro de los ingresos que no causan ISR a los obtenidos por la venta (por primera vez o hasta cierto límite del valor total de venta) de materia prima para el reciclaje.

O bien

  • Generar un capítulo nuevo en la LISR que trate sobre un régimen especial para el sector del reciclaje (como el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras del capítulo VIII de la LISR). Esto podría requerir que específicamente se elimine la posibilidad de que las personas físicas que recolectan se adhieran al RIF (artículo 111).

O bien

  • Reformar el artículo 111 de la LISR a fin de permitir a las personas morales (con algunas restricciones) su integración a este régimen (RIF).
  • Generar una Norma Técnica Estatal que permita conocer los lineamientos para la acreditación de ser una empresa socialmente responsable en cuanto al reciclaje y separación de sus desechos.
  • Reformar la  Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, para brindar estímulos fiscales a quienes se certifiquen como empresas ambientales en el Programa de Certificación ambiental Voluntario.
  • Reformar la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco, así como la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente, a efecto de que se acredite como una actividad prioritaria para la obtención de estímulos fiscales, el reciclaje de las personas físicas y jurídicas que así lo acrediten.
  • Reformar la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, para otorgar estimulas fiscales  a quienes acrediten ser ambientalmente responsables al reciclar sus desechos.

TÍTULO: FINANCIAMIENTO AL MEDIO AMBIENTE

VISIÓN: Garantizar el derecho a un medio ambiente sano en los municipios del Estado

RESUMEN EJECUTIVO:

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, siendo el Estado el encargado de garantizar este derecho, plasmado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto se conoce como un derecho difuso por ser inmanente a todas sin distinción, todos tenemos derecho al acceso igualitario a un medio ambiente digno.

Dentro de la legislación mexicana en materia ambiental hasta el momento no hay Ley que estipule la obligatoriedad a las Entidades Federativas a destinar recursos específicos a actividades y programas directamente relacionados con la protección y cuidado del medio ambiente, ni mucho menos en hacer frente a los costos de degradación ambiental y agotamiento de los recursos naturales de manera directa. No obstante el artículo 7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, nos faculta como entidad federativa en la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal, así como la aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en la diversidad de leyes con las que contamos en la materia, con la finalidad de fomentar la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal, la prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como por fuentes móviles.

En este contexto el gasto destinado a la protección ambiental en comparación con los costos ambientales y por el agotamiento de los recursos naturales generados por la actividad diaria de la sociedad Mexicana es mínimo, por lo que la creciente complejidad de los problemas que afectan al medio ambiente en el mundo, ha obligado a la comunidad internacional a crear un marco jurídico y programático que disponga de herramientas financieras para promover políticas públicas en la materia, con la participación de los gobiernos y los ciudadanos comprometidos con la preservación ambiental, el cuidado de los recursos naturales y fomento del desarrollo sustentable.

Así han surgido un conjunto de mecanismos diseñados para captar y canalizar los recursos económicos necesarios para hacer frente al enorme desafío que representa hoy la falta de racionalidad en la explotación de los recursos naturales en los países en vías de desarrollo y el negativo impacto del crecimiento industrial de los países desarrollados. En este marco es que en los últimos años se han creado una serie de leyes que ya contemplan diversas figuras y herramientas de corte financiero, como es el caso de los Fondos forestales y ambientales, que han venido apoyando diversos programas y proyectos beneficiosos para a la naturaleza y el medio ambiente.

En el Estado de Jalisco no había sido posible avanzar en este sentido, no obstante que desde el año 2007 se modificó la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en cuyo artículo Segundo Transitorio específicamente se contempló la obligación de crear la figura del fondo ambiental como herramienta financiera tanto para el Estado como para los municipios para la investigación, estudio y atención de asuntos en materia ambiental que se considere de interés para el Estado.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Los problemas ambientales como las contingencias ambientales en la Magalopolis; la escasez de los recursos no renovables; la falta de energía limpia-renovable; el manejo de residuos sólidos, entre otros, son de total preocupación tanto para la sociedad civil como de las autoridades. Lamentablemente, esos inconvenientes se han ido acrecentando conforme la población y el proceso de industrialización han aumentado.

Como se puede observar los gastos en protección ambiental realizados en 2014 por el sector público en su conjunto y los hogares alcanzó un monto de 147,666 millones de pesos, lo cual representó el 0.9% del PIB a precios de mercado. Este gasto se destinó principalmente al sector de la construcción con 31.1%; seguido de las actividades de Gobierno 24.6%; la Minería 21.2%; los Servicios profesionales, científicos y técnicos el 8.6%; y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final, 8 por ciento. En conjunto, a estos sectores se destinó el 93.5% del total de gasto en protección ambiental. Mientras que los costos totales por agotamiento y degradación ambiental en el año de 2014 ascendieron a 910,906 millones de pesos, lo cual representa el 5.3% del PIB a precios de mercado.

Es decir del 5.3% de PIB que representan los costos totales por agotamiento y degradación ambiental, solo se compensa con el 0.9% del PIB en gastos para la protección ambiental, lo que conlleva un diferencial de 4.4% del PIB o en términos  monetarios tiene una implicación de 763,240 millones de pesos, los cuales no tienen una compensación de gastos destinados a la protección ambiental para resarcir los costos ambientales. Sin ser Jalisco la excepción.

Si Jalisco destinara por lo menos el 6% de sus ingresos propios a las actividades y programas relacionados con la protección y conservación del medio ambiente, se podrá garantizar la preservación de los recursos naturales y el derecho a un medio ambiente sano, donde el impacto presupuestal sería el siguiente:

Tabla 2.

 

Recaudación de impuestos y derechos locales (IE) de 2015 p/

Millones de pesos

Impuestos

Estatales

Derechos

Estatales

Impuesto

Predial

Derechos

de Agua

Total

6% del Total

3,799.5

2,508.3

2,949.7

3,793.8

13,051.3

783.1

 

 

Fuente: Cuentas Públicas de las Entidades Federativas

p/ Preliminar.

 

 

De acuerdo con los datos que anteceden, se estaría aportando más recursos para el cuidado y protección al ambiente, con un monto total de 1,220.6 millones de pesos. En este sentido, es necesario plantear una “política ambiental donde emerja la posibilidad de prevenir, encausar o corregir el impacto humano sobre el medio ambiente natural; con  una acción deliberada mediante la cual se proyecta un orden social, se proponga un camino y se modela una propuesta de futuro[22]”.

EN EL PARTIDO VERDE PROPONEMOS:

  • Proponemos que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos Anual, se procure por lo menos, el 6% del total de los ingresos propios para actividades y programas relacionados directamente con la protección y conservación del medio ambiente que la entidad federativa requiera.
  • Vigilar el destino del Fondo Ambiental para financiar Programas Ambientales que mitiguen el deterioro, así como para la investigación, estudio y atención de asuntos en materia ambiental que se considere de interés para el Estado.

[1] Presentación sobre la reducción de emisiones de los empleados de la SEMARNAT mediante la disminución de demandas de viajes, ejercicio piloto realizado exclusivamente para las condiciones del personal que labora en SEMARNAT. DGGCARETC.

[2] Estadísticas de agua en México, edición a 2016, http://files.conagua.gob.mx/conagua/publicaciones/Publicaciones/EAM2016.pdf

[3]Brensing Karsten, Linke Katrin, Todt Dietmar, “Can Dolphins Heal by Ultrasound?”, en Alaniz P., Yolanda y Rojas Laura, Delfinarios, México, COMARINO, 2007, p.31

[4]http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx

[5]https://permaculturarioja.wordpress.com/2013/08/13/538/

[6] GUERRERO, ANA. Enfermedades Parasitarias que las mascotas pueden contagiarte. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología(CONACYT). México. 2017.

[7]VEGA, SANTIAGO. Parásitos gastrointestinales en cachorros caninos provenientes de la venta comercial en el Cercado de Lima. Salud y Tecnología Veterinaria. Perú. 2014

[8]Ibidem.

[9]De acuerdo con la Ley de Protección a los Animales dela Ciudad de México: Animal Doméstico es el animal que ha sido reproducido y criado bajo el control del ser humano, que convive con él y requiere de este para su subsistencia y que no se trate de animales silvestres.

[10]Hyun-Sook lee Kim. El Mercado Creciente de las Mascotas en México: Beneficios y Oportunidades de Negocios. INCEPTUM. México. 2014

[11]Boletín UNAM-DGCS-054. El tráfico de animales es la tercera actividad ilícita más redituable en el mundo. 2016.

[12]Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Informe de actividades 2016.

[13] https://www.epa.gov/sites/production/files/documents/neea.pdf

[14] Universidad Católica, Chile 2010.

[15] http://ww.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1269276607.pdf

[16] https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-environment-programme/

[17] Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/. Fecha de consulta: 30/11/2017 12:49:20

[18] Ver http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/infografia_recicladores.pdf. Consulta del 29 de noviembre de 2017.

[19] http://www.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/inicio.html. Padrón. Consulta del 23 de noviembre de 2017.

[20] Se utilizan fechas comparables para evitar problemas de estacionalidad.

[21] IPN (sin año) Estimación de la evasión por la venta de material para la industria de reciclaje. Escuela Superior de Economía. Recuperado de: http://www.sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Documents/evasion_industria_reciclaje.pdf. Consulta del 30 de noviembre de 2017.

[22]http://2010.colmex.mx/16tomos/IV.pdf

TÍTULO: CÁNCER INFANTIL BIEN ATENDIDO

VISIÓN: Incrementar los recursos asignados para atender el cáncer infantil, y garantizar su actividad laboral de los padres de familia o tutor, ya que son el sustento de los niños con cáncer.

RESUMEN EJECUTIVO:

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través del proyecto GLOBOCAN de la International Agency for Research on Cancer (IARC), estimó que para el año 2012 la incidencia anual de cáncer en menores de 15 años en el mundo fue de 88 casos por millón de habitantes; por región, las incidencias más altas se identificaron en Europa y América (139 y 126 casos por millón respectivamente.) Las leucemias ocuparon el 1º lugar (31%), seguidos por los linfomas (15%), tumores del Sistema Nervioso Central (SNC) (13%), renales (6%) y hepáticos (2%).

En México se estima que existen anualmente aproximadamente entre 5,000 y 6,000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años y tan sólo en Jalisco en el año del 2016 se presentaron 1, 839 casos de cáncer infantil, de los cuales el 70% de éstos son curables.  Según el registro Estatal del Cáncer, la incidencia de cáncer en Jalisco desde 1992 al 2010, es la siguiente:

El cáncer infantil es la principal causa de muerte por enfermedad en mexicanos entre 5 y 14 años de edad, conforme a las cifras preliminares 2013 reportadas en el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones (SEED), sin embargo en Jalisco se ha logrado reducir la mortalidad, logrando una tasa de curación de casi al 70%, esto es por arriba de la tasa nacional reportado por la Secretaría de Salud Federal, sin embargo es necesario un esfuerzo inminente para superar ésta cifra, por lo que es necesario hacer un diagnóstico oportuno, un tratamiento especializado y desde luego el seguimiento del tratamiento para obtener beneficios sustanciales. Con la finalidad de dimensionar ésta problemática se anexa las siguientes tablas que emite el Registro Estatal del Cáncer para conocer las dimensiones de este problema en cuando a la edad y el sexo, enfatizando la edad pediátrica en el 2010:

A pesar de que la incidencia es alta, lamentablemente, Jalisco cuenta con un déficit de especialistas médicos, esto respecto al promedio que indica la OCDE la cual señala que se necesitan 1.78 expertos por cada mil habitantes, además tan sólo tenemos dos hospitales acreditados para tratar el cáncer en niños y adolescentes, sin embargo ante la alta demanda de servicios médicos, éstos se distribuyen entre el Hospital Civil, el Hospital General de Occidente Zoquipan, y el resto en el IMSS y el ISSSTE, sin mencionar que las camas del Hospital Civil se encuentran sobresaturadas, por lo que debemos abrir espacios para atender a éstos niños que se encuentran con un problema crítico o bien que si se atienden oportunamente tienen una mayor esperanza de vida. Esto quiere decir que aún hace falta mucho por hacer para poder subsanar el déficit que se refleja.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

El cáncer infantil en Jalisco como en México es un grave problema de salud pública que representa un reto multidisciplinario, pero para obtener un óptimo control implica ofrecer educación para la salud; mejorar los programas de prevención y detección oportuna de cáncer; acrecentar la infraestructura de los recintos médicos; y suministrar cuidados paliativos para mejorar la calidad de vida. Debemos considerar que el principal problema del sector salud es la falta de recursos económicos, según el Registro Estatal de Jalisco 2010, los casos diagnosticados en el Estado fueron atendidos de la siguiente forma:

Con base en lo establecido en el Programa de Acción Especifico, “Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018”, la principal estrategia para disminuir los estragos de una enfermedad una vez diagnosticada, es la prevención secundaria. La posibilidad de sobrevivir al cáncer en estados iniciales sobrepasa el 80%, mientras que esta cifra disminuye a menos del 20% en etapas avanzadas de la enfermedad. Específicamente en cáncer de la infancia y adolescencia, las medidas más eficaces de prevención secundaria consisten en detección temprana, acceso efectivo a los servicios de salud y tratamiento oportuno, integral y efectivo de la enfermedad.

Para lograr el objetivo de disminuir la mortalidad en niñas, niños y adolescentes con cáncer, se deben considerar las siguientes estrategias:

  • Diagnóstico temprano.
  • Acceso efectivo.
  • Tratamiento oportuno, integral y de calidad.
  • Capacitación al personal de salud.
  • Disminuir el abandono al tratamiento.
  • Contar con un registro fidedigno y completo de los casos.
  • Campaña de comunicación masiva para conciencia social.

En vista de lo anterior, se considera necesario reforzar la atención temprana y el tratamiento del cáncer infantil; en cualquier unidad médica, sin importar que los padres de familia o en su caso el tutor sean derechohabientes, debido a que son pocas las Unidades Médicas Acreditadas, comparado con el número de pacientes que son tratados.

También debemos tomar en consideración que los jóvenes no realizan una especialidad médica debido a que dichos estudios se financian mediante recursos propios de los profesionales o a través de las becas entregadas por el gobierno que generalmente resultan ineficientes debido al alto costo que implica el estudio de una especialización así. Tomando en cuenta lo anterior  muchos de los egresados con especialidades no laboran en instituciones públicas, debido a que reciben mayores incentivos para trabajar en instituciones privadas.

Además de autorizar a las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que se brinde la atención médica oportuna en niños y jóvenes.

A continuación, se enlistan algunos Estados de la República Mexicana para ejemplificar el número de Unidades Médicas Acreditadas.

Unidades Médicas Acreditadas

ESTADO

UNIDAD MÉDICA ACREDITADA

TIPO DE ACREDITACIÓN

Aguascalientes

Centenario Hospital Miguel Hidalgo

Hematopatías Malignas

Tumores sólidos fuera del SNC

Tumores sólidos del SNC

Chiapas

Hospital de Especialidades Pediátricas

Hematopatías Malignas Tumores

sólidos fuera del SNC

Hospital General Tapachula

Hematopatías Malignas

Oaxaca

Hospital de la Niñez Oaxaqueña

Hematopatías Malignas

Tumores sólidos fuera del SNC

Tumores sólidos del SNC

Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso

Hematopatías Malignas Tumores

sólidos fuera del SNC

Quintana Roo

Hospital General de Chetumal

Hematopatías Malignas

San Luis Potosí

Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto

Hematopatías Malignas

Tumores sólidos fuera del SNC

Tumores sólidos del SNC

Sonora

Hospital Infantil del Estado de Sonora

Hematopatías Malignas Tumores

sólidos fuera del SNC Tumores

sólidos del SNC Trasplantes de

Medula Ósea*

 

Asimismo, se muestra en el siguiente cuadro la estadística que se llevó a cabo de acuerdo con el “Comportamiento Epidemiológico del Cáncer en menores de 18 Años. México 2008-2014[1]

ESTADO

ESTADISTICA

Aguascalientes

Se presentaron 249 casos de cáncer menores de 18 años no derechohabientes, con una mediana de la incidencia anual de 16.3 por 100 mil (la 1ª más alta a nivel nacional). A su vez, se atendieron en la entidad 290 casos en el mismo periodo.

Chiapas

 

Se registraron 870 casos de cáncer menores de 18 años no derechohabientes, con una mediana de la incidencia anual de 7.1 por 100 mil (la 1ª más baja a nivel nacional), con una tendencia al incremento del registro en 7.7 casos adicionales por 100 mil al año (p=0.0006). A su vez, se atendieron en la entidad 718 casos en dicho periodo.

Oaxaca

 

Se presentaron 731 casos de cáncer menores de 18 años no derechohabientes, con una mediana de la incidencia anual de 9.4 por 100 mil (la 7ª más baja a nivel nacional). A su vez, en la entidad se atendieron 603 casos endicho periodo.

 

Anualmente se registran de 80 a 100 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años, de ellos, el 90 por ciento recibe tratamiento en etapas avanzadas, la sobrevida posterior a la fecha del diagnóstico es del 40.6 por ciento, por lo que, de 10 pacientes ingresados, fallecen entre cuatro y cinco.

 

En la entidad, la leucemia es el cáncer más frecuente en menores de 18 años, y representa aproximadamente el 50 por ciento de todos los casos diagnosticados en este grupo de edad.[2]

Quintana Roo

 

Se presentaron 152 casos de cáncer menores de 18 años no derechohabientes, con una mediana de la incidencia anual de 9.0 por 100 mil (la 6ª más baja a nivel nacional). A su vez, en la entidad se atendieron 78 casos en dicho periodo.

San Luis Potosí

 

Se presentaron 482 casos de cáncer menores de 18 años no derechohabientes, con una mediana de la incidencia anual de 11.2 por 100 mil (la 16ª más baja a nivel nacional). A su vez, en la entidad se atendieron 475 casos en dicho periodo

Sonora

 

Se presentaron 373 casos de cáncer menores de 18 años no derechohabientes, con una mediana de la incidencia anual de 13.6 por 100 mil (la 6ª más alta a nivel nacional) A su vez, en la entidad se han atendido 370 casos en dicho periodo.

 

De lo anterior, podemos observar que el número de casos detectados de cáncer, con el número de Hospitales acreditados son insuficientes para atender a la población infantil y adolescente con cáncer, esta situación, provoca para muchas familias, y tutores realizan largos traslados y descuidan su trabajo, poniendo en riesgo el ingreso económico que invierten para el tratamiento del menor de edad, a pesar de que cuentan con el apoyo por parte del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, no es suficiente para cubrir las necesidades de los niños y adolescentes.

Al permitir que las clínicas proporcionen la atención y lleven el control del respectivo tratamiento, facilitará a los pacientes y a los tutores ver una opción más para ser atendidos, ya que a muchos pacientes por sus condiciones económicas se les complica trasladarse a las Unidades Médicas Acreditadas.

Estas eventualidades para muchos padres de familia o tutores ocasiona que pierdan su trabajo por despidos, por lo que se considera oportuno prohibir el despido laboral de las personas que son el sustento de los menores de edad.

Debemos tomar en consideración que el sector salud es unos factores más importantes para el bienestar social y económico, ya que de esta manera se concurre en la formación y conservación  del capital humano. La falta de salud afecta directamente a la fuerza de trabajo y tiene repercusiones en la economía ocasionando la perdida de trabajo.

Se debe garantizar que los trabajadores con hijos con algún tipo de cáncer no pierdan su trabajo, por lo que es necesario garantizar los tratamientos, a través de programas sociales como IMSS-Prospera o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Así como IMSS-PROSPERA que desde 1973, cuando se modificó la Ley del Seguro Social para facultar al Instituto Mexicano del Seguro Social a extender su acción a núcleos de población sin capacidad contributiva, de extrema pobreza y profunda marginación.

En 2017 IMSS-PROSPERA cumple 38 años de trayectoria ininterrumpida, periodo en el que ha consolidado su red de servicios en salud para beneficiar a las personas que más lo necesitan, pero aún es necesario fortalecerlo, ya que el seguro popular no cubre todos los tipos de cáncer, sólo incluye cáncer de mamá, próstata, colón y cérvico-uterino, siendo necesario el tratamiento para cáncer infantil.

Asimismo, la gente trata de buscar la opción terapéutica que el médico recomienda para su estudio en el cáncer. Es decir, cuándo en el seguro social no hay medicamento o tratamiento la gente busca otra opción, como la del seguro popular, pero desafortunadamente como hoy en día se comparte el padrón y si ya cuenta con seguridad social, no se puede tener acceso al seguro popular, esta política pública e interna tiene que cambiar.

Finalmente la enfermedad debe ser tratada, de lo contrario no se está garantizando el derecho a la salud[3]. Tampoco se garantiza por la falta de médicos, equipo, tratamiento o rehabilitación. Hacen falta especialistas radiólogos, patólogos, colonoscopios, oncólogos para niños. Y los equipos de diagnóstico son muy caros y se requieren tenerlos en instituciones especiales; por ejemplo un mastógrafo cuesta 8 millones de pesos más las reparaciones.[4]

A su vez, el seguro popular es discriminatorio, si ha salvado muchas vidas, pero también es un sistema discriminatorio que establece pacientes de primera y de segunda, ejemplo claro de esto es la leucemia mieloide crónica, está cubierto sólo para personas mayores de 18 años; y las jovencitas menores de 18 años con cáncer de mamá no tienen cobertura[5].

Así que aún no es del todo un sistema unificado que garantice atención oportuna a los pacientes[6].

Con base en la Carta Magna, es necesario garantizar el derecho humano a la protección y a la salud. Sin embargo, no se está cumpliendo por el sector salud, ya que no está cubriendo a sus beneficiados con los medicamentos que se prescriben.

Derecho comparado

Colombia.[7]

El funcionamiento del sistema depende de los recursos recaudados para su financiamiento, de la gestión que realizan las Entidades Territoriales y las Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen subsidiado y contributivo, para afiliar a la población.

Las principales fuentes de financiación del sistema se originan en el Sistema General de Participaciones (SGP), en los aportes de los trabajadores y empleadores al régimen contributivo que también aporta a los sistemas de pensiones y riesgos profesionales, administrados por el FOSYGA, y en la explotación de los juegos de suerte y azar a cargo de la Empresa Territorial para la Salud (ETESA), además de la coparticipación que hacen otros recursos de menor cuantía.

Los aportes que hacen las personas al sistema es a través del régimen contributivo que requiere del pago de cotizaciones de forma obligatoria para los asalariados y grupos de población con capacidad de pago con lo cual se extiende la protección al conyugue o compañero(a), a los hijos menores de 18 y hasta los 25 años, si son estudiantes de tiempo completo o presentan alguna discapacidad. La cotización establecida por la Ley 100 pero ajustada por la Ley 1122 de 2007, corresponde al 12.5% del ingreso o salario base de cotización, que no puede ser inferior al salario mensual, siendo provisto en su totalidad directamente por el trabajador independiente y por los pensionados o en el caso de un trabajador asalariado, por el empleado que aporta el 4% y su empleador que contribuye con el 8.5%.

Quienes cuenten con ingresos superiores a dos salarios mínimos legales mensuales, contribuyen además con medio punto adicional como solidaridad con el régimen subsidiado, a través de la subcuenta de solidaridad del FOSYGA.

Las personas sin capacidad de pago (pobres) y aquellas que no tienen suficiente para pagar cotizaciones obligatorias, personas que ganan menos de dos salarios mínimos, son focalizados y seleccionados mediante la aplicación de una encuesta socioeconómica (SISBEN) que aplican las entidades territoriales, para verificar que cumplen con requisitos que les permite recibir subsidios totales o parciales del régimen subsidiado para ellos y sus familiares. Esta afiliación se financia mediante aportes del Estado (Nación, Departamentos y Municipios) como fuente principal, y se complementa con transferencias reglamentadas, de solidaridad del régimen contributivo.

Cuba[8]

El Sistema Nacional de Salud (SNS) es único, integral, regionalizado y descentralizado. Se estructura en tres niveles administrativos, en correspondencia con la división política del país, y tres niveles de atención. El SNS es financiado casi, totalmente por fondos públicos. El gasto en salud per cápita en el 2000 fue de 159.9 pesos MN. A partir de los presupuestos municipales se financia el 92.7% de los gastos para la salud pública.

El país cuenta con un listado nacional de medicamentos, que abarca 804 productos de uso obligatorio para todos los prescriptores del SNS, teniendo acceso al mismo el 100% de la población tanto desde el punto de vista geográfico como económico.

La Ley de Salud Pública define las acciones que se desarrollan por el Estado para garantizar la protección de la salud de los ciudadanos, de los servicios que tiene que realizar el Estado por medio del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) como organismo rector, de las atribuciones de las direcciones de salud de los órganos locales de la administración pública, así como las funciones básicas y esenciales de la salud pública.

En este país existe una sola modalidad de aseguramiento sanitario que se brinda a través del MINSAP, con una cobertura del 100% de la población, donde todos los ciudadanos tienen derecho a todas las prestaciones sanitarias incluyendo las de mayor complejidad y elevada tecnología. El MINSAP desarrolla una estrategia integral de promoción y educación para la salud, la cual es respaldada por la Ley de la Salud Pública, que establece la obligatoriedad de todo el personal del SNS de realizar acciones de promoción y educación.

Uruguay[9]

El Sistema Nacional Integrado de Salud de Uruguay está constituido por los subsectores público y privado. Varias instituciones componen el sector público de prestación de servicios de salud. La red de servicios de salud de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) es la principal del país, y comprende hospitales, centros de salud y policlínicas. Sanidad de las Fuerzas Armadas cuenta con infraestructura hospitalaria propia en Montevideo. Sanidad Policial tiene una infraestructura hospitalaria de 132 camas en Montevideo y en el interior contrata servicios de ASSE y de prestadores privados.

El Banco de Previsión Social cuenta con el Servicio Materno Infantil con instalaciones propias ambulatorias y brinda cobertura a cónyuges e hijos de beneficiarios del Seguro de Enfermedad, que no cuenten con cobertura privada. El Banco de Seguros del Estado dispone de un sanatorio propio de 160 camas en Montevideo y contrata servicios en el interior del país. Cubre accidentes laborales y enfermedades profesionales del sector privado de la actividad. La mayoría de las Intendencias Municipales cuentan con atención de primer nivel, mediante convenios con ASSE.

En el sector privado se ubican las instituciones sin fines de lucro (IAMC), con 47 instituciones prestadoras de servicios de salud integrales de prepago, 12 de las cuales tienen su sede principal en Montevideo y las restantes en el interior del país. El Ministerio de Salud Pública (MSP) determina sus prestaciones obligatorias, controla, supervisa la asistencia, su economía y finanzas. La mayoría de estas organizaciones cuentan con servicios de internación propios y sus beneficiarios ascienden a 1.806.750 personas.

Las instituciones tienen entre 3.000 y 240.000 afiliados cada una. Los siete Seguros Privados son empresas privadas (con fines de lucro), que brindan prestaciones asistenciales integrales en régimen de prepago a unas 74.789 personas.

Puerto Rico[10]

En este país la atención se basa en diferentes modelos, el básico, el medio que cubre enfermedades como el Cáncer y uno contratado por el usuario dedicado a las enfermedades mentales.

En 1993 el gobierno inició un proceso de reforma que cambió dramáticamente la forma de proveer servicios de salud a la población médico indigente del país. Mediante la Ley 72 se transforma el Sistema de Salud, donde el gobierno deja de ser en esencia, el proveedor de los servicios de salud y pasa a contratar a la empresa privada los servicios que ha de recibir la población médico indigente de la Isla. Mediante esta Ley conocida como Ley de Reforma de Salud, se creó la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). Es a través de esta Administración que se crea un Plan de Salud para las personas médico-indigentes. Esta Administración tiene la responsabilidad de administrar y negociar mediante contrato con las Aseguradoras un sistema de servicios de salud que le brinde a la población médico indigente acceso a un cuidado médico hospitalario adecuado a través de toda la Isla.

Estados Unidos[11]

Los servicios de atención de salud en los Estados Unidos de América se dividen entre los sectores público y privado. El país no tiene un sistema único nacional de asistencia sanitaria. El proveedor más grande de los servicios de salud es un sector privado competitivo, compuesto por hospitales, médicos, dentistas, hogares para convalecientes, organismos de asistencia domiciliaria, compañías aseguradoras, empresas de suministros médicos y fabricantes de productos farmacéuticos. Aproximadamente, 70% de la población está cubierta por un seguro de salud privado.

El Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS) es el principal organismo del gobierno de los Estados Unidos para proteger la salud de todos los estadounidenses y proporcionar servicios sociales esenciales, especialmente para los que son menos capaces de velar por sí mismos. El HHS forma parte del poder ejecutivo y el Congreso de los Estados Unidos determina su presupuesto.

El gobierno federal es proveedor directo de servicios de salud para el personal militar por medio del Departamento de Defensa, los excombatientes con discapacidades vinculadas con el servicio por medio de la Administración de Veteranos de Guerra, los indios estadounidenses y nativos de Alaska por medio del Servicio de Salud para Poblaciones Indígenas y los presidiarios de las prisiones federales.

Mediante un programa conocido como Medicare, el gobierno federal proporciona seguro de salud a todos los estadounidenses de más de 65 años de edad, los que tienen insuficiencia renal permanente y ciertas personas con discapacidades.

Diagnóstico sobre el presupuesto en cáncer infantil

Desde la perspectiva de la programación del Presupuesto de egresos, no se cuenta con una partida específica de gasto para atender el cáncer infantil. Por lo tanto, no se puede observar una focalización del gasto público para atender esta problemática, como si la tiene, por ejemplo otros tipos de cáncer como el de mama y cérvico uterino, los cuales tienen una planeación de gasto desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los anexos transversales de presupuesto anual, que para el próximo ejercicio fiscal 2018 está planteado de la siguiente manera:

Grafica 1. Presupuesto para el cáncer de mama PPEF-2018

Fuente: Anexos transversales del PPEF-2018

Grafica 2. Presupuesto para el cáncer cérvico uterino PPEF-2018

Fuente: Anexos transversales del PPEF-2018

Para disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer cérvico uterino, se han presupuestado 756 millones de pesos, mientras que para el combate del cáncer de mama se contemplan 768 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2018.

Es importante mencionar, que en estos dos rubros citados, no es clara la presupuestación que se hace, ya que es Chiapas el Estado que recibirá el menor presupuesto a pesar de tener de manera significativa un mayor número de defunciones por causa de cáncer de mama y cérvico uterino que el Estado Guerrero, el cual recibirá el mayor presupuesto.

A pesar de que la Cámara de Senadores en diciembre de 2016[12], solicitó a los titulares de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la firma de un acuerdo de coordinación para la atención integral del mayor número posible de casos de cáncer infantil en México, así como para explorar la posibilidad de llevar a cabo en este mismo rubro la homologación de presupuestos, desarrollo de infraestructura, atención médica y adquisición y dotación de medicamentos. Dicha solicitud no se ve reflejada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2018.

Impacto presupuestario para la atención del cáncer infantil

Monitorear la evolución de los diferentes tipos de cáncer infantil es de suma importancia, debido a la complejidad de los tratamientos y el alto costo que representan.

El costo promedio total por paciente de cáncer infantil en el ISSSTE es de 147 mil 29 pesos[13], mientras que Healthcare Cost and Utilizatian Project (HCUP), en Estados Unidos estima el costo por paciente menor a 18 años con cáncer es de 190 mil 865 pesos anuales,[14] cifra superior en poco más de 43 mil pesos a la estimada para el Instituto.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

  • Incluir dentro del Anexo transversal denominado para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes del Presupuesto de Egresos de la Federación partidas presupuestales para la prevención, detección, control y tratamiento del cáncer infantil, en materia de infraestructura, investigación, equipamiento y recursos humanos especializados. Mediante una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
  • Incluir dentro del Anexo transversal denominado para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes del Presupuesto de Egresos del Estado, partidas presupuestales para la prevención, detección, control y tratamiento del cáncer infantil.
  • Crear políticas sociales que faciliten a personas de escasos recursos la incorporación a sistemas de salud gubernamentales. Mediante una reforma a la Ley de Salud del Estado de Jalisco.
  • Emitir convenios con instituciones privadas para reducir el costo de medicamentos a aquellos que se encuentre incorporados a un sistema de salud gubernamental. Mediante una reforma a la Ley de Salud del Estado de Jalisco.
  • Promover campañas sobre los hábitos de alimentación para una disminución de la incidencia de cáncer infantil. Mediante una reforma a la Ley de Salud del Estado de Jalisco.
  • Garantizar el tratamiento de todo tipo de cáncer infantil de manera gratuita a través de todo el sistema de salud pública del país, mediante una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco y reformas a la Ley de Salud del Estado de Jalisco.

TÍTULO: GARANTIZAR SALUD INFANTIL

VISIÓN: Garantizar el goce efectivo del derecho humano a salud de las niñas y niños mexicanos, es un reto importante que requiere de la realización de acciones correctas. Un aspecto relevante es el del gasto público en esa materia, por lo cual es necesario garantizar anualmente la suficiencia de recursos económicos para atender los diferentes padecimientos que aquejan a la niñez de nuestro estado. De manera adicional, se debe impedir que los servidores públicos cuyas funciones se relacionen con aspectos de salud infantil, realicen actos de corrupción que perjudiquen esta importante tarea.

RESUMEN EJECUTIVO:

Actualmente el estado de Jalisco a generado políticas publicas que han permitido una disminución en lo que respecta a la mortalidad infantil, pues en años anteriores la tasa de mortalidad era mucho mayor, sin embargo estimamos loable y necesario el redoblar esfuerzos con la finalidad de disminuir aun  más la actual tasa de mortalidad infantil del estado.

JALISCO

Tasa de mortalidad infantil

2000

2017

Mujeres

18.0

8.9

Hombres

22.9

10.9

TOTAL

40.9

19.8

 

Tasa de mortalidad por cada 1 000 niñas(niños)

Fuente: CONAPO, Proyecciones de la Población de México 2005-2050. Indicadores demográficos básicos 1990-2030

CONAPO, Proyecciones de la Población. Nacional 2010-2050. Proyecciones de la Población de las Entidades federativas 2010-2030

Uno de los retos que tiene nuestro estado es otorgar el aseguramiento a la salud  de la totalidad de la población infantil, toda vez que porcentaje de las defunciones de ese grupo de población no contaba con alguna afiliación a los servicios de salud.

Con respecto a lo anterior estimamos la necesidad de reformular la planeación de la política presupuestaria a fin de que sea integral y, por lo tanto cubra la totalidad de los gastos médicos de las niñas y niños mexicanos, y así revertir aún más los altos índices de mortalidad infantil y con esto salvaguardando el derecho más importante que es el derecho a la vida y a la salud.

Aspecto relacionado con lo anterior es el institucional, acerca del cual encontramos que de acuerdo con una evaluación realizada por México Opina publicada en marzo de 2017, la calificación media de los ejecutivos locales es de 28.6%, es decir, todos están reprobados, de acuerdo con la percepción de la ciudadanía; situación delicada, pues en los gobernadores radica la titularidad del ejercicio público y la ejecución de los presupuestos en cada entidad federativa en las diferentes materias, incluido el rubro de salud, razón por la cual es imperativo revisar y modificar el marco jurídico con la finalidad de no vulnerar los derechos de niñas y niños por un mal ejercicio de funciones públicas en el tema de salud.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

A pesar de que en Jalisco en los últimos diecisiete años se redujo en un 19.8 la tasa de mortalidad infantil, al pasar de 40.9 en el año 2000, a 19.8 en el año 2017 por cada mil menores, nuestro estado enfrenta un enorme reto y rezago para garantizar que todas las niñas y los niños sin importar su nivel socioeconómico, ubicación geográfica y raza tengan acceso efectivo y eficaz a los servicios de salud públicos que pueden salvaguardar el derecho a la vida de cada menor.

Derivado de lo anterior, se entiende que nuestro estado no cuenta con el aseguramiento del 100% de los infantes al nacer, ya que según la información que brinda la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición solo el 3.5% de los menores no cuenta con Cartilla Nacional de Vacunación (CNV) o con la Cartilla Nacional de Salud (CNS) lo que indica que este porcentaje es el que no tiene acceso salud infantil ya que la misma se expide en la mayoría de los casos al momento de nacer por lo que el porcentaje en Jalisco es mayor que en el resto del país pues en el país el promedio de los menores que no cuentan con este documento representa el  2.5%[15]

A razón de lo anterior entendemos que es necesario reconocer que la universalización de la salud en los infantes es un objetivo que puede tardar varios años en conseguirse, sin embargo  se han implementado  acciones para focalizar en la población infantil y es que a partir de 2006, se ha garantizado la cobertura completa y de por vida en servicios de salud a los niños nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006. Esto último se llevó a cabo con el Seguro Médico para una Nueva Generación, ahora denominado Seguro Médico Siglo XXI, en el que a través de este todos los niños tienen ahora derecho a un seguro médico que cubra 100% de los servicios médicos que se prestan en los centros de salud de primer nivel y 95% de las acciones hospitalarias, así como a los medicamentos asociados, consultas y tratamientos. 

En lo que concierne al estado este cuenta con la secretaria de salud Jalisco, misma que brinda dicho programa y esta está dirigido a población beneficiaria menor de cinco años, pues este además conjunta acciones con otros programas con el fin de asegurar el financiamiento de la atención médica y preventiva a los infantes; con esto se pretende lograr las mejores condiciones posibles de salud y las mayores oportunidades para que una nueva generación esté más capacitada, preparada y activa por lo que sería necesario expandir más aun el servicio con la finalidad de llegar al 3.5% que aun no es beneficiario de dicho programa buscando garantizar la salud infantil.

OBESIDAD INFANTIL

México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos. Problema que está presente no sólo en la infancia y la adolescencia pues según datos brindados por el Hospital Civil de nuestro estado menciono que casi cuatro de cada 10 niños tienen sobrepeso u obesidad en México.

Asimismo como antecedente nos permitimos citar que el año 2012 se comenzó a dar un diagnóstico sobre esta problemática, pues el entonces titular de la coordinación de vigilancia epidemiológica del  IMSS en el estado menciono que en los últimos 5 años ya se registraba un incremento del 32% en casos de obesidad infantil.

El Instituto de Nutrición Humana de la Universidad de Guadalajara indicó que la obesidad en la población infantil va en ascenso. Según la Encuesta Nacional de Salud del 2006, en Jalisco más del 27% de niños de primaria presenta obesidad y sobrepeso.[16]

Se espera que los niveles de obesidad sean particularmente altos en los Estados Unidos, México e Inglaterra, donde se proyecta que el 47%, 39% y 35% de la población, respectivamente, serán obesos en 2030.                                          

A largo plazo, la obesidad favorece la aparición de enfermedades tales como diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros. Actualmente, la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta el sistema nacional de salud: es la principal causa de muerte en adultos, la primera causa de demanda de atención médica y la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas.

La diabetes tipo II, es una enfermedad metabólica que anteriormente se observaba únicamente en personas de la tercera edad y después en adultos, con el paso de los años llegó también a los adultos jóvenes y ahora también a los niños esto como resultado de la obesidad infantil.

PRESUPUESTO EN MATERIA DE SALUD INFANTIL EN MÉXICO

Desde la prospectiva del presupuesto público destinado específicamente a la salud infantil en México, solo se cuenta con el Programa Seguro Médico Siglo XXI, en el cual se articulan las políticas en materia de salud, que atienden la línea de acción relativa a la promoción del desarrollo integral de los niños y niñas menores de 5 años.

Desde que comenzó a operar Seguro Médico Siglo XXI en el 2008 hasta el presupuesto de Egresos para el ejerció fiscal 2018, se tiene una tendencia negativa en su evolución presupuestaria de pasar de 3 mil 387 millones de pesos a 2 mil 050 millones de pesos, tal y como se puede observar en la siguiente gráfica:

Fuente: Cuenta Pública Federal 2008-2016, SHCP; Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y  2018, Cámara de Diputados.

Nota: Serie deflactada a precios constantes 2015.

Lo que también se puede observar es una tendencia al subejercicio, excepto en el 2012 cuando por el contrario, se ejercen casi 500 millones de pesos adicionales a los provistos en el presupuesto aprobado para el programa. Sin embargo en el resto de los años siempre se muestra un nivel importante de sub-ejecución en donde destacan el año 2008, 2013 y el 2016. Las razones de estos subejercicios no son detalladas en los documentos presupuestarios ni de política pública.

Se podría suponer que se incorporaron menos niños a este esquema de aseguramiento, sin embargo los datos del CONEVAL en el monitoreo 2016-2017 del programa en cuanto a población objetivo y atendida muestran lo contrario[17].

Por otra parte y materia del ejercicio público relacionado con la salud infantil, tenemos que a principios de 2017 se ventilaron casos de funcionarios públicos estatales que administraron medicamentos falsos a niños con cáncer que requerían quimioterapias, vulnerándose su derecho humano de protección a la salud y poniéndose en riesgo su vida. Además se reportó el hallazgo de bodegas con medicamentos cuya caducidad había vencido, lo cual hace sospechar que se adquirieron medicamentos caducos o bien se dejó caducar deliberadamente. Se trata de hechos de corrupción y de un mal ejercicio de funciones públicas, lo cual merece castigos ejemplares. 

Para inhibir conductas delictivas por parte de funcionarios de gobierno se debe establecer como un agravante dentro de los delitos relacionados con el quehacer público, el de afectar de manera irreparable la salud infantil, en cualquiera de los supuestos que actualmente regula el Código Penal Federal, entendiendo por agravante aquella circunstancia de tiempo, lugar, modo, condición y estado que acompañan a algún hecho ilícito, ocasionando un aumento en la gravedad del delito, lo cual determina la extensión del castigo. 

En ese sentido proponemos que la afectación a la salud infantil por algún acto de corrupción ocasionará que la pena sea invariablemente de entre cuarenta y  ciento cuarenta años de prisión, lo cual implica modificaciones al articulo 144 del Código Penal del Estado de Jalisco, con la finalidad de establecer una sanción meramente privativa de la libertad, pues las penas que establece dicho Título del Código Penal no contemplan el delito de sancionar al funcionario público que por actos de corrupción  genere algún menoscabo a la salud infantil

Finalmente, y por la importancia de la salud de nuestros niños se propone reformar la Ley de salud del estado de Jalisco, para que la Secretaría de Salud estatal contemple servicios básicos la salud infantil.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para Reformar la fracción XII del artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para crear una Etiqueta Alimentaria Oficial Mexicana en todos los envases, embalaje y la publicidad de los productos, para dar información al consumidor sobre el carácter saludable de los alimentos a través de la codificación de colores y letras.

Se propone que los restaurantes de comida rápida muestren en el menú el contenido de nutrientes de sus platillos su contenido calórico y adviertan cuando éstos contengan un excesivo grado de sodio.

  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para Crear un seguro médico universal gratuito y de afiliación automática al nacer para los niños y niñas, que abarque hasta sus 15 años de edad, y cubra la totalidad de sus gastos e incluya todos los servicios médicos del Catálogo Universal de Salud y de alta especialidad para enfermedades de alto costo.

Para ello es necesario elevar a rango de Ley el Programa del Seguro Médico Siglo XXI,  que incluya a los niños y las niñas de hasta 15 años de edad.

  • Contemplar en el presupuesto una partida especial en la que se autorice un presupuesto mayor a la secretaria de salud con la finalidad de diseñar un programa enfocado en materia de salud infantil deberán de ser mayor en al menos un 3 por ciento mayor al asignado en el año anterior, actualizado por la inflación,para asegurar el incremento en el gasto público que corresponde a la atención en salubridad para los niños y las niñas.
  • Adicionar un artículo 144 Bis al Título Séptimo de los Delitos por hechos de corrupción del Código Penal del estado cuyo texto propuesto dice:

Artículo 144 Bis.- Cuando derivado de la comisión de los delitos a que se refiere el presente título, se ocasione alguna afectación irreparable a la salud infantil, se impondrá una pena de cuarenta a ciento cuarenta años de prisión.

  • Adicionar un artículo 144 Ter al Título Séptimo de los Delitos por hechos de corrupción del Código Penal estatal cuyo texto propuesto dice:

Artículo 144 Ter.- Cuando derivado de la comisión de los delitos a que se refiere el presente título, se ocasione alguna afectación irreparable a la salud de personas mayores de 18 años de edad, se impondrá una pena de treinta a sesenta años de prisión.

  • Reformar el artículo 23 de la Ley de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, para que la secretaria de salud contemple como servicio básico la salud infantil, teniendo esto como finalidad el generar un departamento de salud infantil.

[1]Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), Comportamiento Epideomiológico del Cáncer en menores de 18 Años. México 2008-2014 fecha de consulta 28 de octubre de 2017, disponible en: http://censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cancer/20160601_Boletin-2014_SEDP12sep16_4.pdf

[2] Gobierno de Oaxaca. 14 de febrero, 2017, Detectar a tiempo el cáncer infantil está en ti: SSO, fecha de Consulta 26 de octubre de 2017, disponible en: http://www.salud.oaxaca.gob.mx/detectar-a-tiempo-el-cancer-infantil-esta-en-ti-sso/

[3]MARTÍNEZ ARELLANO, Irma Rosa, Se quiere combatir el cáncer y se recortan presupuestos, “Es discriminatorio, pues no cubre todos los tipos de cáncer ni a todas las edades”, sumedico.com/seguro-popular-presupuesto-cancer/, 10 Octubre 2017.

[4][4]MARTÍNEZ ARELLANO, Irma Rosa, Lucha contra el cáncer: se requieren mayores recursos, “Entrevista con Mayra Galindo Leal, presidenta de la Asociación Mexicana de Lucha contra el cáncer”, sumedico.com/seguro-popular-presupuesto-cancer/, 02 Octubre 2017.

[5]Ibídem.

[6]Ibídem.

[7] Perfil de los sistemas de salud. Colombia. Organización Panamericana de la Salud. 2009

[8] Perfil de los sistemas de salud de Cuba. Organización Panamericana de la Salud. 2001

[9] Perfil de los sistemas de salud. República Oriental del Uruguay. Organización Panamericana de la Salud. 2009

[10] Perfil de los sistemas de salud. Puerto Rico. Organización Panamericana de la Salud. 2007

[11] Perfil de los sistemas de salud. Estados Unidos de América. Organización Panamericana de la Salud. 2002

[12]http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-08-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Cancer_Infantil_08112016.pdf

[13] http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/12/asun_3461065_20161208_1481211650.pdf

[14] Estimación de ISSSTE con datos del Healthcare Cost and Utilization Project (EEUU).

[15] http://ensanut.insp.mx/informes/Jalisco-OCT.pdf

[16] http://cincopordia.com.mx/wpcinco/el-27-por-ciento-de-la-poblacion-infantil-de-jalisco-presenta-obesidad-y-sobrepeso/

[17]http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2016_2017/FMyE_12_S201.pdf

TÍTULO: UN DÍA POR NUESTROS HIJOS

VISIÓN: La participación social es un elemento fundamental para que una nación se consolide como democrática. En una sociedad organizada y comprometida, los individuos asumen su responsabilidad colaborando activamente en la consecución de objetivos y beneficios colectivos que mejoran la calidad de vida de la comunidad, constituyendo así, un espacio de ejercicio legítimo del deber y del derecho ciudadano.

La participación social en la educación, crea bases sólidas para construir una sociedad democrática, donde los miembros acuden, toman decisiones y desarrollan acciones en corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas; pero sobre todo, es parte fundamental para generar capital social y confianza mutua.

En ese sentido, la participación de los padres de familia es en el ámbito educativo vital, puesto que son los primeros agentes socializadores, que al involucrarse de forma dinámica y colaborativa, refuerzan valores, hábitos y actitudes positivas para la sociedad.

RESUMEN EJECUTIVO:

El sistema educativo mexicano ha buscado múltiples maneras para que todos los actores involucrados en la escuela, tengan una participación efectiva. Sin embargo, el Reporte General de Resultados de la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA, 2014) del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, muestra que los padres de familia son convocados en primer lugar, para actividades informativas; en segundo, para realizar aportaciones en dinero, materiales o trabajo (98% de las primarias); y en tercer lugar, para la organización de eventos sociales y culturales (96% de las primarias).Solo el 77% de las primarias, convocan a los padres de familia para que participen en el proyecto escolar; en menor grado, para la elaboración de normas escolares (75%); pero solo el 65% de las primarias, convocaron a los padres para que asistan a ver cómo se da una clase.

No obstante, los docentes afirman que la falta de tiempo para trabajar en colegiado[1], así como la carencia de espacios físicos para realizar las reuniones, son los principales obstáculos para llevarlas a cabo.

Lo anterior se ve reflejado en la poca asistencia de padres de familia a reuniones e inclusive, el bajo número de padres como miembros de asociaciones de padres de familia. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP, 2012) realizada por la Secretaría de Gobernación, la participación de los padres de familia es casi inexistente, puesto que el 78% de los encuestados afirmó no ser miembro de la Asociación de padres de familia, así como el 74.61% afirmó que no asiste a reuniones de dichas asociaciones.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Los fuertes sismos que ha padecido nuestro país, fueron la fuente de una gran solidaridad en beneficio de los damnificados. La ciudadanía y organizaciones civiles, salieron a las calles a levantar escombros, ofrecieron comida y techo a los que lo perdieron todo, y un gran número de ciudadanos de todo el país donaron en especie o de forma económica, para la reconstrucción de los Estados afectados. Sin embargo, en diversas encuestas[2] se tuvo la percepción general de que aquella movilidad social se originó únicamente por ayudar en ese específico momento, es decir, de forma pasajera; lo cual puede deberse a una falta de confianza existente en general y a la falta de participación activa de la ciudadanía en el quehacer social de forma cotidiana, es decir, a un bajo capital social.

Lamentablemente, dicha percepción no es sólo de ahora, ya que los mexicanos se han encasillado a ser ciudadanos pasivos y reactivos, que únicamente participan de manera coyuntural, y  generalmente por razones altruistas, que prefieren realizar acciones individuales antes que acciones colectivas.  Es por ello, que nos encontramos ante una sociedad de movimientos y de movimientos inmediatos, no ante una sociedad organizada.

Es preciso impulsar el capital social, y para ello es fundamental incrementar la participación ciudadana, la cual ayuda, no solo  a que las decisiones políticas sean mejor aceptadas y se doten de mayor legitimidad, sino que además, contribuyan a la construcción de capital social y éste, a su vez, induzca la corresponsabilidad colectiva y eleve la solidaridad como un estilo de vida.

El capital social reúne todas las formas de relacionarse entre los individuos y la sociedad, creando una red de relaciones sociales mutuas; sin embargo, su importancia recae no solo en la creación de asociaciones u organizaciones civiles, sino en la generación de confianza  individual y colectiva, lo que conlleva a la continua cooperación y solidaridad en la sociedad.

En ese sentido, la confianza resulta esencial, dado que de ella depende tanto el éxito económico como la calidad de la democracia. De esta forma, el capital social se vincula en mayor medida con los índices de confianza que con los de asociatividad.

Según el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, a julio de 2014 se contaba con 27 mil 18 actores sociales inscritos en todo el país; y para 2016, 32 mil organizaciones de la sociedad civil habían obtenido su clave de registro único, lo cual muestra un crecimiento del 18%; no obstante, de acuerdo con la última medición del Latinobarómetro, la confianza interpersonal bajó, del 16% en el 2015 a 14% en 2017.

El Latinobarómetro 2017, además mostró una baja confianza hacia diversas instituciones, ya que sólo el 58% afirmó confiar en la iglesia; el 51% en las fuerzas armadas; el 33% en el Tribunal Electoral; 23% en el Poder Judicial; 22% en el congreso; 21% en la policía; 15% en el gobierno y solo el 9% en los partidos políticos.

De este modo, se observa que el capital social se compone de confianza interpersonal (capital civil) y de confianza institucional (capital cívico), creando así un círculo virtuoso de confianza interpersonal, intergrupal e institucional.

Empero, si el capital civil se encuentra fragmentado, destruye la confianza en los demás, creando un clima de sospecha y desconfianza generalizada, lo cual lleva a los ciudadanos a encerrarse en grupos con intereses sectarios o sometidos a redes clientelares impidiendo la integración social efectiva. Si además se presenta poca confianza institucional, se desvincula la ciudadanía respecto de los asuntos públicos, imperando en consecuencia el autoritarismo burocrático, la apatía y la pasividad ciudadana, provocando un absentismo ciudadano.

En consecuencia, el capital social se construye a través de la confianza, aunada con la participación social, activa y continúa de cada ciudadano: siendo importante la participación temprana de los padres de familia en la formación educativa de sus hijos.

La participación activa de los padres de familia fomenta las asociaciones entre individuos, puesto que se ven comprometidos a convivir y a interactuar con todos los actores involucrados en la educación de sus hijos (otros padres de familia, maestros y docentes, y autoridades educativas), propiciando diversos niveles de confianza y tolerancia, creando de esa forma, nuevos vínculos profundos y duraderos, consolidando la solidaridad e inculcando la participación activa a sus hijos. Pero además de propiciar confianza interpersonal e intergrupal, que los padres de familia puedan ser partícipes en la toma de decisiones escolares, genera una relación con la institución educativa, creando confianza institucional al introducir la transparencia y rendición de cuentas como una función de los padres de familia. Este tipo de acciones individuales y colectivas son las que forjan la democracia efectiva en las instituciones públicas.

Tan importante es la participación activa de los padres de familia en la educación que la Ley General de Educación reconoce en su artículo segundo, que  la  educación  es un medio fundamental  para  adquirir,  transmitir  y  acrecentar  la  cultura;  un  proceso permanente  que  contribuye  al  desarrollo  del  individuo  y  a  la  transformación  de  la  sociedad,  y  que es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social. Asimismo, afirma que en el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados  en  el  proceso  educativo,  con  sentido  de  responsabilidad  social,  privilegiando  la  participación  de  los educandos, padres de familia y docentes; lo anterior, con la finalidad de  fortalecer actitudes solidarias y fomentar valores y principios del cooperativismo[3] por mencionar algunos.

Sin embargo, es necesario estipular en la ley que la participación activa de los padres de familia no sea solo una proposición, sino que sea una práctica recurrente y efectiva. En otras palabras, que los padres de familia tengan la posibilidad de involucrarse y colaborar en el proyecto escolar, en la elaboración de normas escolares, así como apoyar la gestión escolar[4]; no solo para actividades informativas o para la organización de eventos sociales y culturales; ni mucho menos, que su participación principal sea la de aportar dinero o materiales.

La Reforma Educativa que inició en 2012, produjo cambios estructurales en el modelo educativo debido a que se reconoció que el modelo anterior, exclusivamente de tipo jerárquico, no era favorable para la adquisición de capacidades que requiere el país en la actualidad. Por lo que en el nuevo modelo educativo, se establecen los principios y mecanismos que permitan una gobernanza efectiva y un funcionamiento adecuado del sistema educativo, reconociendo la importancia de los padres de familia en la educación; así como su activa y responsable participación social como clave para el buen funcionamiento del sistema educativo en su conjunto y, sobre todo, a nivel de cada plantel escolar.

En el modelo educativo, el principal papel de los padres de familia es el de cumplir la función de contraloría social de los recursos que reciben los planteles a través de diversos programas; y aunque sea importante dicha participación puesto que contribuyen a la transparencia y a la rendición de cuentas, no es suficiente para tener un impacto en la construcción de capital social, sigue ausente la rendición de cuentas en materia de calidad y desempeño educativo.

La Secretaría de Educación Pública ha reiterado que el propósito de la educación básica y media superior es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México.

La participación de los padres de familia en la planeación académica, sigue siendo una acción muy lejana a ellos, relevándolos a una figura de apoyo, donde puedan contribuir con actividades extracurriculares que promuevan la lectura, la convivencia sana, el cuidado del medio ambiente o una alimentación saludable. Si bien, es factor necesario para  generar capital civil, no tienen injerencia en las decisiones académicas.

En su artículo 48 la Ley General de Educación, estipula que la Secretaría de Educación considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, expresadas a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación para la determinación de los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria, y la educación normal. Si bien, existe la figura de los Consejos a nivel nacional, estatal, municipal y en cada plantel escolar, el involucramiento de los padres de familia queda a cargo de un representante, dejando afuera a la mayoría de los padres, quienes en muchas ocasiones no se enteran de los resultados de evaluaciones o de los temas abordados en las asambleas.

El Consejo Nacional de Participación Social realizó una encuesta nacional en el 2015 para conocer la operación, fortalezas y necesidades de los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS)[5]; y de forma particular, conocer la posición de los padres de familia o tutores frente al trabajo que desarrollan como miembros de dichos consejos. Sin embargo, entre los resultados destaca que la dirección de la escuela no designó a los padres de familia como consejeros (46% de los casos); asimismo, arrojo que el CEPS informa a la comunidad educativa sobre sus actividades principalmente por medio de informes verbales presentados en asambleas, y en segundo término, mediante informes escritos entregados en el plantel. Ante lo anterior, se concluyó que se debe  incentivar la participación con los otros padres del CEPS en la elaboración y entrega de informes a la comunidad sobre sus actividades y logros; así como, comentar con padres y maestros en el CEPS informes sobre el aprendizaje de los niños.

Debemos recordar que la ley establece que será responsabilidad de la autoridad educativa que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo escolar de participación social, Sin embargo, no existe de manera continua y efectiva; no se informa a los demás padres de familia de forma escrita de lo acontecido en los Consejos de cada plantel.

Nos encontramos con múltiples obstáculos para que la participación de los padres de familia sea continua, efectiva y colaborativa; siendo necesario otorgar certeza que al acudir y al participar de forma activa y constante en la educación de sus hijos, no sea motivo de suspensión de prestaciones laborales.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para Modificar el artículo 7 de la Ley General de Educación, para incluir la participación activa de los padres de familia como una acción educativa que promueve la corresponsabilidad.
  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para Reformar el artículo 65 de la Ley General de Educación, para incluir como un derecho de los padres de familia, la participación activa en la toma de decisiones académicas y en la elaboración de normas escolares.
  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para Reformar el artículo 68 de la Ley General de Educación, para fortalecer la participación de los padres de familia en los Consejos de Participación Social.
  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para Reformar el Capítulo II, De las Jornadas Laborales, de la Ley Federal del Trabajo para que los padres de familia puedan asistir a las reuniones escolares de forma mensual, sin que esto afecte sus jornadas laborales de forma económica, siempre que acrediten su puntual asistencia a las reuniones escolares.

TITULO: MISMO TRABAJO, MISMO SUELDO

VISIÓN: Alcanzar la equidad salarial y erradicar la brecha entre hombres y mujeres. Las diferencias de género se perciben no sólo en los puestos de trabajo sino que en ocasiones la discriminación salarial en las empresas se ve reflejado en el sueldo y prestaciones que perciben los trabajadores por el mismo puesto, ya sean hombres o mujeres, contraviniendo con el desarrollo integral humano.

RESUMEN EJECUTIVO:

En México, los derechos laborales, el derecho a la no discriminación y la igualdad laboral entre mujeres y hombres se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Sin embargo, las mujeres ganan entre 23% y hasta 30% menos que lo que ganan los hombres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al cuarto trimestre de 2016; y la discriminación laboral sigue presente, tanto entre hombres como mujeres, ya que entre 2011 y 2017 se abrieron 2 mil 935 expedientes por presuntos actos de discriminación en el trabajo; de los cuales, 713 corresponden a despidos por embarazo, 562 por condición de salud; 358 por apariencia física, 317 por discapacidad; 282 por edad, y 334 otros.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

La fracción III del artículo 1 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, determina como discriminación “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia”.

No obstante, diversas instituciones y organismos internacionales han reiterado la discriminación laboral que se vive en el país. Desde el acceso a ciertos sectores laborales, como lo muestra la OCDE[6] con sus indicadores de Igualdad de Género en el Empleo (Gender Equality in Employment) donde muestra una clara disparidad por sector, por ejemplo: en el sector terciario, en particular en el subsector servicios, el 80% de las mujeres económicamente activas, se encuentran en dicho sector.

Por otro lado, la publicación del Módulo de Movilidad Social Intergeneracional, una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)[7] mostró la relación ente el color de piel con el grado de desigualdad y discriminación presentes en la sociedad mexicana, donde fungen como detonantes en la medición acerca de las diferencias de acceso a oportunidades y la perpetuación de las barreras sociales que condicionan el poder lograr o no movimientos ascendentes al nivel de riqueza y bienestar.

La escala cromática utilizada por el INEGI, incluyó 11 tonalidades de piel, ymostró que las personas que se auto-clasificaron en las tonalidades de piel más claras, solo 10% no cuenta con algún nivel de escolaridad, mientras que para las personas que se auto-clasificaron en las tonalidades de piel más oscuras, 20.2%, se encuentra sin instrucción.

Es por ello que no hay que perder de vista que de acuerdo a la OCDE, si para 2030 se redujera en 50 por ciento la brecha de género en sus países miembros, el PIB crecería 6 por ciento más; y si se lograra una convergencia plena, se crecería 12 por ciento más. Incluso, el McKinsey Global Institute calculó que de lograr la igualdad de participación para 2025, el PIB mundial crecería 26 por ciento (12 trillones de dólares); y el de América Latina crecería 14 por ciento.

Sin embargo, el recurso humano más subestimado son las mujeres. Solo 47% de las mexicanas en edad productiva participan en la fuerza de trabajo. Casi 60% de las que trabajan tienen empleos informales, con poca protección social y baja paga. En el país, la tasa de embarazo adolescente sigue siendo alta y la cifra de mujeres jóvenes sin empleo, ni educación, ni capacitación, cuadruplica la de los hombres. En todos los grupos de edad, las madres mexicanas tienen menor probabilidad de ser empleadas que las madres en casi todos los países de la OCDE.

De acuerdo con la OCDE, México se encuentra en el lugar 67 de inclusión de mujeres en puestos de alta dirección y Consejos de Administración, y según el Foro Económico Mundial, en el indicador del talento laboral femenino, nuestro país se ubica en el lugar 120 y en participación económica en el 122 de 144.

En México hay una baja participación de las mujeres en el liderazgo, en el ámbito empresarial y en la toma de decisiones. De acuerdo con datos del instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), mientras sólo 43 de cada 100 mujeres participa en actividades económicas, 78 de cada 100 son varones están involucrados en ello.

La magnitud de la pobreza y la alta concentración de los ingresos muestran otro de los problemas más agudos de discriminación social y hacia las mujeres. Varios estudios han señalado que las mujeres son las más pobres, al no recibir ingresos directos o al tener menores salarios, mientras que son quienes enfrentan las carencias para la manutención del hogar y para obtener otros satisfactores básicos para sus hijos, como las carencias habitacionales.

En ese sentido, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW) afirma que las mujeres son agentes económicos clave que generan prosperidad, empleo, innovación y son un potente motor del desarrollo. Su inserción en el mercado laboral, además de avanzar en su autonomía económica, conduce a otras oportunidades, recursos y bienes que conllevan a una mayor movilidad social que beneficia a sus familias, la comunidad y la sociedad en su conjunto. Cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen, ya que existe una correlación positiva entre la actividad empresarial femenina y el crecimiento del PIB, por ejemplo, se ha estimado que la productividad en América Latina y el Caribe, podría aumentar un 25%[8] si se desbloquearan los obstáculos que impiden el potencial femenino al servicio del emprendimiento.

En la actualidad, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al cuarto trimestre de 2016, los hombres ocupados reportaron un ingreso promedio de seis mil 204 pesos mensuales, mientras que el de las mujeres fue de cuatro mil 788 pesos al mes, lo que implica una diferencia de mil 416 pesos, es decir que los hombres ganan 30% más.

No obstante, la brecha salarial varía dependiendo del lugar de procedencia, ya que en estados con mayor presencia de industria y sectores productivos, donde los salarios son más altos que el promedio nacional.

En ese sentido, en Nuevo León los hombres ganan ocho mil 258 pesos al mes en promedio y las mujeres cinco mil 955 pesos en promedio; una diferencia de dos mil 303 pesos o 39%, y se coloca como la entidad con la mayor brecha salarial en el país al cierre del año pasado.

Sonora ocupa el segundo lugar con la mayor brecha salarial, pues los hombres ganan siete mil 365 pesos mensuales en promedio y las mujeres cinco mil 336 pesos, es decir una diferencia de dos mil 29 pesos o 38 por ciento.

En tercer lugar está la Ciudad de México, donde los hombres perciben ocho mil 394 pesos al mes en promedio y las mujeres seis mil 837 pesos, lo que significa una brecha de 23 por ciento y un diferencial en pesos de mil 557 pesos.

En contraste, Chiapas es el estado con el ingreso mensual más bajo en el país, lo que explica que es la única entidad donde no haya brecha salarial, pues los hombres ganan tres mil 703 pesos y las mujeres tres mil 794.

Al considerar sólo los datos del sector formal las mujeres tienen casi cuatro de cada 10 empleos registrados en el IMSS, mientras que el salario diario para ellas es 14% menor al de los hombres.

En enero de 2017, el empleo formal femenino alcanzó los seis millones 875 mil puestos de trabajo, lo cual representó 36.6 % de los trabajadores totales registrados en el instituto.

En tanto al cierre de 2016, el salario diario de una mujer asociado a un empleo formal fue de 292.88 pesos diarios y el de los hombres de 333.76 pesos. En 2009 la diferencia salarial era de 17%.

Actualmente, si una mujer aspira a ganar lo mismo que un hombre, las estadísticas disponibles muestran que no tiene muchas alternativas para lograrlo dentro de los países de la OCDE.

Sin embargo, existen mecanismos para disminuir la brecha salarial, uno de ellos recién lo implementó el Gobierno de Islandia, al aprobar una reforma legislativa que obligará a las empresas a demostrar que no discriminan a las mujeres con menores salarios en el mismo puesto de trabajo.

Islandia está a la cabeza en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Pero aun presenta diferencias salariales entre hombres y mujeres. Según el Foro Económico Mundial, las mujeres islandesas ganan entre un 14% y un 18% menos que los hombres ocupando el mismo puesto de trabajo. A pesar de la diferencia Islandia lidera en los últimos ocho años el ranking de menor desigualdad de género en materia de salarios.

Cabe recordar que la eliminación de las brechas de género se logra a través de la inclusión laboral, siempre y cuando se garantice la igualdad y justicia a grupos, colectivos y personas históricamente marginadas, por lo cual se llevó a cabo la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación la cual estipula que el estar socialmente incluido implica el pleno goce de derechos y obligaciones; ya que el propósito fundamental de la inclusión laboral es el acceso a un empleo digno, productivo y bien remunerado a favor de las personas en edad de trabajar sin importar su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o conyugal, entre otros motivos.

Es por lo anterior, que el Partido Verde se encuentra comprometido en hacer que todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales establecidos en la República Mexicana, de cualquier tamaño, sector o actividad cumplan con dicha norma.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para Reformar el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo para establecer el principio de equidad salarial, erradicando así la brecha de género e incluyendo la definición de discriminación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para Reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer como obligación de los patrones, pagar a los trabajadores los mismos salarios sin discriminación de género.
  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para Reformar el título dieciséis, Responsabilidades y Sanciones, de la Ley Federal del Trabajo, para que los patrones que otorguen salarios diferenciados por género, obtengan una sanción administrativa y que además, retribuya el daño a la persona afectada mediante la regularización de las aportaciones de su seguridad social.

TÍTULO: LACTANCIA SIN DISCRIMINACIÓN

VISIÓN: Un Jalisco libre de discriminación, que permita el sano desarrollo materno-infantil durante el periodo de lactancia.

RESUMEN EJECUTIVO:

La afectación y limitación de derechos fundamentales como el de la salud, la alimentación y la no discriminación, implica el menoscabo a otro tipo de derechos como el del desarrollo integral de los niños en etapa lactaria, el cual sólo es posible alcanzar si sus madres los proveen del alimento único, capaz de fortalecer su salud y nutrición durante los primeros seis meses de su vida. Nos referimos a la leche materna o la práctica de la lactancia materna.

De acuerdo a UNICEF como a la OMS, amamantar tiene beneficios probados sobre la salud del infante, influyendo de manera positiva en su desarrollo integral. Se han probado un menor riesgo en bebés amamantados de padecer diabetes, obesidad, caries y síndrome de muerte súbita. Por otra parte, se señalan beneficios para la propia madre como incrementar el vínculo con el infante, disminución en riesgos cardiacos, menor propensión a cáncer de mama y ovarios, y una menor propensión a la obesidad. Tiene a su vez un beneficio económico, toda vez que los productos para alimentar al bebé son caros.[9]

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

No obstante hay que reconocer que algo que parece tan natural tiene aún resistencias generadas por la sociedad, pues existen personas que creen que este tipo de acciones no debe de realizarse en público,  pues hubo un caso  en el que la administración de una plaza comercial del Municipio de Zapopan  le pidió a una mujer que amamantaba  a su hijo que se retirara del lugar, por considerar el acto ofensivo. Esto generó que en redes sociales se realizará una manifestación masiva que convocó a decenas de mujeres lactantes junto con sus hijos,

La Asociación Pro Lactancia Materna (Aprolam) informo que de dos millones 300 niños que nacen al año en México sólo 30.4 por ciento se alimenta del seno materno de forma exclusiva los primeros seis meses de vida. por lo que la propuesta del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Jalisco es  empoderar a la mujer para favorecer la lactancia materna sin actos de discriminación.

Uno de los principales factores que genera un decremento cada vez mayor para que las mujeres dejen de lactar a sus infantes, es la discriminación que sufren en los lugares públicos.

La lactancia materna en público ha sido tema de debate a nivel nacional y mundial, donde se han visto a muchas mujeres en estado de lactancia ser agredidas y discriminadas, por alimentar a sus hijos en espacios públicos como el caso que mencionamos en uno de los párrafos que anteceden mientras que por otro lado gran parte de este problema se debe a factores como la falta de lugares públicos seguros, cómodos y adecuados en donde pueda facilitárseles a las madres alimentar a sus infantes.

Ahora bien, la importancia de amamantar a un infante durante sus primeros seis meses de vida contribuye no sólo al fortalecimiento del desarrollo del sistema inmunológico y en la prevención de ciertos padecimientos tales como, la diabetes, la obesidad, infecciones respiratorias o gastrointestinales, mismas que suelen ser causa de la muerte entre neonatos; sino también a la buena salud de la madre, ya que reduce en ella la probabilidad de desarrollar cáncer de mama o de ovarios y contribuye a la pérdida de peso después del parto.

Ante tal situación de actos de discriminación, es necesario reforzar los derechos fundamentales, a fin de garantizar la dignidad de las mujeres que tienen la necesidad de alimentar a sus hijos en vías y espacios públicos, asimismo, garantizar el derecho a una alimentación adecuada para el desarrollo integral de los niños.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para Reformar el artículo 149 ter del Código Penal Federal para hacer más severas las sanciones a quien insulte o intimide a la mujer, que alimente a través de la lactancia a infantes en espacios públicos.
  • La generación de una política pública en la que se pretenda concientizar a la población sobre la importancia de la lactancia materna, misma que deberá de tener como objetivo principal  el erradicar cualquier acto de discriminación hacia las madres que lactan a sus  bebes en espacios públicos

 

 

TÍTULO: VIVE SIN VIOLENCIA

VISIÓN: En el Partido Verde en Jalisco estamos convencidos que la base para la integración de una democracia, es el disfrute de los derechos humanos en igualdad de circunstancias, así como la implementación de acciones afirmativas para alcanzar la paridad de género y la sana convivencia entre hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos. Por ello, se deben garantizar los derechos civiles, familiares, económicos, sociales y políticos de todos y de cada uno, pero sobretodo, eliminar todo tipo de violencia y discriminación.

RESUMEN EJECUTIVO:

La desigualdad entre mujeres y hombres, así como la discriminación y violencia, se expresan y se reproducen de manera tácita o explícita en diversos ámbitos de la vida cotidiana, que no solo afecta a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto.

Miles de niños, niñas y adolescentes en el Estado de Jalisco, crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos, ya que de acuerdo con el Informe Nacional sobre Violencia y Salud[10] de la Secretaría de Salud, de 2000 a  2006, Jalisco ocupa el lugar 7  de niños de  5 a 14 años que fallecieron a causa por la violencia en nuestra entidad; datos que preocupan y que requieren de acciones inmediatas por parte de administración pública estatal.

Gran parte de la violencia que se vive hoy en día, la cual incluye la violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono, permanece oculta y en ocasiones, es aprobada socialmente. Por ello, el Partido Verde Ecologista de México, en Jalisco está comprometido en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de hombres, mujeres, niños y adolescentes, con una mirada integral de lo humano, ya que desde la infancia se inculca el respeto y la tolerancia, fomentando a su vez una cultura de respeto para así evitar todo tipo de violencia, incluyendo la violencia interfamiliar.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

La violencia no conoce de género, edad o nivel socioeconómico, por lo que es necesario darle al problema de la violencia la relevancia que tiene y buscar, en conjunto, soluciones que permitan no sólo en el corto y mediano plazo, la reducción de su prevalencia y atención integral de las consecuencias que produce en las distintas esferas de la vida de las personas afectadas y, en el largo plazo eliminarla como forma de relación social entre los integrantes de la ciudadanía mexicana.

La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como: “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

En los distintos ámbitos de la actividad humana, como trabajo, hogar, escuela, vida social y pública, el impacto de la violencia genera costos. Sólo en el ámbito laboral, la Organización de la Salud distingue costos directos, indirectos e intangibles de la violencia que incluyen desde los años de vida saludables perdidos por discapacidad, ausentismo laboral y escolar, hasta accidentes, enfermedades, disminución de la creatividad y la productividad de las personas que viven en situaciones de violencia.

Las repercusiones en la salud de la población por hechos violentos, ocasionan estrés postraumático o crónico, por lo que personas que viven en hogares donde se dan relaciones de violencia interfamiliar, sufren de trastornos cardiovasculares, digestivos así como, depresión, ansiedad o insomnio, entre otros.

La violencia interfamiliar o doméstica es entendida como aquella que se produce en el ámbito doméstico entre cualquiera de los miembros de la familia e incluye la violencia entre iguales, el maltrato infantil o el generado a personas mayores, discapacitadas o dependientes[11].

En Jalisco, se ocupa el quinto lugar de violencia doméstica, los porcentajes de personas que sufren de violencia intrafamiliar son los siguientes[12]:

Lesiones por violencia intrafamiliar registradas por médicos de la Secretaría de Salud de Jalisco

     Año     Lesiones

2010    2652

2011    3360

2012    4010

2013    4129

2014    4090

2015    4825

 

Asimismo, conforme a datos oficiales de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, el incremento de denuncias en materia de Denuncia Intrafamiliar  ha experimentado considerables incrementos de 2010 a 2015[13]:

Denuncias reportadas por la Fiscalía General de Jalisco

         Año      Denuncias

2010    3,622

2011    4,280

2012    5,958

2013    4,594

2014    4,576

2015    7,382

 

Las mujeres, los niños, los discapacitados y los adultos mayores son reconocidos como las víctimas más frecuentes de la violencia doméstica. Cada uno de estos grupos de población presenta características y condiciones que los hacen en particular, vulnerables.[14]

La violencia física contra los menores existe debido a una aprobación social generalizada respecto al control y castigo de los niños, en un modelo educativo jerárquico que ha otorgado a los adultos el derecho de corregir y disciplinarlos mediante el castigo corporal[15].

De acuerdo a la UNICEF México, 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes, de entre 1 y 14 años han experimentado algún método violento de disciplina infantil en sus hogares; sin embargo, lo alarmante es que durante el 2015 se registraron 1, 057 homicidios de niñas, niños y adolescentes, es decir 2.8 homicidios cada día.

Asimismo, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco simplemente durante 2016, atendió, 176 casos de maltrato en los que se involucran 309 menores de edad. Se informa por parte de la dependencia de 108 casos de maltrato emocional, 84 de maltrato físico y más de 17 de abuso sexual.   

Por otro lado, la agresividad contra enfermos y discapacitados, mental o físicamente, con frecuencia, es llamada violencia invisible; los individuos con discapacidades y/o enfermos, que dependen del cuidado de otras personas, presentan riesgos de abuso y violencia muy elevados por parte de sus cuidadores quienes, con frecuencia, son miembros de la propia familia. Esto se explica por la alta dependencia que tienen con sus cuidadores[16].

También la violencia contra los adultos mayores por parte de miembros de la familia es un tema frecuente, pero silenciado. La violencia sea emocional, física, sexual o económica, conlleva sufrimiento y dolor de ese grupo.

Aunado con lo anterior, la violencia que se ejerce contra las mujeres, forma parte de la discriminación de género que existe en todos los ámbitos (desde el hogar y la familia, la escuela, la comunidad en general, en los lugares de trabajo, en las calles, espacios públicos y transporte, en las manifestaciones culturales y en los medios de comunicación); sus manifestaciones son desde la omisión o menosprecio, las burlas y la humillación y amenazas, hasta la agresión física que causa la muerte; que ocurre en cualquier tipo de relación (padres, madre, amigo, pareja, desconocido, jefe, compañero de trabajo, de escuela, etc.), situación que  causa miedo e inseguridad en las mujeres y evita su libre movimiento, actuación y empoderamiento.

Las cifras respecto a la violencia de género en nuestra entidad son alarmantes: En los últimos cinco años, la violencia de género ha pasado de 67.42% a 74.32% en el estado de Jalisco, cifra con la cual se colocó entre las cinco entidades con más violencia contra las mujeres, según las cifras reveladas en noviembre de 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Por rubros, Jalisco se encuentra entre las seis entidades con mayor registro de mujeres víctimas en violencia de pareja: 27.3% de ellas ha sido víctima de algún tipo de agresión por parte de su esposo o novio, lo que representó un aumento desde el 2011. Mientras que en violencia dentro del ámbito familiar Jalisco ocupa el primer lugar con 12.8%, pese a que desde el 2011 se ha registrado un descenso de 10 por ciento.

Respecto a feminicidios en el país, Jalisco es el tercer lugar con 834 homicidios de mujeres cometidos en el 2015. El Estado de México y la Ciudad de México están en primer y segundo lugar, con mil 612 y 935 víctimas registradas.[17]

Según las estadísticas del instituto, 36 de cada 100 mujeres fueron estranguladas, ahorcadas, quemadas o golpeadas con algún objeto o herida con arma punzocortante.

Por ello, el Partido Verde busca incluir en el sistema educativo una materia para combatir todo tipo de violencia; una materia que promueva e inculque conocimientos, capacidades, actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a los niños, jóvenes y adultos, prevenir los conflictos y la violencia, tanto la violencia evidente como la estructural; desde preescolar hasta secundaria, incluida la educación para adultos, para que los mexicanos aprendamos a resolver conflictos de manera pacífica; y así, poder crear condiciones que conduzcan a la armonía, tanto a escala interpersonal, como intergrupal y nacional.

EN EL PARTIDO VERDE PROPONEMOS:

  • Impulsar desde la legislatura estatal a través de iniciativas de acuerdo legislativo la reforma al artículo 7 de la Ley General de Educación para incorporar como  materia, el combate a todo tipo de violencia; inculcando valores éticos y sociales para erradicar la violencia interfamiliar, de género y discriminación.
  • Creación de la campaña “Vivir sin Violencia” que vaya acompañada de acciones concretas que garanticen la protección de los derechos humanos, el respeto y la tolerancia.
  • Reformas a la Ley de Educación del Estado de Jalisco, a los reglamentos estatales y a los planes de estudio estatales respectivos, para incorporar materias para combatir y erradicar la violencia, y la discriminación.
  •  la generación de políticas públicas preventivas, además de campañas permanentes de cultura y de concientización a la no violencia en coordinación con las dependencias metropolitanas y municipales con funciones en tareas sociales y educativas.

 

[1] De manera colegiada hace referencia a que, todos los involucrados con los procesos educativos que en ella se generan, participan simultáneamente dentro de un espacio caracterizado por el análisis de asuntos académicos y por las propuestas que puedan surgir entre ellos, lo cual demanda casi siempre la horizontalidad en la interacciones.

[2] El Financiero, 43% de los encuestados afirmó que la solidaridad vista tras sismos de septiembre no va a durar. Grupo Reforma, el 42% de los encuestados no confía que la ayuda llegue a los damnificados.

[3] Los fines de la educación se encuentran estipulados en el artículo 7 de la Ley Federal de la Educación.

[4] La gestión escolar es el conjunto de acciones que se realizan en la escuela para organizar y administrar su funcionamiento, lo cual incluye la manera como se toman las decisiones y se resuelven los conflictos.

[5] La Encuesta Nacional, por su parte, se aplicó en toda la República y se tuvieron respuestas de los estados de Baja California, Colima, Distrito Federal, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla, Sinaloa y Zacatecas. Se sistematizaron 172 respuestas de 91 escuelas. CONAPASE, 2015.

[6] http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/data/gender-equality/gender-equality-in-employment_data-00725-en?isPartOf=/content/datacollection/gender-equality-data-en

[7] http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/mmsi/mmsi2017_06.pdf

[8] Principios Para El Empoderamiento De Las Mujeres En Las Empresas, ONU Mujeres. http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/empoderamientoweb.pdf?la=es&vs=1405

[9] http://www.cronica.com.mx/notas/2016/976343.html

[10] Secretaría de Salud. Informe Nacional sobre Violencia y Salud. México, DF: SSA; 2006.

[11] Vargas, Horacio. Violencia contra la mujer infligida por su pareja y su relación con la salud mental de los hijos adolescentes. Revista Médica Herediana. 2017.

[12]http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=26212

[13]http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=26212 Nota: Jalisco quinto lugar en violencia doméstica.

[14]Casique, Irene. Vulnerabilidad a la violencia doméstica. Una propuesta de indicadores para su medición. Realidad, datos y espacio revista internacional de estadística y geografía. 2012. Información Disponible en:

http://www.inegi.org.mx/rde/RDE_06/Doctos/RDE_06_Art4.pdf

[15]Ibidem.

[16]Ibidem.

[17]https://www.informador.mx/jalisco/Aumenta-violencia-contra-las-mujeres-en-Jalisco–20171123-0090.html Jalisco en primeros lugares de violencia contra las mujeres.

TÍTULO: POR UN PODER LEGISLATIVO DE TRABAJE MÁS Y DE MEJORES RESULTADOS PARA JALISCO

VISIÓN: El buen ejercicio de la representación política a cargo de los legisladores es un aspecto fundamental para hacer posible el ejercicio pleno de nuestros derechos. Los representantes populares son la voz de los ciudadanos en donde se toman las decisiones más importantes para el país: el Congreso del Estado de Jalisco.

Contar con un poder legislativo vigorizado y con operación eficiente, permitirá hacer leyes conforme a las problemáticas y necesidades vigentes, elaborar presupuestos acordes a la realidad y vigilar el ejercicio de gobierno, acompañando en todo momento las decisiones públicas, además le será posible cumplir con sus funciones de análisis, discusión y deliberación, en torno a los grandes problemas que afectan a la población y de proposición de soluciones a los mismos, que regule las facultades del Ejecutivo y controle su actuación, y en la medida que aglutine a las fuerzas políticas, avanzar en la democracia.

RESUMEN EJECUTIVO:

La creciente pluralidad, competencia y participación política, demandan un equilibrio efectivo de poderes, para también una colaboración democrática e institucional acorde a las demandas poblaciones en nuestra entidad, por ello resulta indispensable una transformación del diseño institucional que permita una coordinación y comunicación que propicie resultados satisfactorios entre los poderes públicos.  Esta visión generara esquemas de gobernanza efectivos y vanguardistas que nos permitirán transitar a un estado moderno y efectivo.

Múltiples análisis, demuestran el deterioro que el poder legislativo jalisciense presenta ante la sociedad y opinión pública, al no cumplir conforme a la percepción ciudadana la tarea fundamental de la representación popular y que está se refleje en los actos de cada uno de los integrantes de dicha representación social, por lo que se requiere una reflexión y planteamiento firme de su conformación  y alcances.

Somos de la firme visión y convicción de contribuir a su mejoramiento y su acercamiento con todos los sectores de la sociedad, dotándolo de las facultades necesarias para que su papel de contrapeso a los demás poderes, la posibilidad de participar activamente en la designación de los funcionarios del gobierno, titulares e integrantes de los organismos públicos autónomos  así como su función representativa, le posibiliten un mayor involucramiento en las acciones dirigidas a la sociedad jalisciense.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

De acuerdo con el informe legislativo del Instituto Mexicano de la Competitividad de 2016, sólo el 17 % de los ciudadanos se siente representados por su Congreso; en Jalisco un Diputado Local representa a 205,609 habitantes, lo que lo convierte en la segunda entidad cuyo legislador representa a mayor número de habitantes; ante ello ha registrado un incremento del 5.2 % real en su presupuesto, y teniendo un costo real por habitante de $ 126.3 al mes por habitante.

Y Aunque se han consolidado importantes temas de la agenda pública y ha existido un satisfactorio esquema de cooperación entre los integrantes de los grupos parlamentarios para definir temas torales como el Sistema Estatal Anticorrupción, la implementación de los mecanismos de participación social, la reforma electoral la cual rige el proceso que ya inició, entre otros temas trascendentes se requiere una modernización en el  marco legal orgánico de este poder para innovar en su funcionamiento y diseño institucional y con ello generar una productividad legislativa que se vea reflejada en acciones de gobierno, beneficios a la población y un desarrollo integral para nuestro estado.

Respecto a la evaluación de transparencia en las finanzas legislativas Jalisco ocupa el séptimo lugar, con un 49% lo que aunque refleja un compromiso demuestra la necesidad de avanzar a través de la modificación de esquemas y sistemas de rendición de cuentas, con la finalidad de generar confianza y legitimidad ante los ciudadanos.

Otro factor a considerar es la productividad en comisiones legislativas, mejorar los procesos de estudio y dictaminación, y valoración de iniciativas con contenido y rentabilidad social para mejorar el desempeño de la función pública y resultados para el bienestar colectivo.

Persisten  en algunos rubros y aspectos la opacidad legislativa, en temas relacionados a la administración de las finanzas y de recursos humanos y materiales de este poder, resulta necesario una plena implementación de sistemas que transparenten dichos recursos y permitan medir los resultados de  cada una de las acciones y decisiones de los legisladores.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

  • Modificar la Constitución Política del Estado, así como el marco jurídico del Congreso del Estado para ratificar a los Secretarios de Gabinete del Ejecutivo Estatal y promover su remoción, bajo ciertas causales.
  • Modificar la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado y su Reglamento para modernizar los procesos de dictaminación de iniciativas de ley y decreto.
  • Impulsar la creación e implementación de esquemas institucionales para la rendición de cuentas y transparencia de las finanzas legislativas y rendimiento de los recursos.

 

TITULO: GOBIERNO DE COALICIÓN

VISIÓN: Generar y fortalecer mayores condiciones de gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, mediante el establecimiento del Gobierno de Coalición dentro del sistema político mexicano, donde se tracen y generen las reglas para el seguimiento de un gobierno legitimado por la sociedad.

RESUMEN EJECUTIVO:

Actualmente, las coaliciones electorales son suscritas por los partidos políticos a través de un Convenio de Coalición que es utilizado únicamente como vía para llegar al poder, sin que tenga ningún efecto sobre un programa de gobierno o una agenda legislativa común para lograr consensos en materia de gobierno.

A diferencia de lo que ocurre actualmente donde el gabinete está conformado en su mayoría por integrantes del partido, en un gobierno de coalición las distintas fuerzas podrán contar con representación.

La finalidad del Gobierno de Coalición es que el Ejecutivo, su partido y quienes lo acompañen tengan la obligación de definir de manera conjunta un convenio, un programa de gobierno, la titularidad de las Dependencias de la Administración Pública y una agenda legislativa común.

Existirá una corresponsabilidad en el ejercicio gubernamental y una mayor capacidad para lograr acuerdos entre el Poder Ejecutivo y los partidos políticos representados en el Congreso con los que se suscriba el Convenio de Gobierno de Coalición respectivo.

En resumen, se generarán mayores condiciones de gobernabilidad, logrando que el ejercicio del poder vaya acompañado de eficacia y estabilidad, a consecuencia de una mayor legitimidad ciudadana.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Es innegable que la pluralidad política ha contribuido a generar sociedades cuya polarización se ve reflejada en la integración de sus órganos de gobierno, los cuales, a pesar de ser electos por mayoría de votos, no cuentan con el respaldo de la mayoría ciudadana.

Para el caso de Jalisco en la elección de Gobernador en 2012, nos encontramos que el actual titular del ejecutivo no ha logrado superar el 50% de los  votos, lo que va en detrimento de un ejercicio de legitimidad y confianza de los jaliscienses.

Gobernador

Partido/Coalición

Candidato

Votos

Porcentaje

 

Partido Acción Nacional

 

Fernando Guzmán Pérez Peláez

695,117

 

20.38 %

 

Compromiso por Jalisco

(PRI, PVEM)

 

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz

1,309,836

 

38.41 %

 

Partido de la Revolución Democrática

 

Fernando Garza Martínez

115,347

 

3.38 %

 

Movimiento Ciudadano

 

Enrique Alfaro Ramírez

1,160,870

 

34.04 %

 

Nueva Alianza

 

María de los Ángeles Martínez Valdivia

46,389

 

1.36 %

 

No registrados

1,786

 

0.05 %

 

Nulos

80,754

 

2.36 %

Total

3,410,099

 

100.00 %

 

En el mismo caso, nos encontramos las elecciones del titular del Poder Ejecutivo en la Entidad en los años 2006 y 2000:

Gobernador 2006

Partido/Alianza

Candidato

Votos

Porcentaje

 

Partido Acción Nacional

 

Emilio González Márquez

1,296,745

 

45.19 %

 

Partido Revolucionario Institucional

 

Arturo Zamora Jiménez

1,187,822

 

41.40 %

 

Coalición Por el Bien de Todos (PRD, PT)

 

Enrique Ibarra Pedroza

224,590

 

7.83 %

 

Partido Verde Ecologista de México

 

Adalberto Velasco Antillón[1]

0

0.00%

 

Convergencia

 

Antonio Jaime Reynoso

17,829

0.62%

 

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina

 

Oliva Ornelas Torres

36,266

 

1.26 %

 

Partido Nueva Alianza

 

Fernando Espinoza de los Monteros

48,355

 

1.69 %

 

No registrados

3,501

0.12%

 

Nulos

54,214

 

1.89 %

Total

2,869,322

 

100.00 %

 

Gobernador  año 2000

Partido/Alianza

Candidato

Votos

Porcentaje

 

Partido Acción Nacional

 

Francisco Javier Ramírez Acuña

983,502

 

45.5 %

 

Partido Revolucionario Institucional

 

Jorge Arana Arana

936,657

 

43.3 %

 

Partido de la Revolución Democrática

 

Raúl Vargas López

112,743

 

5.2 %

 

Partido del Trabajo

 

Marisela Moguel Díaz

34,006

 

1.6 %

 

Partido Verde Ecologista de México

 

Gabriel Varela Robles

27,010

 

1.2 %

 

Convergencia

 

Juan Hernández Rivas

6,920

 

0.3 %

 

Partido de la Sociedad Nacionalista

 

Isabel García

2,196

 

0.1 %

 

Partido Alianza Social

 

Sergio Rocha Reyes

7,403

 

0.3 %

 

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana

 

Silvia González Cervantes

3,631

 

0.2 %

 

Partido de Centro Democrático

 

Adrián Michel Espino

2,732

 

0.1 %

 

Democracia Social

 

Samuel MeléndrezLuévano

10,067

 

0.5 %

 

No registrados

276

 

0.01 %

 

Nulos

34,736

 

1.61 %

Total

2,161,879

 

100.00 %

 

Esto refleja que el ejercicio del Gobierno en Jalisco, ha carecido de una mayoría del 50% de los jaliscienses que han ejercido su derecho al sufragio, lo que nos invita a una reflexión para consolidar un estado basado en la gobernabilidad democrática y la representación autentica.

Ello ha impactado significativamente sobre la fuerza del Poder Ejecutivo Estatal y su interacción e interdependencia con los demás poderes públicos y órdenes de gobierno:

  1. Los tres Gobernadores Constitucionales de Jalisco más recientes, han sido electos a pesar de que la mayoría ciudadana no votó por ellos, con el rechazo social que ello supone,

Lo descrito en los párrafos que anteceden demuestra que la democracia mexicana debe dar un paso más hacia su consolidación, pues “en una democracia consolidada se cuenta con un buen número de recursos institucionales para prevenir y, en su caso, enfrentar los problemas de gobernabilidad.[1]

Una de las modalidades más viables consideradas para la coordinación permanente entre el Ejecutivo Estatal  y el Congreso de Jalisco, es un gobierno de coalición, donde se trazan y generan las reglas para el seguimiento de un gobierno legitimado por la sociedad.

Parte de las características de los gobiernos de coalición es que se cumpla con la meta común o un conjunto de metas. Para ello, un gobierno de coalición requiere de:

  • Comunicación entre gobernantes y gobernados;
  • Establecer con esquemas jurídicos los protocolos de comunicación de las políticas públicas;
  • Tener un diseño o protocolos pactados para el seguimiento de las políticas públicas;
  • Establecimiento de órganos plurales de coordinación para las acciones gubernamentales;
  • Especificar la acción entre el gobierno y los grupos parlamentarios que lo apoyan, y
  • Compatibilidad entre el impulso de la acción gubernamental y la identidad partidista de los miembros de la coalición.

Es de destacar que la implementación de un gobierno de coalición en el Estado de Jalisco podría generar los siguientes beneficios:

  • Doble legitimidad del Gobierno, al existir una configuración institucional entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, de tal suerte que la legitimidad ciudadana plasmada en las urnas se traduce en una legitimidad política entre ambos poderes;
  • Apoyo de los grupos parlamentarios y expresiones políticas representados en el Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo, generando mayores condiciones de gobernabilidad;
  • Mayor visibilidad y reconocimiento del gabinete estatal, generando mayores consensos y avances en las políticas públicas, y
  • Participación del Legislativo en el nombramiento y cese de los miembros del gabinete, provocando mayor confianza en las instituciones de Jalisco. En resumen, un gobierno de coalición genera un canal de interacción entre el Ejecutivo Estatal y el Congreso de Jalisco, para el bien común y beneficio social, al contar con una mayor gobernabilidad.

Como ejemplo cabe mencionar que el sistema jurídico mexicano vigente contempla la posibilidad de que el Presidente de la República opte por un gobierno de coalición, en los términos siguientes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición”.

En conclusión, estamos ciertos que en Jaliscodebemos armonizar, conforme a los preceptos de la constitución política de los estados unidos mexicanos para generar un sistema de gobierno de coalición en plena concordancia con la pluralidad política, las necesidades políticas y sociales en la entidad y las demandas poblacionales de los jaliscienses.

EN EL PARTIDO VERDE PROPONEMOS:

  • Presentar ante el Congreso del Estado, una Iniciativa que crea la Ley Estatal de Gobierno de Coalición, así como la Iniciativa de  reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, para fomentar una correlación y co-gobierno entre los poderes ejecutivo y legislativo cuando las expresiones políticas representadas tengan a bien integrarlo.
  • Que el Gobernador del Estado en cualquier momento pueda optar por un Gobierno de Coalición, cuyo fin principal será el reforzar las instituciones, garantizar mayorías en las decisiones de gobierno, dar  cumplimiento al Programa de Gobierno de Coalición, y promover la gobernabilidad democrática de nuestra entidad federativa, a través de la cooperación política entre las expresiones políticas
  • Que el Gobierno de Coalición se regule por un Convenio, un Programa de Gobierno, un Acuerdo de Distribución, Titularidad e integración de las Dependencias de la Administración Pública Estatal,  el cual será suscrito por las expresiones políticas participantes

 

 

 

 

 

 

TITULO: MENOS DIPUTADOS, MÁS PRESUPUESTO PARA TI

VISIÓN: Hacer más eficiente la labor política y legislativa, mejorar la representatividad ciudadana y generar ahorros significativos de recursos públicos, a partir de un replanteamiento del modelo Constitucional para la elección e integración del Congreso de la Unión.

RESUMEN EJECUTIVO:

Se atenderá el reclamo ciudadano de reducir la integración y en consecuencia, los costos del Congreso de la Unión.

Para ello se propone una Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para reducir el número de legisladores de la Cámara de Diputados pasando de 500 a 300 diputados y con ello disminuir en un 40% sus integrantes y la disminución de los legisladores del Senado de la República, pasando de 128 a 96 senadores, reduciendo un 25% de sus integrantes.

La Cámara de Diputados se integrará por 200 diputados por el Principio de Mayoría Relativa y 100 diputados por el Principio de Representación Proporcional.

La Cámara de Senadores, se integrará por 96 senadores, de los cuales, en cada entidad federativa, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos por entidad.

Los 32 senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción electoral nacional.

Con esta propuesta, se mejorará la eficiencia del Congreso de la Unión, toda vez que los acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas representadas en él podrán ser asumidos con mayor facilidad.

Ahorros proporcionales a la propuesta de reducción para el presupuestos de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión (40% en la Cámara de Diputados, y 25% en el Senado de la República, derivados de la reducción de sus integrantes en dichas proporciones), el costo anual del Poder Legislativo Federal pasaría de $12,171,404,772 a $7,984,138,751, es decir, un 34.4% menos que el costo de este año, equivalente a $4,187,266,021.

Los ahorros por legislatura podrían ser utilizados para cubrir las asignaciones hechas en el PEF 2017 para la Educación, Medio Ambiente y Salud.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde hace tiempo se ha planteado en el ánimo social la exigencia de reducir la cantidad de diputados y senadores que integran el Poder Legislativo Federal, no sólo como medida para el ahorro de recursos públicos sino también para hacer más eficiente la labor política y legislativa.

Si bien la eficiencia de un parlamento no necesariamente depende del número de sus integrantes, es innegable que la clase política mexicana adolece una crisis de desconfianza ciudadana, toda vez que, de conformidad con la Encuesta Telefónica sobre Confianza en las Instituciones, emprendida en 2014 por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, los legisladores y los partidos políticos registran el menor índice de confianza[2]. Dicho panorama es confirmado por la encuesta nacional en viviendas “México: confianza en instituciones 2015”, realizada por Consulta Mitofsky, en la cual los partidos políticos y los legisladores ocuparon los lugares más bajos de confianza[3].

Se debe aprovechar la coyuntura económica que atraviesa nuestro país, para dar un paso más en la consolidación de la democracia en nuestro país, haciendo de la Cámara de Diputados, un órgano más eficiente y ponerlo al servicio de los mexicanos, mediante una estructura austera pero suficiente para el digno desempeño de sus actividades legislativas y de control político, a la altura de cualquier parlamento de primer mundo.

La relevancia de la Cámara de Diputados y el Senado de la Republica radica en su papel de representación popular, pues sus integrantes son electos por la ciudadanía para llevar su voz al Poder Legislativo Federal.

En tal sentido, cabe resaltar la integración de ambas Cámaras Legislativas y su representatividad ciudadana, a la luz de una población de 119.53 millones de habitantes, de conformidad con la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía[4]. Si se toma en consideración que la Cámara de Diputados se encuentra integrada por 500 legisladores y el Senado de la República cuenta con 128 Senadores, es posible inferir que cada legislador representa a 239 mil 06 mil mexicanos.

Comparando a los integrantes del Congreso de la Unión con los parlamentos de otros países, Estados Unidos, Brasil e India cuentan con legisladores que representan a un mayor número de habitantes, mientras que en Francia, España, Alemania y Sudáfrica sus parlamentarios representan a una menor población, tal como se aprecia en la siguiente tabla:

País

País y Cámara

Número de legisladores

Población nacional

Proporción (miles de habitantes por legislador)

 

INDIA

Cámara del Pueblo (Cámara Baja)

 

 

Consejo de los Estados (Cámara Alta)

 

552

———————-

250

 

 

 

 

1, 293, 057,000 hab. (2016)

 

 

2,342.49

 

5,172.23

 

 

USA

Cámara de Representantes

 

 

Senado

 

 

435

 

100

 

 

324, 289,210 hab. (2016)

 

 

745.49

 

3,242.89

 

 

 

BRASIL

 

Cámara de Diputados

 

 

 

Senado Federal

 

513

 

 

81

 

 

 

204, 450,649 hab. (2014)

 

398.54

 

 

2,524.08

 

 

MÉXICO

 

 

Cámara de Diputados

 

 

Senado de la República

 

500

 

128

 

 

119, 530,753 hab. (2015)

 

239.06

 

933.83

 

 

ARGENTINA

Cámara de Diputados de la Nación

 

 

Senado de la Nación

 

 

257

 

72

 

 

43, 590,368 hab. (2016)

 

 

169.61

 

605.42

 

 

AUSTRALIA

 

 

 

Cámara de Representantes

 

 

Senado

 

 

150

 

 

76

 

 

 

23, 613,193 hab. (2015)

 

 

157.42

 

 

310.70

 

SUDÁFRICA

 

Asamblea Nacional (Cámara Baja)

 

Consejo Nacional de las Provincias (Cámara Alta)

 

 

400

 

90

 

54, 956,900 hab. (2015)

 

 

137.39

 

610.63

 

 

ALEMANIA

 

Bundestag (Cámara Baja)

 

Bundesrat Cámara Alta)

 

 

630

 

69

 

 

82, 200,000 hab. (2015)

 

 

130.48

 

1,191.30

 

 

ESPAÑA

Congreso de los Diputados

 

 

Senado

 

 

350

 

266

 

 

46, 468,102

hab. (2016)

 

 

132.77

 

174.77

 

 

FRANCIA

 

Asamblea Nacional

 

 

Senado

 

 

266

577

 

 

66, 991,000 hab.

 

 

116.10

 

192.50

 

 

CHINA

 

 

Asamblea Popular Nacional (unicamaral)

 

2,987

 

1, 369, 811,000 hab. (2015)

 

458.59

Fuente: Elaboración propia con información de los sitios web de los congresos nacionales de cada país.

 

No se debe ignorar el hecho de que las nuevas tecnologías de la información han cambiado la manera en que la población interactúa con sus representantes populares, de tal suerte que el diálogo entre legisladores y ciudadanos no se encuentra determinado por la cantidad de diputados y senadores, sino por la eficiencia de medios de comunicación como las redes sociales.

En resumen, está claro que los ciudadanos no se sienten representados por sus diputados y senadores, de tal suerte que se deben realizar las propuestas legislativas necesarias, a fin de reducir el número de legisladores federales, mitigando en la misma proporción el costo para los mexicanos, además de mejorar el funcionamiento del Poder Legislativo Federal.

 

EN EL PARTIDO VERDE PROPONEMOS:

  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para reducir el número de legisladores a partir del proceso electoral 2018, replanteando el modelo constitucional para la integración del Congreso de la Unión, con la finalidad de:
  1. Reducir su costo operativo, así como los inherentes a su elección;
  2. Incrementar la eficiencia de sus trabajos, y
  3. Mejorar la representatividad de la ciudadanía.
  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para reduciría la integración de la Cámara de Diputados, pasando de 500 a 300 legisladores, así como el Senado de la República, pasando de 128 a 96 senadores, de esta forma, quedaría integrada de la siguiente manera:

INTEGRACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

CÁMARA

INTEGRACIÓN ACTUAL

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN

Cámara de Diputados

500 Diputados

300 Diputados

40%

Senado de la Republica

128 Senadores

96 Senadores

25%

 

  • Redistribuir la integración del Senado de la Republica y la Cámara de Diputados conforme a los principios de mayoría relativa y por circunscripciones electorales, quedando de la siguiente manera:

 

 

TOTAL

MAYORÍA RELATIVA (DISTRITOS ELECTORALES)

REPRESENTACIÓN (CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES)

 

INTEGRACIÓN

ACTUAL

 

500 diputados

 

300 diputados

(60% del total)

200 diputados de representación proporcional

(40% del total)

 

PROPUESTA DE

INTEGRACIÓN

 

300 diputados

 

200 diputados

(60% del total)

100 diputados de representación democrática

(40% del total)

 

Para el caso de la Cámara de Senadores, el artículo 56 constitucional establece su integración actual en 128 legisladores, de los cuales 64 son electos por el principio de “mayoría relativa” (dos en cada entidad federativa), 32 son asignados a la primera minoría (uno en cada entidad federativa) y 32 son electos por el principio de “representación proporcional”, a partir de una lista nacional única. En este sentido, queda claro que la composición del Senado de la República busca una representación equitativa del federalismo mexicano, al contemplar tres senadores por cada entidad federativa, además de garantizar la pluralidad en su integración, al distribuir 32 senadores entre los diferentes partidos políticos, con base en la votación obtenida en la elección correspondiente.

A la luz de lo anterior, y bajo la premisa de buscar una reducción en los costos del Poder Legislativo Federal y mejorar su eficiencia, sin que ello suponga sacrificar la representatividad en su integración, el Partido Verde propone eliminar la asignación de senadores a la primera minoría de cada entidad federativa, pues se estima que de esta forma se garantizará, por un lado, el respeto de la voluntad ciudadana expresada en las preferencias por los candidatos electos por el principio de “mayoría relativa”, y por otro lado, la pluralidad en la integración del Senado de la República mediante los senadores electos por el sistema de lista nacional, lo cual ha sido reconocido por la SCJN como función primordial del principio de “representación proporcional”.

Comparada con la integración actual, se propone la siguiente integración de la Cámara de Senadores:

 

 

TOTAL

 

MAYORÍA RELATIVA

 

PRIMERA MINORÍA

 

REPRESENTACIÓN (LISTA NACIONAL)

 

INTEGRACIÓN

ACTUAL

 

128

Senadores

 

64 senadores (dos por cada entidad federativa)

 

32 senadores (uno por cada entidad federativa)

 

32 senadores de representación proporcional

 

PROPUESTA DE

INTEGRACIÓN

 

96 senadores

 

64 senadores (dos por cada entidad federativa)

 

0

 

32 senadores de representación proporcional

 

Beneficios:

  • Se atenderá el reclamo ciudadano de reducir la integración y, en consecuencia, los costos del Congreso de la Unión.
  • Mejorar la eficiencia del Congreso de la Unión, toda vez que los acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas representadas en él podrán ser asumidos con mayor facilidad.
  • Ahorros proporcionales a la propuesta de reducción para la Cámara de Diputados (40%) y un (25%) para el Senado de la República.

PRESUPUESTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

 

CÁMARA

 

PEF 2017

PRESUPUESTO ANUAL CON REDUCCIÓN PROPUESTA

 

AHORRO ANUAL

 

AHORRO POR LEGISLATURA

 

AHORRO SEXENAL

Cámara de Diputados

 

$7,629,432,185

 

$4,577,659,311

 

$3,051,772,874

 

$9,155,318,622

 

$18,310,637,244

 

Senado de la República

 

$4,541,972,587

 

$3,406,479,440

 

$1,135,493,147

 

$3,406,479,441

 

$6,812,958,882

 

  • Los ahorros por Legislatura podrían ser utilizados para cubrir las asignaciones hechas en el PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) 2017 para los siguientes conceptos:
  • El presupuesto del Programa Nacional de Becas para Educación Media Superior ($4,085,022,553);
  • Duplicar los presupuestos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ($1,098,379,965) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ($988,918,921 pesos), o
  • Triplicar el presupuesto del Hospital Infantil de México Federico Gómez: ($1, 380, 741,978).

 

TÍTULO: FIN DEL PRESIDENCIALISMO

VISIÓN: Un México con un sistema semipresidencial donde el Ejecutivo y el Legislativo estén al mismo tiempo separados y unidos.

RESUMEN EJECUTIVO:

En el Sistema Semipresidencial el presidente es autónomo, pero comparte el poder con un primer ministro. Asimismo, el primer ministro procede del Parlamento y debe conseguir su apoyo continuamente. El Poder Ejecutivo se divide entre un jefe de Estado (el presidente de la República) y un jefe de gobierno o primer ministro. Cada uno tiene un origen distinto mientras que el presidente de la República surge directamente del voto popular y el jefe de gobierno es designado por la mayoría parlamentaria.

El presidente de la República nombra al jefe de gobierno, pero siempre atendiendo al partido o a la coalición mayoritaria en el Parlamento. De este modo, en el jefe de gobierno se encuentra la confianza simultánea del jefe de Estado y de la mayoría parlamentaria, en la práctica su permanencia depende casi exclusivamente de esa mayoría.

El primer ministro está comprometido en la lucha política cotidiana, de la cual está exento el presidente. El jefe de Estado mantiene una relación no conflictiva con los dirigentes de los partidos contrarios y favorece el compromiso, la negociación y la moderación de las fuerzas en pugna. Por ello, desempeña una función de árbitro.

La función principal del jefe de Estado es garantizar el funcionamiento regular de las instituciones, y dirige la política exterior, la diplomacia y las fuerzas armadas. Por otro lado, existe el Parlamento organizado en dos cámaras. Ambos surgen del sufragio universal: el Parlamento no depende del jefe de Estado en términos de su elección, ni el jefe de Estado depende del Parlamento. El gobierno surge de la Asamblea Nacional, que puede ser disuelta por el presidente de la República. En términos de Sartori, “[…] un sistema político es semipresidencial si se aplican conjuntamente las siguientes características:

  1. El jefe de Estado (el presidente) es electo por el voto popular ya sea directa o indirectamente por un periodo predeterminado en el cargo;
  2. El jefe de Estado comparte el Poder Ejecutivo con un primer ministro, con lo que se establece una estructura de autoridad dual cuyos tres criterios definitorios son:

1) El presidente es independiente del Parlamento, pero no se le permite gobernar solo o directamente, y en consecuencia su voluntad debe ser canalizada y procesada por medio de su gobierno;

2) El primer ministro y su gabinete son independientes del presidente porque dependen del Parlamento; están sujetos al voto de confianza y al voto de censura, y en ambos casos requieren del apoyo de una mayoría parlamentaria, y

3) la estructura de autoridad dual del semipresidencialismo permite diferentes balances de poder, así como predominios de poder variables dentro del Ejecutivo, bajo la rigurosa condición de que el potencial de autonomía de cada unidad componente del Ejecutivo subsista.

En este sistema, la disolución del Parlamento es un arma en manos del presidente porque se busca que éste disponga, en la medida de lo posible, de una mayoría parlamentaria afín. El presidente disuelve el Parlamento con base en cálculos políticos, de acuerdo con los cuales esta acción no se puede instrumentar en cualquier momento ni bajo cualquier circunstancia. En otras palabras, aunque no hay límites ni condiciones para disolver el Parlamento, sólo se hace cuando hay circunstancias políticas para conducir a una mayoría propia al Parlamento o cuando, aunque esto no se logre, se trata de disminuir costos políticos a mediano plazo[5].

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Actualmente, la sociedad no confía en los mecanismos institucionales ni en las personas que los dirigen, tenemos en su mayoría instituciones que no permiten ejercer el gobierno de manera adecuada marginando muchas de las ocasiones las propuestas, acciones y pensamientos de los individuos. Hace falta un cambio que dé un giro completo a la forma de gobierno, una que permita la unión pero el respeto, a fin de recuperar la confianza del ciudadano hacia el gobernante.

Asimismo, es necesario recuperar la confianza de los ciudadanos hacia los partidos políticos, pues hoy en día han perdido capacidad de representación, la cual es cuestionada y no hay credibilidad; los individuos ya no confían en nadie y no quieren saber de nadie, ya que no se sienten representados, hace falta un trabajo diferente que garantice la confianza y la seguridad de acudir a las instancias políticas, legislativas, judiciales y del gabinete del poder ejecutivo.

Ejemplo de un sistema semipresidencial es la Quinta República de Francia, que logró dotar a la estructura institucional de un Poder Ejecutivo fuerte, ya que el presidente de la República es electo por votación universal y directa, el Parlamento no tiene la posibilidad de obstruir la función presidencial ni puede destituirlo. Sin embargo, el presidente sí puede disolver el Parlamento. Aquí la disolución es el mecanismo a través del cual se pretende evitar el imperio de los partidos, así como dar paso a la construcción de mayorías coherentes[6].

Este sistema tiene dos principios combinados: El Parlamento puede nombrar gobiernos, aunque no tiene nada que ver con el jefe de Estado. Dado que nombra al gobierno (al primer ministro y a su gabinete) tiene también la facultad de destituirlo, es decir, puede censurarlo. De ésta y otras maneras existen mecanismos de control entre Parlamento y gobierno; éste último está sujeto a la vigilancia y al control permanente de la mayoría parlamentaria de la que surge. Esa mayoría puede surgir de un solo partido o de una coalición de partidos. En general, las mayorías legislativas francesas surgen de coaliciones de partidos, de derecha o de izquierda[7].

Un gobierno semipresidencial es una posible alternativa para solucionar las problemáticas de los gobiernos sin mayoría, como se visualiza con el tránsito del gobierno presidencial que actualmente impera en México.

Acontecimiento que surge desde 1997 cuando el partido hegemónico que por décadas había detentado el poder, pierde su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, trayendo esta alternancia un resultado sin mayoría.

Después, en las elecciones del 2000, cuando se renuevan ambas Cámaras del Congreso de la Unión, el partido hegemónico que por décadas había detentado el poder tanto del Ejecutivo como del Legislativo, pierde la presidencia de la República y nuevamente la mayoría en el Congreso. Sin embargo, el partido de alternancia obtiene el triunfo del Poder Ejecutivo pero no alcanza la mayoría. Es así como México se ha encontrado con los denominados gobiernos sin mayoría. Y una buena opción es un sistema semipresidencial[8].

Las diferencias de un sistema presidencial y de un semipresidencial:

Forma de Gobierno

Sistema Presidencial

México

(Recae en una solo persona.)

Sistema Semipresidencial

Francia

(Combinación de régimen presidencial parlamentario.)

Jefe de Estado

Presidente de la República:

–       Electo cada 6 años, de forma directa, sin posibilidad de reelección.

 

Presidente de la Quinta República:

–       Es electo cada 5 años a través del sufragio universal.

 

 

Jefe de Gobierno

No aplica

Primer Ministro.

 

Es designado por el presidente de la República con la aprobación de la Asamblea Nacional.

 

Dirige la acción del gobierno.

 

Garantizar la ejecución de las leyes aprobadas por el parlamento.

 

Encabeza la administración pública

Gabinete

El presidente nombra y cambia a su gabinete.

El Primer Ministro propone a los Ministros y dependen del Parlamento.

Poder Legislativo

Cámara de Diputados

Asamblea Nacional.

Cámara de Senadores

Cámara de Senadores.

Gobiernos Estatales

Estados

Departamentos

Gobernadores

Consejos Regionales

 

Toda vez que los Estados de la Republica son libres y soberanos, es necesario especificar en esta propuesta de cambio de sistema presidencial a un sistema semipresidencialismo que las entidades federativas, adopten la mejor forma de gobierno acorde a sus circunstancias.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para modificar la forma de gobierno que nos rige como República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos pero unidos en una Federación, por un Sistema Presidencial, figura que da estabilidad para la celebración de acuerdos, y funciones de un sistema de corte parlamentario. A fin de obtener las siguientes características:
  • Que el Presidente se convierta en “Jefe de Estado”, que sea electo por voto popular, ya sea directa o indirectamente por un periodo predeterminado para su cargo.
  • Que el “Jefe de Gobierno” será el primer Ministro, propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Legislativo, compartirá el poder ejecutivo con el Jefe de Estado. siendo así una autoridad dual. Es decir, El Jefe de Estado será independiente del Parlamento, no se le permitirá gobernar solo directamente, su voluntad debe ser canalizada y procesada por medio de su Gobierno.
  • El primer Ministro y su gabinete son independientes del Jefe de Estado, porque dependerán del Parlamento.
  • El primer Ministro y su gabinete están sujetos al voto de confianza y al voto de censura, y en ambos casos requieren del apoyo de una mayoría parlamentaria.
  • Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para Reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las entidades federativas, adopten la mejor forma de gobierno acorde a sus circunstancias.

[1]Camou, Antonio. Gobernabilidad y democracia. Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, Instituto Federal Electoral, México.

[2] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Encuesta Telefónica sobre Confianza en las Instituciones, México 2014. Disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion

[3] Consulta Mitofsky, México, 2015. Disponible en: http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexicoopina/item/575-confianza-en-instituciones

[4] INEGI, 2015.

 

[5] ESPINOZA TOLEDO, Ricardo, Sistemas parlamentario, presidencial y semipresidencial, “Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, INE, 2016. Pp. 61-63

[6]Ibídem

[7]Ibídem

[8]VALDÉS ROBLEDO, Sandra, La forma de gobierno semipresidencial como una posible alternativa ante un gobierno sin mayorías, UNAM. Pp. 263-264. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3181/14.pdf

Jalisco necesita cambios profundos y de raíz. Los niveles de corrupción, desigualdad, violencia e ineficiencia de las instituciones publicas que enfrentan de manera cotidiana sus habitantes, son un claro síntoma de de un problema mayor.

En Movimiento Ciudadano creemos que es urgente renovar la vida publica de nuestro estado y que para lograrlo, de nada sirven las promesas deshonestas y superficiales que tantas veces hemos escuchado. Por el contrario, es necesario plantear una ruta de transformación profunda, que vaya hasta el origen de los problemas que vive la mayoría de las personas. 

Nosotros somos un movimiento de mujeres y hombres libres que se han comprometido con las transformaciones sociales, políticas y económicas que nuestras ciudades, nuestro estado y nuestro país requiere. Hoy nos enfrentamos no sólo a un conjunto aislado de problemas, sino a un sistema político y gubernamental que está en una grave crisis.

Los diagnósticos no son nada alentadores. Jalisco ha ido perdiendo liderazgo en temas en los que su potencial es inmenso. Presentamos indicadores negativos en agendas que son clave para la vida cotidiana de la gente: La salud, la educación, el empleo, la seguridad, entre otros. Se han intensificado y complejizado los problemas de desigualdad, prestación de servicios públicos, pobreza, marginación, deterioro de la calidad ambiental, rezago de infraestructura y sobre todo, descomposición del tejido social.

Lo público ha ido perdiendo credibilidad y confianza. Muchas de nuestras instituciones que son clave para el desarrollo, están desprestigiadas por actos de corrupción, opacidad, impunidad, administraciones ineficaces y sobre todo, por la falta e incapacidad para tomar decisiones a favor del interés público.

No existen soluciones mágicas ni milagrosas. El trabajo que debemos emprender para cambiar la vida pública de Jalisco y sus instituciones implica la participación de todas las personas. Ser corresponsables.

Hoy más que nunca se vuelve necesario construir un gran acuerdo social sobre el cual, sea posible reconciliar a las instituciones públicas con las necesidades y demandas de la ciudadanía. Hoy se vuelve urgente no sólo la reingeniería y reorganización de los gobiernos –estatal y                            municipales- sino también, la refundación de la vida pública y de los poderes que hoy le dan la espalda a quienes vivimos en Jalisco. Necesitamos reunir a las distintas voluntades, esfuerzos y causas para tomar decisiones en colectivo.

 Movimiento Ciudadano ha demostrado que es posible tener gobiernos que den resultados. Gobiernos transparentes, eficaces, con agendas construidas con la gente. En el año 2015 logramos gobernar las principales ciudades medias de Jalisco y 6 de los 9 municipios que integran el Área Metropolitana de Guadalajara. También hemos demostrado que es posible que el Congreso de Jalisco sea un espacio desde donde se puede impulsar cambios importantes para mejorar la calidad de vida de las personas.

Nuestra Plataforma Electoral retoma principios, valores y propuestas que no son solo discursos. Hemos demostrado que sabemos hacer buenos gobiernos, con resultados, de la mano de la gente. Tomando decisiones que no son fáciles, pero que deben ser asumidas con apertura y voluntad política.

Nuestra Plataforma Electoral plantea un trabajo desde los siguientes espacios políticos:

  1. La transformación de fondo de los poderes e instituciones de la vida pública de Jalisco, comenzando por el Gobierno del Estado.
  2. El Congreso de Jalisco como el espacio abierto de construcción de alternativas legislativas reales y de verdadera representación de los intereses públicos en Jalisco.
  3. La consolidación de los gobiernos municipales donde hemos demostrado que es posible gobernar del lado de la ciudadanía, con resultados concretos, de manera transparente y bajo un esquema de gobernanza.
  4. La ampliación de los buenos gobiernos hacia el resto de municipios de Jalisco que hoy reclaman respuestas y soluciones a sus problemas.

Hoy, queremos plantear una Agenda Pública que construya consensos para la reconciliación social, la renovación de los poderes públicos y la refundación de las instituciones que toman decisiones que influyen en la vida de todas las personas. Esta Agenda deberá traducirse en una de Gobierno del Estado, en una de Gobiernos Municipales y en una Legislativa.

Los ejes que proponemos para esas distintas agendas son:

  • Jalisco como el proyecto de un gran acuerdo social para la refundación de las instituciones y la renovación de la vida pública.
  • Gobiernos que dan resultados, que son transparentes y que construyen soluciones de la mano de la gente.
  • Lo público como respuesta a los grandes problemas sociales: Cultura de la legalidad, estado de derecho y combate a la impunidad.
  • Las personas como centro de las decisiones
  • Una visión incluyente, sustentable y regional del desarrollo para resolver los problemas cotidianos de las personas.
  • Una verdadera gestión de las ciudades medias de Jalisco y del desarrollo metropolitano.
  • Un enfoque de seguridad para la protección de todas las personas: Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos y Procuración de Justicia.

Jalisco necesita una transformación profunda y no, de políticas cortoplacistas y discursos vacíos que aluden a la palabra cambio, pero que no modifican de raíz las causas que nos tienen hoy en una severa crisis social, política y económica.

Si queremos resultados distintos, tenemos que hacer las cosas de manera diferente. A pesar de que nuestro marco jurídico nacional y estatal establece un conjunto de garantías constitucionales y derechos fundamentales, éstos se encuentran muy lejos de ser mínimamente respetados.  

La mayoría de las personas no tienen cubiertas necesidades básicas como el derecho a la educación de calidad, a la salud, al trabajo digno, a la vivienda, al medio ambiente sano, ni al desarrollo sustentable. Las instituciones se han alejado de su fin supremo: servir a las personas.

Los cambios estructurales que impulsaremos en Jalisco pasan necesariamente por revisar, modificar e implementar transformaciones como:

  1. Reconciliar la relación entre la ciudadanía y el gobierno. Durante décadas hemos oído hablar de la participación ciudadana, pero ésta carece de incentivos, de mecanismos de incidencia, pero sobre todo, de una comprensión de relaciones basadas en la idea de gobernanza. De gobernar del lado de las personas. Desde MC hemos entendido que las instituciones deben ser un vehículo para la participación activa de la gente. Desde el Congreso de Jalisco impulsamos reformas importantes en materia de participación ciudadana, eliminación del fuero y reducción de financiamiento a los partidos políticos. Nuestros gobiernos municipales han sido los primeros en someterse a un ejercicio de ratificación de mandato y también de implementación de presupuestos participativos. +
  2. Refundar las estructuras de los poderes y las instituciones públicas de Jalisco. Los cambios profundos necesitan instituciones que estén al servicio de las personas y no de los intereses de unos cuantos. Hasta ahora, sólo han cambiado los grupos en el poder, pero no las reglas del juego, ni la manera en la que funcionan los poderes y las instituciones públicas.
  3. Recuperar lo público como la respuesta a nuestros problemas comunes. La obligación de los gobiernos en cualquiera de sus niveles, es garantizar el interés colectivo por encima de los intereses particulares. La de construir políticas públicas que resuelvan los problemas que más les duelen a las personas. La prestación de servicios públicos de excelencia que ayuden a eliminar las desigualdades, la pobreza y la marginación entre la gente.
  4. Replantear el pacto federal desde lo local. Debemos decirlo con claridad: no tenemos en México un verdadero federalismo que ayude a construir a las distintas entidades que lo conforman, soluciones desde lo local en compañía del gobierno federal. Temas claves como el agua, la educación o la infraestructura se deciden de manera centralizada y sin posibilidades de tener alternativas que se construyan con actores locales para garantizar su sustentabilidad.
  5. Reorganizar al gobierno para que éste sea más eficiente, transparente y de resultados. Vemos con indignación los casos de escándalos de corrupción entre gobernadores del PRI y de otros partidos. Miles de millones de pesos que son el dinero de la gente, que se desvía a cuentas privadas de políticos sin escrúpulos. En Movimiento Ciudadano hemos demostrado que la mejor manera para poner fin a estas practicas, es implementando políticas de transparencia y rendición de cuantas, que dan a los ciudadanos el derecho de evaluar a los gobernantes y de decidir sobre la continuidad de los mismos. Si la gente pone, la gente quita.
  6. Renovar el ánimo social para construir comunidades que vivan en paz. Hoy más que nunca, nuestro país necesita diálogo, apertura y construcción de procesos de paz. El 2017 ha sido uno de los años más violentos en las últimas décadas. Las distintas formas de violencia que vivimos –económica, urbana, social, de género, intrafamiliar- deben eliminarse.

En Movimiento Ciudadano nos comprometemos a impulsar estas transformaciones desde tres espacios que son clave: el Gobierno de Jalisco, el Congreso del Estado y los Gobierno Municipales en las distintas regiones de nuestra entidad.

Gracias a administraciones públicas opacas y corruptas, la mayoría de la gente considera que ser y hacer gobierno es sinónimo de ineficacia y burocracia. Jalisco necesita un gobierno eficiente, transparente e innovador. Y ya hemos demostrado que eso es posible.

A. Un gobierno eficiente sabe gestionar recursos públicos, transparenta su uso, decide junto con la gente en qué gastarlos y aplicarlo de forma inteligente el dinero de nuestros impuestos. En la actual administración del Gobierno de Guadalajara, el recurso para obra pública que se ha ejercido, es un presupuesto histórico de cerca de 4 mil 200 millones de pesos. Nunca antes una administración municipal había hecho algo que en apariencia es sencillo: ser gestor, ser buen ejecutor y entregar parques, espacios públicos, mercados, centros comunitarios y unidades médicas equipadas, además de calles renovadas en donde vive la gente, en tan poco tiempo.

B. Hablar de transparencia y acceso a la información debe ir más allá del discurso. Se necesita que entidades externas evalúen y certifiquen si los gobiernos cumplen o no con esa responsabilidad. El ranking elaborado por Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) presentado este diciembre 2017 es contundente. De los 10 municipios mejor evaluados a nivel nacional, 8 son gobiernos de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Y el primero lugar lo ocupan de manera compartida Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan.

C. De la misma manera, la innovación no debe ser vista como un eslogan de una administración estatal. Innovar es cambiar la manera en la que las políticas públicas se diseñan, se ejecutan, se integran con la gente y se evalúan. Innovar es hacer de las tecnologías de la información y la comunicación herramientas al servicio de la gente. Hoy en el municipio de Guadalajara tenemos ejemplos claros de esto: desde la implementación de parquímetros virtuales que hicieron que la gente encontrara dónde estacionarse de manera ágil, rápida y segura, hasta una aplicación que permite presentar quejas y denuncias para conocer en tiempo real el seguimiento de problemas relacionados con luminarias, baches o recolección de residuos.

El principal reclamo de la gente tiene que ver con acabar con la impunidad en las instituciones públicas. Hoy, nadie confía ni en la impartición de justicia ni en que se castigará con todo el peso de la ley, cualquier acto de corrupción. Necesitamos refundar a nuestras instituciones. Necesitamos volver a creer en lo público como la solución a los problemas que nos preocupan a todos.

El Estado de Derecho tendría que representar el escenario básico e indispensable en todas las acciones necesarias para lograr un desarrollo pleno y sostenido en Jalisco. Sin embargo, la impartición de la justicia presenta altos niveles de impunidad, un fuerte atraso en la adaptación al nuevo Sistema de Justicia Penal, la incapacidad investigativa y administrativa de la Fiscalía y los cotidianos actos de corrupción, provocan que el acceso y aplicación de la justicia en el Estado sea un proceso caro, ineficiente y opaco.

  1. La ausencia de garantías en el proceso de administrar la justicia afecta negativamente en todos los niveles de la cotidianeidad de los ciudadanos. No existen indicadores que permitan saber el impacto del desempeño del poder Judicial, por lo tanto, no se conoce el nivel de legalidad en la que se desarrollan los Jaliscienses.
  2. Se debe de fortalecer el Estado de Derecho a través de un sistema judicial equitativo, transparente y eficiente que ofrezca certidumbre en todas las áreas de una sociedad. Para esto se necesitan acciones como:  actualizar las leyes generales y reglamentarias para establecer un orden jurídico congruente, armónico y complementario; delimitar y diferenciar entre la operación e impartición de justicia; ciudadanizar y transparentar la administración de la justicia al fortalecer los consejos ciudadanos; mejorar la capacidad de respuesta de los servidores públicos para aumentar la eficiencia de los juzgados y  generar un sistema de indicadores que otorgue evidencias sobre el desempeño de la operación del sistema judicial.  En el congreso del estado se debe abrir un dialogo con la sociedad (universidades, activistas, victimas) para mejorar las leyes.
  3. Es por eso que se necesitan crear plataformas que reúnan la información de los distintos procesos judiciales con la finalidad de reducir prácticas de corrupción y aumentar la transparencia en el seguimiento de cada caso; fortalecer la selección de perfiles independientes y libres de quienes imparten la justicia y promover la persecución penal estratégica para elaborar planes sectoriales y temáticos de persecución penal, así como mejorar las investigaciones. El objetivo principal es que la cultura de la legalidad siente las bases para la conformación de un Estado que brinde igualdad de oportunidades para todos los Jaliscienses.

El camino para que las personas estén en el centro de las decisiones de interés público es a través de la gobernanza y la participación ciudadana efectiva. Este es un valor fundamental para la vida democrática de cualquier comunidad. Más grande es la responsabilidad cuando hablamos de un gobierno a nivel estatal.


Durante muchos años, la participación ciudadana ha quedado en el papel. Administraciones de todos los colores políticos han asumido en el discurso que la gente “participe” y en la práctica, la han dejado fuera de la toma de decisiones.

Jalisco demanda un gobierno que rinda cuentas y tienda puentes con la ciudadanía. Que verdaderamente garantice el uso los mecanismos de democracia directa y construya relaciones de corresponsabilidad. Fortalecer y dinamizar las buenas prácticas de participación ciudadana, como la ratificación de mandato y el presupuesto participativo. Utilizar las herramientas tecnológicas que permitan ampliar la participación en todas las regiones del estado.


Durante el 2017, nuestros gobiernos se sometieron a un verdadero ejercicio democrático para poner a las personas en el centro de las decisiones: nos sometimos a la ratificación de mandato. Ya lo habíamos hecho en el 2011 y fuimos el primer gobierno municipal en hacerlo, en Tlajomulco de Zúñiga. La gente tuvo la posibilidad de decidir si quienes gobiernan debían o no continuar. La evaluación más importante es de quienes nos han dado su confianza para ser gobierno. Hoy podemos decir que, en algunos municipios del estado, la gente manda. Sin embargo, es penoso ver que esto no es posible en todo Jalisco, y ése es el reto a superar.

La planeación, pero sobre todo la gestión del desarrollo con un enfoque de sustentabilidad, dimensión regional y que integre distintas políticas, proyectos y programas no es una tarea menor. Esta agenda de gobierno debe ser transversal e incluir temas como el campo, la salud, la educación, la cultura, el territorio y la sustentabilidad, los proyectos estratégicos en materia económica, el empleo, la igualdad sustantiva, el deporte, la ciencia y la tecnología, las estrategias de superación de la pobreza, la infraestructura, la movilidad y el transporte público, así como temas transversales como la defensa y protección de los derechos humanos, la igualdad sustantiva y las acciones para atender el fenómeno de la migración y las comunidades de jaliscienses en el exterior.

  • Movilidad.

El sistema de transporte público continúa sin ofrecer el servicio que merecen los ciudadanos. De seguir con este modelo, disminuirán los usuarios de esta opción de transporte y se sumarán a las vías más vehículos particulares que terminarán por colapsar el sistema vial existentes, con lo cual se incrementarán los costos de las familias de Jalisco para trasladarse de un lugar a otro. De tal forma, es necesario optimizar el servicio de transporte público en las áreas urbanas, modernizando el sistema y estableciendo criterios que ofrezcan un servicio accesible y de calidad.

Al año en Jalisco mueren alrededor de 1,250 personas a causa de accidentes de tráfico; y a la inseguridad en las vías se suma un clima de hostilidad entre los diferentes usuarios de los modos de transporte que irá incrementándose si no se trabaja de manera transversal en políticas que vayan encaminadas a mejorar la cultura vial de todos, al respeto de los reglamentos y a la disminución de los factores de riesgos. Una de las eternas excusas es que no hay dinero para lograrlo, pero etiquetando lo que se recauda a través de las infracciones viales se podría ejecutar proyectos que mejoren las condiciones de movilidad.

  •  Infraestructura.

Jalisco tiene un rezago en el mantenimiento de sus carreteras que se suma a la mala conectividad de 9 de las 12 regiones del estado por la falta de pequeños tramos de vías o caminos. No atender esta situación propiciaría que la mayor cantidad de las carreteras estatales pasen de un promedio de calidad regular a uno malo, generando condiciones de inseguridad y falta de accesibilidad en las diferentes regiones. Es importante asignar los recursos necesarios y hacer una programación de obras que no sólo busque construir las vías que hacen falta, sino que priorice el mantenimiento de las ya existentes.

Las asignaciones de obra pública, la determinación de los presupuestos, la supervisión y la calidad de las mismas, han estados señaladas históricamente como ejemplos de malas prácticas y corrupción. Se requieren mejoras regulatorias que permitan que el desarrollo de infraestructura sea transparente y apegado a derecho.

Los municipios de las distintas regiones de Jalisco no cuentan con las capacidades administrativas y operativas para hacerse cargo del abastecimiento, descargas y tratamiento de sus aguas, lo que ha propiciado una carga económica importante para estos, y que en muchos casos la infraestructura no sea asumida por los ayuntamientos y en otros, la misma quede abandonada a los pocos meses de su construcción e instalación. Es por ello que es necesario fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de los municipios en esta materia para que se pueda dar la operación adecuado para el suministro y tratamiento del agua.

  • Salud.

El acceso a la salud en el Estado tiene que superar el mal diagnóstico que las instituciones han generado sobre la realidad de los Jaliscienses. Se tiene que entender que la población está envejeciendo mientras siguen presentándose altas tasas de natalidad. No se han superado enfermedades relacionadas a los bajos niveles de desarrollo. No se consideran alertas sanitarias sobre las principales enfermedades no contagiosas que aquejan a los ciudadanos como lo son la obesidad y la diabetes. Y la más importante: el acceso a los servicios de salud sigue estando fuertemente relacionado con la situación laboral de las personas.

Estas son las principales acciones que el  sistema estatal  de salud  necesita: articular los servicios y los recursos de salud teniendo claro de qué se enferman, por qué se hospitalizan o cuáles son las principales causas de mortandad de los ciudadanos de Jalisco; generar programas integrales, articulados con otras agendas de desarrollo como la salud de la Mujer, obesidad y diabetes. Priorizar los recursos para los niveles de prevención desde el trabajo comunitario y la atención de primer nivel. Para garantizar la mejor atención médica es necesario tener claro las funciones rectoras de la política pública de Salud separadas de cualquier tipo de funciones operativas.

  • Educación.

Jalisco se encuentra por debajo de la media nacional en la mayoría de los indicadores sobre educación. Estos resultados son la consecuencia de un sistema que ejerce la asignación de recursos sin criterios pertinentes tanto a su población objetivo como a la base laboral. La infraestructura educativa, además de sobrepasar la vida útil de la mayoría de sus edificios, ya no obedece a la dinámica de movilidad de la sociedad, provocando que más del 62% de los alumnos estén inscritos al 33% de los planteles en el Estado. Esta mala distribución propicia dinámicas en las cuales los alumnos reciben una inadecuada atención docente ya que los maestros no cuentan con un límite de alumnos, lo que también provoca una fuerte carga administrativa. Existe una profunda diferencia entre las necesidades que debe satisfacer la escuela y las capacidades que la institución ofrece.

Es vital que Jalisco marque su propia ruta de desarrollo del sistema educativo. Se tiene que repensar la función de la educación, de la escuela y de la generación de conocimiento como punto central del desarrollo, es importante fortalecer el vocacionamiento de la Escuela ante las necesidades específicas de su comunidad, para una formación enfocada a la generación de bienestar y desarrollo económico de las sociedades y de los individuos; acompañar y dignificar la labor del magisterio; involucrar a los padres de familia como actores principales del proceso educativo. Se tiene que plantear un proyecto a largo plazo que tenga bases en las necesidades de cada región, que se apoye en la tecnología y centre todas las acciones en el alumno para su formación en todos los ámbitos de la vida.

  • Campo

La complejidad de los problemas en el sector rural exige romper el paradigma de atención que la administración pública ha construido a lo largo de los últimos 5 administraciones. Las autoridades estatales, hasta ahora, se han concentrado en dirigir los apoyos principalmente a la comercialización en lugar de la producción, obedeciendo a intereses particulares.

No se tiene vinculación entre las agendas legislativas y ejecutivas, por lo que los programas de este sector tienen una visión corta y desarticulada. Se trata de la misma forma a los grandes productores que a los pequeños campesinos, reduciendo la productividad de los distintos tipos de productores. Jalisco carece de acciones por tipo de producción y por producto. Además, se sigue aislando la agenda de seguridad alimentaria y desarrollo con la capacidad productiva del sector rural.

El campo en Jalisco tiene que recuperar el liderazgo nacional y, sobre todo, dimensionarse como una agenda prioritaria y esencial para el desarrollo territorial y de la ciudadanía. Por lo anterior es necesario fortalecer a la gestión pública que permita obtener y distribuir los apoyos del campo de manera transparente y equitativa; promover normatividad estatal que permita generar programas a largo plazo y que éstos se definan bajo los requerimientos y necesidades específicas de la producción y comercialización por tipo de producto y el tamaño del productor; establecer lineamientos y centros de articulación regionales y/o por Sistema-Producto, vinculando la producción local con el mercado local; establecer consejos productivos que permitan, entre otras cosas, asegurar el aprovechamiento sustentable de los recursos y la sanidad alimentaria. Fomentar y proteger las pequeñas unidades de producción rural para el fortalecimiento de las bases de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs).

  •  Pobreza y desigualdad

La pobreza en el estado tiene números preocupantes. Si bien en los últimos años el porcentaje de población en situación de pobreza ha disminuido de una manera unidimensional a un 32%, este indicador no nos permite tener un panorama más amplio de la realidad que viven los jaliscienses. Cuando vemos la pobreza desde una perspectiva multidimensional, el porcentaje sube a un 64.4% de la población que tiene al menos una carencia social. La volatilidad de los precios de la canasta básica incrementa la vulnerabilidad de la población y la política social que se ha implementado en los últimos años no ha dado los resultados deseados, ya que ha fallado en brindar de una manera universal los servicios básicos que requieren las personas para un óptimo desarrollo.

El enfoque de la política social debe replantearse. Es importante dar un giro de una política asistencialista a una política social que genere bienestar y riqueza. El 39.6% de los jaliscienses tienen un ingreso menor a la línea de bienestar, esto es, más de 3 millones de personas. Y los empleos de baja remuneración son el tipo de empleo que ha incrementado de manera significativa en los últimos años. Se ha dejado completamente de lado la relación que existe entre la política económica y la de desarrollo social. Es momento de generar una política integral de desarrollo para lograr resultados más concretos y con una estrategia muy particular para cada región del estado. Se deben desarticular los mecanismos ya muy arraigados que reproducen las desigualdades en la sociedad, mecanismos que no permiten que la población más vulnerable pueda cambiar su situación hacia la autosuficiencia y una vida digna.  

  •  Desarrollo y proyectos económicos estratégicos.

Uno de los principales inhibidores de la actividad económica desde la percepción de las empresas, es la corrupción. Si bien el tema de la corrupción está tratado ya de manera directa en otros ejes de esta plataforma, es muy relevante hacer énfasis en este tema ya que para que se genere un desarrollo económico sostenido, es importante que tanto la empresa pequeña como las grandes empresas encuentren un campo libre de burocracia, sobreregulación y principalmente libre de corrupción a la hora de establecerse y hacer negocios. El lugar que ocupa el estado en varios índices tanto nacionales como internacionales que miden la competitividad económica, no concuerda con el lugar que ocupa el estado en cuanto a la aportación al PIB nacional. Las actividades de las instituciones de fomento al desarrollo económico desde sus distintas aristas tienen un traslape importante, así como aquellas que promueven la ciencia y tecnología. Por otro lado, el financiamiento al sector productivo es limitado en su alcance, las instituciones que hacen esta labor desde el estado se ha quedado cortas tanto en eficiencia, en cobertura, como en la generación de instrumentos financieros realmente alineados a las necesidades de las empresas. Por lo que una reestructuración de dichas instituciones es urgente.

Es prioritario contar con un diagnóstico de vocacionamiento y potenciales productivos de los municipios y regiones del estado, ya que las estrategias de fortalecimiento al sector privado deben estar alineadas tanto al vocacionamiento actual, como a las oportunidades potenciales de cada región. Se deben atender las áreas de oportunidad dentro de la capacitación y educación al sector productivo, tanto a empresarios pequeños y medianos, como a los trabajadores y a los emprendedores. En este último, es importante fortalecer el ecosistema emprendedor, y eliminar las acciones que se han generado en los últimos años que solo entorpecen el correcto funcionamiento del mismo. Existe, además, una creciente necesidad de incrementar el número de escuelas de tiempo completo que permita la adecuada integración de las personas al mercado laboral, sin limitar este acceso a aquellos responsables del cuidado de los hijos, siendo éstas en su gran mayoría las mujeres.  

  • Territorio y Sustentabilidad.

La calidad del medio ambiente ha sido uno de los temas en los que Jalisco ha empeorado en los últimos 6 años. Nuestros ríos y lagos altamente contaminados. El aire en el Área Metropolitana de Guadalajara más sucio durante varios días incluso que la Ciudad de México. Nuestros bosques severamente amenazados por los incendios provocados, los cambios de uso de suelo y las presiones urbanas y agrícolas. El manejo de los residuos sin una política que atienda integralmente el problema. Los ecosistemas estratégicos del estado sin recursos suficientes para una gestión adecuada.

La sustentabilidad ambiental debe ser el eje articulador del desarrollo. El papel del gobierno estatal debe ser claro y contundente: cumplir con el mandato constitucional al que cualquier persona tiene derecho que es vivir en un medio ambiente sano.

  • Ciencia y tecnología

Pese a que Jalisco cuenta con una importante cantidad de Instituciones de investigación y educación superior, las políticas para el desarrollo y fomento de la ciencia y la tecnología han sido insuficientes. Institucional y presupuestalmente.

El potencial de desarrollo científico y tecnológico debe ser aprovechado. Pero sobre todo, facilitar condiciones para que las universidades públicas y privadas, la empresa y el gobierno puedan generar verdaderas articulaciones que potencien la economía, la investigación y la innovación.

  •  Cultura

La Políticas Públicas de Cultura no están vinculadas a un proyecto transversal, no se ha entendido la importancia de la Cultura en el Estado, no es asumida como cabeza de sector y no se aprovecha el peso cultural que tiene Jalisco.  La desarticulación entre los apoyos a los artistas y la producción cultural es evidencia de estructuras arcaicas de gestión.

Jalisco necesita una administración pública de la Cultura que facilite la realización de proyectos al brindar marcos jurídicos y administrativos que contemplen las necesidades de los creadores y de sus procesos creativos, también es importante conocer cómo están compuestos los públicos para establecer planes estratégicos de acuerdo a los perfiles  de consumo cultural que requiera la ciudadanía, con la  finalidad de incrementar la generación de riqueza desde lo cultural. Aumentar la infraestructura Cultural a la par de las capacidades de gestión de todos los involucrados.

  •  Fomento al deporte.

Jalisco debe consolidarse como potencia deportiva. Tanto en políticas enfocadas para impulsar la cultura del deporte como una estrategia que permita salir del lugar 29 a nivel nacional de los estados que han logrado abatir la obesidad y el sobrepeso, como en mantener el liderazgo que nuestros atletas han tenido en las olimpiadas nacionales (infantil y juvenil). Sin dejar de mencionar el aprovechamiento y ampliación de la infraestructura deportiva en las distintas regiones del estado.

  • Igualdad sustantiva

Los derechos humanos, la equidad de género, la atención a migrantes, el apoyo a las y los jóvenes, la protección y atención de niñas y niños, adultos mayores y de las distintas comunidades de personas con discapacidad es sin duda la gran deuda social que tiene nuestro estado.

La igualdad sustantiva para la inclusión social debe ser una política transversal. Necesitamos superar la visión asistencialista con la que se han operado programas y políticas desde las dependencias encargadas de las políticas sociales, para aumentar el acceso a las oportunidades de quienes viven alguna condición de vulnerabilidad.

  • Las comunidades jaliscienses en el exterior.

Somos una entidad que durante las últimas tres décadas ha experimentado la partida de hombres y mujeres que no han encontrado oportunidades económicas para mejorar sus condiciones de vida y han tomado la difícil decisión de irse de sus lugares de origen. El arraigo a nuestra tierra sigue siendo muy fuerte y dentro de la situación compleja de tener familia lejos, estas comunidades son activas y se vuelve necesario atenderlas para ayudar a su organización e integración.


Las y los jaliscienses en el exterior están mayoritariamente en Estados Unidos, en sitios como California e Illinois. Les debemos mucho, también como país, ya que, gracias a su esfuerzo, llegan remesas que contribuyen a ayudar a sus familias y varias de nuestras localidades. Hoy, ante los discursos que incitan al odio por ser de origen latino, los gobiernos locales tienen la obligación de diseñar políticas en varios niveles: para fomentar los vínculos con su tierra; para recibirles e integrarles si vuelven temporal o permanentemente, pero sobre todo, para que sepan que Jalisco les apoya y les acoge en estos tiempos difíciles.

  • Nueva cultura y gestión del Agua.

Los recursos hídricos de Jalisco, su manejo correcto, su saneamiento y el aprovechamiento racional son uno de los temas más rezagados. Hay un ausencia total de una visión integral en el manejo del agua. Se vuelve necesario promover una nueva cultura y gestión del vital líquido para garantizar la sustentabilidad de la vida, la rehabilitación del ciclo del agua, las actividades productivas y las labores cotidianas de los habitantes en los entornos urbanos.

  • La diversidad cultural y étnica de nuestro estado.

Jalisco debe reconocerse como una entidad diversa cultura y étnicamente. Tenemos una deuda histórica con las comunidades indígenas del estado. A pesar de los esfuerzos por impulsar una reforma constitucional que impulsamos en el Congreso del Estado y que contribuyera a la integración y reconocimiento de los pueblos que habitan en Jalisco, vemos que aun existen resistencias para que la igualdad y el reconocimiento de las y los indígenas sean una realidad. Nuestra agenda seguirá en la ruta legislativa y pondrá los mecanismos para que desde el Gobierno de Jalisco y los municipios no sea una agenda vacía sino políticas, programas y presupuestos reales.

 

 

No existe una política pública clara para la gestión de las ciudades que son cabeza de las distintas regiones de Jalisco. Más del 60% de la población del estado vive en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Durante décadas, estuvimos sin una herramienta de planeación urbana y territorial que definiera el rumbo de nuestra metrópoli. No fue sino hasta el año 2015, con la llegada de los gobiernos de movimiento ciudadano en 6 de los 9 municipios del AMG, que impulsamos la elaboración del Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano. El primero desde 1982.

Los entornos urbanos y metropolitanos de Jalisco se enfrentan a problemas complejos que combinan la pobreza y desigualdad territorial, la necesidad de dinamizar el Vocacionamiento económico y la generación de empleos, con las amenazas del cambio climático y la vulnerabilidad ambiental. Aun no conseguimos integrar nuevas herramientas como la resiliencia y la sustentabilidad urbanas.

Si bien hay avances importantes con la creación del Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN), aún hace falta mayor voluntad política para construir verdaderas estrategias de gestión del desarrollo de la principal metrópoli del estado, pero también de otros entornos metropolitanos encabezado por ciudades como Ocotlán, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande y Tepatitlán. Y más crítico se vuelve ante la falta de políticas y programas que promuevan un modelo de ciudades compactas en municipios como Autlán, Colotlán, Ameca, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Arandas, Chapala o Cihuatlán. 

Jalisco necesita una política de gestión de las ciudades, que contribuya a potenciar al máximo su desarrollo, pero también que ayude a un crecimiento controlado y que ofrezca soluciones en temas como el agua, el manejo de los residuos, la movilidad, los espacios públicos y las áreas verdes, la vivienda y el desarrollo urbano.

La inseguridad es una de las cosas que más nos preocupan a todos. Como ya hemos mencionado, el año 2017 ha sido uno de los más violentos en la historia reciente del país y de nuestro estado. Se trata de un problema que tiene sus raíces en la desigualdad, la falta de oportunidades, el debilitamiento de las instituciones de seguridad, la ausencia de estrategias y propuestas que atiendan de manera integral a la juventud y la infancia, pero sobre todo, la normalización de las distintas formas de violencia a las que estamos expuestos como sociedad.

La inseguridad no es un problema que se resuelve solamente con más armas y patrullas. Y como problema público, debemos atender e intervenir desde las competencias que cada nivel de gobierno y poder público tienen. El mejor ejemplo de la ausencia total de estrategias, coordinación y políticas integrales en la materia lo vivimos al llegar a gobernar el municipio de Guadalajara. La corporación estaba totalmente desmantelada. El esfuerzo se centró en reconstruir y fortalecer a la institución. Más policías, más patrullas, mejor equipamiento, más capacitación y sacar a los elementos que se habían corrompido, así como incentivar la participación ciudadana y vecinal. Adicionalmente, crear nuevas instituciones a escala metropolitana para diseñar y operar estrategias coordinadas de prevención del delito y seguridad ciudadana.

La estrategia comenzó a dar los primeros pasos: el estado de fuerza creció, pasó de 1832 efectivos a 2583 en poco más de dos años. El número de patrullas aumentó, de 130 a 299 y otras 130 más que están en proceso de incorporación. El presupuesto creció, de 985 MDP a 1211 millones de pesos. Se diseñó un nuevo modelo de patrullaje en cuadrantes para ser más eficaces.

Sin embargo, no podemos estar satisfechos. Y debemos reconocer que a pesar de los esfuerzos que se puedan realizar desde los gobiernos municipales, la labor de la policía en este nivel de gobierno es preventiva. Si bien con estas medidas se ha logrado aumentar la capacidad de detener a delincuentes, lo cierto es que el modelo del nuevo sistema de justicia penal, mal entendido e implementado, no ha sido lo útil que se requiere. Hay datos contundentes en el caso de Guadalajara. Se remitieron a la Fiscalía General del Estado de Jalisco en un año 3407 delincuentes y fueron liberados 3033. El 90% de los detenidos, están sueltos.

Estamos de acuerdo con los principios garantistas que sustentan al nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Han sido el diseño y su implementación por parte de las actuales administraciones en el Gobierno de Jalisco quienes han fallado. Ninguna estrategia de seguridad puede ser suficiente cuando vivimos en un país con un sistema que parece estar diseñado para que los delincuentes estén en la calle y no en la cárcel.

Para nosotros como fuerza política, será un principio fundamental y columna vertebral del cambio social que necesitamos, el diseño e implementación de un modelo de seguridad basado en tres elementos fundamentales: la seguridad ciudadana, la construcción de oportunidades y la disminución de las desigualdades, la erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres, la defensa y promoción de los derechos humanos y la procuración de justicia apegada de manera irrestricta a los principios de legalidad.

 

Jalisco desde su origen, se ha caracterizado por ser un Estado con Municipios de gente pujante, visionaria, forjadora de Instituciones, que ha contribuido por generaciones a la construcción de un Estado libre, justo, próspero y plural, para satisfacer nuestras aspiraciones como ciudadanos, y aprovechar las ventajas que suscita la vida en sociedad, sin desconocer los problemas y conflictos que son esenciales para el desarrollo de la civilización humana. En y desde la educación, se perfila hoy como un Estado que busca en la coparticipación social, consolidar un proyecto educativo que trascienda hacia la búsqueda de la calidad con equidad. Un Estado próspero y con visión de futuro, con sustento en la educación, nos define.

Como Entidad Federativa, el compromiso con nuestro país está vinculado con el amor a ésta tierra, con la aportación que como Estado realicemos al crecimiento nacional y como ciudadanos, compartir las grandezas que el futuro nos depara como Nación. Nuestra concepción de Estado integrante de la Federación va más allá de la participación en las finanzas nacionales. Se integra a partir de la vinculación a un mismo proyecto nacional, del amor a la diversidad de nuestro país y la visión de un objetivo que nos une: México.

En Nueva Alianza, nos anima el afán responsable de construir un Estado fuerte, regido por el imperio de la ley y el buen gobierno, cuyos habitantes vivan en paz y armonía, en el disfrute y protección de sus libertades individuales, económicas y políticas. Aspiramos a un orden jurídico donde las leyes se cumplan y se apliquen. Creemos en una sociedad responsable de su libertad, donde cada individuo asuma su rol en el crecimiento social, y donde cada ciudadano nazca en un esquema de igualdad de oportunidades que dignifiquen su identidad.

Reconocemos que el ejercicio del poder nos parece poner a prueba a cada instante, a través de los hechos, valores y conceptos asociados a la vida colectiva y a la existencia de un conjunto reducido de personas que toman decisiones en nombre del resto de los miembros de la sociedad.

Propugnamos por construir un Gobierno capaz de ofrecer oportunidades de desarrollo personal y bienestar para todos los habitantes, sin prebendas ni privilegios, como parte activa y constructiva de nuestra comunidad. Avanzamos en una meritoria ruta como colectivo humano, pero no estaremos satisfechos hasta erradicar la brecha que existe entre nuestras aspiraciones y nuestra realidad en términos de libertades, justicia, prosperidad y pluralidad, que ya compromete el futuro de las próximas generaciones.

Nuestra visión de crecimiento se resume en lo siguiente: Que  Jalisco crezca con todos. Que nuestro Estado, a la vuelta de unos años, se nutra de una próspera y educada sociedad, con una clase media floreciente, lejos de los niveles de pobreza actual que reflejan la incapacidad para alcanzar soluciones, con un ingreso per cápita digno, como expresión de trabajo y aporte social de los mexicanos.

En materia de prosperidad y justicia, nuestro Estado arrastra una deuda histórica al no ofrecer oportunidades para todos, como se manifiesta en el estado inaceptable de pobreza extrema en que viven muchos jaliscienses, reflejado en el éxodo masivo, interminable, que lastima familias, vidas, sentimientos, pueblos, comunidades, y que, en suma, lacera a nuestra sociedad.

Este documento es parte activa del ideario político de Nueva Alianza. Es una visión realista y propositiva para el Estado que queremos construir. Honrar la política como vía para la solución de los  problemas sociales; como compromiso con los ciudadanos, que depositan en nosotros su confianza al  compartir este proyecto.

En nuestro afán de dignificar la política, nos hemos dado la tarea de comenzar nuestro camino   manifestando el por qué aspiramos a participar activamente en los diferentes niveles de gobierno.

Nos identifica plenamente con la ciudadanía el ser una expresión política que busca una solución a la problemática social que durante mucho tiempo hemos padecido. Creemos en la política de la propuesta, el diálogo y el consenso.

 A ustedes, los ciudadanos que día con día trabajan por el crecimiento de este Estado, les presentamos nuestras propuestas y les reiteramos nuestro compromiso.

Para dar congruencia a las  propuestas vamos a hacer que nuestras acciones se conviertan en un camino para las actuales generaciones y un legado para las próximas. Nos someternos al escrutinio de la gente y sirva este documento como fe de nuestro  compromiso.

Como un proyecto nacional, creemos en un Estado sustentado en dos valores esenciales: la libertad y la justicia. Éstos deben guiar los fines de las instituciones y la organización social.

  • Libertad

La libertad individual es el valor fundamental. Es un derecho original e inherente al ser humano como individuo; es el sustento de su dignidad; resulta indispensable para que éste pueda ser artífice de su destino y consiga su realización personal. Este valor resulta imprescindible para la prosperidad de una sociedad.

La libertad implica el reconocimiento de la responsabilidad del individuo de conducir su propia vida, asumiendo las consecuencias de sus decisiones.

La historia de la humanidad ha sido un constante afán por trascender, por conseguir estados más altos de desarrollo personal y social, por manifestar el interés de consagrar el espíritu supremo de la libertad individual.

  • Justicia

La justicia es el patrón que debe conducir todas las relaciones existentes en la sociedad. Ésta es  el valor básico para la construcción del tejido social.

Alcanza su máxima expresión en una sociedad libre, donde se establece la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley. Todos tienen los mismos derechos y obligaciones; nadie puede estar por encima de la ley, independientemente de su condición política, económica o social.

  • Gobierno Responsable

Los Jaliscienses conformamos un Estado para vivir en libertad, en paz y seguros, para que en estas condiciones podamos conseguir nuestros propósitos individuales y sociales aprovechando las oportunidades que ofrece la vida en sociedad. Concedimos al Gobierno la potestad para que proteja nuestras vidas, propiedades y derechos, el fruto de nuestro trabajo y la soberanía de la Nación, garantizando siempre el ejercicio de nuestras libertades. Ésta es la primera responsabilidad específica de los Poderes Públicos y constituye el criterio más elemental para juzgar su desempeño.

Nueva Alianza promueve un gobierno más sensible a la solución de la problemática  social,  más rector y conciliador en medio de un sistema de múltiples iniciativas del gobierno y de la sociedad a través de sus representantes, con ello será un Gobierno fuerte, con una mayor capacidad integradora de los distintos y, con frecuencia, encontrados intereses que se presentan en el normal desenvolvimiento del quehacer de instituciones, grupos y personas. El Gobierno debe orientar la libre competencia y la capacidad creadora de la propiedad y la iniciativa privada para que cumpla sus funciones  de beneficio social. Asimismo, el Gobierno debe convertirse en el actor responsable de atraer inversión a nuestro Estado. Es fundamental que quienes gobiernen se conviertan en promotores, nacionales e internacionales, de las ventajas de invertir en nuestro Estado, a fin de convertirse en promotores activos de los beneficios que como Estado representamos.

  • Consolidar un Estado de Derecho

El Estado de Derecho radica en el imperio de la ley en todo el territorio, que obliga tanto a gobernantes como a particulares. La condición indispensable de un Estado de Derecho es la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley, es decir, la observancia de la noción más elemental de justicia. La condición subsecuente es el respeto, o en su caso, la aplicación de la normatividad establecida. Sin estas condiciones, el Estado de Derecho carecería de toda sustancia en el acontecer social.

Bajo estas premisas, la aplicación y vigencia del Estado de Derecho requiere de un Gobierno fuerte, donde se manifieste en toda su plenitud la división y el equilibrio entre los poderes.

 A su vez, el predominio del Estado de Derecho exige la consolidación del Poder Legislativo como órgano garante de la voluntad ciudadana que tiene su máxima expresión en el orden constitucional y el cumplimiento de las funciones del Poder Ejecutivo de acuerdo con el programa de gobierno por el que fue electo.

Nueva Alianza entiende que para la concreción real de un Estado de Derecho es necesario, no sólo el equilibrio entre los poderes, sino la interacción de éstos con la sociedad. Lo que se traduce en una cultura de respeto a la ley, bajo el amparo y la respuesta de las instituciones políticas en una sana convivencia entre representante y representado.

  • Recuperar la Confianza de las Instituciones Públicas

Durante los procesos de renovación del andamiaje legal y estructural de las diferentes Instituciones públicas en el Estado, Nueva Alianza apuesta a la recuperación de la confianza en las Instituciones que han sido pilares fundamentales para el equilibrio y gobernabilidad por décadas, acción que permitiría desarrollar una mayor participación política y democrática. En el proceso de las reformas aprobadas y mejoradas por el legislativo, Nueva Alianza fue fundamental en la formación de mayorías.

Sin embargo hace falta mucho por hacer para que las reformas garanticen una incidencia efectiva de la ciudadanía y para ello debemos sentar bases sólidas en materia de participación ciudadana y su vinculación con la tarea de gobierno.

El fortalecimiento del esquema institucional se relaciona directamente con una mayor capacidad del Estado para atender las necesidades sociales. En el actual escenario sociopolítico se requieren reformas que posibiliten al Gobierno cumplir cabalmente con sus funciones.

Bajo estas premisas, es indispensable la generación de un modelo institucional que reorganice la acción gubernamental, a fin de contar con instituciones capaces de disminuir los grandes costos en que incurren diversos sectores del ámbito público.

En este sentido, es importante considerar que las instituciones pueden generar modelos de incentivos y acciones que fomenten el desarrollo político, económico y social del Estado. El adecuado diseño institucional favorece que todos los sectores participen activamente en el diseño de las políticas públicas y garanticen condiciones atractivas para la inversión y la participación ciudadana.

En Jalisco existen dos problemas sustanciales relacionados con las instituciones públicas: la corrupción y la ineficiencia. La corrupción afecta directamente la actuación de los organismos, pues distorsiona el engranaje estructural de la institución, vulnera el principio de legalidad y desvía recursos públicos hacia intereses privados, despojando a la sociedad de los beneficios de la acción pública.

Por su parte la ineficiencia acarrea el desperdicio de recursos. Los aspectos característicos de la ineficiencia institucional se reflejan en los altos costos de transacción, caracterizados, principalmente, por una burocracia pesada y por procesos complejos en los trámites ante las instituciones públicas. Esta situación afecta los incentivos para trabajar, para transferir recursos y para mantener y mejorar dichos recursos.

Por todo lo anterior Nueva Alianza considera que para  recuperar y el fortalecer la confianza de las instituciones debe basarse en cuatro  características fundamentales de organización para consolidar un buen diseño gubernamental en nuestro Estado.

  1. Transparencia en la Rendición de Cuentas

Ello implica instituciones responsables ante los ciudadanos que, de manera directa, actúen en pro de los intereses de la sociedad. Se trata de crear instituciones políticamente responsables, capaces de formular e instrumentar políticas públicas sustantivamente valiosas. En este sentido es imprescindible el diseño de una estructura que consolide el servicio civil de carrera al interior de la Administración Pública y, en la misma medida, un esquema que aplique la normatividad a los funcionarios que no están respondiendo con los objetivos fijados por la Administración. Para ello deben instrumentarse mecanismos prospectivos y retrospectivos de rendición de cuentas que permitan que en todo momento los funcionarios respondan por las acciones positivas o negativas en el servicio público. Esto se traduce en crear un mecanismo en cada dependencia de gobierno, de premios a los funcionarios que cumplen correctamente su labor, y de sanciones a quienes no sean conscientes que su obligación es resolver los problemas ciudadanos; estos mecanismos dependerán de la evaluación que los ciudadanos hagan de los funcionarios.

  1. Instituciones Receptivas a los Ciudadanos

Esto se traduce en una eficaz respuesta a las demandas ciudadanas. Nueva Alianza considera indispensable adaptar los principios de la “Nueva Gestión Pública” al fortalecimiento institucional, sobre la base de la respuesta satisfactoria a las demandas sociales. Esto implica la transmisión de cuatro principios determinantes:  énfasis en la gente, liderazgo participativo, estilos de trabajo innovadores y,  fuerte orientación hacia el ciudadano, considerando que lo sustancial es adaptar  la  actuación burocrática   a través de una Legislatura eficiente y cercana a la ciudadanía, para ello necesitamos:

  • Construir lazos permanentes de los legisladores con la ciudadanía, que informen y sean evaluados.
  • Impulsar la reducción de gastos de operación del legislativo.
  1. Eficiencia

Las instituciones deben ser capaces de canalizar de manera correcta y  adecuada los recursos públicos, obteniendo el mayor rendimiento de recursos para que puedan orientarse al cumplimiento de otras funciones necesarias para el desarrollo de la economía del Estado.

  1. Legalidad

Bajo los principios de honradez e interés público, es indispensable considerar que las leyes que rigen la acción institucional deben representar el marco de actuación de la función pública. Es evidente que dicha regulación debe orientarse a eliminar barreras que impidan concretar la eficiencia, sin embargo, sí es fundamental expresar en ese marco un esquema de derechos y obligaciones para la ciudadanía y funcionarios públicos.

  • Reformas a Nuestro Sistema Jurídico

Se deben proponer reformas necesarias  para lograr una reingeniería institucional que abarque al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De todos ellos es quizás este último el de mayor importancia, pues el sistema de impartición de justicia es determinante para asegurar el correcto funcionamiento de otros sectores importantes para la sociedad.

Por estos motivos la reforma al Poder Judicial debe considerarse el aspecto más importante en el diseño institucional, para impulsar las grandes reformas sociales del Estado. Si una sociedad se somete al imperio de la ley y, mediante ello, a la autoridad de los jueces como órganos imparciales de impartición de justicia, estaremos en el camino para acabar con las prácticas de corrupción y las distorsiones del sistema que tanto afectan a la utilización correcta de los recursos.

En este sentido hay que tener muy presente la importancia que representa, en términos de atracción de inversión, contar con un sistema judicial honesto y veraz que asegure a las personas que las leyes serán respetadas.

Es fundamental que Jalisco cuente con un Poder Judicial transparente, eficaz y que garantice la certeza en la aplicación de la ley, pues este factor será determinante del crecimiento económico, y de esta manera, garantizaremos una nueva cultura de respeto a la ley.

En este sentido existen algunas vías en las que debe acentuarse una reforma a dicho organismo y comenzar una discusión abierta en la materia:

  • Vigilar la ejecución de la reforma judicial, de un sistema persecutorio a un sistema acusatorio y adversarial, en el que se parta de la presunción de inocencia del acusado y la obligación de la prueba recaiga en la autoridad, en juicios públicos, transparentes, obligadamente presididos por un juez.
  • Capacitación y preparación de los jueces.
  • Reforma a las leyes que rigen la vida interna de los tribunales, a fin de fomentar un sistema meritocrático, donde los mejores jueces sigan creciendo en la carrera judicial.
  • Transparencia en el accionar judicial.
  • Transparencia en investigación y persecución de los delitos.
  • Crear un observatorio ciudadano en el que se dé seguimiento a la aplicación de la recién aprobada Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco.

Combate a la Corrupción

Nueva Alianza considera que una de las amenazas a las cuales se enfrenta nuestro Estado, además del crimen organizado y la violencia, es la corrupción. Este problema debe ser eliminado desde sus cimientos para otorgarle al sistema político la credibilidad y legitimidad que requiere de manera urgente.

El fortalecimiento de nuestras instituciones es el vehículo para una mejor vigilancia contra la corrupción.

 La defensa irrestricta a la libertad de prensa, y de expresión en general, contribuye a la transparencia y a dar la posibilidad a la sociedad de ser vigía de los órganos que las gobiernan y de los funcionarios que administran los asuntos públicos. Un combate efectivo a la corrupción defiende las libertades públicas, la transparencia de los organismos gubernamentales y la participación de los ciudadanos.

  • Seguridad Pública

Una de las prioridades del gobierno es garantizar el orden público, con respeto a las libertades y derechos de los mexicanos.

Por seguridad pública Nueva Alianza entiende todo el conjunto formado por leyes, autoridades e instituciones que se ordenan en un sistema que tiene como función la prevención y el castigo del delito.

En este sistema deben coordinar acciones las fuerzas policíacas de todos los niveles, las instituciones especializadas en la persecución del delito, los legisladores y la sociedad civil como corresponsable en la denuncia y prevención del delito.

En consecuencia, Nueva Alianza propone:

  • Fomentar la participación ciudadana a través de la denuncia.
  • Dar atención, seguimiento y protección eficiente a quien denuncie, así como dar solución al problema denunciado.
  • Fomentar la atención a víctimas y familiares, brindando apoyo psicológico y de formación preventiva con el objetivo de restablecer en lo posible la normalidad en sus vidas y neutralizar vulnerabilidades.
  • Defender el interés de las víctimas, con equidad entre las partes y con sistemas alternativos de justicia, de modo que ciertos delitos puedan resolverse mediante acuerdos entre las partes, cuando esto no implique riesgos para la sociedad.
  • Promover diferentes estrategias de difusión a la ciudadanía acerca de  las etapas del   procedimiento de denuncia y  su seguimiento, y de los derechos de las partes involucradas.
  • Agilizar los trámites burocráticos.
  • Invertir en el sistema educativo en todos sus niveles, asegurando así la concientización adecuada de la sociedad sobre su corresponsabilidad en la eliminación y prevención de la delincuencia.
  • Dotar a los cuerpos policíacos de la última tecnología disponible para el combate al crimen organizado.
  • Hacer obligatoria la capacitación profesional de todos los cuerpos policíacos.
  • Mejorar el marco legislativo en materia de readaptación social.
  • Impulsar políticas públicas y direccionar esfuerzos presupuestales, con un enfoque integral, que contribuyan a disminuir la inseguridad, violencia e impunidad.
  • Transparentar las actividades y las erogaciones de las fuerzas de seguridad pública.

En conclusión, Nueva Alianza propone una efectiva política de  prevención y erradicación  de la delincuencia y la violencia. Además, la intervención del Gobierno para hacer posible el equilibrio entre la eficiente sanción de las conductas ilegales y el respeto a las garantías constitucionales de los ciudadanos y la necesidad de promover, en materia de prevención del delito la más amplia participación de la sociedad civil.

  • Gobierno Eficiente

Para su adecuado funcionamiento, la vida en sociedad requiere de un gobierno que vele y gestione los asuntos de interés público de la colectividad. Éste debe conducirse con una estructura burocrática mínima y competente, que cumpla cabalmente con las funciones de orden público establecidas por las leyes y que realice sus actividades con eficiencia, transparencia y honestidad, sujeta a una rigurosa rendición de cuentas.

El fin último de los órganos del Poder Público del Estado es la promoción del bien común o del llamado interés público. Para ello, deben proteger la vida, la propiedad y los derechos de los individuos junto con la soberanía de la Nación.

La consecución del interés público requiere que el Poder Público, como órgano de la colectividad, promueva las acciones necesarias para conseguir la armonía social y las condiciones materiales de la justicia, la libertad y la prosperidad. Las instituciones creadas deben asegurar una separación y cooperación eficiente de las responsabilidades públicas y privadas.

Uno de los objetivos del Gobierno es la prestación de servicios a través de la gestión pública. Sin embargo, prevalece un sentimiento de insatisfacción generalizado en nuestro Estado debido a que los servicios públicos suelen ser vistos como insuficientes, de mala calidad, con pésima atención al ciudadano y caracterizados por su corrupción e ineficiencia, entre otros.

Es indispensable lograr un Gobierno cercano a los ciudadanos, que sirva como instrumento para potenciar y garantizar el ejercicio de las libertades civiles, políticas, económicas y culturales con responsabilidad y conciencia social. Creemos que un Gobierno al alcance de cada individuo es una de las necesidades fundamentales de los Jaliscienses y un adeudo de legitimidad de las autoridades frente a los ciudadanos.

En la construcción de un gobierno eficiente y cercano al ciudadano, es necesario que se entienda a la administración pública como una entidad capaz de proveer eficientemente respuestas concretas a las necesidades de la población.

Nueva Alianza como un Partido Político liberal, joven e incluyente trabajará en la construcción de un ambiente de gobernabilidad que fortalezca a las instituciones y la sociedad civil con la finalidad de garantizar un ejercicio de gobierno más eficiente, más plural, más transparente, que rinda cuentas, fortalezca el Estado de Derecho, que sea más participativo y más democrático.

 

  • Gobierno Promotor y Garante del Desarrollo Social

Nueva Alianza entiende que el Gobierno tiene responsabilidades inalienables como la seguridad pública, el cuidado y optimización de recursos económicos y fiscales, la salud pública, el financiamiento de la educación y perfeccionamiento de las estructuras de comunicación y servicio que posibiliten el crecimiento de la industria. Estas tareas pueden ser compensadas con la participación de personas y sociedades privadas que deberán contribuir a las líneas programáticas trazadas por el Gobierno.

Nueva Alianza reconoce que la participación del Gobierno en actividades productivas y de servicio debe centralizarse a su papel de garante de los derechos del consumidor, y no intervenir en el mercado, salvo en los casos de los grupos vulnerables, donde evidentemente, el Gobierno debe centralizar sus esfuerzos, a fin de dotar a estos grupos de las condiciones necesarias para incorporarse al mercado, y así, al crecimiento económico y personal.

En este sentido, la acción pública de un gobierno eficiente implica la promoción continua de inversión, a fin de generar las mejores condiciones de empleo para la ciudadanía. De la misma forma, sin intervenir en los fenómenos de mercado, debe asegurar la eliminación de barreras que obstaculicen las libertades económicas y de esta manera, generar una economía liberalizada, donde los recursos obtengan su valor adecuado, haciendo eficiente la producción social.

Nueva Alianza cree que la política asistencial de los gobiernos, para subsanar las condiciones de marginación de amplios sectores sociales, debe estar respaldada por un eficaz crecimiento económico para no comprometer recursos públicos que deben garantizar servicios a toda la sociedad.

En ese sentido los órganos del poder público no deben interferir en el funcionamiento del sistema de precios, ya que atentarían contra uno de los mecanismos para el  buen desempeño del mercado, que nos orienta hacia dónde dirigir los recursos.

La complicada geografía nacional y el desarrollo productivo desigual de las entidades federativas y de centros urbanos o industriales dentro de ellas, han generado diferencias importantes entre regiones que se profundizaron bajo el cobijo de una tradición política centralizada en las instituciones federales de la capital del país.

El crecimiento desigual del país ha ocasionado que existan diferencias sustanciales que necesitan ser consideradas al momento de realizar la planeación de políticas de crecimiento acordes a las necesidades locales. Es por esta razón que en Nueva Alianza estamos convencidos de la necesidad de fortalecer el sistema federal de México y trasladar la gran mayoría de las decisiones y obligaciones a las entidades federativas, toda vez que los gobiernos estatales y municipales tienen mayor capacidad de responder a las necesidades locales.

A través del federalismo puede darse solución a la falta de atención a problemas en zonas económicamente menos favorecidas y enfocar los esfuerzos y recursos para promover condiciones de mayor igualdad para los Estados y sus habitantes.

En Nueva Alianza estamos cansados del desperdicio de recursos humanos, materiales y financieros que ocasiona la burocratización de la administración pública centralizada, que ha terminado por deshumanizarse y por servir al Gobierno en lugar de la sociedad y los usuarios de los servicios.

Reconocemos que el reto es grande porque requiere de recursos para crear la infraestructura necesaria en todas las regiones el país, y cambiar la cultura de la administración pública y de la sociedad. Sin embargo, es indispensable para garantizar el crecimiento y desarrollo de todas las regiones del país y para contrarrestar el surgimiento de  cinturones de miseria y regiones olvidadas.

En este sentido, y en concordancia con el apartado anterior, propugnamos por un Gobierno activo que obtenga y sensibilice al Gobierno Federal sobre la aplicación de recursos para la infraestructura necesaria que requiere Jalisco. Es fundamental contar con un Gobierno capaz de atraer inversión y que concientice de las ventajas comparativas del Estado, a fin de obtener las mejores condiciones para nuestro Estado.

Nos pronunciamos a favor de un federalismo hacendario que promueva que los impuestos recolectados en el nivel local sean reinvertidos en la misma región, para que el esfuerzo individual se traduzca en más y mejores servicios para los habitantes, así como en Fortalecer las atribuciones de los municipios en materia fiscal y de gasto e incrementar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Jalisco  es un Estado que tiene importantes ventajas comparativas respecto a otros de la República. Somos privilegiados por su ubicación geográfica y por su nivel educativo, principalmente. Estas cuestiones deben promocionarse para fortalecer la industria turística, agropecuaria y tecnológica.

Frente a esta situación requerimos un Gobierno que esté a la altura de convertir a  Jalisco en un Estado donde prive el crecimiento económico y el desarrollo social.

 Es fundamental contar con un gobierno que gestione mejoras de infraestructura aprovechando nuestras ventajas comparativas, que promueva los bienes que se generan en el Estado en el exterior, abriendo más y mejores mercados para los productos locales, así como un gobierno conciliador que sepa canalizar los intereses en pro del desarrollo de  la entidad.

Esta es la concepción que Nueva Alianza tiene de un gobierno promotor de su comunidad. Un gobierno con visión y con un compromiso social renovador, que vea por el desarrollo a partir de su inserción en la economía global, dentro de los márgenes legales que permite la Constitución, llevando los beneficios de este fenómeno a todos los

  • Economía de Mercado

Nueva Alianza reconoce en el libre mercado el proceso más eficiente para organizar las relaciones económicas entre los miembros de la sociedad, cuando se cumplen los presupuestos estructurales que permiten la operación del sistema. Las transacciones en el mercado son una forma de arreglo que permite a los individuos tomar sus decisiones libremente y de acuerdo con sus necesidades e intereses. Sin embargo, somos conscientes que el mercado no es perfecto y las fallas en su funcionamiento deben ser corregidas por el Estado. No somos indiferentes a las inequidades que se producen cuando el individuo es excluido por el mercado, más en un Estado como Jalisco, donde existen municipios enteros que han sido apartados del desarrollo económico.

Nuestro compromiso es con los individuos que pueden competir en condiciones de igualdad dentro del libre mercado para que generen entornos de crecimiento individual y social; a su vez, nuestro reto y nuestro esfuerzo se enfocarán a aquellas personas que no están en condiciones equitativas de participación dentro del mercado.

 Son estas personas a las que el gobierno debe enfocar su acción, a fin de solventar sus condiciones de pobreza y participen de los beneficios del mercado.

Nueva Alianza trabajará para que  los ciudadanos puedan acceder a éste, en condiciones de igualdad. Para ello, es importante mencionar la necesidad de un sistema  legal que defina claramente los derechos de propiedad, sin intervención de terceros, para que los agentes económicos tengan certeza de que las transacciones son llevadas a cabo de manera clara y transparente.

Nueva Alianza entiende las condiciones que se dan en un mercado competitivo donde pueden generarse oportunidades de empleo y fomento a la creación de nuevas empresas con capacidad para competir en el mercado nacional e internacional. Nueva Alianza promueve la puesta en práctica de políticas públicas que fomenten la participación, en igualdad de circunstancias, de los agentes económicos capacitados para participar en los diferentes mercados de la economía, y exige del Estado que cumpla su papel de regulador en la corrección de distorsiones que se presentan en el mercado, asumiendo las facultades que la Constitución otorga al gobierno estatal en la materia.

  • Economía Dinámica e Incluyente

La inversión nacional e internacional es uno de los factores más importantes para el desarrollo económico del Estado, sobretodo porque la inversión genera fuentes de empleo y esto, a su vez, genera crecimiento económico. Al mismo tiempo, el ordenamiento jurídico es fundamental, pues se requiere un esquema flexible para la creación de empresas y mantener en constante dinamismo a la economía, siendo ello, condición indispensable del correcto funcionamiento del mercado.

Nueva Alianza observa con preocupación que Jalisco es un Estado donde, si bien se han dado las condiciones de crecimiento económico propicias, en los últimos años se ha visto desalentado por un ambiente poco propicio para el desarrollo comercial y la falta de incentivos a la inversión en la micro, pequeña y mediana empresas, reflejado en la enorme cantidad de negocios que aparecen y desaparecen mes con mes.

Esta situación es producto del enorme clima de incredulidad y desconfianza de la gente, la ausencia de planeación de un modelo de Estado, así como la carencia de infraestructura y al ambiente de inseguridad pública que priva actualmente. Como política pública inmediata:

  • Proponemos establecer mecanismos e instrumentos de política económica y comercial que permitan desarrollar una planeación de crecimiento, a fin de fijar las bases del modelo de Estado que queremos, y las actividades productivas donde aplicaremos nuestra política pública.
  • Proponemos dotar a nuestra Entidad de infraestructura, a fin de aprovechar las ventajas comparativas de nuestra ubicación geográfica.
  • Proponemos una política municipal que cubra los atrasos en servicios públicos de la ciudadanía. Somos conscientes que de no generarse este esfuerzo, todas aquellas comunidades que buscamos se inserten a la dinámica del mercado, seguirán siendo excluidas por el retraso en los aspectos indispensables para el desarrollo económico. Nueva Alianza afirma rotundamente que debe dotarse a todo el Estado de los servicios básicos indispensables, mediante una política municipal activa y de búsqueda de programas gubernamentales para el desarrollo.

Por su parte, el Gobierno debe profundizar en sus acciones de simplificación administrativa, para evitar convertirse en obstáculo del desarrollo. Asimismo, debe constituirse en un promotor de las ventajas de invertir en el Estado y debe buscar acuerdos con los Estados vecinos para desarrollar planes metropolitanos de crecimiento.

En Nueva Alianza estamos conscientes de que es necesario liberar la inversión productiva nacional de la capacidad de inversión del Gobierno, con el objeto de que el desarrollo del país no esté limitado a la capacidad financiera del gobierno y así crecer con empleo mejor remunerado, vinculado a la productividad y a la educación; en ese sentido combatir de fondo los rezagos. Para esto es necesario cambiar el marco legal para poder sumar el ahorro privado y el social a la capacidad de las finanzas públicas. Proponemos fortalecer el ahorro interno y el sistema financiero.

Asimismo, creemos que es necesario modernizar la producción rural favoreciendo las inversiones, la capacitación, el uso de tecnologías adecuadas y generar mejores alternativas al empleo rural.

Para Nueva Alianza, las soluciones que se legislen para la problemática del campo son instrumentos imprescindibles en la consolidación democrática y el desarrollo económico, ya que la elevación del nivel de participación en el mercado, mediante mayor productividad de esa fuerza social, serán indicadores del verdadero rostro de la transformación del país. Los programas de gobierno deberán garantizar una verdadera incorporación y mejores niveles de educación y de vida en el campo.

Por otro lado, resulta indispensable crear un clima favorable a la inversión privada y social, que aliente el desarrollo empresarial, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas en las que se genera más empleo por inversión y autoempleo, situación ésta que permita modificar el impacto de la cada vez más amplia economía informal.

Es necesario eliminar trámites y regulaciones excesivas para la creación o expansión de empresas. Impulsaremos la desregulación y otras reformas que induzcan las actividades económicas hacia la formalidad, y reducir el cierre de las empresas legalmente establecidas.

En un contexto de crecimiento productivo y desarrollo económico resultan inexplicables las cifras de pobreza que identifican a un sector poblacional que se encuentran fuera de las estructuras de mercado. El Gobierno debe combatir la pobreza por elemental sentido de justicia social y por la necesidad imperiosa de incorporar al mercado a la población hoy marginada.

Nueva Alianza estima que, junto con la incorporación productiva, la reducción de la pobreza podrá contar con programas sociales enfocados y dirigidos a la población de escasos recursos que más lo necesite transitando de una cultura asistencial a un modelo de cambios estructurales en las comunidades. El objetivo de estos programas debe centrarse en cuatro puntos fundamentales: Educación, Salud, Nutrición y Proyectos Productivos.

  • Economía Socialmente Desarrollada

Nueva Alianza propone alentar el ahorro y la inversión productiva, pública y privada, como motor del crecimiento de nuestra economía. Estimular el ahorro de hoy implica mayores inversiones y fuentes de empleo en el futuro.

Es indispensable fortalecer la infraestructura de nuestro Estado, ya que ésta es una alternativa para vincular a las zonas marginadas del país con las regiones de más prosperidad económica.

Es importante acelerar el desarrollo de las comunicaciones terrestres y aéreas. Continuar con el desarrollo de las telecomunicaciones, usando las mejores tecnologías para garantizar su competitividad, cobertura y servicios avanzados.

Proponemos continuar con el apoyo a la inversión en vivienda y el mejoramiento urbano, así como fomentar el desarrollo del mercado secundario y la subrogación del crédito hipotecario.

Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de una administración eficiente y racional de los recursos, de manera que  sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. 

En la actualidad, uno de los principales retos que enfrenta nuestro Estado en materia de desarrollo sustentable es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. En este sentido, debemos gestionar  una  Política Ambiental  que procure el derecho a vivir en un medio ambiente libre de  contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la  conservación del patrimonio ambiental. Nuestras líneas de acción se centran en:

  • Impulsar la Iniciativa de Ley en el ámbito local sobre la Responsabilidad por daños ambientales.
  • Asignar presupuestos direccionados al diseño de políticas públicas en materia de ambiente y urbanismo.
  • Crear políticas públicas en materia de construcción sustentable como promoción del uso de energía solar, captación de agua pluvial, concretos reciclados, concretos permeables, hortalizas urbanas y azoteas verdes.
  • Gestionar la disminución en el costo de trámites por la administración pública en relación a las construcciones sustentables.
  • Impulsar la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, separación eficaz de residuos, entre otros, por parte de la administración pública.

8.1      Protección al Medio Ambiente. 

Nueva Alianza promoverá una cultura ciudadana de protección del medio ambiente, como un derecho fundamental de las actuales y futuras generaciones. El cuidado del medio ambiente y los recursos naturales de nuestro país son una obligación de todas las instituciones del Estado. La situación económica actual, plantea que las nuevas generaciones deberán afrontar con responsabilidad la tarea de administrar de manera eficiente los recursos naturales no renovables. En la protección del ambiente el Gobierno debe asumir decisivamente su función de control, como instrumento al servicio de los ciudadanos comprometiéndose con:

  • La Educación Ambiental
  • El respeto por el ambiente, la defensa de la legalidad y el Estado de Derecho.
  • La transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública ambiental.

8.2    Sustentabilidad del agua

Es necesario generar una política que soporte a la sustentabilidad como la condición primordial del bienestar transgeneracional, y que tenga como uno de sus ejes primordiales el tema del agua, por ello en Nueva Alianza creemos que el Estado debe darle la atención y la importancia que requiere, y tratarlo como un asunto de seguridad nacional, dándole  la protección legal, regulatoria, social y cultural que amerita.

El estado tiene la obligación de garantizar el acceso, la disposición y el saneamiento del agua en condiciones de calidad y costo que no afecte a la economía de los jaliscienses, así como fomentar la utilización racional de los recursos y asegurar el acceso equitativo para todos los sectores sociales.

Nueva Alianza propone:

1.- Contemplar sanciones más severas para quienes usen de manera inapropiada el agua y causen daño a la sociedad y a los recursos hídricos de nuestro Estado.

2.-Intensificar y actualizar los procedimientos tecnológicos en el tratamiento de aguas residuales, la reconversión de cultivos y los procesos que permitan optimizar el uso del  agua en las actividades productivas.

3.-Incorporar procesos y controles eficientes para la administración sustentable de los recursos hídricos del estado.

4.-Integrar un sistema permanente de información dirigido a la población jalisciense para que tomen conciencia de la necesidad de cuidar el líquido.

5.- Propiciar la participación ciudadana y su incidencia en políticas públicas relativas al agua.

  • Igualdad de Oportunidades Educativas

En una sociedad libre y plural, la organización social y su forma de gobierno se construyen y sustentan en el principio de reconocimiento de los derechos inalienables del ser humano a la libertad y la obtención de mayor calidad de vida.

En una sociedad, la libertad se propugna con el reconocimiento constitucional y con la protección de los derechos individuales por conducto de los Poderes Públicos, que son los que comprenden específicamente las expresiones y actividades humanas más reconocidas de la libertad: de expresión, creencia, asociación, tránsito, trabajo o de profesión, comercio e industria, educación,  derecho a la propiedad, así como la llamada garantía de legalidad y genéricamente, todas aquellas actividades no expresamente prohibidas por las leyes.

En Nueva Alianza creemos que los principales problemas de la sociedad se relacionan directamente con el proceso educativo. Es por ello que desarrollamos nuestra propuesta entorno a un mejor sistema educativo que brinde igualdad de oportunidades para todos los mexicanos. Afirmamos que la educación es el pilar de la sociedad desarrollada en tanto revalore el aspecto humano de sus contenidos y prácticas, y aporte herramientas de desarrollo individual y social.

  • Transformación Educativa

Nuestra Declaración de Principios reitera el papel fundamental de la educación para alcanzar la libertad, la justicia y la igualdad dentro de  una sociedad que ubique el conocimiento y la tecnología en un espacio estratégico para el desarrollo económico y social de México, toda vez que nuestro país cuenta con una legislación que asegura la modernización y el financiamiento del sistema educativo, sobre la base de los principios consagrados en el Artículo 3º Constitucional.

Trabajaremos para consolidar la Transformación Educativa, con las siguientes propuestas que garanticen el proceso educativo permanente como garantía de un nivel cultural superior que refuerce la identidad nacional tales como:

Proponer, impulsar, reforzar y actualizar los siguientes programas participativos:

  • Escuela segura
  • Escuelas de tiempo completo
  • Escuelas en horario discontinuo
  • Escuelas fuera del horario de clase y en fines de semana
  • Escuelas de bajo rendimiento
  • Centros de educación especial
  • El Sistema Nacional de Información de las Escuelas
  • El Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio:
  • Cursos Nacionales y Estatales de matemáticas, ciencias, español, historia,  formación cívica y ética.
  • Capacitar a comunidades educativas para desarrollar una cultura de la salud y educación física que propicie comportamientos y entornos saludables.
  • Desayunos y meriendas escolares con menús equilibrados que influyan en la formación de hábitos alimentarios adecuados y que contribuyan a la prevención del sobrepeso y la obesidad
  • Enseñanza Técnica

Trabajaremos en lo relativo a educación básica, para que las cifras de cobertura y eficiencia terminal continúen en aumento y mejoren los índices de retención escolar.

Trabajaremos por nuevos avances en la reforma curricular con una reorganización de los contenidos pedagógicos y la renovación de los libros de texto gratuitos, mejorando su calidad y publicando libros para personas con capacidades diferentes. Así como los relativos a las  etnias del Estado de Jalisco.

Trabajaremos por proyectos innovadores para mejorar cualitativamente la educación en ámbitos como la enseñanza de la lecto-escritura, las matemáticas, las ciencias y la gestión escolar con la incorporación de sistemas computarizados y tecnologías educativas, teniendo en cuenta los estándares nacionales e internacionales de evaluación.

Trabajaremos por impulsar el crecimiento del presupuesto educativo para que alcance en la entidad el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) tanto con recursos federales como la concurrencia de la propia entidad.

Educación con Calidad y Excelencia

A la educación debe concedérsele el papel rector en el desarrollo de México. Sin educación no hay desarrollo y sin éste no puede haber educación de calidad que posibilite la generación de conocimientos. Esto obliga una nueva visión y misión de la educación como el espacio estratégico y clave del futuro para las generaciones venideras y que permita encarar demandas y resolver problemas de la sociedad mexicana.

El modelo de calidad y excelencia educativa parte del enfoque del desarrollo integral y dimensional del educando. Es a partir del alumno que la educación con calidad formará a  hombres y mujeres integrados socialmente y responsables de su propio desempeño. Por ello es necesario replantear el modelo educativo nacional.

Nueva Alianza refrenda el compromiso con la educación de calidad y excelencia demandando la revisión  y evaluación de la  estructura administrativa y operacional  del Sistema Educativo Nacional.

b)      Educación Pública

La educación pública debe ser libre, democrática, laica, obligatoria, científica, gratuita y de calidad,  de conformidad con el contenido del Artículo 3º Constitucional.

La educación es esencial para fortalecer la  identidad nacional. Se propone la formación en valores  que ayuden a que el educando logre formarse como persona y que se comprometa con las demandas y necesidades de México. Es necesario lograr incorporar en los programas de los diferentes niveles educativos contenidos que refuercen los valores antes mencionados.

c) Educación Incluyente y Equitativa

La educación debe ser incluyente y equitativa para que nadie se quede fuera de las oportunidades educativas por razones económicas, sociales, políticas o religiosas. Por ello es necesario mejorar la eficiencia del sistema educativo para lograr entre otros objetivos, la permanencia en la escuela al alumno al menos por 15 años y con ello asegurar la terminación de la educación básica.

d) Actualización Pedagógica y Didáctica

Abordar el tema de la educación exige retomar la realidad educativa y las actividades más relevantes que tienen que desarrollar los docentes en su contexto profesional y con sus alumnos. Interesa vincular a profesionistas y expertos en educación para transformar el proceso  enseñanza-aprendizaje.

El educando y el maestro son los actores principales de la tarea educativa, apoyados y respaldados por los padres de familia.

La aportación que se ofrece quiere ayudar a ese ejercicio que se denomina toma de conciencia, a través de una serie de propuestas que tocan por un lado el quehacer educativo y por  otro  el desarrollo práctico de la enseñanza.

La Transformación Educativa debe abarcar todos los niveles de educación. Aplicar la reforma debe ser prioridad en la agenda educativa mexicana, en el rediseño de la formación docente, articularla con opciones terminales de redes de escolaridad corta e intermedia como son las carreras técnicas e incluir en esta reforma a la educación superior para que proporcione igualdad de oportunidades, que refuercen el nivel académico y logre avances tecnológicos.

Respecto a la educación no escolarizada es indispensable establecer programas integrales de formación en centros de educación continua para adultos, escuela para padres y para las personas marginadas.

e) Revalorar el Papel y Funciones del Maestro

Se propone un programa para profesionalizar, capacitar, actualizar y evaluar de forma permanente al Magisterio con el nuevo diseño de  programas de estímulos económicos para llevar a cabo su superación personal.

Para tal propósito proponemos clarificar criterios de ingreso y promoción del magisterio. Garantizar al maestro que los ascensos y estímulos estarán directamente vinculados al desempeño y desarrollo profesional y con ello asegurar un salario adecuado.

Hacer el esfuerzo por mejorar la calidad de vida y condiciones de trabajo con la retribución de un salario digno y adecuado. Esta es una forma de retribuir y revalorar al maestro en su labor educativa, y su compromiso cotidiano con México y su desarrollo.

Un aspecto central será la mejora de las condiciones de vida del Magisterio por lo que es necesario el hacer accesible al Magisterio a modernos programas de vivienda. Diseñar y ofrecerles nuevos esquemas de seguridad social.

Fortalecer el sistema y fondos de pensiones para los trabajadores de la educación jubilados que cuentan con bajo salario después de toda una vida de entrega a la labor docente. Para ello, nos mantendremos como un promotor de la mejora de las condiciones de vida de los maestros jubilados y nos erigiremos como un protagonista de la defensa de sus derechos en la escena política.

f) Revalorar el Papel de la Escuela

La escuela es el espacio en donde la sociedad se refleja, es el lugar donde día con día, los padres y madres de familia, los alumnos, y el resto de la comunidad,  expresan los cambios que están viviendo y las carencias resultantes de un desigual acceso a la educación por condición social, económica, cultural y familiar. Es en la escuela en donde se construyen sus expectativas, demandas y deseos, como entes activos de la sociedad. Es fundamentalmente en donde se desarrollan las facultades del ser humano, sus capacidades, aptitudes, habilidades, hábitos, intereses, principios y valores, para ser un ente positivo de la sociedad.

Vivimos un proceso mundial en lo económico, social y cultural, en donde los adelantos tecnológicos y científicos están a la orden del día, lo que hace necesario adecuar la educación en algunos aspectos para que el perfil de los egresados responda a los retos y desafíos que lo anterior significa, con el objeto de que los estudiantes salgan mejor preparados y encuentren un sentido práctico a lo que aprenden en los centros educativos. Debido a ello, promoveremos la adecuación  de los planes y programas de estudio con el objeto de adaptarlos a las necesidades propias de cada lugar.

g) Equipamiento e Infraestructura Escolar

Aplicar un programa permanente de dotación de recursos que aseguren la infraestructura en las escuelas urbanas y rurales, destinando partidas presupuestales suficientes para contar con escuelas equipadas con talleres, mobiliario, canchas deportivas, laboratorios y lograr que las escuelas estén totalmente construidas.   Además de asegurar el mantenimiento del mobiliario y del inmueble a través del trabajo conjunto de Gobierno, directivos, maestros, alumnos y padres de familia.

Asimismo, es fundamental iniciar un programa de descentralización de la infraestructura educativa donde se contemple la creación de nuevos centros de estudio en diferentes municipios, con el objeto de que la educación se adapte a las necesidades propias de cada lugar, y contribuya al desarrollo regional.

h) Inversión Educativa

La mejor inversión es la educación. Es sumamente difícil lograr que la educación  en todos sus niveles  avance si no hay una fuerte inversión, una aplicación correcta y  eficiente de esos recursos, y  la rendición de cuentas.

Esta inversión debe garantizar el personal docente, directivo y de apoyo de acuerdo a la estructura mínima establecida y  el equipamiento básico en cada una de las escuelas.

La ciencia y la tecnología reciben un gasto insuficiente para poder atender satisfactoriamente las necesidades de una educación que repercuta en el desarrollo económico. Es indispensable que los alumnos puedan acceder a las tecnologías educativas necesarias y adecuadas  que les aseguren una educación de calidad.

Impulsaremos el  fortalecimiento y crecimiento de los diferentes programas de becas  que otorgan el gobierno federal, estatal y municipal.

i) Promoción y Atracción de Centros de Investigación al Estado

Dada la situación a la baja por la que atraviesa la investigación en el País y  en  nuestro Estado, alentaremos a ésta, promoviendo la inversión pública y privada para convertirla en un factor fundamental en el desarrollo del País y de Jalisco.

  • Sociedad Competitiva                                                

Nueva Alianza está consciente de que los vertiginosos avances de la ciencia y la tecnología en el Siglo XXI nos obliga a evolucionar, como país, hacia una sociedad del conocimiento, entendiendo por ésta, una sociedad en la que se invierta, prioritariamente en capital humano, destinando una gran cantidad de recursos económicos a la investigación y desarrollo del conocimiento (teorías, modelos, innovaciones científicas y tecnológicas) que promuevan mejoras al nivel de vida de la comunidad en general.

Durante la última década, múltiples esfuerzos institucionales en diversos países del mundo, confluyen para crear programas y redes académicas-profesionales con el propósito de difundir y estudiar a fondo los problemas de la innovación tecnológica. Fruto de estos trabajos, es la construcción del propio concepto de la sociedad del conocimiento.

En un mundo de constante cambio, de apertura social, política y económica, prosperan las naciones que logran construir un sistema de innovación eficiente, estable y eficaz, alcanzando con ello altos índices de competitividad y bienestar. El diseño adecuado de instituciones, incentivos selectivos, empoderamiento de actores sociales, profesionalización de recursos humanos y una estratégica política pública de modernización, hacen de estos países, naciones emprendedoras, que no sólo han aceptado el cambio, sino que están dispuestas a impulsar su bienestar y construcción con base en la innovación.

En una democracia indirecta como la nuestra, en la que los votantes delegamos la toma de decisiones en terceras personas, existe la idea de que el papel de los ciudadanos termina al emitir el voto. Sin embargo, para Nueva Alianza la relación de las personas con la vida pública debe ser permanente.

Para Nueva Alianza el empoderamiento ciudadano es una tarea dinámica, de la que la sociedad es responsable y en la que las instituciones se ponen de su lado. Las puertas del gobierno, las organizaciones civiles, grupos de interés, así como los partidos, deben estar abiertas permanentemente.

En nuestro país las acciones individuales difícilmente afectan el resultado de una política pública, por esta razón surge la necesidad de que los ciudadanos se organicen en función de sus intereses, de manera que sus demandas influyan directamente en las decisiones del nivel de gobierno al que correspondan.

Lo anterior será posible sólo si va acompañado de cambios institucionales y reformas legales que amplíen el campo de acción de todas las organizaciones. En este contexto, Nueva Alianza se compromete a impulsar iniciativas de ley que garanticen un verdadero avance en el fortalecimiento de la sociedad civil y la conciencia cívica.

Trabajar por la protección de las libertades individuales y de los derechos de expresión, organización y manifestación es una tarea constante que contribuye a este objetivo. Nueva Alianza reconoce el papel de las organizaciones activas de la sociedad civil, auto-organizadas, autónomas y pluralistas, capaces de canalizar las expectativas de grupos sociales diversos y promoverá valores que propicien la participación de la ciudadanía.

También nos definimos como un partido del sector laboral y de los nuevos movimientos sociales, ya que reconocemos en el mundo del trabajo formal e informal, la referencia fundamental de nuestra vida cotidiana y nuestros proyectos.

Buscamos ser un partido al servicio de la  Nación y de sus intereses positivos generales, que propone una nueva forma de pensar y hacer política, en el marco de una sociedad libre, organizada y tolerante, que fomente  dentro de la ley la solidaridad y la unidad nacional.

10.1 Mujeres

El liderazgo y la participación política de las mujeres deberían ser mayores, tanto en el ámbito local como en el federal. Las mujeres tienen poca representación en los puestos directivos, ya sea en la administración pública, el sector privado o el mundo académico. Esta poca participación contrasta con la capacidad de las mujeres  como líderes y agentes de cambio, y su derecho a participar por igual en la gobernanza democrática.

Esta situación es producto entre otros factores, por la gran marginación que aún en nuestro Estado afecta a las mujeres como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada, lo cual genera menor probabilidad que los hombres para convertirse en líderes eficaces.

Con la Reforma Electoral que incluye el cambio al artículo 73 del código Electoral que define la postulación de candidatos y candidatas, respetando el principio de Paridad de Género en los distintos ayuntamientos que conforman el Estado, esto significa que se deben postular a presidentes o presidentas municipales 63 mujeres y 62 hombres o viceversa.   Pese a los avances conseguidos en materia de igualdad sustantiva  que se ven reflejados en  los Nuevos Ordenamientos  Político Electorales de nuestro País al conseguir la paridad  en las postulaciones a cargos de elección popular,  podemos afirmar que siguen existiendo fuertes  desafíos y retos  para la  participación plena y equitativa de las mujeres en los puestos de representación y de toma de decisiones, que van desde los  estereotipos negativos que subyacen en la cultura sobre el liderazgo de las mujeres, el financiamiento inadecuado para su real y efectiva incorporación  en los  contenidos electorales, la poca capacitación de las candidatas en los asuntos públicos y de gobierno así como, los altos niveles de violencia e intimidación contra las mujeres que se desempeñan en  cargos públicos.

Nueva Alianza defiende el derecho de las mujeres a participar en la vida pública  en condiciones de igualdad, ofrecemos capacitación para ayudar a las candidatas políticas a desarrollar sus capacidades, así como impartir formación cívica y electoral relacionada con la igualdad de género y fomentar el empoderamiento de las mujeres, desarrollando habilidades y conocimientos a fin de garantizar  el éxito en cualquier ámbito de desarrollo.

En Nueva Alianza, entendemos  que la igualdad de género es una condición irreducible para el desarrollo incluyente, democrático, libre de violencia y sostenible de nuestro Estado. Es necesario  asegurar que las mujeres tengan más participación en todas las instituciones, para que puedan participar en igualdad en el diálogo público y la toma de decisiones, que determinen un  futuro mejor para sus familias y comunidad.

Por ello Proponemos:

1.-Velar por la aplicación y la armonización de  las  leyes federales, estatales y municipales con los Tratados y Convenciones Internacionales en materia de  derechos humanos, paridad  e igualdad de la mujer.

2.-Consolidar el criterio de igualdad sustantiva en el diseño de las políticas públicas, como recurso para promover mejores condiciones de desarrollo de las mujeres.

3.- Hacer efectiva la participación de la mujer, establecida en la ley, en los ámbitos de la vida pública, gubernamental y privada.

4.-Apoyar las acciones tendientes al desarrollo de aptitudes y capacidades de las mujeres con inclinación política para un mejor desempeño en las actividades de compromiso político social.

5.- Promover la incorporación de adultas mayores, mujeres con discapacidad y mujeres indígenas al sistema educativo a fin de erradicar la brecha de género en alfabetización y alfabetización digital.

    10.2 Jóvenes

Para Jalisco como para cualquier otro Estado  es fundamental que su población joven cuente con oportunidades suficientes y apropiadas que le permitan desarrollarse plenamente.

Nueva Alianza está consciente  de la necesidad de sentar las bases  para que la juventud mexicana sea un grupo  productivo que participe activamente en el aumento  de los niveles de bienestar, inversión y desarrollo en  el país.

En México, de cara a los comicios electorales del año 2018, poco más de 14 millones de jóvenes de entre 18 y 23 años, votarán por primera vez, siendo un sector de la población clave para definir quién será el próximo Presidente de México, Senadores, Diputados Federales, así como, los tantos más puestos de elección popular que se estarán disputando en nuestro Estado; Gobernador,  Presidentes Municipales y Diputados Locales. Por esto debemos de capacitar e incentivar a las y los jóvenes a participar de manera consciente y responsable. Nueva Alianza lleva a cabo Escuelas de Cuadros en las cuales prepara a las y los jóvenes en temas de democracia y participación política de las juventudes.

Nuestro partido propone que las políticas públicas enfocadas  al desarrollo integral de las y los jóvenes de México, deben involucrarlos en los procesos de diseño, implementación  y evaluación de dichas políticas.

Proponemos:

1.-Revisar y actualizar  la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de la Juventud para ser congruentes  con la realidad de los jóvenes en el momento actual que vive el País.

2.-Vigilar que las leyes en materia de Juventud se encuentren en concordancia con los tratados Internacionales en la materia, así como su aplicación.

3.-Garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y universalidad de la educación sexual, especialmente para evitar el embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual.

4.-Fomentar la participación democrática de las y los jóvenes en asuntos de carácter público, promover la libre expresión, ofrecer seguridad a las y los jóvenes para manifestarse pacíficamente en lugares públicos, garantizando su seguridad y el no ejercicio de la violencia por manifestar sus ideas.

5.- Promover el desarrollo del talento, la creatividad, la mentalidad empresarial y las expresiones culturales entre los jóvenes, premiar el desarrollo de las competencias interculturales y el aprendizaje de lenguas extranjeras para reducir las barreras a la movilidad transfronteriza.

6.-Recuperar espacios públicos para que las y los jóvenes puedan utilizarlos para ocio, expresión, recreación, que promuevan un mejor uso del tiempo libre.

7.-Modernizar la oferta de formación técnica y profesional disponible. Crear el sistema de vinculación entre la educación superior y empresas privadas.

8.- Generar un área específica dentro de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaria de Economía que se dedique específicamente a vincular el último año de estudios con un  trabajo en empresas privadas o en proyectos específicos.

9.- Asignar el 30% del total de las candidaturas que se disputarán en el Estado de Jalisco para que sean encabezadas por hombres y mujeres jóvenes, así como conformar equipos de trabajo con las y los jóvenes mejor preparados.

Nueva Alianza proclama y lucha por la prevalencia y respeto de los derechos humanos. Es una verdad innegable que persisten, manifestaciones y prácticas de discriminación, intolerancia, xenofobia, misoginia, homofobia, racismo, marginación, exclusión, explotación y otras expresiones, que tienen como efecto, menoscabar el goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades. Los siguientes motivos siguen presentes en la vida cotidiana y son motivos de exclusión: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. El Estado, en su conjunto, debe ser garante del respeto a los derechos humanos, defendiéndolos en todas las instituciones públicas y creando instrumentos jurídicos y políticas que hagan valer su irrestricta vigencia.

Proponemos:

1.-Promover acciones legislativas que contribuyan a garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y la formación de una cultura de la legalidad.

2.-Promover los derechos políticos de los pueblos originarios y las candidaturas indígenas a puestos de elección popular.

3.-Impulsar desde el poder legislativo acciones para la contratación de personas con capacidades diferentes.

4.-Difundir los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores con capacidades diferentes con un enfoque de inclusión laboral.

5.- Garantizar la implementación de políticas educativas con enfoque de inclusión para mejorar el acceso, permanencia, y conclusión de estudios en todas las modalidades y niveles académicos que tienen derecho los grupos vulnerables.

Nueva Alianza sostiene la condición de igualdad y la dignidad de las personas, por lo que se manifiesta en contra de cualquier tipo de discriminación o explotación.

En este sentido, estamos comprometidos a seguir promoviendo la revalorización de la identidad cultural nacional, la conservación del patrimonio cultural y la participación plena  para el desarrollo estatal. Nuestra solidaridad con todos los sectores sociales, nos  compromete a seguir impulsando la formación de liderazgos  fuertes y capacitados así como promover condiciones políticas legales y cívicas para garantizar su integración. Nueva Alianza buscará abrir espacios de participación y manifestación de todos los ciudadanos.

Nueva Alianza reconoce que la perspectiva de género en las políticas públicas debe entenderse como la intención y la voluntad explícita de los gobiernos de promover una redistribución equitativa entre géneros, en términos de: derechos civiles, políticos y sociales.

Es imprescindible introducir una perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida, es decir, debe reconocerse que el hombre y la mujer son parte indispensable del engranaje social; que ambos son parte fundamental para que una sociedad se desarrolle y avance.

El rol de la familia es un elemento básico para erradicar prácticas discriminatorias hacia la mujer. Por ello, es imprescindible crear una cultura de la tolerancia y respeto entre los sexos. Nuestros valores y creencias comienzan a formarse desde el momento en que nacemos, por la educación que recibimos y a través de un proceso de relaciones afectivas.

Con el tiempo, nuestro proceso de socialización se ve influido por información contradictoria recibida en la escuela, la familia y el trabajo.

Por eso, Nueva Alianza está consciente que dentro del proceso de democratización es de suma importancia incluir la perspectiva de género de una manera envolvente y contundente; que permee en todos los sectores de la población, desde el ámbito privado hasta el ámbito público.

Nos comprometemos a fortalecer la presencia activa de la mujer como líder y pieza clave del desarrollo integral de nuestro país.

En Nueva Alianza entendemos que no puede hablarse de iguales entre desiguales. Es necesario estar conscientes de que la discriminación inicia con propuestas y políticas que no reconocen ni responden a las diferencias entre hombres y mujeres, la diferencia sexual no puede seguir traduciéndose en diferencia de oportunidades y por eso debemos responder al reto de ofrecer un trato equitativo para todos los  jaliscienses.

Para Nueva Alianza es importante promover la expresión de toda la población sin importar raza, condición social, física o sexual. En ese sentido Nueva Alianza propone:

  • Elaborar una Guía Básica para la promoción de una cultura de equidad de género.
  • Incluir el combate a la discriminación en programas de estudio.
  • Fomentar la participación activa de la sociedad civil en el combate a la discriminación.
  • Reconocer los derechos laborales de hombres y mujeres por igual.
  • Revalorar el Trabajo en el Hogar.
  • Revisar y armonizar el ordenamiento jurídico en materia de discriminación.

El patrón de migración mantenido durante el siglo XX, observó que los migrantes, en su mayoría, provenían de áreas rurales y poseían un grado de escolaridad bajo o eran analfabetos. Sin embargo, el patrón ha cambiado, manteniéndose la emigración de áreas rurales pero incluyendo, ahora, la emigración de zonas urbanas, además de que ya existe una creciente participación de las mujeres en dichos flujos migratorios. En nuestra entidad, cada vez se acentúa más el problema de la migración, toda vez que cada día más jaliscienses emigran al norte en busca de mejores condiciones de vida, lo que refleja la falta de mejores oportunidades para algunos sectores sociales del Estado y sus Municipios.

Es responsabilidad de las autoridades mexicanas instrumentar una política integral y programas efectivos que reduzcan el fenómeno antes mencionado. De otra manera este circunstancia seguirá nutriéndose de las redes laborales, sociales, económicas y culturales que, a su vez, se retroalimentan por su vecindad geográfica y su asimetría económica.

Nueva Alianza está consciente de la responsabilidad del Estado y sus Municipios en la defensa de la dignidad de los compatriotas en el extranjero. Entendemos como parte fundamental de nuestras obligaciones la lucha por el ejercicio pleno de sus derechos, por su seguridad jurídica, laboral y su integridad personal.

El presente documento contiene la plataforma electoral de Morena que recoge el Proyecto Alternativo de Nación 2018 -2024 por el que se presenta una nueva visión del país, a través de proyectos y propuestas en materia económica, política, social y educativa que tienen por objeto generar políticas públicas que permitan al país romper la inercia de bajo crecimiento económico, incremento de la desigualdad social y económica y pérdida de bienestar para las familias mexicanas, tendencias que han marcado al país en los últimos 35 años, y emprender un cambio de rumbo.  

El actual proceso electoral camina por un largo pero esperanzador camino hacia el primero de julio de 2018. Tenemos el proceso electoral concurrente más grande e importante de la historia reciente del país, y no es cosa menor, se habrán de renovar 3416 cargos de elección popular a nivel Federal y local, lo que deriva en la oportunidad más grande en la historia del país para transformarlo y lograr construir nuevos cimientos que permitan un mejor futuro para las generaciones venideras.

El estancamiento, el deterioro, la desigualdad y la corrupción no son los únicos destinos posibles de México. La facultad de cambiar nuestra circunstancia nacional, estatal y municipal siempre ha estado en nuestras manos.  

Por esa razón, un grupo amplio de especialistas de diversos sectores fue convocado en febrero del 2017 por Andrés Manuel López Obrador, Presidente Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). La mayoría de sus integrantes carece de filiación partidista y el grupo es representativo de las diferentes corrientes y tendencias del pensamiento político, social y económico de México. Desde esa pluralidad, y con la convicción de que en el sexenio 2018-2024 es posible rescatar al país de su decadencia actual y construir en ese periodo una nación mejor, este equipo de trabajo se ha dedicado a formular propuestas concretas –basadas en el diagnóstico de la situación económica, social, educativa, de seguridad, de infraestructura, de salud, de impartición de justicia, entre muchos otros temas– para alentar el cambio de rumbo que se requiere y alcanzar el objetivo de la reconstrucción nacional.  En 2024 queremos vivir en un México justo, democrático, soberano, pacífico y transparente. 

El presente documento no es un simple catálogo de propuestas y buenos deseos, sino una lista estructurada y exhaustiva, aunque no limitativa, de proyectos y programas que buscan soluciones prácticas a realidades concretas. Lo aquí presentado es un resumen cuidadoso del trabajo realizado a lo largo de nueve meses en muchas mesas y reuniones de trabajo en varias ciudades de la república mexicana, en donde estos y otros proyectos fueron ampliamente analizados y debatidos, con aportaciones valiosas por parte de todos los participantes. Desde luego, no se aborda todos los temas y problemas de la vida nacional que pudieran ser considerados relevantes por diversos sectores sociales y esta propuesta de gestión pública, como cualquier otra, es susceptible de enriquecimiento y complementación. 

Desde otra perspectiva, las acciones aquí referidas podrían parecer demasiadas. Debe considerarse, en este punto, que de acuerdo con los diagnósticos que sirvieron como base para formularlas, el país se encuentra en un estado de atraso, deterioro, carencia y descomposición que justifica sobradamente la amplitud y la profundidad de las medidas gubernamentales que deben ser puestas en práctica para detener, en un primer momento, y revertir, posteriormente, la decadencia nacional en materias como infraestructura, educación, salud, agricultura y medio ambiente. En más de tres décadas esos sectores han sufrido un persistente abandono gubernamental, y para remontar sus efectos en seis años  es necesario reorientar el rumbo nacional. Esto requiere de políticas públicas de gran calado en prácticamente todos los ámbitos, con un orden riguroso de prioridades y sin ir más allá de lo que permitan los recursos disponibles.

Las propuestas elaboradas en cada una de las comisiones tienen el objetivo de ser transversales para dar un sentido integral al Proyecto de Nación 2018-2024, y consideran la interrelación entre todos los temas y problemáticas que se analizan y  entre las propuestas concretas desarrolladas.  

Se presentaron más de 100 programas y proyectos que cumplieron los cinco mandatos y restricciones estipulados para cada uno: legalidad y lucha contra la corrupción, combate a la pobreza, recuperación de la paz, viabilidad financiera, equidad de género y desarrollo sostenible.

Las propuestas elaboradas en cada una de las comisiones tienen el objetivo de ser transversales, para dar un sentido integral al Proyecto de Nación 2018-2024 y consideran la interrelación entre todos los temas y problemáticas que se analizan y  entre las propuestas concretas desarrolladas.

Se presentaron más de 100 programas y proyectos que cumplieron los cinco mandatos y restricciones estipulados para cada uno: legalidad y lucha contra la corrupción, combate a la pobreza, recuperación de la paz, viabilidad financiera, equidad de género y desarrollo sostenible.

México ha padecido un exceso de modificaciones constitucionales, legales y reglamentarias pero la parte medular de los problemas nacionales no deriva de la falta de leyes ni de su ineficiencia, sino de la ausencia de voluntad para cumplirlas o bien de su utilización discrecional, facciosa, arbitraria y corrupta. En efecto, el incumplimiento generalizado del marco legal y la corrupción, conforman el círculo vicioso que más ha dañado al país en décadas recientes y del que se deriva el deterioro generalizado en otros ámbitos.  

El saqueo sistemático de los presupuestos públicos por parte de un pequeño grupo no sólo significa la desviación de recursos que deben ser empleados en reactivar la economía, ensanchar la infraestructura, generar empleos, combatir la pobreza y mejorar los niveles educativos y de salud, sino que es también un ejemplo negativo de los gobernantes a los gobernados a partir del cual se generan redes de intereses inconfesables, que acaban vinculando a la delincuencia de cuello blanco con la criminalidad organizada. La corrupción incrementa la desigualdad, la violencia, la desintegración, la decadenc